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Regular la profesión de politólogo: mala idea

Escrito por Sandra Borda
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Sandra_BordaTarjeta profesional y código de ética para los politólogos? Más parece un intento de burocratización innecesario que la mejora de una profesión indispensable para el debate democrático en Colombia.

Sandra Borda Guzmán *

Talanqueras al análisis político

El representante a la Cámara por el Partido de la U José Gonzalo Gutiérrez radicó el proyecto de ley 073 mediante el cual se reglamenta la profesión de politólogo.

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El 073 es un proyecto que pretende fijar límites y atravesar talanqueras al ejercicio mismo del análisis político.
 

El proyecto ha desatado una intensa polémica en las redes sociales y en los medios de comunicación. Nadie se habría imaginado semejante avalancha de críticas: aunque en principio afecta solamente a un reducido grupo de profesionales, el asunto parece importar a un número muy grande de ciudadanos. Y las razones no son de poca monta.

Para empezar debe decirse que no hay profesión más sensible y más precavida en lo que se refiere a la lógica del poder y a sus acciones: el politólogo o el “cientista político” ve los hilos y los juegos del control y la influencia en dónde muchos otros no lo hacen y, por lo mismo puede oler de lejos los intentos de intervención del Estado en esferas donde no debe inmiscuirse.

El 073 es un proyecto que pretende fijar límites y atravesar talanqueras al ejercicio mismo del análisis político, estableciendo reglas arbitrarias para una comunidad profesional que — por su propia naturaleza — conoce mejor que otras las oportunidades y los riesgos que conlleva el poder del Estado sobre su ejercicio profesional.

Que no haya lugar a equívocos: no estoy diciendo que siempre sea perniciosa la regulación por parte del Estado del ejercicio de las profesiones. De hecho, es competencia del Estado regular el ejercicio de profesiones que pueden conllevar un alto riesgo para los ciudadanos:

-En el caso de la medicina, por ejemplo, un paciente pone su vida y su salud literalmente en manos de un profesional, cuya idoneidad debe ser certificada para dar certidumbre al paciente y no ponerlo en una situación de completa vulnerabilidad.

-Un contador que elabora balances y lleva libros de contabilidad debe dar testimonio público sobre la situación financiera de su cliente: su idoneidad y su ética deben ser certificadas, pues él o ella manejan recursos frente a entes públicos y privados.

Pero ¿cuál es con exactitud el riesgo social que implica el ejercicio de la Ciencia Política?

Algunos arguyen que politólogos contratados por el Estado pueden llevar a cabo actos de corrupción, que causan daños inmensos a la sociedad. Pero entonces, ¿para qué están los organismos de control? ¿No se supone que cualquier profesional — politólogo o no — está sujeto a las reglas de la contratación estatal de la misma forma? ¿Qué utilidad tiene un régimen especial para los politólogos, cuando el corrupto debe ser castigado sin tener en cuenta su formación profesional?

¿A quién beneficia?

El proyecto crearía un Consejo Nacional de Politólogos, que no solo expediría una tarjeta profesional — absolutamente innecesaria — sino que expediría un Código de Ética y tendría la potestad de suspender las tarjetas profesionales a quienes violen ese, su código.

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José Gonzalo Gutiérrez,
del Partido de la U,
radicó el  proyecto de ley 073
mediante el cual se reglamenta la
profesión de politólogo.

 

Para empezar, dudo mucho de que los politólogos lleguemos a un acuerdo sobre el contenido de dicho código de ética. Pero es peor: la sombra de un funcionario gubernamental o de un político profesional que actué como fiscal en un proceso ético sencillamente acabaría de un plumazo con los análisis críticos e independientes, en un país que cada día los necesita con más urgencia.

Como si fuera poco, el Consejo acreditaría las asociaciones de politólogos existentes. Inventarse un consejo que se encargue de autorizar y regular la labor de la ya existente Asociación Colombiana de Ciencia Política (ACCPOL) resulta un irrespeto flagrante contra una disciplina que intenta funcionar de manera autónoma y que lucha por definir sus propias reglas de juego, con el único objetivo de hacerse más útil y más relevante en el devenir político nacional e internacional.

La ACCPOL es una organización científica nacional privada, integrada por más de 18 instituciones y organizaciones académicas que cuentan con programas en ciencia política. La asociación busca difundir y promover la ciencia política de manera abierta, pluralista y democrática, apoyando y divulgando las actividades académicas e investigativas.

Como ha dicho la Asociación, un proyecto de ley para definir las funciones del politólogo va en contravía del espíritu que anima el quehacer no solo de los politólogos, sino el de todos los científicos sociales. En Colombia y en el resto del mundo — no solo ahora sino a lo largo de la ya larga historia de estas disciplinas — uno de los debates más ricos tiene que ver justamente con la naturaleza, los límites, los métodos y la transformación constante de la disciplina y de la profesión.

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El proyecto crearía un Consejo Nacional
de Politólogos que  acreditaría a las asociaciones existentes como la
Asociación Colombiana de Ciencia Política.

 

Las fronteras porosas y cambiantes de la disciplina y del perfil de los egresados de estos programas no son un problema sino una oportunidad para que una y otros se nutran de los avances que se presentan en otros espacios intelectuales y para que, más importante aún, se exploten las áreas de intersección e interdisciplinariedad con otros ámbitos del conocimiento.

Intentar ‘resolver’ artificialmente un debate que no necesita ser resuelto, escogiendo arbitrariamente las habilidades y el campo profesional de un politólogo, no contribuye a desarrollar el potencial de la ciencia política en Colombia y atenta contra el espíritu esencialmente interdisciplinario de las ciencias sociales. (Ver aquí los otros argumentos que esgrime ACCPOL en contra del proyecto).

Y sigue tan campante…

En síntesis: se ha suscitado un debate importante que ningún científico social o político puede soslayar: el debate sobre la relación entre las profesiones, la formación académica y el Estado en Colombia.

Muchos ya han expresado sus opiniones en las redes sociales (el hashtag #NoAl073 en Twitter fue uno de los más populares en el país la semana pasada) y en los medios de comunicación, pero el proyecto de ley sigue su curso, habiendo sido redactado unilateralmente y eludiendo un debate abierto por el representante Gutiérrez.

Es preciso recordar — antes de que sea demasiado tarde — que el legislador debe actuar movido por el ánimo de favorecer a los ciudadanos, no de perjudicarlos: una oposición tan consistente y articulada — como la que se ha gestado en contra de este proyecto — no puede ni debe ser ignorada.

* Ph. D. en ciencia política y profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes.

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