¿Se firmará la paz en 2015?
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Se ha avanzado bastante pero faltan los asuntos más difíciles: cuánto castigo o perdón para las FARC, como sería su ingreso a la política y cómo serían resarcidas las víctimas. No obstante el optimismo de las partes, no es tiempo aún de festejar (o repudiar) el acuerdo.
Se ha avanzado bastante pero faltan los asuntos más difíciles: cuánto castigo o perdón para las FARC, como sería su ingreso a la política y cómo serían resarcidas las víctimas. No obstante el optimismo de las partes, no es tiempo aún de festejar (o repudiar) el acuerdo.Carlo Nasi*
 La quinta delegación de víctimas y la delegación de paz de las FARC en La Habana, Cuba. Foto: Delegación de Paz FARC-EP |
Paz a la vista pero no tan rápido
Terminó 2014 con buenos augurios para el proceso de paz: la pronta liberación del general Alzate y de los soldados en Arauca, la incorporación de Joaquín Gómez al equipo negociador de la guerrilla y la inédita declaración de una tregua que ya no es “navideña” sino “indefinida”.
A pesar de que muchos analistas – comenzando por el Procurador– se apresuraron a descalificar la tregua unilateral de las FARC como “una burla” o un engaño para forzar al Estado a cesar sus acciones contra ellas, me parece torpe minimizar el gesto del grupo rebelde. ¿Acaso qué antecedentes existen de una declaratoria de cese al fuego indefinido por parte de las FARC? ¿Alguien pone en duda que la disminución de la violencia guerrillera contribuye a aclimatar la paz?
Sin embargo, me distancio del optimismo del senador Roy Barreras y de sus vaticinios según los cuales un acuerdo de paz definitivo se firmará a mediados del presente año. En mi opinión, la paz no se encuentra a la vuelta de la esquina. Para apelar a un símil ciclístico, al cabo de dos años de negociaciones estamos llegando a los premios de montaña de primera categoría, y la llegada a la meta (la paz) depende de que superemos esos premios de montaña.
Sobre todo, el país deberá enfrentar dilemas morales que simplemente no se pueden resolver a la ligera. ¿Está suficientemente madura la sociedad para enfrentar los dilemas y asumir los costos de una paz negociada? Tengo serias dudas al respecto.
Además, varios de los asuntos pendientes en la agenda no dependen solamente de la guerrilla y del gobierno, sino de otros actores, tanto domésticos como internacionales. Y a juzgar por los pronunciamientos y actuaciones de estos otros actores, no habrá salidas fáciles o expeditas a varias encrucijadas de la negociación.
 El senador y Presidente de la Comisión de Paz del Senado Roy Barreras. |
¿Paz o justicia?
Empecemos por considerar un elemento de la fórmula: “para que haya paz debe haber verdad, justicia y reparación”. ¿De qué justicia estamos hablando? Seguramente de una justicia relativa, en el mejor de los casos, porque no se puede confundir el escenario de negociación de La Habana con uno de victoria militar del Estado y sometimiento de la guerrilla a la Constitución y la ley.
Gústenos o no, negociar implica transar, y transamos justamente porque al cabo de más de medio siglo de guerra no pudimos doblegar a las guerrillas.
Aunque las FARC parecen haberse dado cuenta de la futilidad de su lucha revolucionaria, ello no quiere decir que están en La Habana como simple antesala de la cárcel. La propuesta de aplicarles todo el peso de la ley por los crímenes cometidos simplemente no es realista: ofrecerles como única salida el encierro en las prisiones las llevaría sin duda a no deponer las armas y a seguir en el monte.
Al cabo de dos años de negociaciones estamos llegando a los premios de montaña de primera categoría.
Si no habrá sometimiento a la ley, entramos entonces al terreno de otra justicia, una que pone menos énfasis en lo retributivo: la transicional. Quizás exista un relativo consenso en Colombia sobre la necesidad de aplicar una suerte de justicia transicional a las FARC, pero seguimos muy lejos de definir claramente sus contenidos.
A finales de 2014 se reabrió el debate sobre el delito político y se produjo controversia sobre qué crímenes pueden considerarse como conexos a la rebelión. Los medios dieron un protagonismo exagerado a las opiniones del procurador Ordoñez y el fiscal Montealegre; no obstante estamos lejos de un consenso sobre qué hacer al respecto.
Por lo demás, ¿de quién (o quiénes) depende la decisión sobre el tipo de justicia que se aplicaría a las FARC? ¿Del gobierno? ¿De las propias FARC? ¿De las Cortes? ¿De las víctimas? ¿De las ONG de derechos humanos? ¿De la Corte Penal Internacional? ¿De la Procuraduría? ¿De la Fiscalía? ¿De la opinión pública?
Probablemente varios de estos actores (y sus interacciones) incidirán sobre la forma que asuma la justicia transicional en Colombia, pero hasta este momento no se puede decir mucho más al respecto. Todavía no se han definido fórmulas concretas de justicia transicional y es fácil anticipar que no habrá una decisión que satisfaga a todo el mundo.
