La pandemia ha hecho que veamos como un imperativo ético lo que antes se veía como una idea utópica de los economistas.
Juan José Botero*
Un comienzo
La COVID-19 ha puesto de presente en todo el mundo que los problemas de salud pública afectan a la sociedad en su conjunto, y no apenas a sectores o a subgrupos específicos de la comunidad.
Por eso en tiempos de pandemia, casi todos los Estados han optado por distribuir ayudas económicas entre sectores amplios de la población. No parecía disparate ni locura asignar un ingreso monetario, sin contraprestación, a la población más afectada por las medidas de control.
En el caso de Colombia se adoptó el programa de Ingreso Solidario, y en algunas ciudades éste se complementa con alguna forma de asignación adicional: en Bogotá, por ejemplo, está el programa de Ingreso Básico, que además hará parte del plan de desarrollo.
El Ingreso de Base Universal y sus debates
Si esa idea se adopta de manera regular e institucionalizada, estaríamos hablando del Ingreso de Base Universal (IBU).
También conocido como “renta básica” o “ingreso de ciudadanía”, el IBU puede entenderse como un ingreso monetario regular e individual, asignado incondicionalmente a todos los integrantes de una sociedad. Esto significa que:
- Todas las personas deben recibirla, no únicamente las de escasos recursos;
- No debe implicar contraprestaciones ni el cumplimiento de condiciones, y,
- Debe ser asignada a individuos, no a familias.
Esa es la idea presentada de la manera más escueta posible. Aunque la idea se enuncia con simplicidad, ella suscita múltiples interrogantes, que pueden ser agrupados en tres ámbitos: el de la ética, el de la economía, y el de la política.
Desde la década de 1980 –y sobre todo a partir de la creación de la red Basic Income Earth Network (BIEN) en 1986- se han multiplicado las discusiones acerca del IBU.
El mayor número de estudios técnicos se ha referido al aspecto económico y pueden ser consultados en BIEN y otros sitios de Internet. También se han realizado pruebas y experimentos parciales, aunque debe notarse que no es fácil extraer conclusiones de ellos, precisamente por su tamaño limitado, su corta duración y su carácter necesariamente local.
Descubriendo la dimensión ética
La propuesta del IBU adquirió notoriedad en las últimas semanas debido a la pandemia.
Es verdad que las ayudas de emergencia –como decir en Colombia las de “Ingreso Solidario”- están “focalizadas” o dirigidas hacia determinados sectores, son de carácter temporal, o suponen cumplir ciertas condiciones, de manera que no constituyen propiamente un IBU. Pero sí pueden considerarse como medidas emparentadas con él.
Aunque en tiempos normales estas ayudas del Estado habrían producido reacciones adversas y más o menos virulentas, la pandemia nos hizo ver que ellas eran necesarias. En otras palabras: la pandemia nos hizo comprender esas medidas en su aspecto ético, sin mediación teórica o doctrinaria previa.

Foto: Alcaldía de Bogotá
Si hubiese un ingreso básico universal nos ahorraríamos muchos de los dilemas éticos que se nos presentan hoy.
Recuerdo que, ante circunstancias apremiantes, en mi familia se decía que había que “hacer lo que haya que hacer” y que para ello había que “sacar plata de donde no hay”. Estas expresiones tienen la virtud de disolver lo que llamamos con cierta pompa como “dilemas éticos”, al tiempo que hacen ver como tratable una situación cuya complejidad nos abruma.
Es lo que está sucediendo en estos días de pandemia.
No se trata de alentar el chamboneo o la improvisación.
La situación es especialmente compleja porque tiene al menos tres características yuxtapuestas: es éticamente inaceptable, socialmente inmanejable y económicamente insostenible. Esto, en su orden, significa:
- Que no podemos soportar el sufrimiento, las muertes y la desprotección que produce la enfermedad;
- Que los servicios de salud están desbordados y la sociedad reducida al desempleo, la falta de ingresos y a la cuarentena, y
- Que se avecina una catástrofe fiscal, el congelamiento de la economía y la descomposición del tejido empresarial.
Aunque las asignaciones monetarias no se han realizado en todos los países, el “descubrimiento” inmediato de la ética implicó actuar como la situación misma lo exigía -dejando en manos de los expertos lo referente al manejo científico y tecnológico-.
Esta es la típica situación ética real: el “hacer lo que haya que hacer”. Los “dilemas” siempre se presentan después, cuando las aguas han bajado.
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El IBU y los retos actuales
La pandemia es un problema de supervivencia social, económica y política.
Las medidas para tratar de dominarlo producen ondas que transforman la vida social en muchos aspectos, y, de manera simultánea, deterioran gravemente las actividades económicas y amenazan las bases de la democracia y el Estado de derecho. Es un círculo vicioso que se agrava y va creando nuevas dificultades para el manejo sanitario, la convivencia social, la actividad económica… etc.
En este contexto, el IBU puede verse como una herramienta que puede introducir algo de orden en esa complejidad.
No es una cura para la enfermedad, ni una vacuna contra el virus; tampoco resuelve por sí solo el problema de una economía en plena recesión; ni es la panacea para reconfigurar los tejidos sociales en disolución.
No obstante, el IBU nos permite razonar del siguiente modo: ¿Cómo habría sido la situación si, al desencadenarse la pandemia, hubiéramos contado con un ingreso de base garantizado universalmente?

Foto: Tesoro de Tenesse
La discusión sobre un ingreso básico universal se abre de nuevo y con más fuerza por las consecuencias económicas de la pandemia.
La cuarentena no tendría las características dramáticas que tiene. Tal vez hubiese sido más fácil de acatar y las resistencias no habrían aparecido, por una sencilla razón: la gente no la vería como una cuestión de supervivencia debido a la ausencia de ingresos; y esto le permitiría entender y manejar de mejor manera los problemas de salud.
En cuanto a su dimensión económica, un ingreso monetario para todos, al máximo nivel que sea sostenible, permitiría mantener el consumo de los hogares y la demanda agregada en un nivel más manejable. En este momento, las objeciones más serias al IBU no son las estrictamente económicas.
La discusión de fondo debería darse en el tema ético, en primer lugar, y quizás en segundo lugar en el político.
Oportunidad histórica
Si una discusión seria y rigurosa mostrara que el IBU es la medida más aconsejable para adelantar una política inspirada en lo que se entiende como una sociedad justa, entonces la viabilidad política y los mecanismos de ejecución económica tendrían un marco de referencia a partir del cual realizar las innovaciones necesarias para hacerla real.
En otra ocasión, habrá tiempo y espacio para desglosar los pros y los contras. Pero se debe señalar que la pandemia nos proporciona un buen punto de partida para la discusión. Hay argumentos y datos que ella hizo evidentes y que antes quizás eran más difíciles de obtener.
Además, con respecto de su viabilidad política, la pregunta importante es: ¿cuáles sujetos políticos claves estarían dispuestos a adquirir el compromiso de sacar adelante esta idea? La visión optimista sería: todos.
El IBU es un tema importante para producir un mínimo consenso político que eduque y fortalezca el debate democrático en los tiempos venideros, particularmente en el contexto colombiano.
Una crisis como la actual es una ocasión inmejorable para plantear nuevos acuerdos sobre lo fundamental, que renueven nuestra anquilosada vida política y nos permitan crear pautas de desarrollo democrático mejor adaptadas a las realidades inéditas que aparecerán en el futuro inmediato.
La idea del Ingreso de Base Universal no es ninguna panacea, pero su discusión podría convertirse en una oportunidad histórica para comenzar a trazar un destino común.
*Profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia.
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