¿Puede la sociedad romper el pacto de silencio ante el acoso sexual?

Tras un largo período en el que muchas denuncias de acoso o abuso eran ignoradas o minimizadas, la presión social ha llegado a un punto en el que las instituciones no pueden seguir manteniendo el silencio.

En las últimas semanas, Colombia ha presenciado una oleada de denuncias por acoso sexual, particularmente en el sector de las comunicaciones, que rápidamente se ha extendido a múltiples ámbitos institucionales. Lo que comenzó en un espacio específico se ha replicado en empresas privadas, entidades públicas, espacios laborales informales y contextos cotidianos. Sin embargo, este fenómeno no puede entenderse como una mera acumulación de casos individuales. Se trata, más bien, de la manifestación de una emoción pública compartida —rabia, frustración e indignación moral— frente a prácticas históricamente toleradas.

Pero, más allá de la simple indignación, las recientes denuncias no solo se suman unas a otras, sino que forman una cadena de hechos que, lejos de ser fruto de una acción coordinada, dejan entrever una dinámica estructural que conduce a una especie de acuerdo colectivo tácito. Es como si el contexto empujara a que estas experiencias salgan a la luz, se conviertan en parte de un debate público y, así,  el problema deje de ser invisible y pase a ocupar un lugar central en la sociedad. Lo que abre el camino para reflexionar sobre cómo estas experiencias compartidas pueden estar transformando el panorama social y político de Colombia.

Del escándalo global a la resonancia local

El punto de partida de esta secuencia puede ubicarse en la reactivación global de los debates en torno a los archivos de Jeffrey Epstein, que han puesto nuevamente en evidencia los extremos del abuso de poder en contextos de élite. Este tipo de revelaciones no permanece en el ámbito internacional, pues tiene un efecto de resonancia que las traduce a contextos nacionales.

En Colombia, este debate se materializa cuando figuras públicas como Andrés Pastrana Arango se asocian a dichas narrativas. Más allá de la precisión fáctica de cada caso, lo relevante es el efecto social. La conexión entre una red global de abuso y actores nacionales activa una sensibilidad colectiva ante la impunidad.

La percepción de un silencio tanto del propio Pastrana como de amplios sectores mediáticos se convierte entonces en un elemento central. No como ausencia de respuesta, sino como signo socialmente interpretado como encubrimiento y percibido como una “conspiración de silencio”.

La ruptura del silencio: de los medios a la sociedad

La secuencia continúa con un quiebre interno en el campo mediático. Los comunicados de periodistas y de mujeres que denuncian el silencio institucional vuelven explícito lo que antes era tácito.

El encadenamiento adquiere mayor densidad cuando se concentra en instituciones específicas. Las denuncias en medios como Caracol no solo visibilizan el problema, sino que también lo vuelven emblemático. Los comunicados de periodistas refuerzan la legitimidad de las denuncias y, poco después, comienzan a surgir casos similares en otros medios.

El proceso se intensifica y cobra mayor relevancia cuando mujeres de diversos ámbitos se unen a los comunicados, lo que genera una participación masiva en la que más de doscientas mujeres comparten públicamente sus experiencias. De este modo, se abre un espacio de diálogo en el que el acoso deja de percibirse como un incidente aislado y empieza a reconocerse como una vivencia colectiva, lo que propicia una reflexión conjunta sobre la magnitud y las implicaciones del problema. 

Este fenómeno corresponde a lo que la literatura denomina “ruptura del silencio estructural”.  Un momento en el que las experiencias previamente contenidas emergen y se reconocen como parte de un problema sistémico. El acoso deja de considerarse una desviación excepcional y se visibiliza como una práctica que atraviesa distintas organizaciones y contextos. Pasa así de la experiencia privada a la narrativa colectiva. 

Memoria, política y personalización del conflicto

El encadenamiento no solo mira hacia adelante, sino que también reactiva el pasado. Denuncias anteriores, como la de Claudia Morales, reaparecen con nueva fuerza, especialmente cuando se vinculan, aunque sea en el plano de la insinuación pública, con figuras como Álvaro Uribe Vélez.

En paralelo, el debate se inscribe en la polarización electoral, donde también se cuestiona el papel de sectores cercanos a Gustavo Petro en casos de acoso. El resurgimiento del caso de Lina Marcela Castillo frente a Hollman Morris, que introduce la posibilidad de que las denunciantes enfrenten consecuencias legales, refuerza la percepción de un sistema que protege al agresor más que a la víctima.

Este proceso desplaza el problema estructural hacia las narrativas personalizadas en las que los líderes políticos encarnan posiciones morales. Si bien esto facilita la movilización, también implica el riesgo de simplificar el fenómeno.

Intervención institucional y presión política

A medida que el encadenamiento avanza, las instituciones se ven obligadas a intervenir. La decisión de la Fiscalía de aplicar el enfoque de género en el caso de Lina Marcela Castillo y las discusiones en espacios políticos —como la solicitud de sectores del Pacto Histórico de separar del cargo a Hollman Morris— muestran que la presión social ha alcanzado un umbral crítico.

