José Saade Figueroa, autor en Razón Pública
Foto: Emisora universidad de Boyacá

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El nuevo ministro de Hacienda mantuvo la fórmula para reajustar el precio de los combustibles. Pero esta fórmula esconde una maniobra contable y tiene costos altos para la población. ¿Cómo cambiarla?

José Daniel Saade Figueroa*

Empresa pública manejada como empresa privada

La fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia se basa en la premisa de garantizar el precio máximo a Ecopetrol, bajo el supuesto de que la gasolina podría venderse más cara por fuera del país. Con esta fórmula se garantiza el abastecimiento del mercado nacional.

En términos de economía política, la fórmula expresa los cambios en la propiedad de Ecopetrol, la empresa pública más importante de Colombia, que no escapa a los vientos privatizadores: Ecopetrol es hoy una empresa mixta: 89% pública y 11% privada.

Los accionistas privados se vinculan con el mundo de las finanzas internacionales. De allí el poder que hoy tienen en la economía global, cuyo motor principal es la prelación del sector financiero, o la llamada “financiarización”.

De modo paralelo con los cambios en la propiedad de la empresa está la idea de la llamada “endoprivatización”, o adopción de prácticas empresariales, gerenciales y administrativas del sector privado en el sector público. De aquí el olvido de la función social inherente a una empresa pública como Ecopetrol y la decisión de manejarla como un negocio más.

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El nuevo ministro

Ricardo Bonilla, nuevo ministro de Hacienda, fue presentado como parte del cambio hacia la “izquierda” del gobierno. Parecía que con él temblarían los mercados, pues llegó alguien que no daba la tranquilidad de José Antonio Ocampo.

Sin embargo, lo primero que hizo el ministro Bonilla fue aumentar el precio de la gasolina, siguiendo la misma fórmula de sus antecesores. Un anuncio claro para todo el establecimiento económico y, en especial, para los gremios afectados por el alza.

Mientras en Hacienda parecen estar muy tradicionales, la no muy célebre Irene Vélez, ministra de Minas, propone al país un camino distinto: considerar una tarifa diferencial en el precio de la gasolina.

Foto: Twitter: Ministerio de Minas y Energía - Aunque la propuesta de tarifa diferencial de la ministra de Minas y Energía es refrescante, carece de rigor.
De esta y otras maneras, Bonilla muestra ser más ortodoxo que su antecesor. Si bien el exministro Ocampo no fue el funcionario más progresista, al menos muestra una faceta lejana del fundamentalismo de mercado en sus obras académicas.

Bonilla realmente es, ante todo, un escudero del presidente Petro. En el mundo económico los más generosos lo clasifican como un keynesiano de manual, otros recuerdan su juventud en huestes trotskistas, algo bien efímero, pero lo curioso, y que en verdad lo define, es que es un ortodoxo muy petrista.

Opiniones encontradas

Ahora bien, todo en el gobierno de Petro parece mostrar una disputa por el sentido y profundidad de los cambios. Este tema no es la excepción.

Mientras en Hacienda parecen estar muy tradicionales, la no muy célebre Irene Vélez, ministra de Minas, propone al país un camino distinto: considerar una tarifa diferencial en el precio de la gasolina.

¿Qué tan sensatas son las dos opciones? Existe un problema financiero real, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FPEC), que está en alrededor de 30 billones de pesos, un poco más del recaudo de una reforma tributaria. Bajo estas circunstancias, la opción tradicional es aumentar el precio del combustible y anunciar que habrá que seguir subiéndolo.

Este es el argumento de la corriente principal y es la razón por la cual todos los economistas ortodoxos celebran los anuncios del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los políticos se resisten a adoptar esa estrategia porque   evidentemente no es una medida popular.

Y, como sucede a menudo en cuestiones económicas, una cosa es la aproximación de un libro de texto y otra los debates e impactos sociales de la medida. Por eso inquieta la respuesta de algunos sectores de la coalición de gobierno, quienes defienden la medida de Bonilla.

La maniobra contable

De todas maneras, ambos argumentos omiten el punto medular: la muy dudosa contabilidad del déficit que resulta de las diferencias en precios nacionales y los internacionales, que según la ley deben ser cubiertas por el FEPC.

Se trata de un subsidio a Ecopetrol por su costo de oportunidad al vender en Colombia en lugar de exportar todo el combustible. Pero el subsidio se paga con recursos públicos, que al final alimentan las utilidades de la empresa pública, donde el accionista mayoritario es el Estado y vuelve a ser parte del presupuesto nacional. Se saca de un bolsillo, para meterlo en otro, y después devolverlo.

