¡Es el aborto, estúpido!: el 5 de noviembre será decisivo para las mujeres en los Estados Unidos

En EE. UU., los derechos reproductivos enfrentan un momento crítico. Con cada nueva restricción, las elecciones se convierten en un campo de batalla donde la autonomía de millones de mujeres y el futuro económico del país están en juego. Descubra por qué estas políticas afectan más allá de lo evidente.

El panorama de los derechos reproductivos en los Estados Unidos ha sufrido un vuelco radical en los últimos años. Lo que antes se consideraba un derecho inalienable ahora está siendo desmantelado paulatinamente, estado por estado. 

Las próximas elecciones en los Estados Unidos serán cruciales para los derechos de las mujeres, ya que es posible que, con una victoria republicana, se implementen medidas adicionales que restringirán aún más el acceso al aborto, la educación sexual y los métodos anticonceptivos. 

Estas políticas podrían tener no solo un impacto significativo en la autonomía y la salud sexual de millones de mujeres en todo el país, pero de paso también en la economía.  Veamos por qué. 

Las políticas sobre derechos reproductivos 

Ante todo, es importante subrayar que, en Estados Unidos, las fuerzas conservadoras han aprovechado el clima creado por la derogatoria de la sentencia Roe vs. Wade para imponer severas restricciones que afectan la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos. Estas políticas se han enfocado en tres pilares:

• Limitaciones al aborto

Varios estados han restringido significativamente el acceso al aborto. Entre los estados con las regulaciones más estrictas se encuentran Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Tennessee y Texas. Estas restricciones varían desde la prohibición casi total del aborto, sin excepciones para casos de violación o incesto, hasta la imposición de límites estrictos al tiempo en que los procedimientos pueden llevarse a cabo. Además de estas medidas, algunos estados han introducido leyes que obligan a las mujeres a someterse a periodos de espera de hasta 48 horas, a recibir consejería obligatoria y a someterse a ecografías antes de poder proceder con un aborto. Tales restricciones no solo complican el acceso a los servicios de aborto, sino que también buscan desalentar a las mujeres a tomar decisiones autónomas sobre sus propios cuerpos.

• Obstáculos para acceder a métodos anticonceptivos

No solo el acceso al aborto ha sido objeto de severas restricciones, sino también la disponibilidad de métodos anticonceptivos y la píldora del día después. Estas restricciones buscan limitar la capacidad de las mujeres para prevenir embarazos no deseados, lo que impacta directamente en su autonomía reproductiva y salud sexual. En varios estados, la venta y distribución de anticonceptivos han sido restringidas, y las farmacias y proveedores de salud enfrentan severas penalizaciones si se considera que están facilitando el acceso a estos métodos. 

La píldora del día después, en particular, ha sido un foco de controversia. A pesar de su seguridad y eficacia para prevenir el embarazo después de un acto sexual sin protección, su acceso ha sido restringido en muchos lugares. Algunas leyes exigen que las mujeres obtengan una receta médica, lo que añade barreras adicionales, especialmente para aquellas que viven en áreas rurales o que no tienen fácil acceso a servicios médicos. Además, algunos estados han promulgado leyes que permiten a los farmacéuticos negarse a dispensar la píldora del día después basándose en objeciones personales o religiosas, limitando aún más las opciones de las mujeres.

• Restricciones a la educación sexual en las escuelas

El acceso a la educación sexual integral también ha sido un campo de batalla en muchos estados. Las fuerzas conservadoras han promovido la implementación de programas de abstinencia hasta el matrimonio, excluyendo información vital sobre métodos anticonceptivos, prevención de enfermedades de transmisión sexual y consentimiento. Este enfoque limitado no solo deja a los jóvenes sin las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva, sino que también perpetúa mitos y estigmas en torno a la sexualidad.

Existe la convicción, tanto entre los votantes como  entre los analistas políticos, que un gobierno republicano no solo apoyaría estas medidas restrictivas, sino que también buscaría consolidar y expandir estas políticas para asegurar su permanencia a largo plazo. La estrategia incluiría la promulgación de legislaciones a nivel federal que refuercen las restricciones a los derechos reproductivos y la educación sexual, así como la designación de jueces y funcionarios que compartan esta visión conservadora. Es probable que se promuevan enmiendas constitucionales y leyes adicionales que dificulten cualquier intento futuro de revertir estas decisiones.

Posibles consecuencias y riesgos 

Desde la perspectiva conservadora, estas políticas se han mostrado como una forma de proteger no solo lo que consideran valores sociales y religiosos, dentro de los cuales la familia jugaría un papel central, sino también a la mujer misma. Tanto que esta semana el candidato republicano, Trump, afirmó que «protegería» a las mujeres, «les guste o no a las mujeres». ¿Que quiso decir con esto? No es claro. Sin embargo, si se analiza la línea de pensamiento que ha manejado el ala republicana para justificar la prohibición al aborto, es posible sacar algunas conclusiones. 

Desde la perspectiva conservadora, las restricciones al aborto no plantearía ningún problema para la mujer, porque sino quiere conservar al bebé, tendría la opción de darlo en adopción para parejas que no han podido tener hijos, como de manera contundente lo expresó el juez Alito de la Corte Suprema al resolver el caso Dobb v. Jackson Women’s Health Organization:  «Una mujer que da a su recién nacido en adopción hoy tiene pocas razones para temer que el bebé no encuentre un hogar adecuado.”(traducción libre de la autora)

Esto, sin embargo, implica que existan de una parte las instituciones, públicas o privadas, que puedan acoger a estos bebés y, de la otra, las personas que estén dispuestas a adoptarlos. En la práctica esto no es tan simple. Las cifras oficiales de adopción más recientes datan del 2022 y en estas se observa, por ejemplo, que de 570.000 niños que se encontraban en hogares de acogida fueron adoptados solo 53,700.  La situación parece no haber cambiado a la fecha. 

