Muchos colombianos se oponen al proceso de La Habana, y el candidato presidencial de Uribe Centro Democrático ha resumido muy bien sus argumentos; ¿cuáles son esas razones y que tan válidas son?
Carlo Nasi*
Lanza en ristre
Desde que lanzó su candidatura presidencial, Oscar Iván Zuluaga se ha ido lanza en ristre en contra de las negociaciones de La Habana. Zuluaga ha afirmado, entre otras cosas, que “la paz no está en La Habana y la agenda nacional no se negocia con las FARC”.
Aunque el candidato de Uribe Centro Democrático (UCD) dice que no se opone a la paz negociada como tal, no ha escatimado ataques a la forma como el gobierno Santos ha adelantado las negociaciones con las FARC. Según Zuluaga, solo hay una fórmula correcta de negociar, que incluye:
· Exigir a las FARC un cese unilateral de hostilidades como precondición para sentarse a negociar; y
· Limitar la negociación a la rendición de las FARC y su sometimiento a la justicia.
Aunque el candidato de Uribe Centro Democrático (UCD) dice que no se opone a la paz negociada como tal, no ha escatimado ataques a la forma como el gobierno Santos ha adelantado las negociaciones con las FARC.
Zuluaga ha subrayado que no puede haber paz con impunidad. Según él, los comandantes guerrilleros deben pagar con cárcel por los delitos atroces que han cometido, aunque podría concedérseles una reducción de penas (bajo el espíritu de la Ley de Justicia y Paz). Además, ha propuesto una sanción “de por vida,” para que a los comandantes de las FARC se les prohíba acceder al Congreso y a otros cargos de elección popular.
Por otro lado, Zuluaga ha insinuado que Santos ha hecho concesiones “de espaldas al país” a la guerrilla. Y Álvaro Uribe incluso ha acusado a Santos de estar “entregando al país al castro-chavismo”.
¿Qué tan acertadas son las prescripciones de Zuluaga sobre la forma de negociar?, y ¿cuánto fundamento tienen las acusaciones del UCD? Veámoslo por partes.
 El candidato presidencial por el Centro Democrático Alternativo, Oscar Iván Zuluaga. Foto: World Economic Forum |
Cese al fuego
La idea de exigir un cese al fuego previo a las FARC suena sensata, pero no es factible: desde los años noventa han fracasado todos los intentos de lograr un cese al fuego antes de lograr acuerdos de paz con las guerrillas.
La explicación es simple: un cese al fuego sin monitoreo no sirve, porque es fácil para las guerrillas declararlo y luego desconocerlo. Se necesita entonces un cese “monitoreable”, lo cual implica concentrar a las guerrillas en ciertos lugares para poder vigilarlas. Pero esa concentración significaría para la guerrilla perder su “retaguardia estratégica”: una vez los guerrilleros se concentran en una zona específica, el gobierno puede identificarlos… y también aniquilarlos. Si las conversaciones llegan a fracasar, la guerrilla habría sufrido un golpe irremediable.
Además, un cese al fuego implica que la guerrilla renuncie a la violencia, que es su único medio de presión para lograr concesiones en la mesa de diálogo. Aunque todos quisiéramos el fin inmediato de la violencia, para una guerrilla es irracional renunciar a ella antes de que den frutos las negociaciones. Exigir un cese al fuego como precondición es partir de un supuesto errado: que las FARC han decidido abandonar la guerra desde antes de la negociación, e independientemente de lo que se negocie.
Pretender eso equivale a ignorar el sentido mismo de las negociaciones de paz, que consiste en crear incentivos para que la insurgencia abandone la lucha armada. Por dolorosos e insensatos que sean los actos violentos de la guerrilla mientras se está negociando, la precondición de un cese de fuego impediría comenzar el proceso.
Rendición y sometimiento a la justicia
Negociar tan solo la rendición de las FARC y su sometimiento a la justicia sería posible si la guerrilla estuviera completamente derrotada. Pero las FARC – aunque han recibido golpes formidables parte del ejército- no parecen doblegadas. El propio Zuluaga ha dicho que con Santos “se ha perdido la seguridad democrática” y han aumentado los ataques de la guerrilla, o sea que esta sigue siendo una amenaza considerable.
Exigir un cese al fuego como precondición es partir de un supuesto errado: que las FARC han decidido abandonar la guerra desde antes de la negociación, e independientemente de lo que se negocie.
Si la victoria militar del Estado permanece distante, ¿cree Zuluaga que las FARC aceptarían renunciar al poder – y a la riqueza- que tienen en ciertas regiones a cambio de su simple oferta de que los guerrilleros paguen cárcel por sus delitos y además se les decrete la muerte política? Yo anticiparía que no.
De espaldas al país
La crítica de que Santos está negociando “a espaldas del país” es injusta y populista: una cosa es la confidencialidad que debe mantenerse mientras duran las conversaciones, y otra distinta sería que los acuerdos se mantengan ocultos indefinidamente.
