Enrique Prieto - Rene Uruena - Juan Coy, autor en Razón Pública
Foto: Flickr: Gobierno de Guatemala

Compartir:

Más allá de las reacciones patrióticas y los discursos partidistas, hay que entender la historia y las razones de derecho internacional para juzgar el diferendo entre Colombia y Guatemala.

Enrique Alberto Prieto Ríos*, René Urueña Hernández* y Juan Pablo Coy Jaramillo***

El diferendo

Este 16 de enero, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala anunció que adelanta una investigación contra el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. Estos actos fueron supuestamente cometidos cuando Velásquez era director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), específicamente en el contexto del caso Odebrecht entre 2013 y 2019.

El anuncio causó tensión diplomática entre Colombia y Guatemala. El presidente Petro salió a defender al ministro, mientras que Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, respaldó la investigación guatemalteca. En Colombia, a su vez, la oposición al gobierno actual utilizó el caso para atacar a Velásquez, mientras que la coalición de gobierno lo defendió.

Al margen de la predecible politización del caso, hay un par de cosas que deben estar claras: primera, Iván Velásquez tiene inmunidad por el trabajo con la CICIG, como lo poseen todos los funcionarios al ejercer este tipo de trabajos para Naciones Unidas. A su vez, es diciente el hecho de que la fiscalía de Guatemala decida ignorar la inmunidad del ex comisionado —hecho que es ampliamente conocido— porque muestra que la investigación contra Velásquez es una jugada de Guatemala para enterrar una iniciativa como la CICIG.

Puede leer: Iván Velásquez, ministro de Defensa: por qué y para qué

Historia de la comisión

La CICIG fue una iniciativa pionera. Después de los conflictos de la Guerra Fría en Centroamérica, Guatemala vivió una época de desconfianza, abuso e impunidad por parte del poder judicial.

Por eso, la idea original de la comisión surgió desde la sociedad civil guatemalteca que, a principios de siglo, luchó por encontrar una alternativa para hacer frente a una tasa de impunidad del 95 %.  Aunque se discutió la opción de una Comisión de la Verdad, la principal inspiración resultó ser el Grupo conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivaciones políticas, establecido en 1993 como parte de la misión de la ONU en El Salvador.

A su vez, es diciente el hecho de que la fiscalía de Guatemala decida ignorar la inmunidad del ex comisionado —hecho que es ampliamente conocido— porque muestra que la investigación contra Velásquez es una jugada de Guatemala para enterrar una iniciativa como la CICIG.

Colombia y Guatemala: los puntos sobre las íes
Foto: Flickr: Casa de América - El ministro Iván Velásquez reveló, frente a la CICG, varios entramados de corrupción en Guatemala. Uno de ellos terminó en la condena del expresidente Otto Pérez Molina.
Siguiendo vagamente este precedente, en 2003 se hizo un primer esfuerzo por crear una institución de investigación independiente cuando se propuso la Comisión para la Investigación de Grupos Ilegales y Organizaciones Clandestinas de Seguridad en Guatemala.

Sin embargo, el esfuerzo fracasó. La propuesta nunca fue ratificada por el congreso y algunos de sus elementos fueron desechados por la Corte Constitucional del país.

Un par de años después prosperó una nueva propuesta. Fue detonada por el asesinato de tres miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano a manos de miembros de la policía guatemalteca en 2007. Y, por desgracia, los agentes responsables fueron asesinados en prisión una semana después. La sociedad civil se indignó por el deficiente manejo de las autoridades guatemaltecas e impulsaron, con un amplio consenso, la creación de una entidad internacional contra la impunidad que fue respaldada por la ONU.

Desde ese momento, no sin fuertes presiones, se creó la CICIG. Un acuerdo internacional entre Guatemala y la ONU aprobado tanto por el congreso guatemalteco como por la Corte Constitucional en el 2007. El acuerdo tuvo como fundamento el Compromiso IV del Acuerdo Global de Derechos Humanos de 1994, que fue parte del acuerdo de paz que dio fin al conflicto entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Se creó así la estructura básica que luego se implementó a través de enmiendas constitucionales internas. La CICIG contó con personal nacional como internacional, y estuvo facultada para investigar delitos de forma independiente, presentar denuncias penales, participar como tercera parte interesada en procedimientos judiciales y actuar como “co-fiscal” en algunos casos.

