¿Será que la violencia va a aumentar tras los acuerdos de paz, como ocurrió en Centroamérica? ¿Será que el partido político de las FARC se tomará el poder para entregarnos al castro-chavismo? ¿Será que la economía va a despegar gracias a ese acuerdo?
Carlo Nasi*
Confesión de parte
A menos que suceda algo grave e imprevisto, el gobierno y las FARC firmarán el Acuerdo de Paz en marzo de este año (o poco después). Con esto se dará inicio a la etapa del llamado “posconflicto” – o, para ser precisos, al menos del “post-acuerdo”-.
El posconflicto debe diferenciarse de la soñada paz: Colombia no se convertirá súbitamente en un paraíso donde reinen el bienestar, la justicia y la fraternidad; y seguramente no habrá mayores cambios en materia de pobreza, inequidad, delincuencia y otros similares.
Pero minimizar la importancia de la transición al posconflicto es un acto de ceguera, y vaticinar toda suerte de calamidades como producto de los acuerdos de paz es una especie de lo que los abogados llaman una “confesión de parte”: solamente los que se benefician de continuar la guerra tienen razones justificadas para temerle al posconflicto.
Solamente los que se benefician de continuar la guerra tienen razones justificadas para temerle al posconflicto.
¿Qué se puede esperar del post-acuerdo? Sin pretender vaticinios, podrían anticiparse algunos de los escenarios más probables. Veamos.
No somos Centroamérica
En Colombia ronda el temor de que el nivel de la violencia durante el posconflicto sea incluso mayor que el de los años de guerra.
Se citan los casos centroamericanos para ilustrar cómo la tasa de homicidios puede elevarse de manera dramática tras la firma de los acuerdos de paz. Según este argumento, la violencia política simplemente mutaría en violencia social y alcanzaría una intensidad sin precedentes. ¿Es ese el destino que nos espera?
Afortunadamente no. Aunque las cifras de El Salvador y Guatemala son incontrovertibles, los que trasladan el argumento a Colombia no tienen en cuenta algunas especificidades de los casos centroamericanos que explican lo ocurrido allí:
– Primero, la precariedad de las instituciones del Estado en El Salvador y Guatemala al iniciar el posconflicto era bastante mayor que la de Colombia. Dos ejemplos en materia de justicia ilustran el contraste:
• Cuando la Comisión de la Verdad salvadoreña produjo su informe, los propios comisionados decidieron no proponer que se llevaran a juicio los crímenes denunciados. ¿Por qué? El aparato judicial salvadoreño era tan débil y estaba tan politizado que cualquier tribunal habría hecho burla de las víctimas con fallos absolutorios de los culpables (y allí hubo amnistías e impunidad total, ni siquiera la justicia transicional que habrá en Colombia);
• Tras el proceso de paz guatemalteco, se multiplicaron los linchamientos de delincuentes por parte de turbas enfurecidas, lo cual da una idea de la enorme inoperancia de la justicia en ese país.
En comparación, uno diría que Colombia no esta tan mal. Por supuesto aquí hay mucha impunidad, y se necesita un esfuerzo sostenido de construcción de instituciones (no solo de justicia) en las distintas regiones. Pero no empezamos desde tan abajo. La violencia se desborda en el posconflicto únicamente en contextos de suprema precariedad institucional, cuando el Estado no cuenta con recursos materiales y humanos para resolver las disputas o para perseguir y judicializar a los delincuentes. Eso fue lo que ocurrió en Centroamérica.
La violencia se desborda en el posconflicto únicamente en contextos de suprema precariedad institucional.
En Colombia parece que tenemos herramientas para hacerle frente a la violencia y prevenir su aumento. Si no fuera así, no se explicaría la reducción en las tasas de homicidios en varios lugares del país, empezando por las ciudades más pobladas: Bogotá y Medellín.
– Tampoco se da en Colombia otra arista de la tragedia centroamericana durante el posconflicto: las pandillas o maras. Las guerras en esos países produjeron un gran flujo de refugiados a Estados Unidos, en particular a los barrios pobres de Los Ángeles, donde parte de esos migrantes formaron pandillas criminales como la Mara Salvatrucha (que hoy cuenta con miles de miembros en varios países).
A comienzos de los años noventa, como un forma expedita de reducir los índices de criminalidad urbana, el gobierno de Estados Unidos decidió enviar a sus países de origen a cientos de pandilleros centroamericanos que habían acabado en las cárceles norteamericanas. La firma de la paz en Centroamérica coincidió con la repatriación de muchos pandilleros, quienes encontraron entornos propicios para reproducir las maras y delinquir con impunidad. Pero esta situación no tiene paralelo en Colombia.