Pero la ley no está grabada en piedra, ni se debe tomar como una restricción inamovible para el proceso de paz. Por supuesto, tampoco es totalmente maleable ni se debe cambiar de manera caprichosa. La ley cambia a lo largo del tiempo y lo hace como respuesta a distintas relaciones de poder, a entendimientos cambiantes frente a qué es lo justo y prioritario, así como a consideraciones prácticas acerca de cuáles medidas razonables pueden adoptarse en materia de justicia dados el contexto y los recursos disponibles.
Pero, ¿cómo cambiarla? y ¿qué tanto? A juzgar por las controversias expresadas en los medios de comunicación, estamos lejos de llegar a un consenso. El dilema insuperable consiste en que, en un escenario de negociación, para alcanzar el bien colectivo de la paz hay que dar ciertas prebendas a las FARC. Eso no nos gusta, pero ¿qué alternativa hay? ¿Y por qué somos tan quisquillosos en la búsqueda de castigo para las FARC en un país con tanta impunidad en toda suerte de delitos?
La participación política de las FARC
Si no se ha resuelto el dilema de la justicia, tampoco se puede avanzar mucho sobre el tema de la participación política de las FARC. La esencia misma de un acuerdo de paz consiste en que los grupos guerrilleros cambien las balas por los votos. Pero aquí ni siquiera parece haber un consenso sobre una apertura política para que las FARC depongan los fusiles.
Algunas declaraciones incluso dan a entender que a algunos les asusta más la perspectiva de unas FARC desarmadas y convertidas en partido político legal, que armadas, echando bala y en plan de tumbar al régimen. Concretamente, el ex presidente Uribe se ha dedicado a asustar a los incautos con la idea de que si las FARC se desmovilizan y participan en la democracia, para las elecciones del 2018 llevarían a cabo un proyecto totalitario en Colombia.
Pero si Uribe está convencido de que su caracterización de las FARC es acertada, sus temores son incomprensibles. ¿O es que Uribe tiene a los colombianos en tan baja estima que cree que somos tan tontos como para elegir (¡en 3 años!) a un puñado de narcotraficantes y terroristas con aspiraciones totalitarias como nuestros gobernantes? ¿Tan mal están los partidos políticos legales como para temer una derrota a manos del “partido político de los narcoterroristas” en las próximas elecciones?
Por supuesto, si uno observa la experiencia de otros países, existen algunas democracias donde las guerrillas han tenido un buen desempeño electoral después de dejar las armas (por ejemplo, en El Salvador). Pero en la mayoría de los casos, los partidos formados por guerrillas desarmadas acaban siendo grupos minoritarios en la contienda electoral, y las “credenciales políticas” de las FARC (un largo prontuario delictivo sumado a doctrinas anacrónicas) no son propiamente las mejores para lograr el favor de los colombianos.
 El Procurador General, Alejandro Ordóñez. |
¿Y las víctimas?
También está cruda la reparación a las víctimas. Las visitas de las varias delegaciones a La Habana han sido importantes para darles voz en las negociaciones, para lograr expresiones de arrepentimiento de los victimarios y para avanzar algunos pasos en la reconciliación. Pero esto no significa que haya claridad sobre qué hacer en materia de reparación por parte de las FARC, para no hablar del propio Estado (más allá de lo que ya está planteado en la Ley de Víctimas).
Gústenos o no, negociar implica transar, y transamos justamente porque al cabo de más de medio siglo de guerra no pudimos doblegar a las guerrillas.
Dado el número tan elevado de víctimas y su carácter heterogéneo cabe preguntarse: ¿estas han logrado identificar aspiraciones comunes y construir propuestas colectivas de reparación?, ¿han definido cuáles serían los mínimos aceptables de reparación? Y en cuanto al gobierno y las FARC, ¿ya decidieron qué peso tendrá la voz de las víctimas en la definición de políticas de reparación?, ¿qué se haría si sus peticiones resultan fiscalmente inviables o francamente inconvenientes?
Con tanta tela por cortar en estos (y otros) asuntos tan delicados, resulta aconsejable bajar un poco el entusiasmo sobre la paz en 2015, pues me extrañaría si el Acuerdo se firma en los próximos seis meses. Incluso si culminan exitosamente, las negociaciones de La Habana no nos llevarían a la “paz” sino al posconflicto, término que alude a un período complicado posterior al fin de la guerra.
El posconflicto es importante porque crea condiciones que facilitan la democracia, así como que se expanda y profundice el Estado de Derecho y que haya mayor desarrollo económico. Pero “facilitar” es muy distinto de “garantizar”, de modo que es imperativo anticipar situaciones y tomar medidas para que el posconflicto no acabe siendo una nueva pesadilla.
* Profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (las opiniones aquí expresadas son de carácter personaly no comprometen la posición institucional de la Universidad de los Andes).
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Carlo Nasi
Profesor Asociado Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Las opiniones aquí expresadas no comprometen la posición institucional de la Universidad de los Andes.
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