Manuel Alcántara Sáez, autor en Razón Pública
Foto: X: La Moncloa

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Los cinco días de silencio que el mandatario español pidió para decidir su continuidad en el poder fue un gesto teatral cuyos efectos están por verse. ¿Qué lo llevó a esta decisión?

Manuel Alcántara Sáez*

El teatro de la política

No hay que ignorar el grado de teatralización que tiene la política. Por mucho que se quiera darle una trascendencia casi sagrada, hay varias facetas de su desarrollo que banalizan su ejercicio dotándolo de un carácter más prosaico. 

Desde la antigüedad, la política ha tenido un carácter teatral. Incluso el lugar por excelencia donde sesiona el Legislativo desde finales del siglo XVIII se parece a un coliseo, con hemiciclos, con la tribuna de oradores, el proscenio directivo, los asientos o escaños para los miembros y la grada para el público. Esto mismo sucede en el poder judicial.

La irrupción de los medios de comunicación en el siglo XX como la radio y la televisión, sin dejar de lado el cine, acentuó el carácter histriónico de la política. Además, la publicidad, incorporada como un mecanismo sutil de información-manipulación en la sociedad de masas potenció dicho carácter.

Sin embargo, lo que aconteció en España a finales de abril fue inédito. 

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El sistema político español

La política española tiene un sistema parlamentario diseñado tras la transición democrática que gestó la Constitución de 1978. Según esta, la Cámara de diputados elige al presidente del gobierno al que se le concede el poder de disolverla a discreción, convocando nuevas elecciones. Asimismo, el presidente puede convocar una moción de confianza para someter a votación la continuidad del ejecutivo. 

Por el otro lado, la Cámara puede convocar una moción de censura contra el presidente del gobierno en cualquier momento, para la cual debe presentarse una candidatura que resuelva la alternancia en el poder en el caso de que dicha moción triunfe. Todos estos mecanismos han sido usados en diferentes ocasiones a lo largo de casi 46 años. 

Además, la polarización no es inédita en la política española. Posiblemente el mayor encono fue en el tramo final del gobierno de Felipe González, en 1993, cuando el líder de la oposición, José María Aznar, hizo famoso el eslogan de “¡Váyase, señor González!”. Este escenario se mantuvo con diferentes intensidades durante las presidencias de José Luís Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy.

En este contexto, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se dirigió a la ciudadanía mediante una carta pública informando que iba a tomarse cinco días para reflexionar sobre su futuro por el escándalo que involucra a su esposa, acusada de tráfico de influencias por los que supuestamente habría intermediado en favor de dos empresas en expedientes en los que el gobierno terminó tomando decisiones.

Foto: X: Salvador Illa - En Cataluña los socialistas del PSC son la primera fuerza de acuerdo con los sondeos siendo Salvador Illa el probable próximo presidente.

Esta decisión de tomarse cinco días para “parar y reflexionar” fue original y su pretensión de humanizar la política fue loable. Pero conviene preguntarse cuál fue la intención detrás de este acto teatral.

Frente a estas acusaciones, el mandatario exigió “respeto” y “dignidad”, así como atención a “principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad”. 

Esta decisión de tomarse cinco días para “parar y reflexionar” fue original y su pretensión de humanizar la política fue loable. Pero conviene preguntarse cuál fue la intención detrás de este acto teatral.

Tres hipótesis

Hay tres interpretaciones principales del silencio de Sánchez.

Las tres opciones son plausibles y acordes a la figura de político frío, calculador y dotado de una enorme capacidad para maniobrar y establecer alianzas que Pedro Sánchez ha construido a lo largo de la última década.

La primera propone que, frente al cambio en las autoridades de la Unión Europea y al deterioro de la imagen de Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez está poniendo el punto de mira en su lícita ambición para conseguir la presidencia europea para lo que cuenta en teoría con el apoyo de los gobiernos francés y alemán. 

La segunda especula sobre la inmediata disolución del Congreso con la convocatoria de elecciones generales aprovechando el posible tirón que recibirán los socialistas en las elecciones catalanas de mediados del mes de mayo. La tercera considera que todo ha sido un golpe de efecto para cerrar filas en torno a sus seguidores y poner a la oposición entre la espada y la pared.

