El acuerdo de paz con las FARC será el legado histórico del presidente Santos, pero la crisis económica y la polarización política que deja ocuparán la agenda del país durante mucho tiempo. *
Gustavo Duncan**
Juicio anticipado
Aunque todavía falta un año y medio para que termine su mandato, ya puede empezar a hacerse el balance de los ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos, porque ya no le quedan tiempo ni capital político para emprender alguna iniciativa que altere su legado como mandatario.
La paz con las FARC será sin duda el tema que marcará su imagen como presidente, más allá de las críticas que puedan hacerse y de las consecuencias que se deriven del Acuerdo. Seguramente más para bien que para mal, ese será la razón para que sea recordado por la historia.
Los demás aspectos de su gobierno resultarán superfluos. De hecho, al igual que casi todos los expresidentes colombianos, el balance de su administración en temas como el desarrollo económico y social no parece ser el resultado de un proyecto de largo plazo sino un fruto de la gestión de tecnócratas y funcionarios que ejecutaron proyectos particulares en diferentes carteras.
A lo sumo el presidente influyó en estos asuntos con una especie de orientación ideológica, para escoger los tecnócratas de su cartera o si decidió jugar parte de su capital político en un proyecto particular. De tecnócratas y funcionarios y de las circunstancias que atraviese un gobierno (algunas tan fortuitas como los precios del petróleo), dependen el avance en lo económico y social o aspectos más concretos como los ingresos y el bienestar de la población.
Sorprendentemente, los presidentes y los presidenciables colombianos tienen en mente otro tipo de agendas políticas particulares cuando presentan sus proyectos como gobernantes.
Por eso, el balance del gobierno de Santos puede hacerse desde ya a partir de dos aspectos centrales que no van a variar mucho hasta las elecciones de 2018: las implicaciones políticas de los acuerdos de paz y los resultados en materia económica y social.
 Firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP. Foto: Presidencia de la República |
La paz con las FARC
Santos, a todas luces un presidente bastante flojo para la micro-gerencia, sabía muy bien que sus falencias en la solución de los pequeños problemas iba a ser perdonada si se concentraba en un logro de la gran política. Su apuesta fue la paz con las FARC y, al final, las cosas le resultaron, a pesar de los problemas de la derrota en el plebiscito y la polarización del país.
Los aspectos positivos de la paz con las FARC son evidentes. La firma del Acuerdo Final implica una transformación dramática de la forma como la violencia incidirá en la vida política del país. Es cierto que el final de las FARC no es la paz definitiva pero sí el cese de la guerra contrainsurgente y el comienzo de una política de seguridad centrada en la lucha contra ejércitos privados y mafias ligadas con las economías criminales.
Santos desmovilizó a las FARC a costa de la polarización del país.
Aunque estos grupos puedan disponer de cierta capacidad militar, serán una amenaza que demandará menos recursos que la lucha contra una insurgencia como las FARC. La razón es contundente: las organizaciones armadas que quedan no tienen vocación ni capacidad de llevar a cabo una guerra a escala nacional, pues su interés se centra en el control local y fragmentado de poblaciones y rentas ilegales.
También será el fin de la legitimidad solapada de la combinación de todas las formas de lucha, tanto por parte de la izquierda como por parte de la clase política. En adelante no habrá ninguna justificación para que en el ejercicio de la política se saque provecho de las alianzas, las armas y los recursos de guerrillas, paramilitares o mafias. No parece que en el corto y mediano plazo sea posible un escándalo de financiación de campañas o de amenaza a los electores de la magnitud de la “parapolítica” o del Proceso 8.000. Además, los vínculos de la guerrilla con movimientos sociales y partidos minoritarios también desaparecerán por sustracción de materia, y este será un gran avance.
Sin embargo, el logro de un acuerdo con las FARC también tuvo aspectos negativos. Y las formas pueden tener efectos mayores que el fondo en la política. Santos desmovilizó a las FARC a costa de la polarización del país. Desde un principio renunció a hacer un proceso de paz que vinculara al uribismo y al resto de la oposición de derecha, lo cual habría contribuido a plantear una posición más dura ante las FARC y a que el Acuerdo estuviera legitimado por la mayoría de las fuerzas políticas.
