La agenda de género en la contienda presidencial colombiana de 2026

La agenda de género, más allá de su contenido particular, desempeña un papel esencial como herramienta analítica que permite vislumbrar el modelo de Estado que plantea cada candidato. Es un reflejo privilegiado de la visión de país que sustenta cada proyecto político.

Colombia se prepara para elegir presidente en 2026. Las mujeres representan poco más de la mitad del electorado. Son aproximadamente 27 millones de ciudadanas cuyo voto puede definir la contienda y, por consiguiente, merecen ser tenidas en cuenta. 

Los programas de los principales candidatos presidenciales incluyen a la mujer y la agenda de género —al menos formalmente— como componentes relevantes de su proyecto de gobierno. Sin embargo, al examinar las agendas programáticas, se observa que los temas de la mujer aparecen fragmentados, subrepresentados o simplemente opacados. No todos los candidatos entienden lo mismo por “política de mujeres”. Para algunos, se trata de corregir fallas puntuales del mercado y del Estado; para otros, de reconfigurar las estructuras económicas y culturales que generan desigualdad. Y para un tercer grupo, la cuestión simplemente se diluye en categorías más amplias como la seguridad, la familia o la pobreza.

Más que una “política de mujeres”, lo que existe es una diversidad conceptual cuya realidad solo se hace visible al desmontar los discursos y al examinar los instrumentos concretos. Veamos por qué. 

La ideología detrás de las propuestas: tres modelos en competencia

El programa de Iván Cepeda para la agenda de género en 2026 se destaca por su enfoque estructural y transformador, que considera la desigualdad como un fenómeno vinculado al modelo económico, al patriarcado y a la distribución del poder. Propone una redistribución económica con perspectiva de género, da prioridad a a las mujeres rurales y populares e impulsa una transformación cultural contra el machismo. Esta política, concebida como transversal y no sectorial, abarca reformas agrarias, empleo, educación y participación política, y busca cambios en las mentalidades sociales. Aunque su narrativa es sólida y ambiciosa, el principal desafío radica en la falta de concreción de sus instrumentos para alcanzar dichos objetivos.

Claudia López propone una política pragmática basada en instrumentos concretos como el sistema de cuidado institucionalizado, incentivos a la empleabilidad femenina, apoyo a los micronegocios y protección frente a las violencias de género, con el fin de corregir las desigualdades mediante una intervención estatal eficiente. Si bien este enfoque se destaca por su viabilidad administrativa, su limitación radica en que no aborda ni transforma las estructuras que generan la desigualdad, sino que las gestiona, lo que puede llevar a confundir la política social con la política de género, ya que la primera atiende carencias y la segunda debería transformar estructuras.

Sergio Fajardo se sitúa en un punto intermedio. Su propuesta combina elementos de política social con un énfasis decidido en la institucionalidad. Tres pilares se destacan: la creación de un Ministerio de las Mujeres, un gobierno paritario y la transversalización del enfoque de género en toda la acción estatal. Este enfoque refleja una visión liberal-progresista: la desigualdad se corrige mediante reglas, instituciones y un acceso equitativo a las oportunidades. No se plantea una transformación radical del sistema, pero sí una modernización del Estado para hacerlo más inclusivo. El resultado es un programa coherente, aunque menos disruptivo que el de Cepeda y menos operativo que el de López.

Las agendas limitadas: entre la focalización y la ausencia

En contraste con los tres modelos anteriores, otras candidaturas presentan una agenda de género sustancialmente más acotada. 

El caso de Paloma Valencia resulta particularmente ilustrativo. Su propuesta se caracteriza por una visión normativa que da prioridad a la restricción de los derechos reproductivos, en especial el acceso al aborto. Su enfoque no busca ampliar capacidades, sino reafirmar un orden social determinado. En este modelo, las mujeres se presentan como víctimas o como personas económicamente vulnerables, y las políticas de género se integran en agendas de seguridad y justicia, sin abordar la desigualdad como un problema estructural.

En el extremo se encuentra la campaña de Abelardo de la Espriella, que prácticamente carece de una agenda específica para las mujeres. La política se organiza en torno a categorías como la seguridad, la corrupción y la familia, sin distinción de género. Esta ausencia no es neutral: refleja una concepción según la cual las políticas generales son suficientes para todos los ciudadanos, sin necesidad de enfoques diferenciados. En la práctica, implica un retorno a un modelo tradicional en el que la desigualdad de género no se reconoce como un problema específico de política pública.

El cuidado como nuevo consenso: un acuerdo aparente

El elemento más llamativo de la campaña de 2026 —y quizás el único consenso real entre las principales fuerzas en competencia— es la irrupción del Sistema Nacional de Cuidado como política dominante en la agenda de género. El diagnóstico compartido es conocido: la desigualdad entre hombres y mujeres no puede entenderse sin considerar el peso desproporcionado del trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres. Las mujeres colombianas dedican significativamente más tiempo al cuidado de personas dependientes, lo que limita su participación económica, educativa y política.

Sin embargo, aunque el cuidado ha adquirido relevancia como política de Estado, su interpretación y su aplicación varían según las prioridades y visiones de cada candidatura, lo que genera enfoques diversos y marca diferencias en las propuestas de los tres principales candidatos que lo proponen explícitamente.

