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Violencia electoral: vuelve el fantasma

Escrito por Efraín Sánchez

Efraín Sánchez

La violencia en vísperas de elecciones parece haberse convertido en una tradición colombiana. Sin embargo, detrás de ella se esconden, además de la amenaza de los grupos armados, el oportunismo político de algunos y la indiferencia de muchos.

Efraín Sánchez*

Por “una carretera secundaria”

El atentado contra la caravana en la que viajaba la candidata presidencial Aída Abella en el departamento de Arauca vuelve a pone en evidencia un rasgo siniestro de nuestras costumbres políticas: la exacerbación de la violencia en períodos electorales.

No hubo muertos ni heridos, y ahora sabemos que se trató de un simple “incidente” cuyos autores, una “comisión del Frente Domingo Laín Sanz” del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidieron disculpas y prometieron tomar “las medidas necesarias para que tales hechos no vuelvan a ocurrir”, según el comunicado de la organización del 25 de febrero pasado.

Fin de la historia? No. El hecho tal vez no pueda calificarse de violencia electoral. Sencillamente los guerrilleros ordenaron a la comitiva detenerse; los escoltas –en lugar de hacerlo- comenzaron a disparar y los guerrilleros respondieron. Pero sin duda es violencia política.

En aras del control de esas carreteras secundarias pudo haber muerto la candidata presidencial de la Unión Patriótica (habría sido la tercera entre los candidatos presidenciales de ese partido asesinados por nada distinto del control político), con consecuencias incalculables para el proceso de paz.

El asunto en juego era el control del territorio entre las fuerzas en conflicto: “Por tratarse de una zona de enfrentamientos continuos entre la insurgencia, y las fuerzas militares y paramilitares del régimen”, explicaron los guerrilleros en el comunicado, “por seguridad y defensa, de manera permanente se mantiene un control sobre los vehículos que penetran en estas carreteras secundarias” .

En aras del control de esas carreteras secundarias pudo haber muerto la candidata presidencial de la Unión Patriótica (habría sido la tercera entre los candidatos presidenciales de ese partido asesinados por nada distinto del control político), con consecuencias incalculables para el proceso de paz.

La violencia por motivos políticos, incluido el conflicto armado, no parece ser la principal causa de los homicidios que se cometen en Colombia. En 2012, según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, este tipo de violencia produjo alrededor de la quinta parte de los homicidios con circunstancia conocida en el país (no se tiene información sobre las circunstancias del 73 por ciento de los casos). Pero desde luego no puede desconocerse su impacto social y económico y, sobre todo, político. Y este último es particularmente insidioso en los períodos electorales.


El candidato presidencial por el Centro Democrático,
Oscar Iván Zuluaga.
Foto: Politécnico Grancolombiano

Cifras y motivos

Un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) publicado en noviembre de 2013 habla de 314 hechos de violencia política registrados en Colombia entre 2011 y 2013. Si esto ya parece aterrador, compárese con lo sucedido en el último período electoral, el de 2011.

De acuerdo con un estudio realizado por la misma organización y que cubrió desde el 2 de febrero hasta el 20 de octubre de ese año, se produjeron en Colombia 157 hechos violentos, de los cuales 41 (la cuarta parte) fueron homicidios, 87 (más de la mitad) fueron amenazas, 22 atentados y 7 secuestros. Colombia habría pasado de lo malo en las elecciones locales de 2007 (149 hechos violentos, entre ellos 27 homicidios) a lo peor en las de 2011. Quedamos a la expectativa de lo que pase en el período electoral de 2014.

Entre las múltiples preguntas que suscitan estos datos, quizás la más frecuente, y la más difícil de responder, es quién o quiénes son los responsables de los hechos violentos. En la gran mayoría de los casos –podría suponerse que, como mínimo, en el 70 por ciento de ellos- se desconocen los autores materiales.

Tampoco sabemos, desde luego, cuántos pueden atribuirse a los grupos armados ilegales. Sin embargo, los datos disponibles a este respecto son inquietantes. Aunque el informe de la MOE de 2011 concluye que “el vínculo entre violencia política y presencia de grupos armados ilegales sigue siendo notable”, sus propios datos parecen sugerir algo distinto.

De los 147 municipios donde se presentaron hechos de violencia, en 79, es decir, en más de la mitad, “las estadísticas oficiales no registran actos de presencia violenta de las FARC, ELN o Bacrim en lo corrido del año 2011”.

Lo verdaderamente notable es que en la gran mayoría de los municipios donde se presentaron hechos de violencia en el último período electoral no había presencia de grupos armados ilegales.

