La tregua entre Shotas y Espartanos salvó vidas y detuvo las balaceras durante algunos meses. Pero la situación actual es incierta y varios factores empantanan el avance de la “paz total”.
Linda Sofía Ordóñez Villa*
La tregua en crisis
El cese al fuego que en octubre pasado habían acordado Shotas y Espartanos —los dos grupos ilegales cuya disputa territorial mantuvo a Buenaventura con niveles críticos de homicidios durante 2021 y parte de 2022— entró en crisis en abril.
Alias “Súper”, uno de los voceros de los Shotas para las negociaciones con el gobierno en el marco de la “Paz Total”, fue desaparecido, torturado y asesinado en los primeros días del mes. El 9 de abril, después de siete meses de cese al fuego, se reanudaron los enfrentamientos entre los dos grupos en las calles de la comuna 12.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), en cabeza de Danilo Rueda, reconoció que estaba en riesgo el pacto entre los dos grupos. Pero afirmó que el proceso continuaba y que se habían reunido con delegados de ambas agrupaciones para des escalar las acciones violentas y ratificar el proceso de paz.
las agresiones no han cesado del todo. El obispo de Buenaventura, que ha apoyado el proceso de negociación, pidió que se respetara la nueva tregua.
Diez días después continuaban los enfrentamientos en las comunas 7 y 12 y se habían producido una vez más desplazamientos intraurbanos, homicidios y desapariciones forzadas. En la práctica ya no había tregua.
Pero el 26 de abril, la OACP anunció que Shotas y Espartanos habían renovado el Pacto por la Vida acordado en octubre. Es decir, se comprometieron nuevamente a “no matar, no desaparecer, no torturar y evitar confrontaciones armadas con la fuerza pública”, además de “la no agresión entre los miembros de ambos grupos y la eliminación de las fronteras invisibles en los barrios”.
Pese a esto, las agresiones no han cesado del todo. El obispo de Buenaventura, que ha apoyado el proceso de negociación, pidió que se respetara la nueva tregua.
Resultados agridulces
Hasta abril, los resultados del cese al fuego eran positivos en términos de homicidios. La guerra que se estaba librando en las calles de Buenaventura, con armas largas y a cualquier hora del día, se detuvo desde octubre. Y la tasa de homicidios en la ciudad se redujo drásticamente. El desplazamiento intraurbano y el confinamiento en la ciudad también se detuvieron.
Sin embargo, el análisis de otros tipos de violencia durante estos meses es preocupante. En 2022 hubo una disminución de las desapariciones forzadas con respecto a la cifra de 2021, pero esta no respondió a la tregua entre Shotas y Espartanos. De hecho, en noviembre, en medio del cese al fuego, hubo ocho casos, un número cercano al de los meses más álgidos de la guerra entre estos dos grupos.
Además, hay situaciones extremadamente graves a las que no se les ha dado mucha importancia. El Espectador llamó la atención el mes pasado sobre la denuncia de una lideresa acerca de la desaparición de 30 niñas de la comuna 7, cuyas familias no presentaron una denuncia formal por miedo a las posibles represalias.
Aunque la Policía afirma que “todos los delitos están a la baja desde el año pasado” y las cifras de extorsión y amenazas en efecto disminuyeron, es claro que hay un subregistro en ambos. Los Shotas y Espartanos no dejaron de cobrar su “impuesto” al comercio formal e informal en las comunas y los barrios que controlan.
Por volantes que circularon por WhatsApp se sabe que este es un punto de conflicto entre ambos grupos: hay comunas donde no existe un acuerdo claro sobre los límites territoriales, y ambos grupos se sienten con poder para cobrar el “IVA”, como lo han llamado.
El último hecho, también muy preocupante, fue el asesinato de Marcelo Montaño, un líder social y cultural de la comuna 10 de la ciudad, que ocurrió el pasado 9 de mayo.
Un panorama desalentador
Varios factores tienen la capacidad de desestabilizar la tregua a la que habían llegado Shotas y Espartanos, y cuya fragilidad quedó demostrada desde abril.
