El gobierno ha dedicado su politica internacional a conseguir apoyos para el proceso de paz, a mejorar la imagen de Colombia y a defender causas progresistas. Pero mucho de lo que predica hacia afuera no lo aplica hacia adentro.
Sandra Borda Guzmán*
Paz e imagen
En 2015 y en materia de política exterior, el gobierno de Santos enfiló sus baterías hacia el logro de la paz. Tal vez con esto el presidente ha intentado compensar el déficit de legitimidad interna alrededor de los diálogos en La Habana, añadiendo dosis gruesas de legitimidad internacional.
También ha hecho un esfuerzo por mantener al margen a aquellos actores internacionales que desean participar a las malas en los diálogos de paz, y cuya utilidad en los mismos no es tan clara. El gobierno ha adoptado una estrategia que podría denominarse de “contención” de agentes internacionales, que en unos casos ha sido más y en otros menos exitosa.
En otros temas, particularmente en los relacionados con la proyección de Colombia en el exterior, las noticias son buenas y eso le ha valido a Santos una calificación positiva en las encuestas. Su gobierno ha logrado capitalizar el mejoramiento de la seguridad interna y ha emprendido un proceso de mejorar la imagen del país que contribuye a facilitar nuestro acercamiento a muchos otros países.
Hoy los colombianos somos menos estigmatizados y mejor recibidos en muchas partes gracias a la habilidad de nuestra diplomacia para traducir las transformaciones positivas internas en más altos niveles de confianza.
Pero hay también grandes lunares en la gestión internacional del gobierno, que resultan sobre todo del abismo entre su discurso exterior alrededor de ciertos temas y el tratamiento doméstico que da a los mismos.
Los vecinos y UNASUR
 Madre e hijo de la etnia Wayúu en Manaure, Guajira. Foto: Carolina Londoño Mosquera |
Pasa otro año y Colombia no ha logrado resolver muchos de los problemas fronterizos con sus vecinos.
Si bien la canciller anunció en agosto que su ministerio “ha centrado el trabajo en nuestras fronteras con 500 proyectos en desarrollo económico, salud, educación, saneamiento básico, entre otros”, hay una gran distancia entre el diseño de los proyectos del Plan Fronteras y la concreción de los mismos, pues se trata de planes diseñados unilateralmente por Colombia y cuya financiación ha sido muy difícil de encontrar.
Hoy los colombianos somos menos estigmatizados y mejor recibidos en muchos países
Si bien la Cancillería anunció el inicio de una zona de régimen especial fronterizo con Brasil para las localidades de Tabatinga y Leticia -y esto es un avance indudable-, Colombia aún no cuenta con un plan integral para el desarrollo real de sus fronteras. Y las consecuencias de esa ausencia las pagamos en agosto de 2015 durante la crisis con Venezuela.
Por supuesto que el gobierno Maduro, de cara a las elecciones en su país, tenía suficientes motivos para echar leña al fuego de la frontera. Pero también es cierto que a Colombia le ha faltado voluntad para resolver los problemas del contrabando y de los grupos ilegales que operan en esa zona. Sin este abandono, al gobierno venezolano le quedaría mucho más difícil manipular este tema a su favor.
El problema, sin embargo, se magnifica al recordar que Venezuela es uno de los acompañantes del proceso de paz colombiano. Cada crisis entonces se convierte en una oportunidad para que la oposición colombiana intente poner contra la pared al gobierno, acusándolo de complaciente con el régimen de Maduro. Esta oposición convierte en un signo de debilidad de Santos, la necesidad que el presidente tiene de no afectar con declaraciones grandilocuentes el proceso de la Habana ni el papel que el gobierno venezolano juega en él.
A pesar de la presión, el gobierno ha logrado caminar la muy delgada línea entre la necesidad de resolver las crisis fronterizas con el vecino país y el apoyo de este para efectos de los diálogos de paz. Todo esto sin todavía proponer una solución estructural y de largo plazo al problema de la muy volátil situación de la frontera colombo-venezolana.
También en la región, el gobierno Santos ha intentado mantener un equilibrio frágil ante UNASUR. Para nadie es un secreto que no es fácil la interlocución del gobierno colombiano con el secretario general, Ernesto Samper, pues su gestión ha sido percibida por muchos como una extensión de los intereses de Venezuela.
Así las cosas, para no desconectarse de este organismo regional, el gobierno Santos ha dado prioridad a la interlocución con la presidencia pro-témpore de UNASUR, en cabeza de Uruguay. En julio se anunció que el delegado de esta entidad para la verificación del proceso de paz sería José Bayardi, un uruguayo designado por la cancillería de ese país.