Sin embargo, careció de facultades para procesar o juzgar de forma independiente a los autores. Tuvo, además, un papel de asistencia técnica, al proporcionar formación al sistema penal guatemalteco.

El primer comisionado fue el español Carlos Castresana entre 2007-2010. Posteriormente, asumió el costarricense Francisco Dall’allese en 2010-2013. A partir de ese año y hasta el 2017 asumió el cargo el actual ministro de defensa colombiano, Iván Velásquez.

La inmunidad del Comisionado

La CICIG no es una agencia ni un programa de la ONU. De hecho, el fundamento de su mandato es el acuerdo internacional, de tipo vinculante, firmado entre el gobierno de Guatemala y la organización.

El acuerdo señala expresamente en el artículo 10 que “el Comisionado disfrutará de los privilegios, e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con el Acuerdo de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”.

Es decir, no hay duda de que Iván Velásquez disfruta de inviolabilidad personal e inmunidad frente a acciones penales, especialmente frente al arresto o detención por las conductas cometidas mientras fue comisionado de la CICIG.

Los efectos políticos de la CICIG

Ahora, si eso es tan claro, ¿por qué la fiscalía de Guatemala anuncia la investigación contra Velásquez? La realidad es que las investigaciones de la comisión, lideradas por Velásquez, revelaron complejos entramados de corrupción entre funcionarios públicos y bandas criminales de Guatemala.

Una de las investigaciones estuvo relacionada con el caso de corrupción de aduanas de “La Línea”. En ese caso, altos funcionarios del gobierno montaron una red para que importadores pagaran menos aranceles e impuestos a cambio de sobornos.

Las investigaciones culminaron con la condena de varios funcionarios públicos de alto nivel, como el expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. De hecho, Pérez Molina renunció a la presidencia algunos días antes de las elecciones que llevaron a Jimmy Morales a la presidencia.

En 2018, Jimmy Morales fue quien tomó la decisión de expulsar al CICIG de Guatemala. Y lo hizo porque, en su momento, logró el apoyo de la administración Trump en los Estados Unidos.

En efecto, cuando el hijo y el hermano del presidente Morales fueron encarcelados a raíz de una investigación de la Comisión en 2017, quedó que claro que se trataba de una guerra hasta el fin entre el gobierno y la CICIG.

No obstante, para resistir la presión, Morales se movió para obtener el apoyo del actor clave en Centroamérica, que ningún foro multilateral es capaz de igualar: Estados Unidos de Donald Trump.

De ahí que Guatemala abriera la Embajada en Jerusalén en mayo de 2018 y que, a pesar de que Estados Unidos aportó casi el 40 % del presupuesto de la CICIG, la administración Trump guardó silencio ante la intención de Morales de eliminarla. Es decir, se negó a unirse a los demás países donantes.

En junio de 2018, el embajador de Guatemala en Washington organizó una cena de 5.000 dólares con el esposo de Ivanka Trump, Jared Kushner, y junto a diez embajadores latinoamericanos, con el objetivo de persuadirlos de trasladar sus embajadas en Israel a Jerusalén.

Ahora, si eso es tan claro, ¿por qué la fiscalía de Guatemala anuncia la investigación contra Velásquez? La realidad es que las investigaciones de la comisión, lideradas por Velásquez, revelaron complejos entramados de corrupción entre funcionarios públicos y bandas criminales de Guatemala.

Menos de dos meses después, Morales expulsó a la CICIG. En contra, incluso, de la promesa de no hacer y de los resultados jurídicos de la comisión.

Señales claras

Considerando la inmunidad, no se puede solicitar ni una circular roja de Interpol ni la extradición a Guatemala de Velásquez. Además, el inicio de una investigación de tipo penal a las actividades de la comisión, y por ende del comisionado, constituye un incumplimiento por parte de Guatemala al acuerdo firmado en 2006 con la ONU.

Esto implica que Guatemala estaría inmerso en un hecho internacionalmente ilícito.

Por otro lado, al interior de Guatemala, la situación es más difícil. Existe una posible persecución política sistemática en contra de fiscales y jueces que adelantaron las investigaciones.

