Pese a sus muchos problemas -incluyendo multas billonarias e inhabilidad para ocupar cargos públicos- la candidatura de Gustavo Petro despierta la esperanza de muchos y el temor de muchos. ¿En qué acabará esta historia político-judicial?
Efraín Sánchez*
Ida y vuelta
Está demostrado que la política colombiana es tan cambiante como increíblemente paradójica.
Ejemplo claro de lo anterior es el caso del exsenador y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien acabó su administración con un nivel de desaprobación superior al 70 por ciento, sobre quien pesa una inhabilidad de 15 años a partir de diciembre de 2013 y a quien además se le han impuesto multas por un valor superior a un billón de pesos que no puede pagar.
Por todo lo anterior Petro no puede ser candidato presidencial, y aún si pudiera y saliera triunfador, no podría posesionarse sin antes pagar todas las multas. Aun así se encuentra en los primeros lugares en las encuestas presidenciales, y por personas cercanas a su campaña sabemos que ya se han recogido al menos 400.000 firmas en apoyo de su candidatura.
Los problemas de Petro con los organismos de control comenzaron formalmente el 9 de diciembre de 2013, cuando el procurador general de la nación, Alejando Ordóñez, lo suspendió de su cargo y lo inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos (en esta misma revista el también exalcalde Paul Bromberg hizo un excelente análisis sobre el sentido y alcance de estas medidas).
La razón para esas sanciones fue la emergencia sanitaria que se había producido un año antes como consecuencia del cambio en el modelo de la recolección de basuras en la ciudad adoptado por su administración mediante el decreto 564 de 10 de diciembre de 2012. Según la Procuraduría, este cambio puso en riesgo la salubridad de la ciudad y desconoció las normas sobre libre competencia, y por lo tanto Petro habría cometido tres faltas “gravísimas”.
El presidente Santos firmó la destitución del alcalde mayor de Bogotá el 19 de marzo siguiente, y designó como alcalde encargado a su Ministro de Trabajo, Rafael Pardo.
Un mes después, el 22 de abril de 2014, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la reintegración del alcalde Petro, tras la extensión de medidas cautelares que había interpuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un alud de por lo menos 48 tutelas que exigían el cumplimiento de dichas medidas.
De esta manera se le dio reversa a la destitución y la inhabilidad por 15 años fue dejada en el congelador en el mes de mayo dadas las medidas cautelares concedidas por el Consejo de Estado.
Así Petro logró concluir su mandato el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo es importante mencionar que la decisión del Consejo de Estado no significa que las dos sanciones impuestas por la Procuraduría se hayan eliminado. Estas sanciones siguen vigentes pero están congeladas. En palabras del magistrado Gerardo Arenas, el fallo de la destitución “no puede ejecutarse y queda en suspenso, igualmente la inhabilidad, hasta que se produzca la sentencia definitiva del proceso”.
Hoy nos encontramos en espera de esa sentencia, que cuenta con ponencia del magistrado César Palomino Cortés, quien reemplazó a Arenas al terminar su período. De acuerdo con los indicios, la ponencia es favorable y revoca el fallo de destitución y la inhabilidad, pero aún falta su votación por parte de la sala plena.
Una deuda impagable
 Exprocurador, Alejandro Ordóñez Foto: Procuraduría General de la Nación |
Pero las sanciones disciplinarias que ha afrontado Petro son solo una cara de la moneda. La otra cara es la moneda misma, es decir, las sanciones fiscales que se le han impuesto.
- En diciembre de 2016 la Contraloría de Bogotá impuso una medida de responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial al Distrito por un monto de 217 mil millones de pesos por no haber subido (y más bien rebajado) las tarifas del transporte público del sistema Transmilenio, habiendo desbordado las tarifas diferenciales y los descuentos que legalmente podían otorgarse.
- Como si esto fuera poco, en noviembre de 2017 la misma Contraloría sancionó a Petro y al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Diego Bravo, con una multa de más de 40 mil millones por la compra de 116 vehículos recolectores de basura que no se utilizaron.
- Finalizando octubre la Contraloría ordenó a Petro y a otros siete altos funcionarios de su administración a pagar 97.654 millones de pesos por un problema asociado con el modelo de recolección de basuras.
En este caso se trató del detrimento patrimonial causado al Distrito por el pago de dos multas por 71.429 millones y 20.521 millones de pesos impuestas en abril de 2014 por la Superintendencia de Industria y Comercio a la Empresa de Acueducto y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, efectuado en febrero y marzo de 2016.
