Se trata de una decisión apresurada, arriesgada y desproporcionada que puede destruir el poco prestigio que les queda a las instituciones del país.
César Niño*
Un cóctel peligroso
En el último mes, el país ha sido testigo de manifestaciones pacíficas, abusos policiales y actos vandálicos injustificables. Estos últimos han sido mucho menos frecuentes que las protestas pacíficas, pero son motivo de preocupación para ciudadanos y gobernantes. Estamos frente a un cóctel peligroso que tiene en vilo a todo el país.
El paro nacional es una explosión social de gran envergadura que exige ser atendida cuanto antes por las instituciones. Si bien es cierto que algunos grupos criminales han aprovechado las protestas pacíficas para “hacer de las suyas”, es evidente que la fuerza pública se ha extralimitado y ha cometido abusos que deben ser investigados y juzgados.
La seguridad de los ciudadanos de a pie que trabajan en oficinas, que toman transporte público, que recogen cosechas en el campo o que guardan una relación estrecha con los territorios ancestrales se ha visto seriamente afectada.
Inseguridad y militarización
En Colombia, muchas personas creen erróneamente que la seguridad es un asunto de policías y militares. Este mal entendido de su misión y de sus funciones ha llevado a que estas instituciones cometan un sinnúmero de errores estratégicos y tácticos.
Lo cierto es que pese a la presencia de policías y militares en las calles, la violencia, el caos y la inseguridad no dan tregua. De hecho, está pasando todo lo contrario: cada día el orden se deteriora más.
Lamentablemente, se ha popularizado una narrativa binaria de “buenos contra malos” que ha desgastado la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Seguramente, los traumas del larguísimo conflicto armado tienen que ver con el hecho de que tantos colombianos interpreten cualquier signo de diferencia como una amenaza. Indudablemente en estos momentos, el problema más grave que enfrenta la fuerza pública es la falta de legitimidad.
El pasado 28 de mayo, el gobierno decidió expedir el Decreto 575 autorizando a las Fuerzas Militares a acompañar los operativos de la Policía en 8 departamentos. El objetivo de esta medida es evitar daños a los bienes públicos, combatir actos vandálicos y despejar los bloqueos.
Sin embargo, el decreto presenta vacíos importantes que pueden prestarse para malas interpretaciones: por una parte, sugiere que la Policía es incapaz de mantener el orden y por eso necesita ayuda de las Fuerzas Militares; por otra parte, refuerza la idea de que los militares son “enemigos” del pueblo. Pese a que se trata de una herramienta contemplada por la legislación colombiana, puede traer más perjuicios que beneficios.
Una medida inadecuada
El despliegue militar va a acentuar aún más la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Se trata de una medida inadecuada que manda un mensaje confuso, pues los militares no tienen la facultad de intervenir en las protestas ni de disolverlas. Tampoco están autorizados a entrar en combate ni a ejecutar capturas. En resumen, no pueden ni deben combatir el vandalismo.
El gobierno cree erróneamente que militarizar el país es una prueba de la fortaleza del estado cuando en realidad es una muestra de debilidad e incompetencia. Resulta inaudito que el gobierno no entienda que la violencia y la inseguridad son categorías diferentes que no siempre van de la mano: una cosa son las amenazas y otra los problemas de seguridad reales.
Además de poner en tela de juicio la fortaleza del estado, la militarización implica dejar de lado los problemas de seguridad reales para los que fueron creadas las fuerzas militares.
Esta confusión misional podría acarrear graves implicaciones sociales, pues es posible que la ciudadanía interprete la asistencia militar como un ataque contra “los buenos”. Algunos podrían inferir que el gobierno es capaz de lidiar con conflictos armados en áreas rurales, pero no con protestas urbanas.
El gobierno cree erróneamente que militarizar el país es una prueba de la fortaleza del estado cuando en realidad es una muestra de debilidad e incompetencia
En definitiva, la militarización fue una decisión apresurada, arriesgada y desproporcionada que puede minar la poca legitimidad que les queda a las instituciones y aumentar aún más la sensación de inseguridad que reina entre los ciudadanos.
Es hora de que el gobierno y los ciudadanos reflexionen, resignifiquen su noción de seguridad y encuentren puntos en común. Es evidente que las instituciones se han quedado cortas antes los retos de seguridad presentados por el paro nacional. El gobierno debe encontrar mejores alternativas para tramitar las demandas sociales. El primer paso es empezar a transformar la idea de seguridad.
