La violencia y la captura del Estado que practicaron los carteles de Medellín y Cali se trasladaron a regiones periféricas, donde son menos visibles pero siguen controlando a las comunidades. Sin embargo el anuncio de que los Úsuga quieren negociar es una buena señal*.
Gustavo Duncan**
Una extraña ubicación
En sus inicios, el narcotráfico en Colombia fue controlado por carteles en ciudades como Medellín y Cali. Desde lujosas casas y apartamentos se dirigían las operaciones de compra de base de coca en Bolivia y Perú, la fabricación de cocaína en las selvas del país, el transporte de la droga al exterior y la repatriación de capitales.
No dejaba de ser irónico que el centro de una compleja organización dedicada a un crimen transnacional, intensamente perseguido por la principal potencia mundial, se encontrara situado justo al lado del Estado. Medellín y Cali no eran pueblos aislados donde las instituciones y los aparatos de seguridad del Estado tuvieran solo una presencia simbólica, sino dos de las ciudades más importantes del país y donde la presencia estatal resultaba bastante notoria.
En principio, esta situación suponía enormes problemas para los carteles. Sus jefes y sus operadores eran demasiado vulnerables a la persecución estatal, al punto de que el control del negocio desde las grandes ciudades se tornaba inviable.
A las malas y a las buenas
A largo plazo, esta manera de operar hizo agua, pero la supervivencia en el corto plazo de carteles ubicados en grandes e importantes ciudades fue posible gracias a dos estrategias antagónicas:
- El Cartel de Medellín respondió desde un comienzo con violencia a los intentos del Estado de ponerle límites a sus aspiraciones. Pablo Escobar, el líder indiscutido de esta organización, llevaría a cabo una guerra como respuesta a la extradición. Mediante el control de las comunas de la ciudad con bandas de criminales, pudo disponer de un territorio desde donde combatir, así como de una base de soldados para cometer acciones terroristas.
- Por su parte el Cartel de Cali escogió mantener un perfil más bajo y su estrategia de defensa se basó en comprar a la clase política, incluyendo al menos a un presidente. Este cartel fue una organización criminal muy cómoda para las élites, porque no suponía un desafío social ni político para el establecimiento. De modo que su control sobre el negocio iba de la mano con la colaboración de las autoridades civiles y policiales. Aun así, la estrategia de arreglos bajo la mesa funcionó solo hasta que la presión de los Estados Unidos obligó a las autoridades colombianas a desmantelar la organización, a pesar de los sobornos.
Al final, ambas estrategias fallaron. Pablo Escobar sería eliminado y los hermanos Rodríguez Orejuela acabarían en una cárcel de Estados Unidos.
La primera mutación, y la victoria de Uribe
 Miembros de las BACRIM. Foto: ACORE (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares) |
Tras el desmoronamiento de estos grandes grupos comenzó a hablarse de los baby cartels, organizaciones fragmentadas, poco visibles, que evitaban la violencia y no tenían aspiraciones políticas. Estos grupos se dedicaban exclusivamente a los aspectos operativos del negocio de la droga y trataban con cuidado de pasar desapercibidos por las autoridades.
No dejaba de ser irónico que el centro de una compleja organización dedicada a un crimen transnacional, se encontrara situado justo al lado del Estado.
Sin embargo el poder del narcotráfico había dado un giro de la ciudad al campo. El Cartel del Norte del Valle y los paramilitares, ambos localizados en ciudades intermedias y áreas rurales, se apoderaron de los centros de producción y de los corredores. De modo que los baby cartels eran tan solo una célula operativa que se encargaban de poner a circular la mercancía en los mercados internacionales.
El Cartel del Norte del Valle y los paramilitares emplearon las viejas estrategias de los grandes carteles y las llevaron a una nueva escala para apoderarse del negocio de la droga. Así pues:
- Los escuadrones de sicarios se convirtieron en ejércitos privados capaces de expulsar a las guerrillas de regiones enteras y gobernarlas.
- De igual modo, del proceso 8.000 se pasó a la parapolítica, a causa de la cual alrededor de cien congresistas fueron investigados por la justicia.
Ante semejante desafío, el Estado se vio obligado a reaccionar. Bajo el gobierno de Uribe, el Cartel del Norte del Valle sufrió golpes contundentes, sus principales líderes acabaron en prisiones en Estados Unidos y los paramilitares se desmovilizaron en un polémico pero efectivo proceso de paz.
Todo apuntaba a considerar que el país logró neutralizar el poder del narcotráfico. La impresión era que ni los aparatos armados de los narcotraficantes ni su influencia sobre la clase política volverían a ser lo que fueron. Y parece que este fue el caso, por eso se habla de Colombia como un caso exitoso de lucha contra el narcotráfico.
Pasar desapercibidos
Y sin embargo nos hallamos ante una paradoja, puesto que hoy se exporta tanta cocaína como en las épocas doradas de Pablo Escobar. Los cultivos y la productividad por hectárea alcanzaron récords históricos, de modo que la cantidad de droga exportada y, por consiguiente, las ganancias repatriadas deben ser enormes.