Petro no puede ser candidato presidencial, , no podría posesionarse sin antes pagar todas las multas.
- El trueno fiscal gordo para Petro, sin embargo, es la imputación que le hizo la Contraloría por un supuesto detrimento patrimonial de 279 millones de dólares (más de 800 mil millones de pesos) por la recompra del 31,92 por ciento de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), conocida anteriormente como Ecogas.
En total Petro adeuda al Estado más de un billón de pesos por concepto de sanciones fiscales. El propio Petro y sus defensores afirman que esto no le impedirá inscribir su candidatura presidencial, no obstante, si ganara no podría posesionarse como presidente sin pagar todas las multas.
Hasta aquí todo va mal para las aspiraciones presidenciales de Petro, pero los primeros días de noviembre han llegado con signos más esperanzadores para él. Para comenzar, el día 3 la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó “parcialmente, la suspensión provisional de los efectos jurídicos” de los fallos administrativos que tienen que ver con la multa impuesta contra Petro por reducir los pasajes de Transmilenio.
La medida cautelar concedida está firmada por el magistrado Oscar Armando Dimaté. Si la decisión de fondo del Tribunal es favorable, y si no prospera la apelación de la Contraloría, serán 217 mil millones menos de deuda, aunque aún le quedarían 900 mil millones por los cuales responder.
“No tengo cómo pagar esa multa. Estoy ilíquido. Mis bienes están congelados”, ha dicho Petro a la revista Semana. Pero agrega que seguirá “dando una batalla a fondo, pacífica”. Cómo podría librarlo esa batalla de las sanciones fiscales es algo que todavía está por verse. Pero cosas más extrañas han sucedido en la política colombiana.
Un golpe de suerte
 Campaña electoral de Gustavo Petro Foto: Gustavo Petro Facebook |
La otra gran noticia para Petro fue la decisión de la CIDH de recomendar a la nación mantener sus derechos políticos, por cuanto ninguna autoridad administrativa puede inhabilitar a un funcionario elegido por voto popular.
Petro adeuda al Estado más de un billón de pesos por concepto de sanciones fiscales.
La CIDH pide al gobierno colombiano “reparar integralmente las violaciones de derechos y adecuar la legislación interna, en particular, las disposiciones de la Constitución y del Código Disciplinario Único, que contemplan respectivamente la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría en ejercicio de su potestad disciplinaria”. Asimismo, solicita que la autoridad que establece cargos no sea la misma que sancione; en todo caso esta última no podrá ser una autoridad administrativa sino una judicial.
Para acatar estas sugerencias, relacionadas con el artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se dio al Estado colombiano un plazo de dos meses, so pena de que el asunto pase a la CIDH. Tiempo suficiente para que Petro inscriba su candidatura, pues el período para este efecto establecido por la Registraduría corre entre el 27 de enero y el 9 de marzo de 2018.
Sobre este particular Petro declaró que: “la CIDH le dice al gobierno que acate algo a lo que el contralor y el procurador no han querido acceder y es que a ningún ciudadano colombiano, si es elegido popularmente, le pueden quitar sus derechos políticos a no ser que sea por sentencia de juez penal, no administrativo. Si una persona saca de su cargo a alguien elegido popularmente estaríamos bajo una fórmula que no se llama democracia sino dictadura”.
Las sugerencias de la CIDH suponen reformas legales y constitucionales que pueden tomar más de dos meses. A Petro le quedan todavía el recurso del Consejo de Estado y la ponencia del magistrado César Palomino, la cual al parecer le será favorable.
Todo puede ser posible en la política colombiana, tan dinámica y paradójica. Lo más paradójico en el caso Petro es que su campaña en este momento la están haciendo principalmente la Contraloría de Bogotá, la Procuraduría, el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la CIDH, mucho más que su equipo de recolectores de firmas y su promesa de una “Colombia Humana”.
Si alguien todavía no sabe quién es Gustavo Petro, le bastará con mirar en estos días las noticias judiciales de la prensa. Lo más curioso del caso es que probablemente sus apresuradas y a veces insensatas decisiones sobre las basuras de la ciudad o el sistema de transporte público van a ser parte integral de su campaña. Además, es posible que no pierda.
*Sociólogo y doctor en Historia Moderna Latinoamericana por la Universidad de Oxford.