Santos le apostó a aislar a la oposición del proceso para que no se aprovechara de las ventajas políticas que resultarían del Acuerdo para quienes los hubiesen negociado. Si el plan hubiera funcionado habría dejado a un sucesor que garantizara la plena implementación del proceso. Las cosas parecían ir bien si se recuerdan las imágenes de Uribe sudoroso en Cartagena vociferando contra los acuerdos mientras Santos celebraba por lo alto en el Centro de Convenciones. Pero era difícil imaginar que el plebiscito iba a cambiar esta situación.
Ahora las cosas son distintas. La apuesta por una paz excluyente dejó un país donde al menos la mitad de la población muestra una gran desconfianza acerca de las consecuencias políticas y judiciales del Acuerdo, y es muy probable que la elección de 2018 se defina a partir de la propuesta de renegociar lo acordado.
La política económica y social
En lo económico y social Santos puede mostrar logros en educación y salud. Además, la mejoría en los resultados de las pruebas PISA y los esfuerzos del ministro Alejandro Gaviria por sanear el sistema de salud no son asuntos despreciables. Incluso se puede argumentar que el manejo de los indicadores básicos de la macroeconomía no ha sido irresponsable.
Los problemas vienen, en realidad, por otros lados. La situación económica del país es complicada en el futuro inmediato y Santos no hizo nada para revertir sus causas. Colombia centró su estrategia económica en la explotación de sus recursos naturales, especialmente petróleo y otros minerales. Si los precios y la producción de estos productos están al alza no hay problema pero, como se sabe, estos son mercados fluctuantes y si no se dispone de otras fuentes de recursos la economía es muy susceptible a resentirse durante los ciclos negativos.
Al principio de su gobierno Santos hizo una promesa, labrada sobre piedra, de no subir los impuestos. Por supuesto fue una promesa que no cumplió. No podía cumplirla. Su proyecto económico estaba basado en la ‘locomotora minera’ y en el aumento del gasto público en infraestructura. Peor aún: sus limitaciones para lograr compromisos políticos con la sociedad se vieron reflejadas en la necesidad de comprar el respaldo de la clase política a través de la ‘mermelada’, como la bautizó su entonces ministro de Hacienda.
Cuando los precios del petróleo bajaron los problemas se hicieron evidentes. Santos va a entregar un país en déficit fiscal crítico y sin una nueva oferta exportadora que nos permita dejar de depender de las materias primas. Ni siquiera con una devaluación que casi rozó el 100 por ciento la economía pudo diversificar su producción industrial ni su exportación de servicios. La situación se complica todavía más por los impuestos a la producción y la incapacidad para atraer empresarios en nuevos sectores en que el país presenta potenciales ventajas competitivas.
En este caso no hubo un manejo irresponsable de la macroeconomía sino una falta de visión para comprometer al país en una transformación económica más allá de las nuevas inversiones privadas.
De hecho, el déficit se explica en gran parte por la incapacidad del Estado para controlar la corrupción. El gobierno de Santos llegará a su final con los mismos, o peores, niveles de corrupción que los del tiempo de Uribe. Tanto así que ya no se habla de la gran corrupción como aquella que es resultado de la injerencia del narcotráfico y las mafias en la política, sino de la influencia de los grandes contratistas en las elecciones. Allí está el gran hueco en el fisco.
 Juan Manuel Santos, promotor del proceso de paz con las FARC y ganador del premio nobel por la paz. Foto: Presidencia de la República |
El próximo presidente
La paz con las FARC es un logro tan enorme que en las próximas décadas es muy probable que la historia olvide los lunares del gobierno de Santos. Pero en el corto plazo el país tiene dos grandes desafíos que el nuevo presidente tendrá que resolver:
El gobierno de Santos llegará a su final con los mismos, o peores, niveles de corrupción que los del tiempo de Uribe.
Por un lado, deberá acabar con la polarización y unir al país en torno a unos acuerdos elementales. Es decir, deberá firmar la paz con todas las fuerzas del espectro político, en especial con las fuerzas mayoritarias, para legitimar la asimilación de las FARC a la política legal.
Y por el otro lado, deberá enderezar la economía con la diversificación de la oferta productiva y una lucha frontal contra la corrupción.
Una crisis económica, unas élites políticas divididas y una sociedad escéptica del sistema de gobierno por los altos grados de corrupción es la receta perfecta para el populismo.
*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad Eafit. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.
** Máster en Global Security de la Universidad de Cranfield, investigador en temas de construcción de Estado, sociología, conflicto armado y narcotráfico en Colombia.
