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En Ecuador: “Ya tenemos presidente”

Escrito por Óscar Murillo
Oscar-Murillo

Oscar-MurilloPolarización intensa, dudas sobre el equilibrio institucional y oposición desunida, más las mejorías sociales y en infraestructura bajo su gobierno, explican la reelección de Correa y su mayoría contundente en la Asamblea Nacional[1].   

Óscar Murillo Ramírez*

La campaña que concluye 

Las elecciones presidenciales, de Asamblea Nacional y de Parlamento Andino, que se realizaron el pasado 17 de febrero en Ecuador, se caracterizaron por la polarización política, los cuestionamientos sobre equilibrio institucional, una incapacidad de la oposición para superar la atomización y presentarse como opción real más allá del simple “anticorreismo”, la efectividad del gobierno de la “Revolución Ciudadana” para consolidar sus logros sociales y de infraestructura, haciendo predecible los resultados que permitieron la reelección de Rafael Correa y centrando la disputa por el poder en la obtención de una mayoría en la Asamblea Nacional.

País polarizado    

Oscar Murillo presidente Ecuador titulo
Foto: Óscar Murillo.

Aunque formalmente la campaña comenzó el pasado 4 de enero, la polarización y las elecciones dominaron la política ecuatoriana el año pasado. Los enfrentamientos constantes entre el ejecutivo – oposición y medios de comunicación, si bien no son nuevos, hicieron  escalar la confrontación.

En efecto, este 8 marzo partió la “Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad” desde la provincia de Zamora Chinchipe, convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Ecuador Runakunapak Rikcharimuy (ECUARUNARI) — Movimiento de los Indígenas del Ecuador, en kichwa — que terminó en Quito el 22 del mismo mes. Fue uno de los pulsos más visibles entre el gobierno y opositores al modelo minero–extractivista de desarrollo.

Los medios de comunicación han sido el escenario principal de las tensiones. El gobierno llama “prensa corrupta” a gran parte de medios privados.

Aunque la marcha mostró la persistencia del movimiento social[2], este descontento no se tradujo electoralmente. Las divisiones internas se ahondaron con hechos como la alianza entre oficialistas y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik–Nuevo País (MUPP-NP) para la lista a la Asamblea Nacional en la provincia del Chimborazo, en contravía de la postura opositora en el plano nacional.

Lejos de ofrecer el diálogo, el oficialismo apeló al “derecho y obligación de defender la revolución”[3] contra una movilización “desestabilizadora y golpista” de “la derecha [e] inconsecuencia de cierta izquierda”[4].  Una reducción intolerante del campo político plasmada en el simplismo del “conmigo o contra mí” del gobierno  Correa, que se mantendrá gracias a su reelección.

La simplificación también corrió por cuenta de la oposición, que redujo el proceso electoral a un presunto enfrentamiento entre “democracia y dictadura” o “carreteras versus libertad”, tal como sostuvo César Montúfar, candidato a la Asamblea[5].

Los medios, protagonistas    

Los medios de comunicación han sido el escenario principal de las tensiones. El gobierno llama “prensa corrupta” a gran parte de medios privados y éstos acusan al gobierno de limitar la “libertad de prensa”.

Esa tensión dio pie al pronunciamiento de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch, cuyo último informe critica las disposiciones del Código Penal que restringen la labor de periodistas y el hecho de que 1.025 cadenas oficiales hayan interrumpido la programación para responder a los críticos del gobierno[6].

Así mismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó “su profunda preocupación por el ambiente de continuas restricciones a la libertad de prensa” en el marco de la campaña electoral[7].

Sin embargo, surgen algunas dudas acerca de de las presuntas restricciones a la prensa:

De una parte, los avisos publicitarios que prohibió el Consejo Nacional Electoral (CNE) eran en realidad ataques explícitos contra otros candidatos.
De otra parte, una revisión somera permite observar que — tanto en prensa como en radio privada — existen espacios diarios dedicados a criticar todo cuanto haga el gobierno. ¿Sería esto posible bajo una dictadura o un marco restringido de libertades?
Proceso  accidentado

Al final de la campaña, tanto los medios privados como la oposición denunciaron la “desigualdad en la campaña por el uso de recursos públicos”[8].

La campaña sin embargo había comenzado con las críticas a la manera como el CNE aprobó la inscripción de organizaciones y el escándalo resultante de la falsificación de firmas.