De hecho, el gobierno ha revelado parte del contenido de las negociaciones y, cuando llegue el momento propicio, publicará la totalidad del acuerdo definitivo. Pero la confidencialidad por ahora es necesaria porque se trata de acuerdos parciales y tentativos, y además porque de otro modo tendríamos un espectáculo mediático que nunca llevaría a que se concreten acuerdos.
En resumen, si la única negociación aceptable es la que propone el UCD, es prácticamente imposible que haya negociaciones de paz con las FARC. Es decir, Zuluaga no le estaría apostando a un replanteamiento del proceso de La Habana: sus propuestas llevarían a proseguir la guerra indefinidamente. Eso resultaría muy costoso para el país y, curiosamente, un tema ignorado por el candidato del UCD se refiere a los costos de continuar la guerra.
Zuluaga parece partir de la falsa premisa de que podríamos alcanzar la paz negociada sin pagar un precio, y/o del análisis equivocado de que los costos de la paz negociada de Santos son exagerados e inaceptables (incluso en comparación con los costos de la guerra!). ¿De qué costos estamos hablando concretamente?
 Iván Márquez, se pronuncia ante las declaraciones de Uribe sobre el cese al fuego. Foto: Delegación de Paz de las FARC |
Santos: ¿un guerrillero del Chicó?
La acusación de que Santos esté “entregando el país al castro-chavismo” raya en la caricatura: ¿a cuenta de qué lo haría?, ¿por afinidad ideológica?, ¿o por torpeza inverosímil?
Cualquiera que conozca los orígenes y trayectoria de Santos, sabe que su perfil no es el de un castrista o un chavista. De hecho, si su intención hubiera sido imponer el socialismo en Colombia, nadie entendería por qué no comenzó a hacerlo desde que llegó al gobierno.
Santos tampoco es un novato a quien las FARC puedan engañar como a un niño: de hecho fue el Ministro de Defensa estrella de la Seguridad Democrática y el sucesor escogido por el propio Uribe. Es absurdo que ahora los uribistas nieguen la capacidad de Santos para manejar la negociación con la guerrilla.
Agenda limitada
Otra hipótesis es que la “entrega del país al castro-chavismo” podría ser un efecto no deseado de los acuerdos de paz con las FARC. Pero tampoco allí se detecta ese riesgo: la agenda de La Habana incluye muy pocos y muy bien delimitados asuntos fundamentales.
– Figuran sí, el tema agrario y el acceso a la tierra (más por baldíos y restitución para los desplazados que por “reforma agraria” o compra de latifundios para repartirlos), pero en todo caso no se toca el grueso de la política económica (fiscal, monetaria, tratados de comercio, industria, sector financiero…).
-El preacuerdo político incluye las garantías para la oposición, la reforma electoral y los mecanismos participativos, pero nada que implique socavar o limitar a la democracia colombiana.
-Temas como el narcotráfico, la reparación a víctimas y la justicia transicional para los exguerrilleros serán discutidos porque tienen una obvia relación con el conflicto armado, pero difícilmente conllevarán transformaciones de fondo de las reglas del juego.
-Quizá un fantasma que asusta a muchos es la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que el gobierno ya ha rechazado de plano. Dicho rechazo es justificado, porque el contexto político actual es muy distinto al de los años noventa. Cuando se reunió la ANC de 1991 existía consenso sobre la crisis institucional, y todos los sectores políticos convergieron en impulsar un cambio de las reglas del juego. Hoy, en cambio, tenemos una constitución relativamente joven, y no hay consenso sobre la necesidad de (y cuáles serían las) reformas.
Los seguros
Con todo y eso, podría quedar el temor de que las FARC “metan goles” en La Habana que en efecto “abran la puerta para el castro-chavismo” (la frase es otra vez, del expresidente Uribe.
Pero resulta que ninguna idea o propuesta de las FARC será aceptada sin pasar por el filtro de los negociadores del gobierno (incluidos el general Mora, el general Naranjo y el expresidente de la ANDI), del gobierno en pleno, del Congreso y, en temas sustantivos o delicados, de los sectores que pudiesen verse afectados.
Zuluaga no le estaría apostando a un replanteamiento del proceso de La Habana: sus propuestas llevarían a proseguir la guerra indefinidamente.
Por poner un ejemplo de lo último, como las FARC son un grupo marginal dentro de la oposición en Colombia (el propio UCD tiene muchísimos más votos), ellas no están en condiciones de pactar, por ejemplo, un “estatuto de la oposición”. En La Habana se acordó que ellas serán parte de la comisión que elabore una propuesta de estatuto, pero serán los partidos legales quienes deciden sus contenidos.
Y si eso no bastara, un eventual Acuerdo Final podría pasar por el filtro del referendo o la consulta popular: ¿No basta eso para calmar el ansia?
* Profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
