“Sacrificar la verdad para alcanzar la paz”: silencio ante los nexos entre la clase política y los grupos armados ilegales - Razón Pública
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“Sacrificar la verdad para alcanzar la paz”: silencio ante los nexos entre la clase política y los grupos armados ilegales

Escrito por Gustavo Duncan
gustavo duncan

gustavo-duncanEn el proceso de paz con las FARC parece repetirse lo vivido con las AUC: la clase política legal no quiere reconocer sus nexos con grupos ilegales y someterse por tanto a la justicia. ¿Por qué tantos políticos de derecha y de izquierda se niegan a admitir su parte de la culpa?

Gustavo Duncan*

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Caricatura por Juan Ospina.

Lo que es con él no es conmigo

La reciente detención de Luis Alfredo Ramos por vínculos con el paramilitarismo comprueba que en el proceso con las AUC se prefirió sacrificar la verdad para alcanzar paz. La culpa se delegó convenientemente en los paramilitares y, a cambio de asumir toda la responsabilidad, les prometieron una corta estadía en prisión. 

La clase política no quiso blindarse ante el proceso de Justicia y Paz. Optó por asumir el riesgo de que posteriormente pudiera salir a flote su responsabilidad. No buscarían algún tipo de amnistía a cambio de admitir lo sucedido. Si alguien resultaba implicado tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos ante la justicia ordinaria. 

Esta actitud podría interpretarse como el más puro cinismo de unos políticos que querían un proceso de paz en donde no tuvieran que responder por ninguno de sus actos. Pero otra lectura es que admitir las relaciones con grupos armados tiene un castigo tan alto en los medios de opinión que significa la muerte política. En otras palabras, no estaban dispuestos a renunciar a sus aspiraciones de poder como el precio de una amnistía para sus faltas: había que negar las acusaciones hasta las últimas consecuencias. 

El tamaño de la verdad

 

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Foto: Globovisión -Liberación del periodista Romero Langlois secuestrado por las FARC en abril de 2012.
 

El problema consistía en que las relaciones entre políticos y paramilitares eran un asunto sistemático. A finales de los 90 y principios de siglo era casi imposible hacer política en las regiones sin contar con los paramilitares y los narcotraficantes. El dinero y la fuerza que habían acumulado significaban una capacidad de veto a aquellos candidatos que no negociaran con ellos antes de postularse. 

Había además mucho que ganar para los políticos de la periferia, que ahora podían disponer de recursos competitivos dentro de la estructura de poder nacional. No es casual que durante esos tiempos hayan surgidos partidos regionales, sin mayor sustento ideológico, capaces de ocupar decenas de sillas en el Congreso. Tampoco es casual que las élites políticas de Bogotá tuvieran que contar con ellos para poder gobernar, así fuera evidente el origen ilegal de su poder. 

Era cierto que ganaban elecciones gracias a los recursos de economías criminales, pero esas economías eran la base de la organización social en las regiones. Paradójicamente, las instituciones legales de la democracia funcionaban como un mecanismo para legitimar las aspiraciones de poder y los intereses de sectores ilegales de la sociedad. 

Todos conocemos los resultados: un centenar de congresistas investigados y un sinnúmero de concejales, alcaldes, gobernadores y políticos de pueblo procesados. Ante la contundencia de la realidad, no podía ser de otra manera. De algún modo vale pensar en ellos como ‘chivos expiatorios’, en el sentido de que, pese al castigo recibido, no se alcanzó a establecer toda la verdad ni fueron reveladas las actuaciones de las élites nacionales. 

Sin ir muy lejos, una verdad protagonizada por las elites políticas nacionales, y que nunca sabremos por Justicia y Paz, es la conspiración para tumbar a Ernesto Samper. A mediados de los 90, el hoy presidente Juan Manuel Santos se reunió con Víctor Carranza, la cúpula paramilitar y la guerrilla, para alcanzar un gran acuerdo de paz. 

Santos, ni más ni menos, negoció asuntos de Estado sin ningún tipo de aval del gobierno nacional. De hecho, parte del plan era derrocar a Samper. Actualmente Santos gobierna gracias al respaldo de Samper en el Partido Liberal. Por alguna razón que debería ahondarse, a la élite política de Bogotá nunca le cobran caro sus vínculos con los sectores ilegales. 

Silencio en el caso de las AUC

Pero no todo fue malo. Gracias al sacrificio de la verdad fue posible la desmovilización de las AUC. 

Es muy probable que si de antemano se hubiera exigido toda la verdad, la clase política no se habría  comprometido a adelantar un  proceso de paz con los paramilitares. Es cierto que el país está repleto de Bacrines, pero su poder y su amenaza no son comparables con la que alcanzaron  los ejércitos paramilitares. 

Uno de los motivos de la clase política para llevar a cabo la desmovilización era ponerle un límite a las aspiraciones de poder de los paramilitares. Si bien los recursos del narcotráfico y el poder de las armas permitieron a muchos políticos aspirar a posiciones nunca antes imaginadas, el balance de fuerzas se estaba inclinando demasiado hacia los paramilitares. Había que retomar el control. 

En consecuencia, poco sentido tenía adelantar un proceso de paz que implicara sacrificar sus márgenes de poder cuando en realidad lo que pretendían era recuperar el poder cedido a los paramilitares. La verdad de la clase política nunca estuvo en la agenda. 