Las tres opciones son plausibles y acordes a la figura de político frío, calculador y dotado de una enorme capacidad para maniobrar y establecer alianzas que Pedro Sánchez ha construido a lo largo de la última década. Como es sabido, la tercera interpretación cerró un breve periodo de especulación intensa en el que el mandatario logró capturar la atención mediática de buena parte del país que viene mostrando desde hace tiempo un desapego notable con la política. Pero también despertó a las filas de sus votantes y seguidores y, en contrapartida, alentó el enfado habitual de la oposición.

En este último sentido, el nivel de la polarización emocional, tan presente en los últimos años, no va a disminuir. Aunque sí es posible que se refuerce el realineamiento en torno a la figura de Sánchez con la consiguiente ampliación de la personalización de la política tan en boga en la actualidad. La paradoja del caso español es que se da en un escenario de enorme fragmentación del sistema de partidos donde son las formaciones de corte identitario nacionalista las que brindan el apoyo decisivo al presidente para mantenerse en el poder. 

La denominada por la oposición “coalición Frankenstein” no funciona tanto en el gobierno, aunque esté sostenido por ella, sino en el ámbito legislativo. Se viene articulando por una extraña combinación de partidos que son opositores en su circunscripción autonómica pero que juntan sus esfuerzos en el ámbito estatal para impedir cualquier progreso del Partido Popular y de VOX. Es el caso de Bildu y del Partido Nacionalista Vasco.

Durante el próximo mes y en paralelo a las dos citas electorales, se verán los efectos del teatro de Sánchez para movilizar a su electorado para que acuda a las urnas. 

En Cataluña, los socialistas del PSC son la primera fuerza de acuerdo con los sondeos siendo Salvador Illa —ministro de Sanidad en el gobierno español durante la pandemia— el probable próximo presidente con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya y el universo de la izquierda fragmentada. 

En cuanto a las elecciones al Parlamento europeo en donde la proporcionalidad es máxima, la posibilidad de que el PSOE fuera la fuerza más votada daría un balón de oxígeno al actual gobierno. De ese modo, el gesto teatral de Sánchez habrá sido un éxito con creces. Queda por conocer si la apelación “a la conciencia colectiva de la sociedad española que vive un buen momento económico y respira paz social” tendrá los efectos esperados en el largo plazo.

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Manuel Alcántara Sáez

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Manuel Alcántara Sáez

*Politólogo español, licenciado y doctor en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, profesor emérito de la Universidad de Salamanca y profesor invitado en la UPB de Medellín.

Foto: Facebook: Pedro Sánchez

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Aunque Pedro Sánchez logró su reelección, el camino ha estado empedrado y la figura de amnistía pone en duda la identidad del país.

Manuel Alcántara Sáez*

Nueva crisis

Durante el último semestre, la política española ha vivido un complejo período de desasosiego que ha atraído la atención de la comunidad internacional.

Todo empezó con las elecciones municipales del 28 de mayo y la toma de posesión del nuevo gobierno el 20 de noviembre. En este lapso se dieron la prematura disolución del Congreso y la celebración de unos comicios generales muy polarizados (la situación, sin embargo,  no afectó los compromisos derivados de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, ejercida entre junio y diciembre).

La coyuntura exige una seria reflexión sobre las peculiaridades del parlamentarismo, sobre el significado de los cambios registrados en la sociedad y en el sistema de partidos y, por último, sobre la consolidación de la polarización afectiva en torno al nacionalismo.

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Retos del parlamentarismo

El parlamentarismo como modelo de gobierno tiene dos características fundamentales: el jefe del ejecutivo, además de ser elegido por el poder legislativo, tiene la potestad de convocar elecciones en cualquier momento.   Además, es importante señalar que la soberanía popular se expresa por medio de los comicios donde se elige al Congreso por un período de hasta cuatro años.