En efecto: para certificar la existencia de organizaciones políticas del orden nacional, en agosto pasado el CNE inició una revisión de las firmas que cada partido debía presentar — con un mínimo del 1,5 por ciento del padrón electoral de 2009 — para alcanzar el registro oficial y poder participar en los comicios.

Esta revisión — donde 11 organizaciones nacionales alcanzaron su inscripción — demostró la existencia de miles de firmas falsas presentadas por los partidos. Se criticó la manera como el CNE validó o anuló firmas.

Pese a ese impasse inicial, del cual salieron mal librados tanto los partidos como el CNE, el proceso electoral fue reconocido por la misión electoral de UNASUR: tanto en su informe del proceso previo de verificación del 15 de febrero, como durante la jornada misma, dio su “voto de confianza” a la organización de los comicios [9].

Los otros candidatos

Además del presidente–candidato, en la contienda electoral participaron otros siete aspirantes.

Alberto Acosta (Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas) con 3,2 por ciento, representó al sector que se considera defensor de la constitución de 2008 y auténtico vocero de la revolución que el gobierno Correa habría abandonado, según ellos.
Tres de los candidatos son contendores veteranos en elecciones presidenciales y representan a la denominada “partidocracia”:
–   Guillermo Lasso (CREO) — expresidente del Banco de Guayaquil y miembro del Opus Dei — bajo el lema “Otro Ecuador es posible” prometía la creación de un millón de empleos.  Obtuvo un 23,3 por ciento de los votos, suficiente para convertirlo en el líder de la oposición, siempre que logre aunar a grupos muy dispersos.
–   Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica), expresidente, obtuvo 6,6 por ciento y tenía como banderas el apoyo al sector privado, acuerdos comerciales y buen manejo fiscal.

–   Álvaro Noboa, empresario bananero y candidato presidencial por quinta vez, dio toda una lección en realismo mágico: obtuvo el 3,7 por ciento de los votos, pero  desconoció los resultados y pidió abrir las urnas, pues considera que obtuvo una votación suficiente  para pasar a segunda vuelta[10].

Entre los nuevos candidatos, Nelson Zavala (PRE) con 1,2 por ciento, Mauricio Rodas (SUMA) con 4,0 por ciento, y Norman Wray (Ruptura 25) con 1,3 por ciento, se destaca éste último por un programa que subraya la participación ciudadana, y una  agenda ambiental con derechos sociales. Incluyó a Diane Rodríguez, la primera candidata transexual a la Asamblea, algo que no tuvo Correa u otros candidatos abiertamente  homofóbicos. Aunque su 1.3 por ciento en las elecciones resulta magro, es un político joven proveniente de las filas del oficialismo y que podrá criticar al gobierno desde una posición no polarizada. El tiempo lo dirá.
El futuro de la oposición  

A diferencia de Venezuela, la oposición ecuatoriana no cuenta con una figura unificadora dada la diversidad de sus posturas ideológicas. Superar la atomización requerirá una conexión con el cambio político que, quiérase o no, produjo Correa: Gutiérrez, Noboa y Lasso representan a los políticos de viejo cuño, a quienes rechazó la sociedad ecuatoriana.

La Revolución Ciudadana fue capaz de canalizar este sentimiento colectivo desde las elecciones de 2007.  Eso explica el éxito del discurso antipartidos del oficialismo, que condena la “partidocracia” y su complicidad en la crisis financiera de hace unos años conocida en Ecuador como “el feriado bancario”.

Logros de la “Revolución Ciudadana”

Oscar Murillo presidente Ecuador ciudadanos
Además del presidente–candidato, en la
contienda electoral participaron otros
siete aspirantes.
Foto: Óscar Murillo.

El gobierno de  Correa se encuentra en un periodo de consolidación: tres elecciones ganadas (2007, 2009, 2013), la aprobación de una nueva Constitución (2008), y una rebelión policial sofocada, que estuvo a punto de convertirse en un golpe de Estado, el 30 de septiembre de 2010.

La Revolución Ciudadana muestra avances en materia social, gracias a los  recursos de la bonanza petrolera. Con un nivel de ingresos relativamente alto, Ecuador se ubica como el país 83 en el Índice de Desarrollo Humano (0,720), y registra indicadores económicos saludables, como se observa en el Cuadro siguiente.