Silencio en el caso de las FARC

 

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Foto: Universidad Cooperativa de Colombia -Expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano.
 

Algo muy parecido está sucediendo con el proceso de La Habana. Así como hace una década sabíamos de los vínculos sistemáticos de la clase política con los paramilitares, hoy cualquiera que esté enterado de la política nacional sabe de los vínculos de ciertos sectores legales con la guerrilla. Y por ningún lado se oye que estos sectores estén dispuestos a asumir la verdad de lo sucedido a cambio de algún tipo de tratamiento especial por la justicia. 

Si se hace justicia, sería apenas normal que luego de una eventual desmovilización algún dirigente del Partido Comunista (PC), de la Marcha Patriótica (MP) o de alguna ONG, fuera a prisión por haber tenido relaciones con las FARC. Sería un caso casi idéntico al de Luis Alfredo Ramos. La diferencia estaría en que mientras la mayoría de los jefes paramilitares acabaron en una cárcel de Estados Unidos, en el proceso de las FARC se habla de que sus líderes podrían ocupar posiciones de gobierno. Imagínense a un líder del PC o de la MP en prisión al tiempo que Timochenko y Márquez hacen política en el Senado. 

No parece probable que no existan las pruebas para procesar judicialmente a actores legales vinculados con la guerrilla. Más bien parecería que los sectores en la legalidad relacionados con las FARC, al igual que los parapolíticos en su momento, confían en que nunca lleguen a suceder las investigaciones en su contra. 

Tienen motivos para apostar por un proceso donde la verdad sea encubierta. Por alguna razón los vínculos de la guerrilla con el poder legal han sido un tema de poco interés para el aparato judicial. La Farcpolítica, como un proceso equivalente al 8.000 y a la Parapolítica, nunca ha existido. 

Admitir estos vínculos en el marco del proceso de paz sería un suicidio político. La opinión no toleraría que quienes hacían política en la legalidad en realidad se prestaban para hacer un doble juego a las FARC. Estarían en una situación similar a los parapolíticos al día de hoy. Así resuelvan su situación frente a la justicia, su carrera política y su vida pública habría llegado a su fin. 

Si algún día la justicia los investiga lo negaran hasta las últimas consecuencias. Ya los veremos gesticulando su inocencia como un futbolista ante el árbitro a pesar de haber agarrado el balón con las dos manos dentro del área propia. 

A pesar de que todo el mundo enterado de la política nacional conoce estos vínculos, se preferirá sacrificar la verdad por el bien de la paz y por el fin de las FARC. Quedarán las Farcrines, es decir grupos guerrilleros renuentes a desmovilizarse, que como pequeños señores de la guerra explotarán las economías ilegales, pero serán un asunto menor en comparación con la guerrilla. 

Mientras tanto, los colombianos nos quedaremos sin saber verdades trascendentales de nuestra historia. Por ejemplo, nunca sabremos cómo fue el debate interno en el Partido Comunista donde se decidió avalar el secuestro como parte fundamental de la guerra insurgente. Tampoco sabremos como la UP se involucró en una guerra de exterminio recíproco con los desmovilizados del EPL, como bien ha documentado Andrés Suarez en su libro sobre Urabá. En este caso la UP fue victimaria en varias de las peores masacres del siglo pasado. 

Nadie parece dispuesto a ceder

Lo más lamentable es que ni en la derecha ni en la izquierda parecen haber algún asomo de acuerdo para buscar una salida sensata en este tema. Ningún dirigente es capaz de reclamar amnistía a cambio de verdad para su colectividad política al tiempo que reclama el mismo tratamiento para sus contradictores. Todo lo contrario, en el ambiente existe una rapiña por desacreditar a la competencia mediante el señalamiento público. 

El presidente Uribe, que gobernó gracias a una coalición de parapolíticos, en público muestra solidaridad hacia ellos sobre la base de que son inocentes y son perseguidos políticos de la justicia. La realidad es que es imposible creer un miligramo de honestidad en Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado y demás protegidos. 

Tampoco sería justo pedirle a Uribe que asuma toda la representación de los parapolíticos. Ellos existían desde antes de que él llegara al poder, eran la base de gobierno de ambos partidos, el liberal y el conservador. Al igual que Uribe, los presidentes anteriores gobernaron con ellos y Santos hace lo mismo en su gobierno. 

Iván Cepeda y la dirigencia del PC, cuando le mencionan la verdad en el proceso de las FARC, enseguida se refieren a lo que tienen que contarle el establecimiento y el ejército al país, evadiendo de plano cualquier responsabilidad de los partidos de izquierda legales. Pero el ejército no se queda atrás cuando la línea dura sale a decir que ellos no necesitan un tratamiento especial en las normativas para la paz porque siempre han actuado de acuerdo a la ley. 

Al final, estas posiciones políticas lo que nos quieren decir es que en Colombia para alcanzar la paz se va a sacrificar la verdad. La pregunta es hasta qué punto el sacrifico de la verdad podrá evitar la no repetición, justo ahora que el país se está llenando de Bacrines y Farcrines. 

Máster en Global Security de la Universidad de Cranfield, investigador en temas de construcción de Estado, sociología, conflicto armado y narcotráfico en Colombia. 

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