Esta mirada precisa y de largo plazo deja ver con claridad en qué consiste el problema, qué se ha hecho –y no se ha hecho- para atender las raíces del conflicto que subyace a la violencia. ¿En que está el gobierno Santos?
Andrés Felipe Hernández Acosta*
La raíz profunda
El conflicto armado colombiano tiene raíces profundas en el problema de la tierra. Por eso no es extraño que este haya sido uno de los temas más importantes en la agenda de negociación en La Habana y que el gobierno nacional esté haciendo esfuerzos para hacer realidad los mandatos de la Ley de víctimas y restitución de tierras.
¿Pero de dónde viene el “problema de la tierra”? Un recorrido histórico por los últimos siglos demuestra que este se remonta bastante lejos en el pasado y que se ramifica hasta el presente.
La Colonia
Desde antes de la constitución de Colombia como Estado-Nación, el problema de la tierra había marcado nuestro devenir. Durante la Colonia este problema se “solucionó” con la creación de resguardos indígenas, que en realidad significaron el “encerramiento” y la reducción de las poblaciones nativas.
La adjudicación de baldíos acabó por favorecer a los terratenientes y la ausencia del Estado intensificó los conflictos entre ellos y los colonos,
Durante la rebelión de los Comuneros, estos exigieron derogar los resguardos por considerarlos improductivos y porque no pagaban la misma cantidad de tributos que los criollos.
Por esto varios pueblos indígenas se opusieron al proceso de independencia de España, pues si esta se alcanzaba, todos “éramos individuos iguales”, lo cual significaba la desaparición de la propiedad colectiva y que los criollos podrían comprarles o expropiarles tierras a los caciques.
El desarrollo agrario durante la República
 El Ex-presidente Alfonso López Pumarejo Foto: Wikimedia Commons |
Después de la Independencia y debido al aumento de cultivos de exportación como la quina y el tabaco, aumentaron también el número de trabajadores y la demanda de tierras. Esta situación se agudizó después de 1905 con la consolidación del café como producto de exportación, a lo cual contribuyó otro proceso en materia de tenencia de tierras: el aumento de los minifundios.
Hasta los años 1930, las leyes quisieron legalizar la adjudicación de tierras baldías para la producción agraria, al mismo tiempo evitando la acumulación de predios, como hizo la Ley 110 de 1912, que redujo las adjudicaciones individuales de 5.000 a 2.500 hectáreas.
Pero la adjudicación de baldíos acabó por favorecer a los terratenientes y la ausencia del Estado intensificó los conflictos entre ellos y los colonos, conflictos que de este modo concluían casi siempre en favor de los terratenientes.
La cuestión agraria se volvió caballo de batalla de los liberales, tanto de quienes no gobernaron, como Benjamín Herrera, como de quienes sí lo hicieron al iniciar la tercera década del siglo XX.
Cuando Enrique Olaya Herrera llegó a la Presidencia en 1930, el conflicto en el campo era un tema de interés nacional puesto que más del 70 por ciento de la población era campesina. Por eso comenzaron a parcelarse algunos latifundios que tenían problemas con arrendatarios, colonos e indígenas, y se crearon la Caja de Crédito Agrario y la Junta de Cuestiones Sociales y Asuntos Agrarios para resolver los múltiples conflictos de la época.
Sin embargo hacían falta voluntad política y una ley que ordenara el campo. Por eso se pasó a consolidar el régimen liberal con la llegada al poder de Alfonso López Pumarejo y la expedición de la Ley 200 de 1936, que declaraba que la propiedad debía cumplir una función social, lo cual implicaba que las tierras ociosas en manos de los terratenientes debían ser repartidas entre colonos.
La de López fue una reforma económica que buscaba una mayor productividad del campo, al tiempo que trataba de reconocer sus derechos (incluido el de sindicalizarse) a los arrendatarios y a los trabajadores rurales. Pero la reforma fue obstruida por los terratenientes, en alianza con el conservatismo y con algunos sectores del Partido Liberal.
En su segundo período, López expidió la Ley 100 de 1944, que calificó los contratos de arrendamiento y de aparcería como de utilidad pública y ordenó la ampliación de diez a quince años como causal de restitución de los predios no explotados al Estado. Esta ley finalmente favoreció a la Federación de Cafeteros y a los latifundistas asociados en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
Pese al apoyo social a López, los intereses de las élites se impusieron y desembocaron en su renuncia en 1945. El fracaso de este proyecto reformista, el incumplimiento y ambigüedad de las leyes agrarias, junto con el asesinato Gaitán en 1948 y los múltiples conflictos aún vigentes condujeron al período que se conoce como La Violencia (1945-1957).