Los Shotas y Espartanos no dejaron de cobrar su “impuesto” al comercio formal e informal en las comunas y los barrios que controlan.
El primero de ellos es la presencia de otros grupos armados al margen de la ley. En la zona urbana, aparte de estos dos, se encuentra un grupo llamado “Los Roberts”, que tiene presencia justo en las comunas donde las otras dos bandas aún se disputan el control del territorio.
Y en la zona rural el panorama es aún más complejo: están las AGC o Clan del Golfo, el ELN, la Nueva Marquetalia y las disidencias de la columna móvil Jaime Martínez. Entre ellas hay alianzas, disputas por el territorio y enfrentamientos armados, que han producido desplazamientos masivos y confinamiento en comunidades rurales.
Ya se ha advertido sobre el riesgo de que parte de estas guerras rurales “se entrelacen con la guerra urbana”. Es posible que las AGC y el ELN entren a la ciudad y formen alianzas con los grupos locales. Esto agravaría las tensiones ya existentes y podría desembocar en una guerra donde ni siquiera sea posible un diálogo como el actual.
Además, está el peligro de que los homicidios o apresamiento de mandos claves produzcan nuevas fracturas en los grupos o ciclos de venganza y retaliación.
Hay que recordar que Buenaventura ha vivido desde el 2000 varios ciclos de violencia en los que se alternan periodos de enfrentamientos armados y altos índices de violencia de alto impacto con periodos de relativa calma, pero afianzamiento del control territorial y de las economías ilícitas.
Así que estos escenarios no son nuevos: una de las características históricas de la violencia urbana en Buenaventura ha sido justamente el anudamiento de grupos locales con grupos con alcance nacional.
Y teniendo en cuenta los reveses del proceso de negociación del gobierno con los grupos armados organizados, particularmente con las AGC tras el rompimiento del cese al fuego, no hay que descartar la posibilidad de que este grupo utilice a otros más pequeños para ampliar su control y presionar al gobierno.
Las voluntades y la realidad
Al parecer, los Shotas y los Espartanos mantienen la voluntad de continuar el proceso de paz. No solo porque reconocen que la violencia ha llegado a su límite, sino porque quieren mantener la posibilidad de acogerse a los beneficios de sometimiento a la justicia que el gobierno eventualmente les ofrezca a sus miembros.
El problema es que la ley de sometimiento hasta ahora está empezando su tránsito en el Congreso, de modo que, aunque haya diálogo, el gobierno no tiene certeza sobre lo que puede ofrecer a los miembros de los grupos a cambio de su entrega a la justicia. En estas circunstancias, será difícil avanzar hacia resultados concretos de la negociación.
Mientras se aclara la estrategia del gobierno, permanece incierto el futuro de más de 1200 jóvenes armados.
Entonces, por un lado, están los acuerdos entre los grupos para no exterminarse mutuamente y de paso proteger la vida de la población civil, mientras continúan con sus actividades económicas ilegales. Estas actividades seguirán afectando gravemente a la población civil, que ya sufre la exclusión económica, el desempleo y en general la desatención del Estado antes sus muchas necesidades.
El Pacto por la Vida es necesario y parece haber posibilidad de recuperarlo. El gobierno y la sociedad civil deben seguir acompañándolo y exigiendo que se respete. Pero también es importante establecer protocolos claros para evitar que siga habiendo graves violaciones de los derechos humanos aún en medio de la tregua.
Y por el otro lado están los acuerdos a los que pueda llegar el gobierno con los delegados de los grupos para avanzar hacia la paz y el desarme, lo cual implica buscar soluciones para las causas profundas del conflicto.
La OACP afirmó que Petro había dado “órdenes precisas” para atacar las raíces de la desigualdad en Buenaventura. Mientras se aclara la estrategia del gobierno, permanece incierto el futuro de más de 1200 jóvenes armados, que siguen teniendo pocas o ninguna oportunidad más allá de la extorsión, el robo y otros negocios ilegales de las bandas.