– Claudia López convierte este diagnóstico en el eje de su propuesta. Su programa plantea institucionalizar el cuidado como un sistema público, ampliando a escala nacional una experiencia previa desarrollada durante su gestión en Bogotá: las llamadas “manzanas del cuidado”. La lógica es eminentemente pragmática; busca liberar tiempo para que las mujeres estudien, trabajen y generen ingresos. Se trata de una intervención concreta, medible y reconocida internacionalmente. 

– Sergio Fajardo incorpora el cuidado dentro de un diseño institucional más amplio. Su propuesta incluye un sistema nacional acompañado de medidas de empleo, educación y acceso a activos productivos. El cuidado no es aquí solo política social, sino parte de una arquitectura de igualdad de oportunidades que aspira a modernizar el Estado colombiano.

– Iván Cepeda lleva el concepto un paso más allá. En su programa, el cuidado no es solo un problema de gestión pública, sino también un síntoma de una estructura económica desigual. Lo integra en lo que denomina una “revolución económica y social” orientada a redistribuir recursos y transformar las condiciones materiales de vida de las mujeres.

A pesar de la importancia de la economía del cuidado, no hay que dejar de lado su limitación: es una política altamente focalizada, diseñada para atender a mujeres en condiciones específicas de vulnerabilidad, que deja por fuera a amplios segmentos —profesionales, empresarias, funcionarias públicas y trabajadoras formales— cuyas necesidades se articulan en torno a la conciliación laboral o al acceso a redes de poder económico.

Cinco fallas estructurales que explican las debilidades de las agendas

Del análisis cruzado de los programas y del comportamiento de las campañas emergen cinco problemas de fondo que explican por qué la agenda de las mujeres sigue siendo frágil en la política colombiana.

– La fragmentación de la demanda. No existe una coalición de mujeres amplia y diversa capaz de articular intereses heterogéneos en una agenda coherente. Las iniciativas existentes tienden a ser grupos homogéneos que representan una sola voz —por ejemplo, campesinas, acoso sexual—, lo que limita su capacidad de incidencia a nivel nacional. 

– El predominio de la narrativa sobre la propuesta. El discurso político sobre las mujeres tiende a centrarse más en la denuncia que en el diseño de políticas concretas. La queja sustituye al instrumento y la indignación reemplaza al presupuesto. Esto es comprensible desde la movilización social, pero insuficiente desde la perspectiva de la gobernabilidad.

– La reducción del tema a la vulnerabilidad. Las mujeres aparecen predominantemente como sujetos de protección, no como agentes económicas o políticas. Las propuestas rara vez abordan el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo, a redes de poder económico o a la toma de decisiones estratégicas en los sectores público y privado.

– La polarización ideológica. El debate oscila entre agendas progresistas maximalistas y conservadoras restrictivas, sin un espacio intermedio basado en evidencia empírica. Esta polarización dificulta la construcción de acuerdos transversales en torno a políticas concretas.

– La débil institucionalización. Aunque Colombia ha avanzado en marcos legales de igualdad, estos no se traducen plenamente en instrumentos operativos de política pública. La campaña presidencial parece desconectada de ese desarrollo institucional, como si los candidatos desconocieran —o eligieran ignorar— el andamiaje normativo vigente. 

Lo que falta:  una agenda no ideológica basada en evidencia

Si se deja de lado la polarización y se adopta una perspectiva estrictamente de política pública, una agenda seria para las mujeres en Colombia debería articular al menos cinco dimensiones que hoy están dispersas o ausentes en los programas de campaña.

– Una dimensión económica que trascienda la asistencia: acceso efectivo a crédito productivo, formalización laboral, eliminación de brechas salariales y promoción de la productividad femenina en sectores estratégicos. 

– Una dimensión institucional que establezca mecanismos obligatorios para evaluar el impacto de género en toda la legislación y en el gasto público. 

– Una dimensión social que integre las políticas de cuidado en un sistema coherente, no como intervenciones aisladas. 

– Una dimensión de seguridad que desarrolle estrategias basadas en evidencia para combatir la violencia de género, más allá de las declaraciones genéricas. 

– Y una dimensión de poder que aborde de manera frontal el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo, redes de influencia y espacios de toma de decisiones.

Un aspecto clave que suele pasarse por alto en el diseño de políticas públicas para las mujeres es la falta de articulación entre la demanda y la oferta de soluciones. Es imprescindible establecer canales de diálogo permanentes entre los colectivos de mujeres y los responsables del diseño de la política pública, de modo que las propuestas no se queden en declaraciones de intenciones, sino que se traduzcan en acciones concretas y medibles que realmente incidan en la vida cotidiana.

Es fundamental evitar que se repita lo sucedido en Ecuador, donde, a pesar de que la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador —integrada por 21 organizaciones— logró unirse y lanzar una campaña para exigir a los candidatos presidenciales que se pronunciaran sobre los derechos de las mujeres, los políticos hicieron caso omiso de las demandas y la realidad de las mujeres quedó fuera de sus propuestas y discursos. 

Finalmente, no se debe olvidar que la agenda de género, más allá de su contenido particular, desempeña un papel esencial como herramienta analítica que permite vislumbrar el modelo de Estado que plantea cada candidato. Es un reflejo privilegiado de la visión de país que sustenta cada proyecto político. Analizar lo que se propone para las mujeres equivale a analizar el modelo de sociedad al que se aspira, pues revela tanto las posiciones respecto a la igualdad como la profundidad de los cambios que se desea impulsar.

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