La Liga Contra el Silencio reportó que tuiteros uribistas coordinaban ataques contra personalidades contrarias a su ideología. En este y otros casos hay ambigüedad sobre la forma correcta de actuar en redes sociales.
Juan David Cárdenas
Nuevas posibilidades y peligros
El uso de las redes sociales en la comunicación política ha transformado por completo la manera como se gestiona y se desarrolla la deliberación publica en el mundo.
Tanto en las campañas electorales como en el ejercicio de gobierno, las estrategias de comunicación —formales e informales, legales e ilegales— han encontrado en las redes sociales un vehículo de difusión masiva, rápida y a muy bajo costo de todo tipo de contenidos; estos no persiguen en todos los casos intereses o causas loables, positivas y orientadas al bien común.
Dentro del ecosistema digital, las varias redes sociales han adquirido características distintivas que permiten a todos los usuarios —independientemente de su poder, reconocimiento o posición social— difundir contenidos. Si estos últimos se diseñan acertadamente, según los códigos del lenguaje y la lógica de estas plataformas, pueden llegar a ser ‘virales’.
Esta condición de ‘viralidad’ da poder a todo tipo de usuarios, que de manera individual u orquestada pueden construir estrategias de posicionamiento de agenda. En consecuencia, estos contenidos fácilmente podrían configurar la agenda mediática tradicional, la agenda de los políticos y la agenda pública ciudadana.
A pesar de que las redes sociales parezcan estar arraigadas en las sociedades como herramienta de comunicación masiva, son muchos los vacíos legales y zonas grises que aún existen sobre la forma correcta de actuar en estos contextos.
A lo anterior se suman cuestiones como el anonimato; el derecho a la libre expresión y la libre opinión; la posibilidad de programar usuarios de difusión automática de mensajes (bots); la supervivencia de usuarios dedicados al sabotaje, la burla, el insulto, las calumnias y la injuria (trolls), y las políticas no del todo claras de regulación de contenidos de las empresas que administran las redes.
Estos elementos llevan a que el debate sobre las redes sociales deba plantearse desde una perspectiva en mayor medida ética y, en ocasiones, disciplinaria y política, mas no desde una óptica netamente jurídica.
Foto: MinTIC
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Las ‘bodeguitas’ de Colombia
Desde la campaña presidencial de 2018, apareció el término ‘bodega’ para describir las acciones de equipos de personas —al parecer contratados por las campañas y, según algunas personas, ubicados en sus instalaciones de campaña— cuya única función era alimentar las redes sociales con contenidos diseñados desde las campañas para desprestigiar a los rivales, poner a circular rumores, recordar acciones oscuras o escándalos del pasado e inventar noticias falsas para tratar de influir sobre la decisión de voto de los ciudadanos.
Esta idea de ‘bodega’, que un principio parecía moverse más en un terreno metafórico, comenzó a materializarse desde que distintos esfuerzos del periodismo independiente descubrieron los patrones de acción y el modus operandi de estos grupos. Los que trabajan en ‘bodegas’, aunque no estén en el mismo lugar, actúan con un nivel de coordinación que trasciende la mera iniciativa de un ciudadano cualquiera interesado en asuntos públicos y en las redes sociales.
Como antecedente a estas prácticas, podría pensarse en el plebiscito del 2016 para refrendar los acuerdos de paz: en las redes sociales hubo esfuerzos coordinados por posicionar tendencias que acudían a noticias falsas, tergiversaciones y verdades a medias; en pocas horas estos contenidos colonizaron la atención del entorno digital.
Poco después, estos mensajes llegaron a las conversaciones comunes, gracias al WhatsApp. Finalmente se presentaron como parte del ‘sentido común’ del discurso político de muchos colombianos, que acaban creyendo lo que esas tendencias pretendían.
El 6 de febrero de este año, el portal de investigación independiente La Liga Contra el Silencio publicó el reportaje En las entrañas de una bodeguita uribista, que revelaba la forma como se formó un equipo de tuiteros uribistas que coordinaban frecuentemente, a través de WhatsApp y luego en una reunión en Bogotá, sus ataques contra políticos, periodistas y personalidades no afines al gobierno o a su corriente ideológica.
Este fenómeno se ha vuelto una práctica común para diferentes ideologías y grupos políticos que difunden estos mensajes en redes sociales de forma más o menos coordinada, según el caso. En Colombia es una realidad cotidiana que refleja nuestra intensa polarización política.
La Liga Contra el Silencio mostró que dos funcionarios del gobierno Duque lideraban este grupo: Víctor Muñoz, consejero presidencial para la Innovación y Transformación Digital y actual alto consejero para Asuntos Económicos y Transformación Digital, y Claudia Bustamante, excandidata al congreso por el Centro Democrático y cónsul de Colombia en Orlando.
Además, se comprobó que otros funcionarios públicos hacían parte del grupo, como Juan Pablo Bieri, exgerente de RTVC y entonces contratista del Estado, recordado por censurar a Santiago Rivas y a Los puros criollos.
El reportaje concluye que la asesoría de estos funcionarios fue más allá del aprovechamiento de los recursos digitales; sugirió las tendencias y seleccionó los destinatarios de esos mensajes encadenados. En la mayoría de los casos, la campaña se orientó contra medios de comunicación y periodistas considerados como opositores o no alineados con el gobierno, como Noticias Uno, La W, Camila Zuluaga y Julio Sánchez Cristo, entre otros.
Foto: Pixabay
Desde 2018 se contrataron grupos de personas, bodegas, encargadas de mover las redes sociales para favorecer campañas.
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El Estado y la propaganda
No es clara la dimensión jurídica que puedan tener este tipo de comportamientos: están protegidos por la libertad de expresión y no necesariamente afectan la integridad de sus destinatarios en forma directa; no puede saberse con certeza si buscan causar daño. Aun así, es claro que el efecto viral de estas publicaciones, el sentido de los contenidos, la naturaleza de sus destinatarios y los funcionarios públicos que coordinaban la estrategia sí son motivo de duda en el terreno político, disciplinario y ético.
Desde la perspectiva política, se afecta el sentido de la democracia y la calidad de la deliberación pública. Estas estrategias contribuyen a distorsionar la opinión pública, instalando matrices emocionales y perpetuando rasgos negativos de la cultura política colombiana que quisiéramos dejar atrás: corrupción, comportamiento desleal y violencia. Además, atacar a la prensa y a la oposición demuestra el desprecio por la participación política libre y reflexiva, el ejercicio critico de la prensa y la correcta garantía de la libertad de información para la ciudadanía.
Desde la perspectiva disciplinaria, si bien un funcionario que trabaje para un gobierno quiere defender sus proyectos, utilizar las instituciones para organizar este tipo de estrategia podría ser una falta grave en sus funciones. Los funcionarios públicos trabajan para el Estado; en el ejercicio de sus funciones no deben vulnerar la integridad de ningún ciudadano
Finalmente, desde la perspectiva ética, no es correcto —y menos de parte de funcionarios públicos— valerse de estrategias que contemplen los ataques, las mentiras y las noticias falsas para vulnerar la integridad de personas e instituciones que puedan ser incomodas para el régimen y que, por lo tanto, buscan ejercer un control ciudadano efectivo sobre el poder.
*Politólogo de la Universidad Nacional, especialista en opinión pública y marketing político de la Universidad Javeriana, magister en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, docente-investigador de la Facultad de Comunicación e investigador del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sábana.
