Un recorte presupuestal esperado y necesario

Por Jesús Botero García

Solo si se articulan los esfuerzos públicos con la iniciativa privada, en marcos regulatorios adecuados que garanticen el buen funcionamiento de los mercados, tendremos una economía que permita una mejora sustancial de la calidad de vida de los colombianos y reduzca las desigualdades que nos agobian.

La no aprobación del Presupuesto General de la Nación en el Congreso de la República, la consiguiente promulgación del mismo por el gobierno nacional mediante el Decreto 1621 de diciembre 30 de 2024 y el posterior archivo del proyecto de Ley de Financiamiento, presentado por el Gobierno al Senado en septiembre de 2024, por las comisiones económicas del Senado y Cámara el 11 de diciembre, le han generado un margen discrecional al gobierno nacional en la gestión del presupuesto que le permite ajustar las partidas de gastos al ingreso aprobado y eliminar la discrepancia de ambos en uso de los criterios que considere relevantes y convenientes para hacer ese ajuste. Sin duda, un resultado indeseado de la gestión legislativa, que revela una falencia en la gestión presupuestal, ante un Congreso que seguramente hubiese preferido discutir las prioridades presupuestales de manera explícita y formal.

La necesidad del recorte de $12 billones (denominado “aplazamiento” en el proyecto de decreto 0069 de enero 24 de 2025) se ve reforzada por la precaria evolución de los ingresos tributarios, ya que, como lo afirma el decreto, en “las proyecciones del presupuesto de rentas y recursos de capital para el año 2025 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los recaudos que se espera percibir no son suficientes para financiar los gastos fijados en el decreto mediante el cual se expidió el Presupuesto General de la Nación”.

Hay partidas especialmente sensibles en el ajuste: $2,8 billones en transferencias a Colpensiones, que el propio ministro de Hacienda y Crédito Público ya ha anunciado que se revisarán; ajustes a la inversión por $4,4 billones, que afectan una variada gama de proyectos regionales, como la primera línea del Metro de Bogotá, el Metro ligero de Medellín, la Troncal de calle 13 en Bogotá, y que han suscitado reacciones de autoridades municipales; aplazamientos de gasto de funcionamiento y de inversión en el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional (por $0,9 billones), en un momento particularmente complejo de tensiones en la seguridad en el país, y el recorte de $0,6 billones en los recursos del Consejo Nacional Electoral, que afectará “las actividades preparatorias para las elecciones de Congreso de la República y presidenciales a celebrarse en el año 2026”, según el comunicado de prensa de enero 27 del Consejo.

Son temas todos de gran trascendencia, que deberían revisarse para evitar consecuencias funestas sobre el funcionamiento del Estado, sobre la cohesión entre las diversas instancias del poder público y sobre la confianza de los ciudadanos acerca de la transparencia electoral, pero que quizá son el abrebocas a una situación más compleja que ya se avizora en el pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) de enero 28 de 2025, que afirma que probablemente el déficit fiscal en 2024 “habría superado en alrededor de COP 21 billones la meta establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo” y que, a su juicio, “el cumplimiento de la regla fiscal en 2025 y la estabilización de las finanzas públicas requieren un ajuste fiscal adicional de alrededor de COP 40 billones”.

DIAN — Foto: Alcaldía de Bogotá Sin duda, la evolución del recaudo tributario en 2024 ha sido decepcionante

Sin duda, la evolución del recaudo tributario en 2024 ha sido decepcionante: a noviembre de 2024 los recaudos nominales totales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) decrecían el 5,5 %, al pasar de $263 billones en 2023 a $249 billones en 2024, lo que implica una caída superior al 10 % en los impuestos reales, dada una inflación anual del 5,2 % observada en ese mes. Los recaudos de renta, en particular, caían 14,4 %, por el efecto combinado de la inexequibilidad de la norma de la reforma tributaria que prohibía a las empresas la deducción de las regalías pagadas y que condujo a que, tras duplicarse en 2023, cuando estuvo vigente la norma, las cuotas de renta cayeran en 40,8 % en el acumulado a noviembre de 2024; y del débil dinamismo impositivo del país, que refleja sin duda un bajo crecimiento económico, pero también las dificultades que seguramente experimentan muchas empresas, en un entorno económico complejo que no logra incentivar la participación activa del sector privado en el progreso económico.

Quizá la lectura adecuada de estos hechos es la siguiente: la prosperidad económica, la confianza empresarial y la sostenibilidad fiscal se alimentan mutuamente. Un ambiente económico favorable impulsa la inversión y el crecimiento, incrementa los recaudos tributarios y abre espacio a políticas sociales sostenibles que permiten generar bienestar para la población, especialmente entre aquellos que tienen menos oportunidades. En cambio, la desconfianza empresarial, que se refleja en el clima de inversión, genera bajos recaudos tributarios y rentas insuficientes que limitan la capacidad del Gobierno para implementar los programas sociales que quiere impulsar, que llevarían a una mejor condición de vida a los colombianos.

Pero cierta animadversión pública al sector empresarial que se manifiesta en múltiples frentes como en el sistema de salud, en el que se desconocen los logros alcanzados, al asumir una actitud hostil acerca del sector privado; o en el sector eléctrico, en el que se siembran dudas acerca del comportamiento de las empresas del sector, en lugar de consolidar una regulación adecuada que permita el funcionamiento eficiente del mercado eléctrico, lleva a un deterioro del ambiente de inversión que se traduce en bajos coeficientes de inversión y en la reducción del potencial de crecimiento de la economía. Si se invierte apenas el 17,4 % del PIB, como ha sido el caso en 2024, es muy difícil que podamos crecer a tasas iguales o superiores al 4 %, necesarias para atacar la pobreza y la precariedad en que viven muchos colombianos. Entre 2010 y 2019, el coeficiente de inversión estuvo en promedio en el 22,3 %, y sin duda, tendremos que retornar o incluso superar esos valores, para disfrutar de un crecimiento robusto que genere rentas fiscales adecuadas que permitan implementar políticas públicas ambiciosas.

Solo si se articulan los esfuerzos públicos con la iniciativa privada, en marcos regulatorios adecuados que garanticen el buen funcionamiento de los mercados, tendremos una economía vibrante y dinámica que permita una mejora sustancial de la calidad de vida de los colombianos y reduzca las desigualdades que nos agobian. Muchas iniciativas sociales loables no producen el efecto deseado porque no logran alinear los incentivos de los agentes para producir los impactos esperados. Generan desembolsos a menudo cuantiosos, pero no logran resultados efectivos porque se omite en su diseño el análisis cuidadoso de las interacciones que producen y de los incentivos que despliegan. No se trata solo de identificar necesidades o de imaginar beneficios: se trata de diseñar mecanismos adecuados que permitan, de manera sostenible, plasmar los propósitos en resultados. Y sin duda, tener en cuenta de manera expresa la percepción pública de los “aplazamientos” presupuestales contribuirá a un mejor ambiente económico, que conduzca a mejorar los resultados de las políticas públicas, en circunstancias fiscales complejas como las que se viven en el momento.

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