De esta manera Santos ha logrado la participación de UNASUR bajo las condiciones requeridas por la mesa de negociación y manteniendo la capacidad de delinear el perfil y la naturaleza de esa participación. Y de paso ha evitado hacer uso de la parte de la organización que estaría interesada en hacer política con la finalización del conflicto colombiano (la llave Samper-Maduro).
Obama y Francisco
Dos actores globales de gran calado iniciaron su participación más activa en la resolución del conflicto colombiano durante 2015:
- Por una parte, en febrero de este año el gobierno estadounidense anunció la designación de Bernie Aronson como enviado especial para el proceso de paz. Con esta decisión Estados Unidos ganó un papel más directo en las negociaciones y el gobierno colombiano ganó un espaldarazo fuerte por parte de la potencia.
- Por otra parte el gobierno ha intentado en varias ocasiones una participación más directa del Vaticano en las negociaciones de La Habana. Si bien no se ha logrado una “oportunidad fotográfica” entre las partes negociadoras y el papa, sí se han logrado declaraciones rotundas del Vaticano en favor de la paz. Esta voz de autoridad – probablemente la más importante para un país católico como el nuestro- contribuye a subsanar los déficits de legitimidad y apoyo interno a los diálogos y a romper el consenso conservador (en el sentido más amplio del término) en contra del proceso de paz.
En Naciones Unidas
 El Presidente Santos en uno de los albergues para ciudadanos colombianos deportados en Cúcuta. Foto: Presidencia de la República |
El año termina con dos estrategias distintas del gobierno frente al papel de Naciones Unidas en la resolución del conflicto colombiano.
Por una parte, hubo una cierta premura en septiembre cuando se anunció el acuerdo de justicia transicional y se produjo el apretón de manos entre Santos y Timochenko, en parte porque el gobierno quería presentar ante la Asamblea General de Naciones Unidas un avance trascendental en las negociaciones.
Poner el mundo a bordo de la negociación es, de nuevo, un argumento fuerte que puede utilizar el gobierno para hacer manifiesto el sinsentido de la oposición interna a una paz negociada. Pero el costo de aprovechar esa oportunidad fue grande: la opinión pública quedó con la sensación de que se había presentado un acuerdo que todavía no era acuerdo.
Más tarde, en noviembre, el gobierno anunció su intención de acudir al Consejo de Seguridad para solicitar que la ONU se encargue de verificar el cumplimiento de los eventuales acuerdos. Y sin embargo no parece haber consenso dentro del gobierno en este punto, pues la cancillería sigue aferrada a la postura soberanista de nunca acudir al Consejo de Seguridad para evitar formas de intervención no controladas).
Lo cierto es que el sistema internacional no ofrece un menú amplio de opciones para llevar a cabo esa tarea. El récord de la ONU no es el mejor y esta alternativa conlleva riesgos, pero esta organización es la única que ofrece un conocimiento aceptable en materia de verificación. La fórmula está por definirse y el gobierno tendrá que entrenar bien su músculo diplomático para sobrellevar un pulso con el Consejo de Seguridad que deje a todos satisfechos.
¿Y el liderazgo internacional?
En medio de tanta tarea internacional motivada por el proceso de paz, ha quedado poco tiempo para invertirle al proyecto de liderazgo internacional que hace unos años propuso el presidente Santos.
La cancillería insiste en que uno de los temas donde se ha intentado darle forma a ese liderazgo ha sido el medioambiental. En agosto lo hizo explícito: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativa colombiana, son la base de los acuerdos de la Agenda Post 2015 como nuevo marco de desarrollo a nivel global. Hemos abogado por unos ODS ambiciosos, universales e integrales en desarrollo social, económico y ambiental. Temas de energía, agua, infraestructura, agricultura, seguridad alimentaria, educación y salud son fundamentales para mejorar la calidad de vida y proteger nuestro planeta”.
El liderazgo internacional de Colombia en este escenario fue indiscutible. Pero esto no quieta la enorme distancia entre ese logro de política exterior y el muy escaso esfuerzo del gobierno para corregir la desigualdad social y el desenfreno de la destrucción ambiental.
Es inexplicable que Colombia lidere un compromiso de esta naturaleza en foros internacionales y que durante la segunda semana de diciembre de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya otorgado medidas cautelares para evitar que los niños de la comunidad wayúu mueran de hambre y de sed.
Nunca la política exterior de ningún país ha sido completamente coherente con su desempeño interno, pero el optimismo del discurso colombiano en los foros internacionales (que ha sido muy eficiente a la hora de construir y enviar al mundo el mensaje de la “nueva Colombia”) puede acabar en un caso severo de bipolaridad si el gobierno no empieza a alinear en algún grado su política interna con su discurso internacional.
* Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Analista de Blu Radio y columnista de la Revista Arcadia.
@sandraborda