El anterior gobierno español, surgido tras las segundas elecciones de 2019, debía haber cumplido su mandato en noviembre. Pero el mal resultado en las municipales de mayo provocó la inesperada disolución del Congreso y el llamado a elecciones por parte del presidente Pedro Sánchez. Los comicios serían celebrados el 23 de julio, una fecha inusual porque se encontraba en pleno período vacacional.

En las elecciones municipales el PSOE, el partido de gobierno, obtuvo el 28, 1% de los votos. Por otro lado, el Partido Popular (PP) triunfó con el 31, 5%. Además, ganó en 15 de los 29 municipios de más de 200.000 habitantes. Esta victoria se logró gracias a que, en la mitad de los territorios, realizó una coalición con VOX, la ultraderecha española.

El proceso de negociación para lograr la mayoría absoluta que necesitaba Pedro Sánchez implicaba contar con el apoyo expreso de los siete diputados de Junts, introdujo la cuestión de la amnistía

España en el laberinto
Foto: La Moncloa - La amnistía ha sido enviada al Congreso como proyecto de ley donde será discutida.
La convocatoria anticipada, además de frenar el desgaste gubernamental frente a la opinión pública, implicó que el control de la agenda pasara a manos del ejecutivo, que puso el acento en los pactos entre el PP y VOX.

El resultado de las elecciones generales, contradiciendo la tendencia de las encuestas, fue una “derrota dulce” de la coalición gubernamental surgida en 2019 — la primera desde la Constitución de 1978—.

Una derrota dulce

El PSOE obtuvo 121 escaños y SUMAR, uno de sus aliados, 31. Por su parte, el PP, gracias a la transferencia de los votos del desaparecido partido Ciudadanos, alcanzó 137, el mismo número que en 2016. Pero para llegar a la Moncloa (es decir, a la sede gubernamental), debía aliarse con VOX (33 escaños), un partido antisistema cuya identidad constituye una línea roja para muchos partidos europeos emparentados con el PP.

El sistema parlamentario español exige que, para alcanzar la investidura se debe obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (176 sobre 350). Si esto no se logra, hay que realizar una segunda votación en el Congreso donde los votos afirmativos superen a los negativos.

En caso de que falle la primera candidatura, el Rey propondría una nueva, reiniciando el proceso con un límite de dos meses a partir del primer intento de investidura. Si ninguno de los candidatos consigue los apoyos necesarios, se deberá convocar nuevas elecciones.

El 27 de septiembre, en la primera votación, Alberto Núñez Feijoo, líder del PP, tuvo 172 votos a favor y 178 en contra, situación que se repitió 48 horas después. Por otro lado, el 16 de noviembre, la apertura de un nuevo proceso permitió la consolidación de Pedro Sánchez como candidato del PSOE, quien obtuvo 179 votos a favor y 171 en contra.

Lo anterior no es ajeno a la tradición política española, porque 14 de las 26 investiduras que se han realizado desde 1979, no han prosperado. Sin embargo se debe señalar que la mayoría de las candidaturas fallidas se han dado a partir de 2016 (10 de las 12).

El fenómeno anterior se traduce en la fragmentación del sistema de partidos, que tuvo su momento más álgido en las elecciones al parlamento europeo de 2014 en gran medida como consecuencia de la crisis económica de 2009. En estos comicios, los principales partidos del país no alcanzaron conjuntamente la mitad del total de los votos emitidos. Por eso surgieron agrupaciones como Ciudadanos, Podemos y VOX.

El problema catalán

También importa traer a colación el avivamiento del nacionalismo catalán después de que el PP sometiera el Estatuto de Autonomía catalán, aprobado en 2006, al Tribunal Constitucional que lo recortó de manera brutal.

En octubre de 2017, el nacionalismo catalán propició una consulta popular ilegal, que fue seguida por un confuso intento de proclamación de la independencia de Cataluña por parte del presidente Carles Puigdemont. Tal estratagema política terminó con la intervención del gobierno central, presidido por Mariano Rajoy del PP, quien tuvo el apoyo parlamentario del PSOE.

Tras la fuga de Puigdemont en el maletero de un coche a Bélgica, el gobierno español detuvo a un buen número de políticos y activistas y tuvo que lidiar con movilizaciones con manifestantes y policías heridos. Dos años más tarde, el presidente de Junts fue elegido eurodiputado y varios independentistas, antaño condenados por la justicia española, fueron indultados cuando Sánchez llegó a la presidencia.