– Pero además, la intensidad de la guerra en El Salvador provocó un colapso económico, al punto que ese país tuvo tasas negativas de crecimiento durante casi una década. Es muy distinto empezar el posconflicto después de una recesión prolongada, que comenzarlo en una situación como la colombiana, donde la economía ha crecido prácticamente sin interrupciones (y así sea de manera modesta) durante muchos años.
– Por último, en Centroamérica la firma de la paz coincidió con la adopción de medidas neoliberales que recortaron el gasto social y aumentaron el desempleo cuando menos en el corto plazo. Ante la precariedad económica de amplios sectores sociales, esto también contribuyó a que aumentaran la delincuencia y la violencia.
Ese ajuste “neoliberal” de Colombia ya se hizo en el gobierno Gaviria y por lo mismo no tendría que hacerse o tendría que ser bastante menos drástico. Sin minimizar los problemas económicos que se avizoran, las consecuencias sociales negativas de las medidas que adopte el gobierno colombiano serán menos severas.
 La delegación de paz de las FARC en La Habana, Cuba. Foto: FARC-EPaz |
Rescoldos de violencia
Pero todo posconflicto entraña riesgos:
• Es probable que haya fallas en la reincorporación de excombatientes a la vida civil y que una fracción del grupo guerrillero opte por seguir en la delincuencia o por sumarse a las llamadas “bandas criminales” (BACRIM). Sin embargo, este riesgo se reduce en la medida en que las FARC mantengan su coherencia como organización (y hasta el momento no ha habido asomo de disidencias), y que la Agencia Colombiana para la Reintegración y las demás entidades implicadas en la incorporación de excombatientes a la vida civil actúen de manera diligente.
• También será necesario evitar que el vacío de poder dejado por las FARC en ciertas regiones sea ocupado por otros grupos armados ilegales – lo cual sin duda implica grandes esfuerzos, pero en efecto no es imposible-.
Una mejor democracia
Aunque no se anticipan grandes cambios en materia partidista, el posconflicto traería ganancias importantes para la democracia colombiana.
El temor de que acabemos “en las garras del castro-chavismo” que han promovido los opositores al proceso de La Habana riñe con la evidencia y con la sensatez. Dada la enorme (y justificada) antipatía que siente la mayoría de los colombianos hacia la guerrilla, el partido político que eventualmente crearían las FARC sería bastante minoritario. Y dudo mucho de que a los partidos legales (incluido el Polo) les entusiasme formar alianzas con el partido que formen las FARC.
Para que las FARC ganen el favor popular en el marco de la democracia tendrían que recorrer un largo camino, distanciarse de su pasado violento y reconciliarse con la opinión. Además, tienen que formular un proyecto político llamativo, racional y coherente, que aprenda de algunas experiencias desastrosas de la izquierda radical latinoamericana. Como muestra lo ocurrido con el chavismo en Venezuela, un gobierno no es bueno simplemente por autoproclamarse “de izquierda”. Cuando la incompetencia, la corrupción y los abusos de poder alcanzan niveles estratosféricos, el descalabro es inevitable.
Más allá de esto, Colombia ganaría mucho para su democracia durante el posconflicto, principalmente porque la violencia política saldría de la ecuación. Por ejemplo:
• los candidatos de todos los partidos podrían desplazarse por el territorio sin que existan zonas vedadas por la violencia;
• los políticos electos y los líderes de movimientos sociales podrían realizar sus actividades sin ser amenazados o asesinados;
• el debate político se centraría en ideas y propuestas y no en señalamientos o acusaciones de la supuesta (o real) afinidad de un candidato con la guerrilla o con los paramilitares.
 Arresto de un integrante de la Mara Salvatrucha en Estados Unidos. Foto: Federal Bureau of Investigation |
¿Y la economía?
Finalmente, el panorama económico del posconflicto es el más incierto. Es positivo que los empresarios puedan reducir gastos en seguridad y protección, que no paguen extorsiones (al menos no tantas y no a la guerrilla) y que en principio puedan invertir más tranquilamente en las regiones. Esto mejorará nuestra competitividad y creará incentivos para invertir y generar empleo.
Aunque el fin de la guerra facilite el aumento de la prosperidad y el bienestar, esto no garantiza que lo logremos. Navegamos en las aguas turbulentas de una economía globalizada en un barco que tiene muchas averías. No podemos controlar los vientos huracanados o las condiciones del mar, pero si reparamos lo reparable podríamos llegar a buen puerto.
* Profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Las opiniones no comprometen la posición institucional de la Universidad de los Andes.