Parece que la persecución se expandió a un grado internacional con la investigación en contra de Velásquez. La señal, para esos fiscales, jueces y activistas anti-corrupción guatemaltecos es clara: si anuncian una investigación en contra de Velásquez, aún con la inmunidad internacional, es claro que habrá persecución jurídica en contra de los jueces y fiscales nacionales que se atrevan a seguir la línea de la CICIG.

Puede leer: El derecho internacional y la guerra en Ucrania

0 comentarios

Enrique Prieto - Rene Uruena - Juan Coy

Escrito por:

Enrique Prieto - Rene Uruena - Juan Coy

*Director del grupo de investigación en Derecho Internacional y director de investigación en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho de Birkbeck, University of London, máster en Derecho Internacional y abogado de la Universidad del Rosario. **Profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. LL.M. de la Universidad de Helsinki, Finlandia, y doctor en Derecho de la misma institución. Especialista en Economía de la Universidad de los Andes y abogado de la misma universidad. Expresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI). ***Abogado con profundización en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad del Rosario.

Foto: Pixabay - Un año agridulce para el país en derecho internacional.

Compartir:

Enrique Prieto-Ríos
Rene Uruena
Juan-Pablo-Coy

El 2021 fue un año agridulce para Colombia en materia de derecho internacional. Estos fueron los eventos más importantes.

Enrique Alberto Prieto Ríos*, René Urueña Hernández** y Juan Pablo Coy Jaramillo***

Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Este año se denunciaron múltiples violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública.

Por eso el 14 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó una autorización del Estado colombiano para visitar el país y verificar la situación.

El 8 de junio llegó a Colombia el grupo de la CIDH  bajo la figura de una “visita de trabajo”. Entre el 8 y el 10 de junio el grupo se reunió con las autoridades de las distintas ramas del poder público, los órganos de control, las víctimas, los defensores de derechos humanos, colectivos de mujeres, afrodescendientes, indígenas, periodistas, gremios empresariales, agentes de la fuerza pública, la representante de la ONU y representante del cuerpo diplomático.

De entre las 2908 s0licitudes presentadas, se recopilaron 302 testimonios que fueron priorizados bajo criterios de representatividad y diversidad. Esos testimonios fueron registrados, sistematizados y analizados. Las recomendaciones de la CIDH abarcaron los siguientes temas:

  • el derecho a la protesta social,
  • el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas,
  • la violencia basada en género y discriminación étnica-racial,
  • la asistencia militar,
  • los traslados por protección y desaparición de ciudadanos,
  • la violencia contra periodistas y misiones médicas, y
  • los cortes de ruta.

Pero Duque dejó claro que Colombia no debe cumplir estas recomendaciones, porque “no son obligatorias”. Más allá del carácter jurídico de dichas recomendaciones, este argumento envía el mensaje equivocado a la comunidad interamericana de que al gobierno no le interesa cumplir con las normas y las garantías del derecho internacional de los derechos humanos.

Esto puso a Colombia junto a Venezuela o Nicaragua, países que rechazan constantemente las recomendaciones de la CIDH, e hizo que Colombia perdiera legitimidad en su agenda diplomática ante dichos Estados.

Foto: Defensoría del Pueblo - Colombia acaba el año con una participación activa en las discusiones sobre el derecho internacional público.

Puede leer: Cumplir o no cumplir: el falso dilema de sobre el informe de la CIDH

Derecho Penal Internacional y DIH

El desarrollo del conflicto armado debe juzgarse a la luz del derecho internacional humanitario (DIH), un conjunto de reglas que limita el uso de la fuerza para proteger a los combatientes, los excombatientes y la población civil.

En el escenario colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marcó un precedente histórico cuando declaró que las FARC-EP cometieron crímenes de lesa humanidad al esclavizar, comercializar y someter a los secuestrados a trabajos forzados.

Además, con la solicitud de algunos senadores de esclarecer las circunstancias de la muerte de Alfonso Cano, entonces máximo líder de las FARC, parece que el gobierno colombiano podría ser declarado responsable de cometer crímenes de guerra.

Otro aspecto importante es la firma de un acuerdo de cooperación entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y el gobierno colombiano que traza la próxima etapa para promover la justicia transicional.

