La situación es alarmante pero el ministro y el alcalde no se ponen de acuerdo ni siquiera en cuántos policías tenemos o en cuántos se necesitan. Más aún: el problema no es el número sino la destinación de los agentes – que es asunto del alcalde-.
Efraín Sánchez*
Un ministro por las calles
El recorrido que el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón realizó por varias zonas de Bogotá el sábado 2 de mayo, con el fin de conocer personalmente las opiniones de los ciudadanos sobre la seguridad en la ciudad, suscitó debate entre las autoridades distritales y el gobierno nacional.
El punto crítico fue la inseguridad en TransMilenio. Y el momento no pudo ser más oportuno, pues la visita del ministro al sistema se produjo cuando aún resonaba en los medios la noticia de un atraco masivo cometido por entre cinco y diez individuos en una de las estaciones.
La presencia del ministro en las calles de la capital es, desde luego, un hecho significativo en el esfuerzo por restaurar la confianza ciudadana en las autoridades. Pero algunas declaraciones de Pinzón y las reacciones de la Alcaldía contrarrestaron gran parte del efecto esperado con el recorrido. Sencillamente, se puso de manifiesto la existencia de una brecha entre el gobierno nacional y el distrital, por lo menos en el flujo de información, en cuanto a las necesidades de seguridad de la ciudad.
¿Cuántos son, cuántos se necesitan?
Para comenzar, durante su visita al sistema masivo de transporte el ministro anunció la “activación” de un grupo especializado de la Policía Nacional para TransMilenio. “Policía especializada en TransMilenio ya existe”, respondió el alcalde Gustavo Petro por Twitter.
El segundo anuncio del ministro fue la asignación de 400 policías más para vigilar las estaciones, los buses y los portales, para completar una fuerza de 1.400 efectivos para Transmilenio. Pues la fuerza que “ya existe tiene 280 efectivos” y no mil, como cree el gobierno nacional, añadió Petro. “Se necesitan mil efectivos más y no 330”.
La evidente descoordinación entre las autoridades nacionales y las distritales se complica con la revelación de la secretaria de Gobierno, Gloria Flórez, quien acompañó al ministro en su recorrido, de que la fuerza policial de TransMilenio pasó de 950 agentes en 2008 a 350 en 2015.
En resumen, para perplejidad de la ciudadanía, no sabemos realmente cuántos policías vigilan el sistema de transporte masivo TransMilenio. 280 según el alcalde Petro, 350 según la secretaria de Gobierno, 900 o 1.000, según el ministro de Defensa.
En cualquier caso, y aún si se aceptaran las cifras optimistas del ministro, la fuerza policial para TransMilenio está muy por debajo de las necesidades. Petro y el ministro al parecer concuerdan en una cosa: el sistema necesitaría un mínimo de 1.300 a 1.400 policías. En el cálculo de la secretaria Flórez, “si el 10 por ciento de la población bogotana está en horas pico en el TransMilenio, el 10 por ciento de la Policía de la ciudad debe a esas horas estar allí”. Esto supondría una fuerza de entre 1.800 y 2.000 agentes.
¿Cuál sería la cifra ideal? Esto, desde luego, no depende tanto del tamaño de la población como de los niveles de criminalidad. El metro de Londres moviliza alrededor de tres millones de personas al día, y para la totalidad del sistema de transporte de la ciudad- incluidos el subterráneo y la movilidad por superficie- la policía cuenta con cerca de 2.300 agentes. Con una criminalidad mayor que la de Londres en el sistema de transporte masivo, esa no sería una cifra descabellada, exclusivamente para TransMilenio.
Por lo tanto el déficit – aun contando con los 400 nuevos policías que prometió el ministro Pinzón- sería de por lo menos el 70 por ciento. Si a TransMilenio lo vigilan hoy 700 policías (contando con los 400 del ministro), tendríamos una tasa de 35 efectivos por cada cien mil usuarios. Si estuviéramos en Finlandia, el país nórdico con menor tasa de policías por cien mil habitantes, necesitaríamos 143. Y si Bogotá estuviera en Dinamarca serían 371. Pero estamos en Cundinamarca.
Congestión de usuarios en la estación Ricaurte de Transmilenio. |
Prioridades diferentes
Pero no se trata solamente de descoordinación –o falta de intercambiar información- entre el gobierno nacional y el distrital en cuanto respecta a la seguridad en TransMilenio.
Indudablemente existen problemas en cuanto a la definición de prioridades en el interior de la propia fuerza policial de Bogotá y de las autoridades civiles de la ciudad. El pie de fuerza de la ciudad ha aumentado sustancialmente durante la última década, y con cerca de 18.000 efectivos hoy (20.000 según el presidente Santos), el déficit, que en 2005 llegaba a casi 70 por ciento, hoy probablemente no va más allá del 20 o 30 por ciento. Por consiguiente, la falta de vigilancia policial en TransMilenio no se debe a falta de policías en la ciudad.
