Los esfuerzos del gobierno nacional para recuperar el control del territorio no producen los resultados esperados, y por eso los grupos armados ilegales ganan poder en el Cauca.
Erika Lombana González* – Alejandro Triana Sarmiento**
Violencia e ilegalidad
El departamento del Cauca siempre ha sido un escenario de disputa por el control territorial.
En el proceso de formación nacional, los indígenas y afrodescendientes de la región fueron ignorados y sometidos a las mayorías. Los reclamos de las comunidades solo fueron atendidos coyunturalmente, y esa ausencia del Estado permitió el surgimiento y la consolidación de grupos armados ilegales.
Con la firma del Acuerdo entre el gobierno y las FARC, los caucanos tuvieron la esperanza de que cesara la violencia y se diera una nueva oportunidad para reconstruir su territorio. Esa era la ocasión perfecta para que el Estado pusiera fin al círculo de ilegalidad y recuperara el control de la zona.
Pero esto no sucedió y, con el tiempo, los espacios que dejó la guerrilla dieron paso a nuevas expresiones de ilegalidad en el departamento. Por eso, cuatro años después de firmado el Acuerdo, la violencia se ha recrudecido y la ilegalidad ha vuelto a imponerse.
Hoy, el Cauca es de nuevo territorio de disputa entre actores armados. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), en este territorio hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), grupos disidentes de las FARC, el Clan del Golfo, financiadores de carteles mexicanos y otras agrupaciones ilegales.
Coca y minería ilegal
Gran parte de estos grupos armados van tras los réditos de las economías ilegales instaladas en el Cauca, entre las que sobresalen el cultivo de coca y la minería ilegal.
En los años ochenta, el Cauca se convirtió en uno de los territorios donde se impuso la producción de cultivos de coca. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca en el Cauca aumentaron significativamente en 2013 y llegaron a un pico en 2019.
Gráfica 1. Cultivos de coca históricos en el departamento del Cauca, 2000-2019
A lo largo de los años, los cultivos se expandieron a distintos municipios: desde el 2000, cuando comenzó el monitoreo de cultivos de coca por parte del SIMCI, había presencia en siete municipios y actualmente la hay en diecinueve. Sin embargo, más de la mitad de los cultivos del departamento están concentrados en El Tambo, Argelia y Piamonte.
A lo anterior se suman la minería ilegal, que financia a muchos de los actores armados. Para 2018, en el Cauca había 3.004 hectáreas con explotación de oro de aluvión, lo que equivale al 3 % del total nacional. Toda esa explotación se hace de forma irregular, en áreas excluibles de minería. De hecho, la mitad se realiza en tierras que pertenecen a comunidades negras.
Además, estas áreas coinciden en un 36% con las que tienen cultivos de coca, particularmente en los municipios de López de Micay y Timbiquí. En ambos casos hubo aumentos simultáneos en los cultivos de coca y en la minería ilegal.
Líderes sociales
Ante este teatro de la guerra donde priman la ilegalidad y la violencia, las comunidades han alzado su voz para pedir el cumplimiento de los acuerdos de paz y para defender sus territorios.
Pero, al igual que en el resto del país, los líderes sociales del departamento han sido amenazados y asesinados constantemente. Además, en esta zona la violencia se agrava con la disputa territorial entre los grupos armados y la acción insuficiente de las autoridades para enfrentar esta amenaza.
Como se ve en la gráfica siguiente, entre 2016 y el 6 de agosto de 2020, en el departamento se perpetraron 268 homicidios de líderes sociales, lo cual equivale al 24 % del total nacional.
Gráfica 2. Homicidios de líderes sociales en el Cauca, 2016-2020 (con corte al 6 de agosto de 2020).
Estos homicidios tuvieron lugar en 38 de los 42 municipios del Cauca, es decir, se cometieron a lo largo de todo el departamento. Además, 191 homicidios (el 71 %) se perpetraron en zonas con presencia de cultivos de coca, y seis en los municipios que más concentran explotación de oro de aluvión.
De acuerdo con INDEPAZ, más de la mitad de los líderes asesinados eran indígenas. El resto pertenecían a consejos comunitarios, organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal, eran docentes o defensores de derechos humanos, entre otros.
Se puede mejorar
El recrudecimiento más reciente de la violencia en el Cauca tiene varias explicaciones:
• La zona es un punto estratégico que conecta el centro del país con el pacífico, lo cual la convierte en refugio para los grupos armados ilegales;
• El departamento tiene condiciones biofísicas apropiadas para los cultivos ilícitos y la explotación ilegal de minerales, y muchas familias vulnerables ven en estas actividades una forma de vida;
• El prolongado abandono estatal ha acentuado los conflictos entre las instituciones y las comunidades del departamento.
Entretanto, los líderes sociales recogen las banderas de lucha de las generaciones pasadas y buscan un territorio en paz, con desarrollo económico, institucional y cultural.
El Estado tiene un deber y una deuda pendiente con las comunidades del Cauca que va más allá de proteger sus vidas: un deber de reconocer las capacidades locales y las diferencias culturales, promover la construcción de agendas comunes e incluir al departamento en el proyecto de nación.
Este horizonte es posible, pero exige una respuesta rápida y decidida del Estado.
*Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores y no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de la Organización de las Naciones Unidas.