Más aún, de esos 147 municipios, solo 20 tienen presencia de las FARC, 7 del ELN y 20 “de Bacrim o Neoparamilitares”, y la suma no es 47 municipios, pues en varios existe coincidencia de estos grupos. Es decir, lo verdaderamente notable es que en la gran mayoría de los municipios donde se presentaron hechos de violencia en el último período electoral no había presencia de grupos armados ilegales.

Esto, por supuesto, solo indica que la caracterización de la violencia electoral en Colombia no es tan simple. Las principales motivaciones que se encuentran detrás de los hechos son bien conocidas: eliminar un candidato en beneficio de otro u otros, ya sea físicamente o forzando su salida de la contienda electoral; ejercer presión sobre la ciudadanía para que vote o no por determinado partido, grupo o candidato; crear un clima de inestabilidad, miedo o confusión (principal fin del terrorismo); influir sobre las autoridades y los funcionarios electorales. Pero pueden ser muchas más, como por ejemplo mantener el control sobre una carretera secundaria, como fue el caso del atentado contra la comitiva de Aída Abella.


Explosión de carrobomba en Buenaventura en
marzo de 2010.
Foto: Globovisión

Denuncias políticas

Con frecuencia se atribuye al Estado la principal responsabilidad por la violencia política en general y la violencia electoral en particular. Nadie desconoce, por supuesto, la obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad en las elecciones, tanto para los candidatos como para la ciudadanía en general, y son bien conocidos los casos demostrados de responsabilidad del Estado o sus agentes en hechos de violencia política, incluidos magnicidios y masacres.

Pero en los argumentos contra el Estado, en muchos casos, priman los intereses políticos, incluso los electorales, sobre la razón y el análisis desapasionado. Óscar Iván Zuluaga , candidato presidencial del Centro Democrático, dijo sobre el atentado contra Aída Abella: “Demando de las autoridades y del gobierno nacional todas las medidas y garantías para que esto no ocurra, y se den las condiciones para que el debate en materia electoral pueda transcurrir sin que haya ningún atentado contra la vida de los candidatos, de sus equipos, como debe ser en un proceso democrático”.

Esta declaración, dada ahora que se encuentra en la oposición y su principal contrincante es el presidente en ejercicio, habría sido muy distinta si el atentado se hubiera producido bajo el Gobierno del cual fue ministro.

Y en el caso de la Unión Patriótica, la acusación que se hace al Estado de ser responsable de genocidio es más una bandera política que un argumento jurídico sostenible. Por ello los abogados defensores de las víctimas no han tenido el éxito que esperaban en los procesos contra el Estado colombiano en las cortes internacionales.

Asunto de todos

En estos tiempos de “pre-posconflicto”, polarización política y ebullición de los movimientos sociales, es hora de pensar en la violencia política en términos más amplios que la simple atribución de la responsabilidad al Estado.

En los argumentos contra el Estado, en muchos casos, priman los intereses políticos, incluso los electorales, sobre la razón y el análisis desapasionado.

Para comenzar, ha de mirarse a este tipo de violencia como a algo que nos incumbe a todos. Las víctimas de la violencia política no son solo los políticos; también lo son la ciudadanía en general, las instituciones, la sociedad civil y el sistema democrático.

La violencia política no es un hecho independiente de las actitudes, las percepciones y los comportamientos políticos del ciudadano común, es decir, de nuestra cultura política. La importancia que los ciudadanos asignan a los asuntos públicos, su disposición a participar en ellos, su participación efectiva, el control que ejerzan o no sobre la gestión pública, el grado de confianza que tengan en las instituciones, su sentido de pertenencia, su capacidad para concertar, cumplir y reparar acuerdos en los ámbitos de la política y de la formación de ciudadanías, son aspectos que crean un contexto para la violencia política, agudizada en tiempos electorales.

Uno solo de estos factores, la confianza en las instituciones, habla con elocuencia sobre dicho contexto. De todas las instituciones sobre las cuales la Encuesta de Cultura Ciudadana aplicada en Bogotá en 2013 preguntó el grado de confianza que tiene en ellas la ciudadanía, el último lugar fue para los políticos, solo precedidos por el Congreso, los funcionarios públicos y el Concejo Municipal.

La desconfianza en los políticos no necesariamente conduce a la violencia política, pero sin duda es un factor que, sumado a tantos otros, crea condiciones para que prospere la acción de los violentos. O por lo menos contribuye a la indiferencia frente a la violencia política, que es la respuesta más frecuente entre los colombianos.

 

* Sociólogo y doctor en Historia Moderna Latinoamericana por la Universidad de Oxford.

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