Dicho acuerdo se enmarca en uno de los mayores triunfos del año: la decisión de cerrar el examen preliminar que se abrió en 2004 sobre varias circunstancias que afectaban gravemente el DIH.

La evaluación preliminar es un mecanismo de la CPI para evaluar si la Comisión de Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad debe abrir una investigación.

La decisión de Karim Khan, fiscal de la CPI, significa que el Estado colombiano cumple los estándares internacionales de investigación y enjuiciamiento, y por eso, bajo el principio de complementariedad, no es necesario que la CPI adelante las investigaciones correspondientes.

Varias ONG como Human Rights Watch criticaron esta decisión porque puede afectar los derechos de las víctimas quienes esperan justicia y verdad. Otros piensan que la falta de vigilancia de la CPI puede afectar la efectividad de las investigaciones que se adelantan, incluyendo la de los falsos positivos. Con todo, el acuerdo firmado permite que los procesos de justicia transicional sigan y eso garantiza el funcionamiento de la JEP.

De cualquier modo, es probable que los miembros de las FARC sean condenados por sus actuaciones. Esto permitirá ver otra cara del conflicto: la de los secuestrados, abriendo el camino para nuevos casos que den a conocer la verdad de las víctimas del conflicto. Sin embargo también se abre un precedente para el Estado colombiano que sería el responsable de muchas violaciones del DIH.

Derecho Internacional de la Inversión Extranjera

Este año se conoció el laudo arbitral que puso fin a la demanda de la compañía canadiense Eco Oro Minerals Corp contra Colombia.

Según la compañía, el país expropió sus inversiones al detener su proyecto de explotación en el Páramo de Santurbán e incumplió el estándar mínimo internacional consuetudinario, que incluye la obligación de garantizar un trato justo y equitativo al inversionista extranjero, pues tomó decisiones arbitrarias en el marco de la disputa.

Parte del argumento de la multinacional se refiere a las expectativas creadas por las declaraciones de los funcionarios del gobierno colombiano que estaban a favor del proyecto minero: el expresidente Santos, el Ministerio de Ambiente, el de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería.

La mayoría del tribunal declaró que Colombia incumplió el estándar mínimo internacional consuetudinario y violó el Artículo 805 del TLC suscrito con Canadá. Ahora el país debe pagar una indemnización a favor de la compañía.

Por otro lado, el 12 de marzo un tribunal arbitral internacional falló a favor de Colombia en su disputa con la multinacional española Naturgy, anteriormente Gas Natural Fenosa.

La demanda de Naturgy indicaba que el país había violado el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI) suscrito entre Colombia y España en 2006 al tomar posesión de su filial.

En noviembre de 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decidió intervenir Electricaribe y después ordenó su liquidación.

Para Naturgy, el Estado se comprometió a mejorar la situación financiera de Electricaribe pero incumplió y además decidió intervenir Electricaribe para recibir apoyo para el Acuerdo de Paz en la región Caribe.

Sin embargo, el tribunal respetó las decisiones de las autoridades colombianas y consideró que el Estado colombiano puede regular de manera transparente y razonable los mercados nacionales, aun si en ellos operan inversionistas extranjeros. Según el fallo, los tribunales de inversión no deben evaluar las decisiones regulatorias de fondo de los órganos estatales.

Lea en Razón Pública: Eco Oro vs Colombia

Por último, el tribunal confirmó que el arbitraje de inversión no es un seguro que cubre los riesgos de los inversionistas negligentes. Naturgy pareció realizar un ejercicio limitado de “diligencia debida”, de modo que la protección que podía pedirle al derecho internacional de inversión debía ser también limitada.

El tribunal dejó claro que aquello que Naturgy identificaba como compromisos vinculantes del Estado eran manifestaciones de intención de esforzarse para mejorar la situación de Electricaribe y por eso no existía una expectativa legítima para la empresa.

Actualmente el Estado colombiano intenta negociar nuevos tratados en materia de derecho de la inversión extranjera que protejan el medio ambiente y los derechos humanos, pero la efectividad de estos tratados sigue en tela de juicio.

El tratado entre Colombia y España que se renegoció este año corresponde a una especie de convenciones internacionales que definen con mayor precisión las obligaciones de los Estados y crean excepciones. Estos nuevos tratados pretenden limitar los efectos nocivos de las inversiones extranjeras en el país. Si bien es un gran avance, no es seguro que funcione.

