Un acuerdo exitoso

El acuerdo entre el gobierno, los empresarios y las organizaciones sindicales para aumentar del salario mínimo parece un buen ejemplo de concertación bajo el gobierno del cambio:

• Los sindicatos fueron un poco más moderados de lo que hubiesen sido ante un gobierno de derecha y tras un año de inflación acelerada;
• Los empresarios fueron más moderados de lo que hubieran podido ser ante las perspectivas de desaceleración económica que se derivan del contexto internacional, y
• El gobierno nacional aportó declaraciones oportunas que facilitaron y concretaron el acuerdo.

Al final, se respetaron las reglas del juego establecidas, que se resumen en: (a) Preservar la capacidad adquisitiva del salario ante la inflación, que cerrará el año en 12,5 %, y (b) Incorporar el aumento de la productividad, estimado esta vez por el DANE en 1,24 %, mediante un modelo tipo KLEM —que considera no sólo capital y trabajo en la función de producción, sino los insumos intermedios—. Y esta vez se produjo además un aumento adicional del orden del 2,3 %.

Pero son notables tres aspectos en el proceso:

1. La expresa referencia del propio presidente a la limitada cobertura del salario mínimo, en un país donde el 46,1 % de la población ocupada recibe menos del 90 % de ese salario por su condición de informalidad;
2. El probable aumento efectivo del salario real que se dará en 2023 si la inflación se reduce al 7,5 % como lo esperan la mayoría de los agentes, y
3. El consenso entre los agentes involucrados de trabajar en frentes complementarios para disminuir las presiones inflacionarias, lo que supone, por ejemplo, revisar algunos indexadores que crearían presiones inflacionarias a partir del aumento salarial.

El gran desafío

Todo esto muestra que agentes públicos y privados son conscientes del gran reto que enfrentamos, y que podría resumirse en la triple D: deuda social, déficit fiscal y desarrollo productivo.

Sin duda, la reforma tributaria ya habría avanzado en relación con la deuda social y con el déficit fiscal si, como lo ha prometido el ministro de Hacienda, los recursos que añada se destinan a políticas sociales focalizadas, con un estricto cumplimiento de las restricciones impuestas por la regla fiscal.

Pero quedan por definir las políticas de desarrollo productivo que permitan aprovechar las inmensas oportunidades que se le abren a Colombia a raíz de las disrupciones en las cadenas de valor, el desacople entre China y Estados Unidos y la riqueza de nuestros recursos naturales.

Esta no será una tarea fácil: vivimos tiempos dominados por la revolución digital, por una realidad energética complicada y por cambios profundos en los hábitos de consumo, de comunicación y de ensoñación de las personas. Todo esto conlleva grandes retos a la capacidad de diseño y de ejecución de las sociedades, especialmente de aquellas que transitan estadios medios de desarrollo productivo, como la nuestra.

Mucha de la sabiduría tradicional deberá ser desechada, al igual que muchas de las políticas que hemos intentado para transformar el sistema económico de Colombia con escaso éxito. En cambio, tendremos que inventar una nueva forma de relacionamiento entre sector público y sector privado, que nos permita acometer las grandes acciones que transformarán el país, con más riqueza, más bienestar y un mayor acceso de las personas al progreso.

Qué se espera del próximo año

El año cerrará con un crecimiento significativo, del orden del 8 %, pero 2023 se prevé difícil a causa de los retos que enfrenta la economía mundial y de las vulnerabilidades que exhibe nuestra economía.

El crecimiento estará probablemente por debajo del 2 % y el desempleo se elevará de nuevo por encima del 11 %, tras haberse ubicado por debajo de ese nivel en octubre, con un registro del 10,4 %, por primera vez después de la pandemia.

En la economía mundial, el progresivo endurecimiento de las políticas monetarias en los países avanzados, especialmente en Estados Unidos, ha implicado alzas en las tasas de interés y una progresiva contracción de la liquidez por parte de los bancos centrales. Esto afectará seguramente la actitud ante el riesgo de inversionistas y agentes financieros, presionará el alza los costos de financiación de agentes públicos y privados y endurecerá de manera significativa las condiciones de acceso a crédito y a flujos de capital.

El elevado déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia llegó a ser de 7,2 puntos del PIB en el tercer trimestre de 2022. Esto es una señal de alarma, que deberá inhibirnos de políticas públicas que debiliten nuestra posición exportadora, o hagan más frágil la capacidad de ahorro. En Colombia, la brecha entre inversión y ahorro se ha mantenido por encima de 4,6 puntos del PIB desde 2014, llegando incluso a registros anuales de 6,3 % del PIB en 2021.

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Reformar las reformas

Dos reformas serán particularmente complicadas: la transformación energética y la reforma pensional.

La primera, porque podría debilitar la posición exportadora del país, impidiéndonos aprovechar un recurso tan importante como el petróleo, en aras de mantener limpia una matriz energética ya de por sí muy limpia por su alta participación de recursos hídricos. La segunda, la reforma pensional, porque disminuiría la capacidad de ahorro de un país que necesita imperiosamente de invertir esos ahorros para acelerar el crecimiento.

Lo más inteligente sería aprovechar el recurso no renovable para facilitar la transformación energética. Destinar la totalidad de los recursos públicos que se obtengan de las exportaciones de hidrocarburos, bien sea la infraestructura para el desarrollo productivo regional, o a fortalecer las capacidades de desarrollo de las personas en las regiones, sería más sensato en el largo plazo que renunciar a una riqueza de la que tendríamos más bien que sacar provecho para convertirnos en una potencia de la vida.

Lo primero se haría a través de regalías —ya eximidas de deducción fiscal por la reforma— y lo segundo, mediante un Fondo Público de Capital, cuya restricción esencial estaría en que sólo podría convertir riqueza natural en capital humano o social para el desarrollo y el crecimiento.

En cuanto a la reforma pensional, es indudable su importancia: es un sistema aún más inequitativo que la propia distribución básica del ingreso, con un Gini superior a 0,6, y sólo una cuarta parte de las personas en edad de jubilación disfruta de acceso al sistema.

Sin embargo, sería preferible un sistema de tres pilares:

• uno básico, de reparto simple, que opere sobre el primer salario mínimo;
• uno de ahorro individual, que opere sobre ingresos superiores a ese primer salario, en instituciones financieras públicas o privadas, y
• un pilar solidario, que mejore el sistema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) con seguros de desempleo y aportes solidarios.

Esto produciría mayor equidad y sería más fácil de apalancar con recurso públicos a lo largo del tiempo, evitando que se convierta en un dolor de cabeza para futuras generaciones.

La otra reforma en ciernes es la de la salud, que también conlleva un reto enorme para un sistema notable por su cobertura y por la baja carga de gastos de bolsillo para la gente, teniendo en cuenta sus fallas en el acceso.

Sería un desacierto confundir la intermediación financiera con la gestión del riesgo en salud. Las EPS no producen su ganancia de la intermediación de recursos financieros, sino de su papel como gestores de riesgo del sistema.

La gestión de riesgos, acompañada de redes de servicio y de formas de contratación con incentivos adecuados son el camino correcto para optimizar el uso de recursos, en un sistema que estará sometido a inmensas presiones futuras por el envejecimiento de la población, el aumento de demanda de servicios y la inclusión de nuevas tecnologías.

El próximo año será sin duda decisivo para el futuro del país por los retos que enfrenta y las reformas que se discutirán durante los próximos meses.

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