Eso sí, con impactos contables que le sacan el quite a la regla fiscal porque la plata en cuestión no aumenta el gasto publico total.

Hoy por hoy el 70% del consumo de combustible del país se produce en el país y los impuestos equivalen al 25% del precio. Así, el aumento pensado en 600 pesos y la escalada prevista hasta llegar a un precio de 16.000 pesos galón serán mucho más costosos para la sociedad de lo que admiten los economistas ortodoxos.

La idea de que un manejo económico adecuado no necesariamente riñe con apuestas sociales es un anatema para la corriente económica principal.

Ajustando la fórmula

Por eso es necesario analizar a fondo la fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia. Esta fórmula es más un dogma favorable para los inversionistas privados que un instrumento útil para el bienestar de los colombianos.

El nombre técnico de la fórmula actual es “metodología del ingreso para el producto”. De esta manera el ingreso al productor es igual al costo internacional de los combustibles en el Golfo de México de Estados Unidos, suponiendo que Colombia es un exportador de gasolina, diésel y fuel oil. Es decir, no se toman en cuenta los costos nacionales sino los internacionales que dependen de los vaivenes geopolíticos y de las distintas situaciones de costo según el país.

La fórmula anterior no es el único camino, y por esto el gobierno debería considerar otras opciones. Lo principal es incluir factores internos como el costo de refinación, las utilidades para Ecopetrol, la competencia entre las empresas distribuidoras y los impuestos específicos que recauda el Estado.

Por eso es necesario analizar a fondo la fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia. Esta fórmula es más un dogma favorable para los inversionistas privados que un instrumento útil para el bienestar de los colombianos.

Diego Otero planteó una ruta para cambiar la fórmula del precio y un conjunto de medidas que no golpearán más los bolsillos de la población. En síntesis, ese camino consiste en:

  1. Abandonar las referencias internacionales para establecer el ingreso al productor.
  2. Utilizar el costo promedio interno de producción.
  3. Crear un fondo para financiar pensiones o para emergencias.
  4. Crear nuevos ingresos para el gobierno central.

Tiempo de cambio

Por todo lo anterior parece refrescante la idea de una tarifa diferencial que propone la ministra de Minas. No obstante, como otras bien intencionadas ideas del gobierno, la falta de rigor y técnica matan la idea antes siquiera de considerar su ejecución.

Para Colombia será mejor la coherencia de un gobierno que dice tener en el centro de su atención al pueblo y que ante todo trabaja sobre la idea de transformar el país.

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José Saade Figueroa

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José Saade Figueroa

*Politólogo especialista en Derecho Constitucional, Magister en Política Social

Foto: Elaboración propia

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Se necesita una reforma pensional para liberar al sistema del peso de las megapensiones y disminuir la desigualdad.

José Saade Figueroa*

Megapensiones

Cincuenta exparlamentarios demandaron al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se les reestablezcan sus mesadas pensionales.

La sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional fijo un monto máximo de 25 salarios mínimos para las pensiones de los funcionarios públicos. Desde entonces no paran las demandas de este tipo. Pero las demandas se han resuelto reiteradamente a favor del Estado y es probable que lo mismo ocurra en esta ocasión.

Esta situación revela un asunto preocupante: la inequidad del sistema pensional colombiano. Colombia es un país de bajos ingresos distribuidos desigualmente. Aquí las pensiones son el final de una vida laboral llena de obstáculos: escasez de empleos, inestabilidad en los mismos y baja remuneración.

Las llamadas megapensiones resultan alarmantes; son islas de riqueza en océanos de miseria. Pero el problema no son los montos elevados, sino que muchas personas no puedan siquiera acceder a una pensión.

Es popular atacar a los “ricos”, en especial si pertenecen a instituciones desprestigiadas como el Congreso, pero así no se corregirá la desigualdad.

Alrededor del 30% de la población colombiana vive en la informalidad, con ingresos por hogar inferiores a un salario mínimo y en condiciones de pobreza. Las discusiones sobre el salario mínimo o el sistema pensional no tocan a este segmento de la población.

El siguiente segmento son los hogares con ingresos entre uno y cuatro salarios mínimos. Este grupo representa el 60% de la población. El sistema pensional sí opera aquí, pero no completamente. Si se suman ambos grupos, el 90% de la población gana menos de cuatro millones de pesos.

Dentro del 10% restante de la población, las desigualdades son muy pronunciadas.  No son magnates, pero en Colombia lo parecen. El 2% de estos hogares más ricos reciben más de diez millones de pesos mensuales, el 1% recibe más de catorce millones, y unos pocos hogares tienen ingresos aún mayores. La cobertura del sistema pensional es mayor entre más altos sea los ingresos de los hogares.