Un análisis reciente del Washington Post, realizado en julio, examinó el impacto de las restricciones al aborto en las adopciones. El análisis reveló que actualmente hay alrededor de 400,000 niños en hogares de acogida en los Estados Unidos, una cifra que ha permanecido bastante estable en la última década, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Muchos de estos niños pasan años en el sistema de acogida, enfrentándose a un futuro incierto, siendo trasladados de un hogar temporal a otro y sin experimentar nunca la estabilidad de una familia permanente y amorosa.

Como si lo anterior fuera poco, este enfoque simplista y unidimensional ignora por completo el aborto por razones médicas, un asunto complejo y cargado de controversia que se ha visto gravemente afectado por estos desarrollos. A medida que los estados implementan diversas restricciones y regulaciones, la capacidad de las mujeres para acceder a abortos necesarios por razones médicas se ha visto seriamente comprometida, sin que se vea una salida clara. 

Otro aspecto que no se discute es el del embarazo adolescente. Se olvida que Estados Unidos es un país donde el embarazo adolescente sigue siendo un desafío significativo.  Si bien es cierto el embarazo adolescente ha tendido a disminuir en la última década, aún sigue siendo alto en comparación con los países desarrollados.  Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la tasa de natalidad adolescente (nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años) disminuyó un 78% desde 1991 hasta 2021. A pesar de esta disminución, las tasas varían considerablemente entre los diferentes estados y entre diversos grupos étnicos y socioeconómicos. 

Al respecto es interesante anotar que uno de los factores clave detrás de la disminución en las tasas de embarazos adolescentes es el aumento en el uso de métodos anticonceptivos eficaces y el acceso mejorado a la educación sexual integral. Si, como se anotaba anteriormente, estos desaparecen los pocos avances que se han logrado pronto se revertirán. 

Finalmente, un punto que tampoco se discute en este contexto es el de las consecuencias económicas, las cuales pueden ser devastadoras. Las mujeres que no pueden acceder a servicios de aborto seguro y legal a menudo se ven obligadas a llevar embarazos no deseados a término, lo cual puede resultar en un aumento de la pobreza, especialmente entre las mujeres jóvenes y de bajos ingresos. La incapacidad de planificar y espaciar adecuadamente los nacimientos puede limitar las oportunidades educativas y laborales de las mujeres, afectando sus ingresos a largo plazo y perpetuando el ciclo de pobreza.

A esta problemática se suma el hecho de que Estados Unidos es uno de los pocos países desarrollados que no garantiza una licencia de maternidad remunerada a nivel nacional. Esta carencia de apoyo institucional pone una carga adicional sobre las madres trabajadoras, que a menudo deben elegir entre su sustento económico y el cuidado de sus recién nacidos. La falta de licencia de maternidad pagada puede obligar a las mujeres a regresar al trabajo prematuramente, poniendo en riesgo su salud y la de sus bebés.

Esta situación también tiene implicaciones a largo plazo para las mujeres en el mercado laboral. La ausencia de políticas de licencia de maternidad adecuadas contribuye a la desigualdad de género en el ámbito laboral, dificultando que las mujeres mantengan sus carreras profesionales y compitan en igualdad de condiciones con sus colegas masculinos. Las mujeres que no pueden tomarse tiempo para recuperarse del parto y cuidar de sus hijos recién nacidos pueden encontrar más difícil avanzar en sus carreras, lo que se traduce en menores ingresos y oportunidades a lo largo de su vida.

Además, los costos asociados con la crianza de un hijo no deseado pueden ser significativos, no solo para las madres y su entorno familiar, sino también para el sistema de bienestar social. Los niños que entran en el sistema de hogares de acogida requieren recursos considerables del estado, incluyendo cuidados, educación y servicios de salud. Como se mencionó anteriormente, con una cifra de aproximadamente 400.000 niños en hogares de acogida, el sistema ya está bajo una presión considerable. Si las restricciones al aborto resultan en más niños entrando al sistema, el costo económico para el estado podría aumentar drásticamente.

El embarazo adolescente también tiene ramificaciones económicas significativas. Las adolescentes que se convierten en madres a menudo enfrentan barreras para completar su educación, lo que a su vez limita sus oportunidades de empleo y de ingresos. Se ha demostrado que una educación incompleta y la falta de habilidades laborales pueden condenar a estas jóvenes y a sus hijos a una vida de dificultades económicas. Los costos de salud por cuidado prenatal, parto y cuidado infantil también pueden aumentar, poniendo una carga adicional sobre los sistemas de salud pública.

En conjunto, estas políticas restrictivas pueden contribuir a una mayor disparidad económica y a la perpetuación de la pobreza intergeneracional. Al limitar el acceso a servicios esenciales de salud y educación sexual, no solo se socava la libertad individual, sino que también se debilita el tejido económico y social de la sociedad. No es ninguna sorpresa que a la fecha, en el voto anticipado, el voto de las mujeres esté sobrepasando el de los hombres, especialmente en los estados decisivos.

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