Este momento es clave. El Estado comienza a actuar reactivamente ante una acumulación de denuncias que ya han alcanzado visibilidad pública. Esto significa que, tras un largo período en el que muchas denuncias de acoso o abuso eran ignoradas o minimizadas, la presión social ha llegado a un punto en el que las instituciones no pueden seguir manteniendo el silencio. El Estado, así como otros organismos oficiales, se ve forzado a responder, ya sea mediante decisiones judiciales, cambios en políticas o intervenciones públicas, debido a la magnitud y la repercusión de los casos. 

La posibilidad de una ruptura generativa

La visibilidad mediática y la movilización colectiva de las mujeres crean un nuevo escenario en el que la inacción ya no es aceptable y las autoridades deben adoptar medidas para enfrentar el problema, pues estamos ante una ruptura generativa. Un momento en el que el equilibrio previo, basado en la coexistencia entre el abuso y el silencio, ha dejado de ser sostenible.

La ruptura generativa que atraviesa Colombia se observa en distintos ámbitos. Por un lado, se ha vuelto imposible regresar al silencio que durante tanto tiempo sostuvo el statu quo; por otro, la rabia colectiva se ha canalizado en acciones concretas, y ha transformado la indignación en un motor de cambio. Además, el acoso ya no es un asunto ignorado, pues su costo social ha aumentado, lo que obliga a las instituciones y a la sociedad a enfrentar sus consecuencias. 

Al hacerse visibles estas nuevas condiciones, resulta improbable que la sociedad vuelva atrás. Lo que exige transformaciones profundas y duraderas. 

De la emoción a la política

La profunda reconfiguración de la relación entre género, poder e instituciones, que se evidencia a lo largo de este proceso, abre paso a nuevas formas de interacción no solo más emocionales, sino también más orgánicas.

Uno de los aportes más importantes del momento actual es la centralidad de la emoción. Como señala la sociología de las emociones, estas no son meras reacciones individuales, sino estructuras sociales que pueden articular la acción colectiva. En Colombia, la rabia se ha vuelto política. Dejó de ser privada para convertirse en un lenguaje común que interpela a las instituciones, a los medios y a la clase política.

Si analizamos la situación más allá del impacto mediático, surge una pregunta fundamental: ¿es realmente viable un sistema en el que las mujeres se ven obligadas a enfrentar condiciones en las que el acoso es habitual? Esta pregunta invita a reflexionar sobre la sostenibilidad social y ética del modelo actual. ¿Podrán las instituciones mantener su legitimidad y estabilidad si persiste la normalización del acoso? 

Desde una perspectiva económica y sociológica, esto resulta cada vez menos sostenible. La participación de las mujeres es crucial para el mercado laboral, la legitimidad institucional y la estabilidad social. Si el sistema no logra garantizar condiciones mínimas de seguridad y dignidad, enfrenta el riesgo de erosión estructural, pérdida de confianza, menor participación o incluso formas de resistencia más abiertas. Tolerar situaciones de acoso no solo afecta a las víctimas, sino que también pone en riesgo la confianza, la cohesión y el futuro del sistema en su conjunto. 

¿Estamos ante un punto de inflexión?

Es prematuro afirmar que Colombia se encuentra ante una “ebullición” en sentido histórico. No obstante, existen signos de transformación: mayor predisposición a denunciar públicamente, menor tolerancia social al acoso, mayor cobertura mediática de los casos y una construcción colectiva de la narrativa de la injusticia.

Lo que parece cada vez menos probable es el retorno a la pasividad. Como han señalado múltiples teóricas feministas, una vez que la experiencia individual se convierte en conciencia colectiva, el silencio deja de ser una opción viable.

Algo que sí es claro es que lo que está ocurriendo en Colombia no es simplemente una suma de denuncias, sino la emergencia de una subjetividad colectiva indignada que cuestiona las bases mismas de la tolerancia social frente al acoso y la violencia de género. Esta indignación, alimentada por experiencias locales y narrativas globales, está configurando un nuevo umbral de lo aceptable. 

La historia muestra que las sociedades pueden ignorar estas señales durante un tiempo, pero no indefinidamente. La pregunta no es si habrá cambios, sino qué tipo de transformación emergerá: una adaptación institucional que corrija las fallas del sistema, o una crisis más profunda que obligue a redefinir las relaciones de poder que lo sostienen.

Cualquiera que sea el caso, no cabe duda de que la emoción que expresan muchas mujeres en Colombia —una mezcla de rabia, frustración e indignación moral— ya no es privada ni aislada. Es, en el sentido más pleno, política. Que el silencio que durante tanto tiempo sostuvo el equilibrio ha dejado de ser viable. Y en ese quiebre, Colombia podría estar entrando en una verdadera ruptura generativa.

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