La pobreza pasó de 36,74 por ciento a 27,31 por ciento entre 2007 y 2012: una reducción de casi la cuarta parte. Ahora, el reto de la política social es superar la pobreza concentrada en las zonas rurales y acortar la distancia con los centros urbanos. La pobreza rural se localiza especialmente en las provincias serranas de Bolívar y Chimborazo.

Triunfo indiscutible

En comparación con las elecciones de 2009, el 56,77 por ciento obtenido por Rafael Correa el domingo pasado representa un aumento del 4,71 por ciento. Se amplió la distancia con su inmediato seguidor: Lucio Gutiérrez obtuvo entonces un 28,24 por ciento en comparación con el 23,3 por ciento de Guillermo Lasso.

Avances para el oficialismo y retrocesos para la oposición, que se explican gracias a la consolidación electoral de los logros obtenidos mediante la gestión gubernamental, así como por la fragmentación del campo opositor.  Características que han entrado en una fase de estabilidad.

Con excepción de las provincias de Napo, donde Lucio Gutiérrez obtuvo el 48,25 por ciento, y Zamora Chinchipe, donde Guillermo Lasso alcanzó el 34,03 por ciento, Rafael Correa logró la victoria en todas las provincias (24 en total), con márgenes más holgados en la costa ecuatoriana y en orden descendente en la sierra — con altas votaciones en las provincias Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Cañar, Azuay — y el Oriente, donde pese a ganar el margen no fue tan alto y la oposición aun cuenta con presencia importante en provincias como Orellana, Pastaza y Morona Santiago.

 A diferencia de Venezuela, la oposición ecuatoriana no cuenta con una figura unificadora dada la diversidad de sus posturas ideológicas.

El núcleo electoral de Correa se concentra en las provincias costeras, en donde éste obtuvo un porcentaje amplio de distancia con su inmediato seguidor: Esmeraldas (Correa, 55.05 – Lasso, 25.24), Los Ríos (Correa, 61,11 – Lasso, 17.52), Guayas (Correa, 63.34 – Lasso, 21.48), Santa Elena (Correa, 62.84 – Lasso, 21.96), El Oro (Correa, 57.46- Lasso, 27.76), Manabí (Correa, 62,73 – Lasso, 20.27), y la insular Galápagos (Correa, 66.04 – Lasso, 22.96).

Nueva Asamblea hegemónica  

Una ventaja significativa para el gobierno será la nueva Asamblea Nacional con mayoría oficialista. La legislatura que concluye contaba con una bancada de 59 asambleístas oficialistas.  Esta cifra aumentó considerablemente, hasta 91 escaños de los 137 posibles y representa una mayoría del 70 por ciento en la Asamblea. Partidos opositores como Sociedad Patriótica, de Lucio Gutiérrez, pasaron de tener 19 a 6 asambleístas.

Como era altamente previsible que Rafael Correa resultara reelegido, la disputa real por el poder durante los próximos años se centró en el control del legislativo: los resultados despejan las intenciones oficiales de aprobar, por ejemplo, la empantanada ley de comunicación y las ya anunciadas reformas constitucionales.

Futuro incierto

El triunfo de Rafael Correa contribuye a consolidar un nuevo mapa político regional,  caracterizado por nuevos marcos constitucionales que vienen incorporando avances democráticos del derecho internacional público y estableciendo relaciones internacionales multipolares.

Tras la debacle social que indujeron los “ajustes estructurales” en las décadas de los ochenta y los noventa, se ha ido logrando una reducción efectiva de la pobreza, gracias a la nueva democracia social que amplió la ciudadanía real, pero que ha puesto en riesgo la democracia política.

Es decir, las reformas sociales pueden provocar una concentración del poder tal que impida la competencia política. Las instituciones democráticas, construidas a lo largo de siglos por generaciones enteras, se ven seriamente amenazadas en su equilibrio institucional.

Tras  su victoria del pasado domingo, Correa se comprometió a dejar el poder en 2017. Ojalá así sea por el bien del Ecuador y del continente: esa será la prueba real de su compromiso democrático y de la posibilidad de convertir la Revolución Ciudadana en un proceso histórico de cambio no caudillista.

*     Historiador, Universidad Nacional de Colombia. Maestrante en Estudios Políticos, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Quito.

@oscarmur

 

 

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