Colombia acaba el año con una participación activa en las discusiones sobre el derecho internacional público y ratifica la importancia de enseñar a profundidad el derecho internacional en las facultades de derecho y de tener funcionarios públicos capacitados.

0 comentarios

Enrique Prieto - Rene Uruena - Juan Coy

Escrito por:

Enrique Prieto - Rene Uruena - Juan Coy

*Director del grupo de investigación en Derecho Internacional y director de investigación en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho de Birkbeck, University of London, máster en Derecho Internacional y abogado de la Universidad del Rosario. **Profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. LL.M. de la Universidad de Helsinki, Finlandia, y doctor en Derecho de la misma institución. Especialista en Economía de la Universidad de los Andes y abogado de la misma universidad. Expresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI). ***Abogado con profundización en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad del Rosario.

Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica - Secuestrados en Colombia.

Compartir:

Enrique Prieto
Rene Uruena
Juan-Pablo-Coy

La JEP desmontó el discurso revolucionario de las FARC al declarar que esta guerrilla incurrió en el crimen de esclavitud, pero falta esclarecer si el Estado incurrió en crimen de guerra cuando dio muerte a Alfonso Cano.

Enrique Prieto Ríos*, René Urueña Hernández** y Juan Pablo Coy Jaramillo***

Una decisión y una solicitud

El esclarecimiento de los crímenes relacionados con el conflicto armado colombiano avanza lentamente, pero mediante el Auto 244 del 9 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marcó un precedente histórico pues declaró que las FARC-EP cometieron crímenes de lesa humanidad al esclavizar, comercializar y someter a los secuestrados a trabajos forzados.

Adicionalmente, gracias a la solicitud de un grupo de senadores para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Alfonso Cano, máximo líder de las FARC, el gobierno colombiano podría ser declarado responsable de cometer crímenes de guerra.

Los cuatro principios del DIH

El desarrollo del conflicto armado colombiano debe ser juzgado a la luz del derecho internacional humanitario (DIH).

El DIH es un conjunto de reglas que delimita el uso de la fuerza con el fin de proteger a los combatientes, los excombatientes y la población civil. El DIH se aplica a todos los conflictos armados de carácter interno o internacional.

Los principios más importantes del DIH son la humanidad, la necesidad militar, la distinción y la proporcionalidad. Estos principios procuran humanizar la guerra.

-El principio de la humanidad reconoce la dignidad humana de los sujetos involucrados en el conflicto. Gracias a este principio, se prohíben algunas formas de guerra; la idea ya no es exterminar a la contraparte, sino vencerla o desarmarla.

-Por otro lado, bajo el principio de la necesidad militar se acepta el despliegue militar contra los objetivos que representan una ventaja para la contraparte. Este principio se supedita a los principios de distinción y proporcionalidad.

-El principio de distinción exige entender quiénes pueden ser objetivos de acciones militares. En términos generales, los Convenios de Ginebra prohíben atacar a los civiles y los bienes de carácter civil. También están protegidos los bienes culturales y toda persona que no tenga calidad de combatiente.

La calidad de combatiente la tienen las fuerzas armadas que, bajo un mando responsable, se someten también a un régimen disciplinario interno. Esto incluye a los grupos paramilitares, los servicios armados encargados de mantener el orden público y la “leva en masa” que figura en el artículo 4.6 del III Convenio de Ginebra de 1949. El personal sanitario y religioso se considera como no combatiente.

-Por último, según el principio de proporcionalidad no es lícito el ataque que cause “incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”. Sin embargo, el nivel al que deba analizarse la proporcionalidad determinará qué tantas muertes o daños se permiten.

La doctrina determinó tres niveles: el estratégico, el operacional y el táctico, cada uno más específico que el otro:

  • En el nivel estratégico se analiza el ataque a un objetivo militar frente a la proporcionalidad de la campaña en su conjunto, es decir, a ganarle a la contraparte; esto implica tolerar un rango amplio de posibles efectos colaterales.
  • El nivel operacional revisa la proporcionalidad de una operación militar en su conjunto.
  • En el nivel táctico se evalúa cada uno de los actos de violencia que hacen parte de la operación militar e implica tolerar un rango mínimo de efectos colaterales contra la población protegida.

