Cali frente a la pandemia

¿Qué ha hecho el gobierno local?, ¿Qué falta por hacer y cuáles son las principales limitaciones?

Juan Pablo Milanese* y Juan Albarracín**

Capacidades estatales al límite

Con 1.574 casos y 88 fallecidos por COVID-19, Cali es una de las ciudades más afectadas por el coronavirus en Colombia.

Sin embargo -y aunque Cali no cuente con tantos recursos como Bogotá o Medellín- hasta ahora los contagios no parecen aumentar de manera desbordada. De hecho, calculados cada cien mil habitantes, el número de fallecidos no solo es menor a la de la primera, sino al de varias de las principales ciudades del país ¿Pero es sostenible esa tendencia?

El coronavirus ha venido a subrayar uno de los principales problemas del Estado colombiano: la falta de capacidades institucionales en el grueso de los municipios. Si apenas un puñado de ellos cuenta con recursos suficientes para enfrentar las dificultades más “convencionales” del día a día, mucho menos para afrontar los efectos de una crisis sanitaria de escala global.

Cali tiene condiciones significativamente mejores que la mayor parte de los más de mil cien municipios del país; sin embargo, los recursos del gobierno distrital siguen siendo limitados. Entre estos déficits pueden destacarse:

• Los de carácter financiero, que reducen, por ejemplo, la cobertura del sistema de salud pública y sus posibilidades de vigilar monitorear la epidemia, y la distribución de alimentos para las familias que se quedaron sin ingresos.
• La escasa legitimidad del aparato estatal en amplios sectores de la sociedad y un modelo de ciudad donde el poder está excesivamente concentrado en su centro administrativo —el CAM— y escasamente disperso en el territorio.
• La limitada capacidad de la policía para ayudar a regular conductas desde un punto de vista social. Desde hace tiempo se sabe que la ciudad tiene un número muy insuficiente de agentes en relación con otras ciudades del país.

Un asunto de supervivencia

En este contexto, lograr un distanciamiento social efectivo y atención adecuada a los enfermos no es sencillo.

Teniendo en cuenta además la desigualdad social y el flujo sostenido de migrantes, Cali tiene una capacidad muy limitada para mitigar los impactos sociales de la cuarentena. Medidas como los toques de queda o la ley seca difícilmente pueden aplicarse con la misma intensidad en todas las zonas de la ciudad.

Para muchas personas el dilema entre salud y economía —cumplir el aislamiento o salir a conseguir recursos—, es y seguirá siendo un asunto de supervivencia.

Cambio de prioridades

En Cali, como en el resto de los municipios y departamentos, la pandemia descarriló las apuestas del gobierno local.

Desde enero, cuando asumió su segundo periodo como alcalde, Jorge Iván Ospina dejó claro que los proyectos de infraestructura serían su prioridad. Su objetivo principal sería terminar las obras viales iniciadas por la administración anterior, y apostarles a proyectos como el tren de cercanías de la región metropolitana de Cali —este junto con la gobernación del Valle del Cauca—.

Pero llegó la COVID-19 y el aislamiento preventivo obligó a suspender todos estos planes, al menos de manera temporal. Además, la ciudad tuvo que reencaminar sus recursos hacia el sistema de salud -por ejemplo, la adecuación de una clínica— y hacia la atención social.

Aunque las repercusiones fiscales de la pandemia no son del todo claras, hubo un reajuste de prioridades, y es posible que algunas de las grandes apuestas en infraestructura deban ser congeladas por ahora.

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El estilo de Ospina

En una ciudad con limitada capacidad burocrática y fiscal, han salido a relucir rasgos del estilo de gobierno de Ospina. El alcalde tiene una singular habilidad para comunicar, crear cercanía con los ciudadanos y hacer presencia en los medios mediante historias que llaman la atención de los caleños. ¡Cómo olvidar la huelga de hambre durante la pasada campaña electoral, o la atención que le dio a la historia del león Júpiter!

Desde el comienzo de la pandemia, Ospina se puso en el centro de la respuesta de la ciudad. En su cuenta de twitter y por otros medios se le ve distribuyendo mercados en algunas zonas marginadas. Incluso acompañó recientemente al grupo caza COVID —unidad que vigila el cumplimiento de la cuarentena de personas diagnosticadas con el virus—. El alcalde aparece en videos con traje de seguridad sanitaria regañando a los infractores e instando a la comunidad a respetar las medidas.

En momentos de crisis, esta figura de un alcalde “en la calle” —que además es médico de profesión—, resolviendo directamente los problemas y proyectando una imagen de actividad permanente contribuye a tranquilizar a la ciudadanía. En esta época, buena parte del ejercicio del gobierno consiste en crear confianza entre la población.

Pero esto solo le compra algo de tiempo a la administración municipal mientras alista a una ciudad que, por las razones arriba señaladas, no parece completamente preparada para una crisis de estas proporciones.

Desafíos de coordinación

Y siguen las dificultades: incluso en el plano local, problemas como la COVID-19 difícilmente puedan ser enfrentados desde una perspectiva estrictamente municipal. Las lógicas sociales existentes en el área metropolitana de Cali involucran a otras ciudades como Palmira, Jamundí y Yumbo, como también a otros pertenecientes al departamento del Cauca -como Puerto Tejada, Villa Rica y Santander de Quilichao —.

El virus no entiende de fronteras artificiales. Aunque así lo disponga la división política formal, no tiene mayor sentido observar los datos del distrito de Cali sin apreciar lo que pasa en los municipios circundantes —del mismo modo que no lo tendría en Bogotá sin Chía o Soacha, en Medellín sin Envigado o Itagüí, o en Barranquilla sin Soledad—.

La asimetría de las decisiones —sumada a las notables diferencias en capacidades técnicas y de recursos— que caracteriza a cada administración municipal puede afectar lo que suceda con sus vecinos. En el caso del Valle se han notado desavenencias entre algunos alcaldes; por ejemplo, entre los de Cali y Jamundí con respecto a temas no menores como la circulación de personas.

Desde este punto de vista, los gobiernos departamentales juegan un papel fundamental en lo tocante a armonizar las políticas. Mientras existan buenas relaciones entre los alcaldes y la gobernación, esta puede asumir más efectivamente un papel como coordinadora.

En el caso del Valle del Cauca ésta parece, hasta hoy, ser la tónica. La gobernadora Clara Luz Roldán y el alcalde Ospina mantienen un grado de cordialidad y cooperación que dista mucho de la tensa relación que existía entre el exalcalde Armitage y la exgobernadora Toro. En un contexto crítco como el actual, esto puede ser una buena noticia.

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Siguen las señales de alarma

A pesar de las evidentes dificultades, la situación en Cali y el Valle del Cauca no parece, hasta hoy, ser dramática. Aun así, las señales de alarma no desaparecen. Tanto ciudad como departamento están entre los más afectados por el virus.

La capacidad de realizar pruebas diagnósticas es aun muy limitada y se aprecia, especialmente en Cali, un mayor grado de actividad y movimiento de personas.

A medida que transcurren los días, se vuelve cada vez más insostenible el mantener un aislamiento estricto, pero también es más necesario establecer algún tipo de restricción como consecuencia del aumento en el número de casos. Encontrar la cuadratura del círculo es difícil, sobre todo con capacidad estatal limitada.

**Ph.D. en Ciencia Política de la University of Notre Dame, director del Programa de Ciencia Política y profesor asistente del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi de Cali.

*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, jefe del Departamento de Estudios Políticos y profesor asociado del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi de Cali.

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