Un especialista en negociaciones repasa y evalúa las críticas recientes que han formulado el procurador, columnistas influyentes y opositores a la aún no creada Comisión de la Verdad. ¿Son estas críticas parte de la solución o parte del problema?
Carlo Nasi*
Tres clases de críticos
Pocos han criticado a los críticos: ciertos líderes de opinión han desinformado y han acentuado el escepticismo y la oposición de los colombianos al proceso de paz.
Por supuesto que hay una crisis de credibilidad. Por supuesto que las FARC tienen gran parte de la culpa. Y por supuesto que no sugiero proscribir la crítica ni limitar la libertad de expresión. Pero aquí trataré de demostrar que los liderazgos negativos han incurrido en conductas francamente irresponsables.
Dividiré a los críticos del proceso de paz en tres categorías (aunque varias personas caben en más de una): los ignorantes, los moralistas y los tira-piedras.
Paso a caracterizarlos y a explicar por qué sus posturas y propuestas frente a la crisis (cuando las tienen) son criticables.
Los ignorantes
La sobre-exposición mediática de personajes que conocen muy poco sobre los procesos de paz, como el procurador Alejandro Ordóñez, ha sido muy dañina.
Aunque las negociaciones de paz (y la guerra) son temas que conciernen a todos, una cosa es tener una opinión (es decir, una simple apreciación sobre el proceso basada en noticias de prensa, ideas, prejuicios y creencias que resultan de charlas informales), y otra muy distinta es tener un conocimiento profundo sobre el fenómeno, derivado de años de estudio.
Con la complicidad de los medios, Ordóñez ha aprovechado su investidura para dar declaraciones y atacar día por día el proceso de paz, presentando sus opiniones como si fuesen las de un experto, cuando esa no es la verdad.
Dividiré a los críticos del proceso de paz en tres categorías: los ignorantes, los moralistas y los tira-piedras
Sus propuestas recientes lo demuestran. Ante la actual escalada terrorista de las FARC, Ordóñez propuso que el gobierno suspendiera las negociaciones para “rectificar el rumbo” e imponer a la guerrilla varias condiciones que, según él, debió tener el proceso desde un comienzo.
En la interpretación del procurador, el problema radica en que el gobierno ha negociado sin poner condiciones y eso explicaría la crisis. ¿Acertó Ordóñez en su diagnóstico y sus propuestas? ¡Claro que no!
 El Procurador General, Alejandro Ordóñez. Foto: Procuraduría General de la Nación |
– Primero: es simplemente falso que el gobierno haya negociado sin condiciones. Desde la hoja de ruta firmada con las FARC en agosto de 2012, se establecieron varias condiciones, entre ellas algunas tan importantes como:
- Negociar fuera del país (nada de zonas desmilitarizadas que llevaron al fracaso el proceso de Andrés Pastrana);
- Negociar confidencialmente (para impedir un circo mediático, como se vio en la Uribe y en el Caguán);
- Negociar en medio del conflicto (evitando que la guerrilla aprovechara la tregua para fortalecerse militarmente y proyectarse políticamente –como ocurrió en tiempos de Betancur-).
– Segundo: cualquier manual sobre negociación desaconseja los largos listados de precondiciones. Muchas veces las precondiciones son trabas que impiden negociar y revelan, ante todo, falta de voluntad de llegar a un acuerdo por parte de quien las impone. Por eso el gobierno ha acertado en no excederse en ellas.
-Tercero: a estas alturas, cuando se han firmado acuerdos parciales en casi cuatro de los cinco puntos sustanciales de la agenda (sin contar el punto operativo), es una pésima idea suspender la negociación y tratar de imponer nuevas condiciones en forma unilateral. Para apelar a un símil, es como si en el segundo tiempo y faltando quince minutos para el final, un equipo de fútbol decidiera pararlo todo y decirle al rival: nosotros no seguimos jugando a menos que ustedes acepten que sus jugadores se venden los ojos, cambien los guayos por zapatos de tacón alto y se amarren las manos detrás de la espalda. ¿Quién aceptaría algo así? ¿No llevaría eso a dilatar las negociaciones y finalmente a romper el proceso?
-Cuarto: aprendamos de la experiencia. Las prolongadas suspensiones unilaterales de las negociaciones por parte de las FARC contribuyeron decisivamente al fracaso del proceso del Caguán. El gobierno Santos por fin logró que las negociaciones sean ininterrumpidas (otra condición establecida desde el comienzo, señor procurador), y los negociadores de la guerrilla han permanecido “atornillados” a la mesa. ¿Quiere el doctor Ordóñez que volvamos al pasado?
Si el gobierno le hiciera caso al procurador y suspendiera unilateralmente las negociaciones, daría vía libre a que la guerrilla hiciera otro tanto y exigiera quién sabe qué precondiciones. Entraríamos en un período donde, de suspensión en suspensión, no habría más avances, hasta llevar el proceso a un despeñadero.
En conclusión, el procurador no sabe de qué está hablando. Y si él no sabe del tema, al menos los medios deberían evitar difundir con tanto ruido sus manifestaciones de ignorancia.