La reciente investidura de Sánchez fue apoyada por ocho grupos políticos: SUMAR, agrupación presente en todo el territorio español y en el ámbito autonómico (33 escaños); Bildu (6 escaños); Partido Nacionalista Vasco (5 escaños); Ezquerra Republicana de Catalunya (7 escaños); Junts (7 escaños); Bloque Nacionalista Gallego (1 escaño) y Coalición Canaria (1 escaño).

El segundo acuerdo de investidura es el más amplio de la historia reciente de la democracia española. Solo fue superado por el de 2019, el cual estaba constituido por nueve formaciones políticas diferentes. Para la fecha, Sánchez obtuvo apenas el apoyo de 167 diputados (165 en contra y 18 se abstuvieron), es decir, el 44, 7% del voto popular —frente al 49, 6% del 2023—.  Como ocurrió en 2019 en el acuerdo participaban partidos que en el eje clásico izquierda-derecha se situarían en polos opuestos. Mientras que PNV, Junts y CC se ubicarían en la derecha el resto se colocaría en la izquierda.

el mal resultado en las municipales de mayo provocó la inesperada disolución del Congreso y el llamado a elecciones por parte del presidente Pedro Sánchez.

El proceso de negociación para lograr la mayoría absoluta que necesitaba Pedro Sánchez implicaba contar con el apoyo expreso de los siete diputados de Junts, introdujo la cuestión de la amnistía, una figura jurídica compleja y profundamente simbólica.

Esta circunstancia fue manejada por el PP y VOX para caldear el ambiente identitario, o, dicho de otro modo, “la quiebra de España”. Mientras tanto, desde la izquierda, se defendió la idea de que “el problema catalán” debía afrontarse desde el debate político y no desde la judicialización.

Finalmente, el gobierno español ha tomado posesión y podrá poner en práctica las líneas maestras de la política en lo concerniente al empleo, el aumento del poder adquisitivo para los sectores desfavorecidos, el refuerzo del estado de bienestar, la transición ecológica, la cohesión territorial, las políticas de igualdad y el protagonismo europeo.

Por su parte, la amnistía ha sido enviada al Congreso como proyecto de ley y allí será debatida y luego enviada al Tribunal Constitucional. Mientras tanto, la explosiva situación que vivieron la sociedad catalana y la española entre septiembre y noviembre de 2017 parece morigerada.

Según datos demoscópicos actuales, el socialismo catalán es la primera fuerza en intención de voto y las expresiones independentistas pasan por un momento de menor apoyo. Ello no quiere decir que el conflicto esté resuelto, pero sí encauzado y que continuará siendo el principal instrumento de la oposición.

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Manuel Alcántara Sáez

*Politólogo español, licenciado y doctor en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, profesor emérito de la Universidad de Salamanca y profesor invitado en la UPB de Medellín.

Collage elaboración propia - Recordando a los jóvenes masacrados en Llano Verde, Cali.

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En Colombia y en España, la justicia y la opinión pública han puesto contra las cuerdas a dos hombres poderosos. ¿Cómo entender su declive?

Manuel Alcántara Sáez*

Dos países y dos hombres

En un clima social dominado por el dolor, el miedo y la incertidumbre, el panorama político de Colombia comparte algunas similitudes con el de España.

En las últimas semanas, la atención de la opinión pública de ambos países se ha centrado en el destino de dos hombres: el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el rey emérito de España, Juan Carlos I de Borbón.

Tanto el expresidente como el rey quisieron unir a sus países y no lo lograron. Hoy, sus figuras son objeto de constante discusión y son una referencia para evaluar el pasado inmediato de dos naciones.

La pandemia

El ruido reciente alrededor de ambos ex jefes de Estado surgió en medio de la crisis social y económica más importante de las últimas décadas.

En la primera semana de agosto, Colombia y España —que tienen una población similar— coincidieron en el número de infectados por COVID-19, aunque la cifra de fallecidos era mucho menor en el primero que en el segundo.