El último medio siglo
 Trabajo en comunidad en el Resguardo Indígena Caño Mochuelo en Casanare. Foto: Derechos Indígenas |
Bajo el gobierno de Rojas Pinilla (1953-1957) se firmaron acuerdos de paz con las guerrillas liberales y comenzó a disminuir el bandolerismo resultante de La Violencia. Y bajo el Frente Nacional (1958-1974) se hizo más clara la necesidad de expedir leyes sólidas para evitar que continuase el derramamiento de sangre.
En ese contexto, el presidente liberal Alberto Lleras creó en 1961 el Comité Nacional Agrario y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), para adjudicar tierras a campesinos con acompañamiento social por parte del Estado.
No obstante, y agravadas por la expropiación ilegal continuada de las tierras, las tensiones en el campo continuaron e hicieron posible la aparición de guerrillas, esta vez comunistas por el contexto de la Guerra Fría: las FARC y el ELN fueron fundados en 1964.
Durante las últimas cuatro décadas ha incidido además un poderoso factor perturbador sobre la vida del campo: el narcotráfico
Otra vez volvía a ser evidente la falta de presencia del Estado para hacer cumplir las leyes agrarias, aunque no para exterminar a los bandoleros, cosa que haría el gobierno del conservador Guillermo León Valencia.
En 1966 llegó a la Presidencia el liberal Carlos Lleras Restrepo, quien expidió la Ley 1 de 1968 para crear la Unidad Agrícola Familiar (UAF), con el fin de resguardar al pequeño campesino y proteger a aparceros y arrendatarios. Pero este nuevo intento de reforma volvió a encontrar resistencia de los viejos intereses del campo, que se opusieron con el famoso Pacto de Chicoral (1971-1972) bajo el mandato del conservador Misael Pastrana.
La contrarreforma agraria
Durante las últimas cuatro décadas ha incidido además un poderoso factor perturbador sobre la vida del campo: el narcotráfico. Este contribuyo a degradar gravemente el conflicto armado, pues sucesivas generaciones de narcotraficantes se apoderaron de extensiones agrícolas y se convirtieron en nuevos ejércitos.
De esos grupos narcotraficantes surgieron las organizaciones paramilitares, que habrían de fortalecerse como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los años 1990. Estos grupos se extendieron por todo el territorio y agudizaron el conflicto con las guerrillas, que también crecieron apoyándose en el narcotráfico.
Las principales víctimas de este proceso serían los campesinos, que fueron expropiados de millones de hectáreas y desplazados masivamente de sus terruños, fundamentalmente por la alianza entre narcotraficantes, paramilitares y parapolíticos, que alteró las relaciones de propiedad para monopolizar la tierra en favor de la ganadería y de los biocombustibles.
Todos esos hechos se tradujeron en una impresionante contrarreforma agraria que se aceleró durante los últimos 20 años (de los 19 millones de hectáreas destinadas a la ganadería se pasó a 40 millones, y de las 14 millones de hectáreas de vocación agrícola se pasó a 5 millones). Los dos gobiernos de Álvaro Uribe, durante la primera década del siglo XXI, se caracterizaron por el intento de legitimación de esa contrarreforma no declarada.
Un presente contradictorio
La Constitución de 1991 protegió la tierra de las minorías nacionales, con la creación de los resguardos indígenas y de los territorios afros, pero descuidó la legislación sobre los campesinos, que quedaron desamparados. De todas maneras, ninguno de los tres grupos de población podría protegerse de las fuerzas oscuras que ayudaron a abrir el camino a las multinacionales en los últimos años.
En el presente se superponen varios de los problemas históricos mencionados:
– La tenencia injusta de la tierra,
– Los bajos o nulos impuestos a los terratenientes y
– La violencia azuzada por una constante reingeniería de la guerrilla y del paramilitarismo, que es el responsable del 81 por ciento del despojo.
A todo esto habría que agregarle la sistemática ampliación de la frontera agrícola, que lleva a destruir nuestra notable biodiversidad. Y agregar además que la ganadería vuelve improductivos muchos de nuestros suelos. Sin olvidar la minería ilegal como un combustible para la guerra y la “locomotora minera” que atenta contra la riqueza ambiental y las comunidades campesinas.
En este momento pasa lo mismo que en 1991: vivimos un proceso bipolar o esquizofrénico, cuando el gobierno quiere darle gusto a todo el mundo, pero del cual resultan ganadores los más poderosos, erigidos ahora sobre un modelo de desarrollo neoliberal y transnacional.
Aunque se quiere un proceso de restitución de tierras y se adelanta una agenda de resolución del conflicto armado a partir del tema agrario, al mismo tiempo se impulsan la gran agricultura de exportación y la firma de TLC sin brindarles garantías a los productores nacionales.
Aunque termine el conflicto armado, es claro que la solución del conflicto social requerirá de mucho más tiempo y esfuerzo.
*Historiador
