¿Por qué se recorta el presupuesto?

El Presupuesto General de la Nación y la reforma al Sistema General de Participaciones, dos asuntos fundamentales para el año 2025.

Los presupuestos, como su nombre lo indica, son una suposición exante o previa de cómo se van a comportar los ingresos y gastos de una familia, y en este caso que nos compete, de un país. Por su nivel de importancia la aprobación del presupuesto es la ley económica más importante del año y en ella concurren el Congreso y el Gobierno, aunque siempre con la iniciativa de este último.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023 se programaron ingresos difíciles de materializar por cerca de 1,6 % del Producto Interno Bruto o, en plata blanca, cerca de 42 billones de pesos. Entidades como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtieron la imposibilidad de materializar estos ingresos; particularmente quince billones de pesos producto de la gestión de litigios de la DIAN. Como prácticamente todo el mundo hizo advertencias sobre la imposibilidad de cumplir estas metas, se puede concluir que el Gobierno hizo cuentas alegres con el presupuesto y al no poder materializar los ingresos para soportar los gastos, el único camino que queda es recortar.

El recorte al presupuesto anunciado por el Gobierno suma entonces 8,4 billones al recorte efectuado en junio por veinte billones de pesos. Aunque no existe en el momento de escritura de esta columna un borrador oficial del Ministerio de Hacienda, el exministro Ricardo Bonilla mencionó que los recortes se concentran en el Ministerio de Transporte, por $1,4 billones; el Ministerio de Agricultura, $1,2 billones, y el Ministerio de Vivienda, $647.000 millones. 

Estos dos últimos sectores son clave para la reactivación económica y es precisamente la economía lo que explica también las bajas cifras del recaudo: el año pasado Colombia apenas creció 0,6 %, y quedó a poco de la recesión. 

El impacto de la decisión de la Corte sobre la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta de las empresas también asestó un duro golpe a las finanzas del Gobierno: el hecho de haber declarado inexequible este artículo de la reforma ha implicado que, según estimaciones de la Universidad del Rosario, la Nación deje de recibir entre 3,6 y 4 billones de pesos, casi la cuarta parte de la reforma tributaria de 2022. Este fallo no ha estado exento de críticas dado que no se pueden considerar las regalías como un costo de las empresas en sí mismo: las regalías representan la participación de la Nación en los ingresos que perciben estas compañías por explotar un bien que es propiedad en últimas de todos los colombianos, es decir, el suelo y el subsuelo. 

¿Qué esperar para 2025? 

Hay dos cuestiones en particular que merecen atención para el próximo año: el presupuesto de 2025 y la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).

Presupuesto de 2025: En el presupuesto de 2025 el Gobierno continúa haciendo cuentas alegres por el lado de los ingresos: no existe consistencia entre lo planteado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Presupuesto General de la Nación (PGN). La diferencia entre ambos documentos es de cerca de 31 billones de pesos: 14,6 billones producto de nuevamente una proyección cuestionable sobre el recaudo de la DIAN, 4,5 billones producto de mejores dividendos de Ecopetrol y otras empresas públicas; justo en momentos en que la acción de la compañía ha caído a niveles no vistos desde la pandemia y de la difícil aprobación por tiempos y clima político de la Ley de Financiamiento para completar doce billones de pesos, fundamentales para la inversión pública en un presupuesto altamente inflexible.

Esta ley se configura como la segunda reforma tributaria que presenta el gobierno Petro. Se recaudarían en total 18,5 billones entre los años 2025 y 2030, con el grueso de su recaudo concentrado en 2025 para permitir equilibrar el presupuesto. Del total de doce billones faltantes para financiar el presupuesto de 2025 el Gobierno está solicitando al Congreso poder ampliar el cupo de endeudamiento o, en otras palabras, la tarjeta de crédito del país por hasta 5,3 billones de pesos. Aumentar el cupo de la tarjeta sin tener certeza clara sobre cómo se van a financiar los ingresos a mediano plazo del país eleva los intereses que paga el país y el servicio de deuda, precisamente en un escenario donde la deuda aumenta para 2025 cerca del 20 % y la inversión pública cae 17 %.

Si bien esta ley contiene elementos positivos, como por ejemplo establecer mayor equidad en el impuesto de renta entre las grandes y las micro, pequeñas y medianas empresas, está concentrada en el gasto de corto plazo. Nuevamente el país repite la senda de múltiples reformas tributarias para sacar de apuros al gobierno de turno.

Reforma al Sistema General de Participaciones: De ser aprobada, la reforma al SGP implica un incremento de la participación de los departamentos y municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación del 20 % al 39,5 % en un período de transición de doce años. Sin embargo, aumentar un porcentaje puede en principio dar una imagen distorsionada del volumen de recursos que obtendrían los entes territoriales: ¿De qué sirve aumentar la participación de los departamentos y municipios en esos ingresos si la “torta” puede llegar a reducirse? Si los presupuestos se siguen recortando y el recaudo eventualmente sigue cayendo, podría darse el escenario de que los entes territoriales terminen con un volumen de competencias mayores sin que se asegure que las transferencias sean suficientes. 

Es cierto que para garantizar los derechos de educación básica y media, saneamiento básico y agua potable, los cuales se hacen con cargo al SGP, se requieren más recursos. Por ejemplo, el Informe de la Misión de Descentralización ha señalado cómo el presupuesto del SGP hoy es insuficiente para cumplir con el Programa de Alimentación Escolar y por lo tanto se entra a pagar este importantísimo gasto social con regalías: en los últimos once años se han incrementado en 700 % los recursos destinados a la alimentación y el transporte de las y los niños a las escuelas; el Ministerio de Educación aplicó una encuesta sobre 15 458 sedes de colegios donde demostró que el 55 % no cuenta hoy con agua potable, el 60 % no tiene acceso continuo a internet y el 41 % de las construcciones tienen más de cuarenta años. 

Sin embargo, para gastar más, se requieren más ingresos. El debate en últimas es el recaudo y como el recaudo es función de la estabilidad económica del país, vale la pena que se considere que en un país de múltiples carencias estructurales es necesario gastar más y mejor, pero también crear las capacidades necesarias para que este gasto creciente se acompañe de ingresos estructurales. En esto debería concentrarse la política económica del actual gobierno: creación de capacidades, la reindustrialización del país, apoyo al empresariado, entre otras medidas.

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