Un gobierno de segunda para una crisis de primera

La pandemia que nos ha tocado vivir es algo inédito en el último siglo. Las medidas tomadas para frenar los contagios, sumadas al paro y a los bloqueos de carreteras del último mes, causaron una suerte de “tsunami económico”: empresas que quebraron, despidos y desabastecimiento, así como la caída de 3,6 millones de personas por debajo de la línea de pobreza.

Para sortear una crisis de semejante envergadura se necesitan líderes excepcionales. ¿Qué tenemos en Colombia? Un presidente a quien desde el primer día el país le quedó grande.

Frente al desmadre que vivimos, Duque debió replantear radicalmente la forma de gobernar. Ha debido asesorarse mejor, buscar consensos políticos y llamar como ministros a las personas más capacitadas y de más reconocida trayectoria.

Pero en vez de formar el equivalente a la Selección Colombia en su equipo de gobierno, Duque optó —con contadísimas excepciones— por nombrar ministros que parecerían provenir de las divisiones inferiores del “Facatativá Fútbol Club” (con todo el respeto por los facatativeños). A la mayoría de los ministros les falta mucho recorrido. Sus principales credenciales parecen ser que son “amigos de Duque” o son leales al Centro Democrático.

Por eso, en medio de semejante crisis, los ministros han pasado “de agache”. Produce mucha sospecha entre la ciudadanía que estos ministros no tengan un diagnóstico claro sobre lo que está pasando, y mucho menos un plan —o un norte— para tratar de atender los problemas urgentes del agro, la educación, el empleo, la pobreza, la justicia o la seguridad.

Elegir mejores líderes

Es muy fácil criticar al gobierno, pero no hay que olvidar que Duque fue elegido por la mayoría de los ciudadanos. Aquí nos cabe una buena dosis de autocrítica.

El problema no fueron las elecciones en sí, sino que en 2018 las elecciones se definieron por el miedo. Muchos votaron a favor de Duque por miedo a que Petro subiera al poder (igual que muchos otros votaron a favor de Petro por miedo al uribismo). Votar por miedo tiene consecuencias.

Claro: hay diferencias importantes entre izquierda y derecha, tanto en términos ideológicos como en las políticas que se ejecutan. Pero cuando el sentido de votar se reduce a mantener a raya al “castrochavismo” o al “fachouribismo”, se pierden de vista otros factores muy importantes.

En particular, hay graves vicios en la política que trascienden las ideologías y que deben tomarse muy en cuenta en cualquier elección para que la democracia funcione. Los electores debemos considerar:

• La competencia: ¿los candidatos (y sus equipos) son personas con suficiente capacidad y recorrido para manejar el destino del país?
• La corrupción: ¿hay evidencia de que los candidatos y sus círculos cercanos hayan depredado recursos públicos para obtener beneficios privados?
• El autoritarismo: ¿los candidatos demuestran (con palabras y acciones) respeto por la oposición, o han tendido a atropellar los derechos ajenos?

Tanto en la derecha como en la izquierda abundan los ejemplos de políticos incompetentes, corruptos y autoritarios. En el peor de los casos (como Maduro, en Venezuela), todos los vicios se combinan en proporciones estratosféricas. Acá, la mayoría eligió (en parte por miedo) a Duque, un presidente menos malo que Maduro, pero también desastroso. Y aunque una de las grandes ventajas de la democracia estriba en que ella permite, mediante las elecciones, sacar del poder a los políticos malos, si vamos de desastre en desastre la democracia se deslegitima y hay estallidos sociales.

Nos urge tener mejores líderes políticos. ¿Qué condiciones permiten tenerlos? La primera, y más fundamental, es una oferta suficientemente amplia de candidatos(as) competentes y honestos(as). Y aquí encontramos una de las fallas más grandes de nuestra democracia: si quienes tienen altas cualidades intelectuales y morales se marginan del juego político, el espacio acaba siendo copado por malandrines e ineptos. Eso es lo que ha pasado una y otra vez en Colombia — lo cual, por lo demás, no nos excusa como ciudadanos si acabamos votando por ellos—.

Por eso creo que es muy ingenua la consigna del paro según la cual, con las movilizaciones, “el pueblo —finalmente— despertó.” ¿De veras lo hizo? El pueblo apenas se dio cuenta de la mala decisión que él mismo (o la mayoría) tomó cuando eligió a Iván Duque. Que ahora el pueblo se vuelque a las calles, lamentando su propia decisión, no es garantía de cambio.