Mal repartidos
Un dato insólito es este: redondeando cifras, Colombia tiene cerca de 300 policías por cada cien mil habitantes. Si TransMilenio moviliza alrededor de 2 millones de personas al día, al sistema le corresponderían 6.000 efectivos. ¿Dónde están? Y si Bogotá cuenta con 227 policías por cien mil habitantes, para TransMilenio debería haber 4.540. ¿Dónde están?
Probablemente se responderá que la policía tiene que estar donde vive la gente, y seguramente se aducirán prioridades como el control del micro-tráfico, la seguridad en Ciudad Bolívar o en Kennedy y otros asuntos de indudable importancia. Pero no es menos cierto que los bogotanos viven en parte en TransMilenio (en muchos casos entre cuatro y seis horas al día), y si la policía debe estar donde se encuentra la criminalidad, TransMilenio es indudablemente uno de esos sitios.
A la Policía Metropolitana de Bogotá no le faltan planes para “prevenir índices de vandalismo, e incrementar la percepción de seguridad en los usuarios y garantizar el normal desarrollo de la operación del Sistema”, según se anuncia en la página de Internet donde figura de modo prominente el título “Policía de TransMilenio”:
- Está el Plan Avispa, dentro del cual el personal policial solicita antecedentes y hace “registro de personas en cada una de las estaciones con una frecuencia de 20 minutos por estación”.
- También está el Plan Guiarra, para “mejorar la percepción de seguridad dentro de los buses articulados donde más se presentan casos de hurto mediante la modalidad de cosquilleo”.
- Otro es el Plan Nocturno, con registro de personas y paquetes y solicitud y verificación de antecedentes penales durante la noche.
- Uno más es el Plan Toma Estaciones, consistente en un “despliegue total del dispositivo dentro de las estaciones o portales a intervenir con el fin de cubrir todos los accesos al sistema y poder realizar la actividad policial (registro a personas y paquetes, solicitud y verificación de antecedentes penales, control a ventas ambulantes, control con habitantes de calle y acercamiento a la comunidad), que nos permita generar mayor seguridad y convivencia ciudadana”.
- A estos se suman el Plan Ventas Ambulantes, el plan Articulados seguros, el Plan Policías Encubiertos y algunos otros.
Desde luego, no cabe menos que desearle el mayor de los éxitos a la Policía de TransMilenio, si es que algo de estos planes puede llevarse a efecto con 35 efectivos por cada cien mil usuarios.
Efectivos de la Policía Nacional en las inmediaciones de la estación Campín de Transmilenio. |
Tarea para el Alcalde
La secretaria de Gobierno hizo énfasis sobre el hecho de que “el número de efectivos en una ciudad lo determina el Gobierno Nacional”. Esto es correcto, y como ya se vio, al gobierno nacional ha sido más bien mezquino últimamente en esta materia con Bogotá.
Pero queda la pregunta de si determinar el número de efectivos para el sistema de transporte masivo también es responsabilidad del gobierno nacional. ¿Dónde quedan las atribuciones del alcalde? Según el Artículo 235 de la Constitución, “El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”. Es decir, Petro tiene mucho que decir y hacer frente a este problema.
Según la secretaria Flórez, la Alcaldía tiene “desde hace dos semanas, de manera articulada, un plan piloto para reforzar el pie de fuerza de la Policía en 22 puntos críticos del sistema”. Esto, a todas luces, es insuficiente.
En realidad, a la par con un Sistema Integrado de Trasporte Público, Bogotá necesita un Sistema Integrado de Seguridad en el Transporte Público, siguiendo un modelo que no es nuevo en la ciudad, pues se puso en práctica desde hace más de veinte años, aunque ciertamente se ha desdibujado en épocas recientes.
Un modelo que parte de la premisa de que la seguridad y la criminalidad no son asuntos de incumbencia exclusiva de las autoridades de policía y las autoridades judiciales. Son ante todo responsabilidad civil, y son el alcalde y su gobierno quienes deben fijar su rumbo, sus metas y sus programas. Dentro de ese modelo, la seguridad se asume como un asunto inter-institucional e intersectorial, bajo un enfoque de corresponsabilidad entre las instituciones públicas, el sector privado y la ciudadanía.
Solo así tiene esperanzas de adquirir su verdadera dimensión el concepto de seguridad ciudadana en un ámbito como el del transporte público en una ciudad con el tamaño y los problemas de Bogotá. Elevar el pie de fuerza a un nivel serio (no risible como el que existe ahora) es solo un primer paso, y sin duda no el más importante para garantizar la convivencia, la seguridad y el bienestar de los usuarios.
* Sociólogo y doctor en Historia Moderna Latinoamericana por la Universidad de Oxford.