Estos son algunos problemas o efectos negativos:

Le recomendamos: El genocidio en Colombia

Las FARC y la esclavitud

Respecto de la acusación de esclavitud, el Estatuto de Roma en su artículo 7.1. señala que «se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud…».

De igual forma el artículo 7.2. señala que «por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños…».

Según el documento de los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional (CPI), para que el crimen califique como esclavitud se necesitan tres condiciones mínimas:

  • que el autor ejerza un tipo de “derecho de propiedad” sobre una o más personas a través de compraventas, préstamos o trueques;
  • que la conducta se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil; y
  • que el autor sepa que su conducta es parte de un ataque generalizado o sistemático o tenga la intención de hacer parte de un ataque de este tipo.

En el caso de las FARC, la JEP documentó al menos 70 secuestros donde se ejercían trabajos forzados como una forma de castigo y donde también se comercializaba a los secuestrados con grupos de delincuencia común.

Las FARC tienen diez días para presentar los recursos legales correspondientes. Sin embargo, esta decisión ya marcó un hito en la interpretación del conflicto armado colombiano.

La JEP marcó un precedente clave cuando describió al grupo guerrillero como una organización que literalmente esclavizó colombianos y creó un modelo de negocio criminal para lucrarse con el sufrimiento de los inocentes. De esta forma, la JEP desinfla la retórica revolucionaria de las FARC.

Puede leer: Los monólogos de los poderosos

La operación contra Alfonso Cano

En la otra cara de la moneda está la discusión de si el deceso del entonces jefe de las FARC-EP, Alfonso Cano, fue un crimen de guerra. Un grupo de senadores encabezados por Victoria Sandino dijo que la muerte de Cano hace parte de los ataques perpetrados por el gobierno colombiano y es una prueba de las muchas violaciones al DIH por parte del Estado.

Según los senadores del partido Comunes, el Estado colombiano violó la garantía de ataque fuera de combate, constituyéndose así el crimen de guerra tipificado en el artículo 8.2.c.i del Estatuto de Roma.

El documento de Elementos sobre los Crímenes dice que para constituirse este delito se necesitan cinco elementos:

  • la muerte de una o más personas;
  • que los muertos estuviesen fuera de combate o fuesen civiles, personal sanitario o religioso;
  • el perpetrador debe ser consciente de las circunstancias de hecho de dicha condición;
  • la conducta debe darse en el marco de un conflicto armado no internacional y debe relacionarse con él; y
  • el perpetrador debe ser consciente de la existencia de dicho conflicto.

Conviene recordar que el análisis de proporcionalidad puede abordarse e interpretarse de diversas formas. Aun así, si en efecto las circunstancias en las que estaba Cano son como las presentó la senadora Sandino, los mandos militares que diseñaron la operación sí tendrían algún tipo de responsabilidad.

Colombia se convirtió en el escenario de debates del derecho penal internacional y del DIH en el marco del proceso de paz y de la justicia transicional. Pero el panorama es alentador.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, y el presidente Duque firmaron un acuerdo que cerró el examen preliminar de la situación de Colombia, examen que estaba abierto desde el año 2004. Dicho acuerdo obliga al país a seguir con los procesos de justicia transicional, y así se garantiza el funcionamiento de la JEP.

El futuro de estos casos reposa allí, su futuro es incierto, pero la decisión que se adopte contribuirá a la construcción de una paz duradera a partir de la justicia, la verdad y la reparación.

0 comentarios

Enrique Prieto - Rene Uruena - Juan Coy

Escrito por:

Enrique Prieto - Rene Uruena - Juan Coy

*Director del grupo de investigación en Derecho Internacional y director de investigación en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho de Birkbeck, University of London, máster en Derecho Internacional y abogado de la Universidad del Rosario. **Profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. LL.M. de la Universidad de Helsinki, Finlandia, y doctor en Derecho de la misma institución. Especialista en Economía de la Universidad de los Andes y abogado de la misma universidad. Expresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI). ***Abogado con profundización en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad del Rosario.

ISSN 2145-0439

Razonpublica.com se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Basada en una obra en razonpublica.com.