¿Qué sucedió para que en Colombia se sintiera que la guerra contra las drogas se había ganado pese a que se seguía exportando cocaína? Simplemente que el país aprendió a reducir al mínimo la amenaza política y la violencia del narcotráfico: el negocio sigue vigente, pero el poder que emana de las organizaciones que lo controlan se reduce progresivamente hacia las zonas más periféricas y marginales. Solo lejos del Estado estos grupos disponen de suficiente capacidad armada e influencia política para neutralizar la presión de las autoridades.
La segunda mutación: Bacrims en la periferia
Tras la desmovilización de los paramilitares bajo el gobierno de Uribe, el nuevo auge de las Bacrim es tan solo una adaptación del control territorial que ejercían las AUC a las nuevas circunstancias del conflicto.
A medida que la guerrilla dejó de ser una amenaza debido a su derrota estratégica y su expulsión a zonas de retaguardia, la tolerancia del Estado y de las élites frente al paramilitarismo dejó de tener sentido. En adelante, el único motivo que justificaba las alianzas con los paramilitares era la corrupción.
Las Bacrim tenían entonces que ejercer el control territorial y del narcotráfico sin las redes de colaboración tejidas por las AUC con la fuerza pública, los políticos y las élites. A pesar de esas limitaciones, las nuevas organizaciones paramilitares pudieron lograr el control de las principales rutas de salida de droga.
Ahora las operaciones de tráfico internacional son dirigidas desde poblados remotos o desde fincas en medio de la selva. Los ejércitos privados de los capos de las Bacrim cuidan los cultivos de coca, sus laboratorios, los puntos de salida y el transporte marítimo en semisumergibles hasta México y otros puntos de llegada de la mercancía. Si algún narcotraficante colombiano quiere que traficar drogas hasta Estados Unidos o Europa, está obligado a hablar con ellos. Seguramente tendrá que comprarles la mercancía y tributar un “impuesto” por utilizar sus rutas.
Hoy se exporta tanta cocaína como en las épocas doradas de Pablo Escobar.
Ciertamente, las Bacrim funcionan como lo hicieron los grandes carteles de país, pero el asunto de las drogas es solo uno de los aspectos que conlleva este fenómeno. Las Bacrim no son apenas una organización criminal, sino una tecnología de control social. Luego de tantas décadas de guerra interna, donde la criminalidad jugó un papel central, se extendió entre muchos sectores sociales periféricos y en áreas marginales de las ciudades todo un aprendizaje sobre cómo proveer orden, seguridad y garantizar un flujo de ingresos desde economías extractivas como el narcotráfico y la minería ilegal.
De este modo el país se “inundó” de un crimen organizado más tradicional. Las Bacrim extendieron la práctica del cobro de extorsión en muchas ciudades y municipios, lo cual ha implicado establecer una relación de protección: a cambio de un pago, los clientes de las organizaciones criminales evitan que otros delincuentes afecten sus negocios y sus propiedades. En la práctica, las Bacrim son una autoridad alterna al Estado para un número significativo de colombianos.
Gran parte del éxito de las Bacrim y demás agrupaciones criminales se debe a que sus instituciones son coherentes con las realidades sociales de la periferia y de las áreas marginales. Para muchos habitantes del país, la justicia que proveía el Estado era ineficaz e inaccesible, debido a sus costos y a la dificultad de asimilar sus principios. Algo similar ocurría con los servicios de seguridad prestados por la fuerza pública. No estaban diseñados para ese sector de la población.
La consecuencia más importante de las Bacrim como carteles fue social, dado que, para controlar tanto el tráfico internacional como el microtráfico, era necesario gobernar poblaciones periféricas y marginales. De esta manera, la sociedad colombiana se ha dividido entre quienes son gobernados por el Estado y aquellos que de un modo u otro responden al control de los criminales.
Buenas noticias
 Cultivos de coca. Foto: Alcaldía de Bucaramanga |
No todo son malas noticias. El hecho de que persistan las Bacrim y de que en las ciudades las bandas criminales asociadas con organizaciones como los Urabeños practiquen la extorsión en forma sistemática no niega los avances del Estado. Cada vez el narcotráfico gobierna menos y constituye un menor desafío político. La prueba es que hasta Otoniel, líder de la principal organización exportadora de drogas, apareció en un video hablando de la posibilidad de un proceso de paz con el Gobierno. Puede decirse entonces que la presión de la fuerza pública ha dado sus frutos.
Luego de la desmovilización de las FARC y muy probablemente del ELN, no hay que esperar milagros. Tomará un tiempo desmontar todo el aprendizaje, la infraestructura y las subculturas criminales que dejaron casi cuatro décadas de conflicto. Falta mucho aún para una consolidación definitiva del Estado, dado que aún hay organizaciones delictivas que gobiernan en algunas regiones. Ese es el trecho que falta.
*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad Eafit. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.
** Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern, Master en Global Security de la Universidad de Cranfield, investigador en temas de construcción de Estado, sociología, conflicto armado y narcotráfico en Colombia.
@gusduncan