En todo caso, esto no significa que el impacto de la pandemia en ambos países haya sido igual. En Colombia, la desigualdad, el peso de la economía informal, la ausencia del Estado y la violencia han hecho que los efectos del virus sean más graves.

Los hechos

En ese contexto, a principios de este mes, dos noticias sacudieron el mundo político:

• En Colombia, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención preventiva del expresidente Uribe, por su presunta participación en delitos relacionados con la manipulación de testigos;

• En España, el rey Juan Carlos salió del país envuelto en un escándalo por posible lavado de capitales y evasión de impuestos.

Tanto Uribe como Juan Carlos son figuras míticas en sus países y encarnan sucesos históricos cuya comprensión aún está en disputa: el primero es tal vez el político más popular en la historia de Colombia, dos veces presidente y elegido en cuerpo ajeno otras dos veces; el segundo fue institucionalmente ungido como rey en un pacto constitucional que se aprobó por una abrumadora mayoría en 1978, y que significó la transición del franquismo a la democracia.

Después de ser presidente, Uribe siguió en la política y fue elegido senador en 2018. Y aunque su detención nada tiene que ver con su ejercicio como primer mandatario, él y su partido han tratado de reducir todo a una discusión sobre su legado. Por eso, la primera reacción del expresidente fue afirmar que su detención le causó profunda tristeza por su familia y “por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”.

Juan Carlos, por su parte, no ha dado mayores detalles sobre su salida del país. En una carta dirigida a su hijo, Felipe VI, el rey emérito afirmó que tomó la decisión para “facilitarle el ejercicio de sus funciones”. Y aunque al principio se desconocía su paradero, recientemente se confirmó que el rey se encuentra en Emiratos Árabes Unidos.

En ambos casos, los presidentes se han referido a la situación de los ex jefes de Estado. En Colombia, el presidente Iván Duque expresó su apoyo a Uribe, su jefe político, y afirmó que “cree en su inocencia y en su honorabilidad”. En España, el presidente Pedro Sánchez –quien públicamente ha apoyado a la monarquía– afirmó que el rey deberá rendir cuentas sobre su conducta, pero que eso no puede comprometer a la institución, pues “no se juzga a las instituciones, se juzga a las personas”.

Foto: Facebook Álvaro Uribe Vélez -La detención de Uribe llegó en medio de la pandemia a la que Colombia ha hecho frente con muchas dificultades.

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Polarización e inestabilidad

Estos dos hechos son relevantes, entre otras cosas, porque desestabilizan aún más el panorama político y polarizan la opinión pública.

En Colombia, el presidente concentra amplios poderes que, al menos en principio, le permiten mantener un mayor control del gobierno. En España, en cambio, la mayoría de las actuaciones del presidente dependen de la Cámara de Diputados: de hecho, el mandato del presidente está constantemente amenazado por la posibilidad de una moción de censura en su contra.

Y aunque en Colombia no es indispensable que el presidente tenga mayorías en el Congreso, en ambos países hay un sinnúmero de medidas que requieren acuerdos interpartidistas y coaliciones. Esto es particularmente importante cuando no existe un partido político mayoritario.

En el contexto de la pandemia, además, es necesario coordinar el gobierno central con los gobiernos regionales, y que los partidos sean sólidos e internamente disciplinados.

Pero los hechos que enlodan al expresidente Uribe y al rey Juan Carlos seguirán dividiendo a la sociedad colombiana y española y politizarán hasta las decisiones más técnicas. En Colombia, Uribe es el centro de la discusión sobre la violencia que existe en el país y que ha aumentado en las últimas décadas. En España, algunos ven en Juan Carlos el héroe de la transición a la democracia y otros ven en la monarquía una continuación del franquismo.

Como resultado de estas confrontaciones, es previsible que, en el futuro próximo, el debate político tanto en España como en Colombia esté dirigido por las emociones y la exaltación.

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Manuel Alcántara Sáez

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Manuel Alcántara Sáez

*Politólogo español, licenciado y doctor en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, profesor emérito de la Universidad de Salamanca y profesor invitado en la UPB de Medellín.

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