Sólo si ese mismo pueblo deja de elegir (y reelegir) a personajillos políticos nefastos —como Pablo Ardila, Samuel Moreno, María Fernanda Cabal, Ernesto Macías y similares (la lista puede seguir por varias páginas)—, creeré la consigna de que realmente despertó. Antes no.

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¿Tiene salida el laberinto?

Aunque el derecho a la protesta es fundamental, también es cierto que ningún país aguanta una parálisis prolongada de la actividad económica debida a los bloqueos. Los incumplimientos y mentiras del gobierno Duque ante las peticiones del paro en 2019 han llevado a los manifestantes a mantener un duro pulso en las calles, con la idea de que debe prolongarse la protesta hasta que el gobierno negocie y hasta verificar que cumpla lo pactado.

Pero los bloqueos prolongados acaban por derrotarse a sí mismos. Si las demandas son de carácter redistributivo, hay que cuidar la producción de recursos. En estos momentos, crear empleo es más necesario que nunca, pero eso no va a ocurrir si muchas empresas (pequeñas, medianas y grandes) quiebran o reducen su operación debido a la pandemia y los bloqueos. El recaudo tributario del gobierno también disminuirá y esto hace más apremiante la pregunta: ¿de dónde saldrán los recursos para costear los programas contra la pobreza?

Ahora bien, las protestas reflejan un malestar real y legítimo. Cualquier persona medianamente inteligente sabe que las protestas no se explican por conspiraciones fantasiosas del ELN, ni de Petro, ni de Santos, ni de Maduro, ni de Rusia. Le hacen un flaco favor al país los políticos y medios que se inventan teorías conspirativas para deslegitimar las protestas, porque eso lleva a diagnósticos equivocados sobre qué se debe hacer.

Pero, más allá de reconocer que el gran malestar ha producido un estallido social, es clave entender bien el contexto para pensar en posibles soluciones. De un lado, los bloqueos prolongados y actos vandálicos rutinarios de una minoría de los manifestantes están causando una sensación de ingobernabilidad, lo que siempre ha derechizado a un segmento grande de la ciudadanía.

Una encuesta del 31 de mayo del Centro Nacional de Consultoría reveló que el 86% de los colombianos considera que los bloqueos “le hacen daño al país,” — de lo cual se inferiría que muchos sectores están transitando de la solidaridad a la fatiga frente al paro—. No es de extrañar que a raíz de la encuesta el gobierno haya decidido mandar a la fuerza pública a desbloquear más de mil puntos en las carreteras y nadie haya rechistado por ello.

De otro lado, Duque ha dilatado las negociaciones; además, le queda apenas un año de gobierno, un tiempo demasiado corto para impulsar grandes reformas. Peor aún: a Duque se le hará difícil el apoyo de las bancadas para hacer reformas en una coyuntura electoral donde cualquier político cuerdo tratará de abandonar el barco que se hunde.

Es decir, antes, el gobierno hizo poco porque es sordo, indolente e incompetente; y ahora, con la presión del paro, en el mejor de los casos va a hacer muy poco porque le queda apenas un año y porque hacer coaliciones es prácticamente imposible.

Por eso es tan importante que los promotores del paro entiendan el momento político y opten por una agenda realista. Si se empecinan en su larga lista de peticiones de todos los sectores, el año que queda se irá en discusiones de una agenda innegociable, intercaladas con muchas protestas y un apoyo ciudadano menguante. Si, a partir de la indignación, el movimiento social pretende cogobernar sobre lo divino y lo humano, es fácil anticipar que no ocurrirá y de aquí a un año no veremos ningún cambio.

Si, por el contrario, los líderes del paro se concentran en sentar las bases de unas pocas (pero significativas) reformas —como el tema de la renta básica, la reorganización de la policía y una política seria para frenar el asesinato de líderes sociales—, de pronto resulte algo bueno del paro, más allá de tumbar la reforma tributaria. Eso necesitará trascender los intereses particulares, renunciar al maximalismo y concertar posiciones.

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Los riesgos del maximalismo no se reducen a que, por abarcar mucho, los promotores del paro logren poco. Si la frustración por los pocos avances en la negociación los lleva a revivir los bloqueos, los líderes del paro, sin proponérselo, podrían ayudar a rencauchar a los “redentores de mano dura.” ¿Acaso olvidaron que el desmadre ocasionado por las FARC fue lo que eligió (y luego reeligió) a Uribe con su promesa de “imponer orden”? Ojalá no vaya a ser ese un legado del paro.