Los moralistas
 El Senador por el Centro Democrático Álvaro Uribe. Foto: Congreso de la República |
Me reservo los nombres, pero las negociaciones también han sido torpedeadas por varios y varias columnistas influyentes que asumen posturas moralistas. Moralistas son quienes presumen ser gente “de principios” y han movilizado la opinión contra del proceso de paz sobre la base la de indignación. A este respecto quisiera anotar dos puntos.
-Primero: es demasiado fácil indignarse con las atrocidades. ¿Acaso quién no se indigna cuando matan a nuestros soldados o dañan la infraestructura petrolera? Pero si uno se queda en la indignación nunca se acabaría la guerra.
Los moralistas se reducen a afirmaciones tipo, “esos desgraciados guerrilleros cometieron tal atrocidad; en vez de negociar con ellos, el gobierno debería tener pantalones y hacer justicia (o cobrársela).” Este tipo de discursos alindera a la gente en contra del proceso de paz, lo cual sencillamente perpetúa el ciclo de retaliaciones de los últimos cincuenta años.
Por concentrarse en cada árbol (atrocidad), los moralistas no logran ver el bosque. Ver el bosque implica tomar distancia de cada atrocidad y observar el panorama general. Sólo eso permite encontrar soluciones. Me explico: ¿indigna la escalada terrorista de las FARC? ¡Claro que sí! Igual que los secuestros de la guerrilla, los homicidios, el reclutamiento de menores, pero también los falsos positivos, las masacres de los paramilitares, la financiación de varios empresarios a los paramilitares… y la lista podría seguir.
Si uno quisiera abarcar todo lo anterior con una frase diría que, en últimas, lo que indigna es la lógica atroz de la guerra. Sólo si los moralistas entienden eso (y van más allá de la indignación), podrán apreciar la importancia de un proceso de paz que puede ser la única oportunidad real para poner fin a las atrocidades del conflicto armado.
Es simplemente falso que el gobierno haya negociado sin condiciones
¿O acaso quieren creer que, si fracasan las negociaciones, “ahora sí vamos a derrotar a la guerrilla”? ¿Por qué no darle una oportunidad al proceso de paz, considerando que llevamos más de medio siglo tratando de doblegar sin éxito (con todo y el Plan Colombia) a la guerrilla?
-Segundo: no estoy pidiendo que los moralistas abandonen sus principios. Afirmo que los principios deben tomarse en contexto y sopesando sus consecuencias. Si, por defender mis principios, yo favorezco la prolongación de un baño de sangre en un conflicto que no tiene prospectos de solución por la vía armada, ¿no es hora de revaluar (o suspender temporalmente) mis principios? Si mis principios morales conllevan consecuencias inmorales, ¿igual los defiendo? Reflexionen.
Los tirapiedras
Son quienes se han dedicado a torpedear cada iniciativa que sale de la mesa de La Habana, por pequeña que sea. Pongo como ejemplo el debate reciente y con tintes histéricos sobre una Comisión de la Verdad.
No alcanzó a divulgarse la propuesta cuando salieron varios columnistas a decir que esa sería una “comisión de la mentira,” que exculparía a las FARC, etc…. De esta manera descalificaron una comisión que ni siquiera se ha formado, cuyos miembros no se conocen y cuando no se ha escrito ni la primera sílaba de su informe. Comencemos pues por aclarar las cosas:
-Primero: la exigencia de que una comisión de la verdad sea absolutamente imparcial y ajena a la política no se ha aplicado a ninguna Comisión de la Verdad en el mundo. A menos que los tirapiedras conozcan unos cuantos extraterrestres y los convenzan de participar en la Comisión para Colombia, van a encontrarse con que todas las personas elegibles para integrarla tienen distintos valores, creencias, preconcepciones e ideas sobre el conflicto armado, la política y demás. Esto no es necesariamente un impedimento para producir un buen informe, siempre y cuando los comisionados sean honestos, trabajen duro y se dejen guiar por la evidencia (no por la ideología).
-Segundo: el producto de una Comisión de la Verdad no tiene por qué trasnocharnos. Nunca las comisiones de la verdad han revelado “toda la verdad” y se han producido informes buenos, regulares y malos.
- La de El Salvador, por limitaciones de tiempo y mandato, apenas estudió 33 casos emblemáticos de violencia, lo cual es muy poco si se consideran los 75,000 muertos de la guerra.
- La de Guatemala abarcó más casos, pero por mandato tuvo la prohibición de incluir los nombres de los perpetradores.
¿Qué es lo peor que puede pasar en Colombia? ¿Que la comisión produzca un panfleto ideológico o re-descubra el agua tibia? Si eso sucede (y no tiene por qué), simplemente el informe pasará al olvido y los colombianos seguirán consultando tantos estudios excelentes que se ha escrito sobre el conflicto armado.
Es más: si la Comisión de la Verdad solo sirviera para facilitar que las FARC depongan las armas, así el resultado sea un panfleto, se habrá justificado plenamente.
En conclusión, a menos que tanto liderazgo negativo recapacite y actúe de manera responsable, la paz seguirá alejándose. ¿Alcanzaremos la paz a pesar de nosotros mismos?
* Profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Las opiniones aquí expresadas son a título personal y no comprometen la posición institucional de la Universidad de los Andes.
