La crisis política en Estados Unidos se debe a la polarización entre demócratas y republicanos y – más de fondo- a que el Congreso tiene más poder que el Ejecutivo. La democracia y la participación tienden así a debilitar la gobernabilidad.
Foto: The White House Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Dos razones
El cierre del gobierno estadounidense ha dado para todo: en Colombia, un editorial de El Tiempo calificó a Estados Unidos de Banana Republic, y en Estados Unidos Noam Chomsky lo llamó un “Estado fallido”. Fue una oportunidad para que muchos le dieran rienda suelta al espíritu revanchista del pequeño o gran anti-imperialista que todos llevamos dentro.
Pero más allá del perverso regocijo que a algunos les inspira el cierre del gobierno, es clave entender las razones históricas e institucionales que hacen posible lo que está pasando en Estados Unidos.
Trataré de argumentar que, pese al trauma que significa la suspensión temporal de la labor estatal, lo que está sucediendo era previsible debido a la polarización política y al diseño de pesos y contrapesos que le otorga una cuota de poder al Congreso sustancialmente más alta que la que del Presidente.
En otras palabras, lo que sucedió en Washington es consecuencia de un sistema político que – contario a lo que ocurre en Colombia – antepone a la gobernabilidad la democracia y la participación de la gente y los Estados federados.
La polarización
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Foto: Wally Gobetz Capitolio de |
No hay nada que hoy les produzca más frustración a los republicanos que la reforma del sistema de salud que el presidente Obama sacó adelante en el Congreso.
Para empezar, la reforma se aprobó gracias a las bancadas mayoritarias de los demócratas en Senado y Cámara, con la unánime y tajante oposición de los republicanos; los conservadores dicen entonces que la reforma es ilegítima porque excluyó a muchos ciudadanos.
Además, en el plano ideológico, para los sectores libertarios del partido republicano agrupados bajo el Tea Party, la reforma le añade funciones al Estado e implica un gasto público considerable. Para los libertarios, furibundos creyentes en la necesidad de reducir el tamaño del Estado y el gasto público, la reforma es un intento cuasi-socialista para otorgarle aún más poderes al ya inmenso Estado sobre sus ciudadanos.
La negociación del presupuesto para 2014 vino a ser una oportunidad inmejorable para que los republicanos intentaran bloquear por la puerta de atrás la ejecución de la reforma: introdujeron el “mico” de aplazar por un año la vigencia del nuevo régimen de salud.
La respuesta de Obama fue inequívoca: la reforma ya fue aprobada y no permitirá que el Congreso extorsione al Ejecutivo con el cierre del gobierno federal. Conclusión: la Cámara (de mayoría republicana) pasó varios proyectos que insistían en bloquear la reforma, las negociaciones colapsaron y hoy más de 800.000 empleados federales no han podido ir a trabajar, de manera que las instituciones gubernamentales (salvo aquellas que cumplen con funciones esenciales) han cerrado sus puertas.
El presidente arguye que en muchas ocasiones ha cedido y ha conciliado con los republicanos a costa del descontento entre los demócratas. Sin embargo, como ya no hay interés en la re-elección, esta vez no está dispuesto a hacerlo. La revista Mother Jones interpretó la frustración del presidente con elocuencia : “Los conservadores están tratando de inventar una nueva Constitución porque no les gusta que la actual esté funcionando, y lo están haciendo amenazando con el equivalente de una guerra nuclear si no se actúa de acuerdo con lo que ellos quieren. No hay forma de que ningún presidente ceda ante semejante presión”.
Al final, lo que está en juego es el programa bandera de esta administración. Obama ya perdió la paciencia y los incentivos para seguir intentando negociar con sus oponentes. La comunicación entre los bandos está rota.
El súper-congreso
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Foto: Cool Revolution Trabajadores |
Alexis de Tocqueville lo diagnosticó con claridad: uno de los problemas centrales del sistema político estadounidense es el poder enorme del Legislativo; los estudiosos concuerdan en que el Congreso es la institución más importante del Estado o, como dice la Constitución, es la rama líder del poder público (leading branch) en ese país.
Los redactores de la Constitución de 1776 pensaron en la Cámara como una entidad para representar los intereses de la gente y en el Senado como la instancia de presencia de los Estados federados. Se trataba de un sistema político abierto y en contraste con las monarquías europeas que le daban prioridad al Ejecutivo sobre el Legislativo.
En este escenario el presidente representa a un Estado federal, a una nación desde el comienzo amarrada con hilos bien delgados, y donde los Estados federados y los ciudadanos tiene más poder y representación.
El Congreso tiene entonces muchas facultades. Por ejemplo: decidir qué forma adoptan y que funciones tienen las ramas Ejecutiva y Judicial; ratificar o rechazar los nombramientos de Secretarios (el equivalente a nuestros ministros) y embajadores; destituir Secretarios o embajadores; aprobar el presupuesto federal e, inclusive, decidir cuándo se va a la guerra.
Si al poder del Congreso se le suman la rigidez del sistema bipartidista y la consecuente dificultad para armar coaliciones, el resultado es un partido republicano dispuesto a usar los poderes a su alcance para bloquear y boicotear la gestión de un presidente del otro partido. En pocas palabras: Obama no puede armar una coalición estilo Unidad Nacional a la Santos.
Por otra parte, después de los dos primeros años de gobierno, la oposición suele tener una ligera ventaja para las elecciones parlamentarias: los votantes manifiestan sus reparos al gobierno y se inclinan por un Congreso que lo mantenga vigilado y que lo obligue a hacer más concesiones. Esto reduce el espacio de maniobra del presidente y ocasiona bloqueos como el que estamos presenciando.
Hay, en resumen, dos modos de entender la crisis:
1. Estados Unidos se ha convertido en una Banana Republic o en un Estado fallido.
2. Cuando un sistema político opta por mayor democracia y menos gobernabilidad, este tipo de crisis son resultados predecibles aunque no deseables. La división y polarización partidistas relejan la división social que acaba por afectar el funcionamiento de las instituciones.
¿Quién paga el costo político?
Ahora bien, una vez cerrado el gobierno y rotas las conversaciones, la estrategia de ambos partidos ha sido culpar a su oponente. Para unos es un ‘liberal shutdown’, para otros es una extorsión de la derecha dura.
Aunque es probable que en las presidenciales de 2016 los electores le cobren a los republicanos, es muy poco probable que esta crisis altere sustancialmente la composición de la Cámara y del Senado en un futuro cercano.
Para sorpresa de muchos, el Senado cuenta con una tasa de re-elección del 90 por ciento y un nivel de aprobación de solo el 10 por ciento. Muchos se preguntarán por qué la gente insatisfecha sigue votando por los mismos congresistas.
La respuesta hay que buscarla en uno de los aspectos más complicados pero más interesantes del proceso político estadounidense: el redibujamiento de los distritos electorales (en inglés gerrymandering). Cada diez años, después del censo poblacional, las 435 sillas de la Cámara se redistribuyen entre los Estados de acuerdo con su población, en un proceso llamado reapportionment. En ese momento, los gobiernos estatales reconfiguran los distritos electorales de la Cámara (redistricting en inglés), y el partido en el poder trata de sacar ventaja o de crear el máximo de distritos cuyo perfil demográfico le favorezca.
Los republicanos han sido excepcionalmente eficaces en esta tarea y se han blindado de cara a elecciones venideras; por eso, no sería sorprende que la crisis no altere la composición del Congreso en el futuro cercano.
* Profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política y co-directora del Centro de Estudios Estadounidenses (CEE) de la Universidad de Los Andes.