La mezcla colombiana

El sistema pensional vigente se caracteriza por la cohabitación y competencia entre el subsistema público, administrado por Colpensiones, y el privado, administrado por las AFPs.

Estos sistemas son distintos: el primero se basa en el reparto intergeneracional, o donde los jóvenes contribuyen a las pensiones de los viejos. En el segundo cada persona lleva una cuenta de ahorro según sus cotizaciones.

Existen además algunos fondos púbicos para costear los regímenes de excepción al cual pertenecen los congresistas, los militares, el magisterio y algunas entidades territoriales.

Mucha gente no puede pensionarse con el sistema actual y si lo hacen, las mesadas son muy bajas o demasiado generosas para unos pocos. La cobertura total del sistema pensional es de apenas el 28%. Esto sucede por la informalidad y la desigualdad del mundo laboral colombiano.

La mayoría de las megapensiones corresponden al sector público. Por eso hay la creencia de que es mejor afiliarse a Colpensiones y esto a su vez hace que los voceros de los fondos privados insistan en el desmonte de esta institución y en la completa privatización del sistema.

la reforma pensional en Colombia
Foto: Wikimedia Commons - Las megapensiones son consecuencia de la desigualdad en la capacidad de presión de los altos funcionarios del Estado.

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La reforma de Petro

Una reforma pensional debe reducir las megapensiones y corregir el problema de la desigualdad. Pero las reformas tributarias recientes desconocen la raíz del problema.

Es popular atacar a los “ricos”, en especial si pertenecen a instituciones desprestigiadas como el Congreso, pero así no se corregirá la desigualdad. Primero hay que producir más riquezas, hay que tener las reservas suficientes para que la mayoría de la gente pueda pensionarse.

En hora buena, el presidente Petro ha dicho que sus ideas económicas se basa en en Mariana Mazzucato. Esta economista sostiene que el Estado no debe limitarse a corregir las fallas del mercado, sino que debe crear riquezas. Para eso se necesita un pacto multisectorial entre el sector público y el privado y demás sujetos productivos. El foco del ministro de Hacienda debe ser la organización económica del país y el desarrollo del capitalismo.

Una reforma pensional puede ser de tres tipos: paramétrica, organizacional o mixta.

Una reforma paramétrica se enfoca en las condiciones de acceso, períodos de cotización o edades de pensión. Una organizacional se enfoca en la modalidad del sistema y sus fuentes de financiación. Por su puesto las mixtas abordan ambos asuntos.

Las megapensiones son consecuencia de la desigualdad en la capacidad de presión de los altos funcionarios del Estado, y por eso en teoría son contrariara al principio de igualdad que estable la Constitución.

La propuesta ganadora en las elecciones presidenciales parece abogar por un modelo de pilares. En la práctica este modelo ya existe en los fondos privados, pues se garantiza una pensión mínima que debe ser cubierta por el Estado para quienes ganan hasta un salario mínimo, y para ello los fondos se apropian de casi una décima parte de lo que aportan los afiliados.

La propuesta de pilares tiene muchos antecedentes en el mundo, y en Colombia ha sido auspiciada por Fedesarrollo. El gobierno electo la acogió y amplió el monto mínimo de cotización del primer pilar, fijándolo en 4 salarios mínimos. Según esto, cerca al 90% de la población haría parte del modelo.

Esta reforma sería mixta, pero tendría más elementos organizacionales; pretende cambiar la cohabitación-competencia entre los sistemas pensionales por un modelo de complementariedad entre ambos.

El gobierno electo no ha especificado detalles sobre las megapensiones, pero la reforma puede ayudar a acortar las distancias.

Las megapensiones son consecuencia de la desigualdad en la capacidad de presión de los altos funcionarios del Estado, y por eso en teoría son contrariara al principio de igualdad que estable la Constitución.

Pero se necesitan una reforma pensional organizacional, una reforma fiscal y sobre todo una transformación económica en el país para solucionar el problema de la pobreza. Únicamente así se concebirán como inverosímiles las elevadas mesadas de unos pocos, pues los derechos estarán al alcance de las mayorías.

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José Saade Figueroa

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José Saade Figueroa

*Politólogo especialista en Derecho Constitucional, Magister en Política Social

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La reforma pensional que anunció el Gobierno busca favorecer a los fondos privados en perjuicio de Colpensiones.

José Saade Figueroa* Continue reading «La reforma pensional que Duque dijo que no, pero al fin sí»

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José Saade Figueroa

*Politólogo especialista en Derecho Constitucional, Magister en Política Social

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