Cuando el beneficio esperado de infringir la ley supera el costo esperado de ser descubierto y sancionado, alguien intentará infringirla.

En 1978, Julio César Turbay Ayala pronunció una frase que se convertiría en una de las expresiones más recordadas de la política colombiana: “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Hoy, casi medio siglo después, esta frase conserva una vigencia incómoda. No porque la corrupción tenga proporciones aceptables, sino porque obliga a plantear una pregunta mucho más incómoda: ¿Qué ocurre cuando, para algunos individuos, delinquir se convierte en una estrategia rentable?

Los incentivos detrás del delito

Algunos casos recientes nos permiten plantearnos dicha pregunta. Juliana Guerrero fue condenada en septiembre de 2026 a tres años de prisión, con posibilidad de ser excarcelada, por el delito de fraude procesal relacionado con la presentación de títulos académicos falsos para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes. No es un caso de corrupción y sería un error presentarlo como tal. Pero sí ilustra algo esencial: una conducta ilegal puede emprenderse cuando el beneficio esperado parece lo suficientemente alto frente al riesgo que el individuo percibe al asumirlo.

En la UNGRD el episodio fue distinto y de una magnitud diferente. La Procuraduría confirmó en 2025 las sanciones disciplinarias contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por el pago de sobrecostos en la adquisición de cuarenta carrotanques. Según el ente de control, los sobrecostos superaron los US$16.000 millones y representaron más del 54,0% de los precios reales de mercado. Aquí ya no estamos ante la decisión individual de falsificar un documento para acceder a un cargo, sino ante una actuación en el marco de un proceso de contratación pública, con varios participantes y controles institucionales.

Ecopetrol lleva la discusión a una escala aún mayor. Recientemente, una investigación recoge las afirmaciones de Luis Felipe Henao sobre 32 presuntos casos de corrupción identificados por una auditoría forense, así como sobre posibles irregularidades en los nombramientos, la contratación y el direccionamiento de negocios. Son señalamientos que deben ser analizados por las autoridades y no pueden convertirse en responsabilidades probadas por el mero hecho de haber sido publicados. A esto se suma la imputación de la Fiscalía al hoy expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público, actuación frente a la cual rigen el debido proceso y la presunción de inocencia.

Bajemos de los billones al precio de un celular. En mayo de 2026, la Fiscalía informó sobre la captura y judicialización de cuatro presuntos integrantes de una red dedicada al hurto de celulares en TransMilenio, en conciertos y en otros eventos masivos de Bogotá. Según el ente investigador, estas personas estarían involucradas en al menos siete eventos delictivos ocurridos en el último año.

Evidentemente, no tiene sentido poner estos episodios en el mismo saco. No son equivalentes el fraude procesal, los presuntos sobrecostos en una contratación pública, las acusaciones de irregularidades corporativas y el hurto de un celular. Cambian las víctimas, la magnitud del daño, los mecanismos y las ganancias. Pero lo que sí es común es algo menos visible: la estructura de incentivos que enfrenta quien decide infringir las reglas.

La ecuación que vuelve rentable el delito

Y es aquí donde entra la economía. Hace décadas, Gary Becker propuso analizar el delito como una decisión en la que los individuos comparan los beneficios esperados con los costos esperados de ser descubiertos y castigados. La intuición es muy elemental: si una persona obtiene un beneficio B, enfrenta una probabilidad p de ser descubierta y sancionada, y la sanción representa un costo S, el cálculo básico es B – pS. Cuando el primer término supera suficientemente al segundo, delinquir puede ser una estrategia racional.

No hace falta convertir este espacio en una clase de economía del crimen para entender la consecuencia. Quien decide delinquir no se limita a lo que establece el Código Penal. Observa lo que ocurre en la realidad. Observa cuántas veces otros fueron descubiertos, cuánto tardaron las investigaciones, cuántos terminaron condenados, qué parte de lo obtenido tuvieron que devolver y qué costo personal terminó produciendo la conducta. La ley establece la sanción, pero son las instituciones las que determinan, en gran medida, la probabilidad de que esta se materialice.

Por eso hay una diferencia fundamental entre la severidad y la certeza del castigo. Una pena de veinte años no necesariamente disuade más que una de diez si la primera tiene una probabilidad muy baja de aplicarse. Desde el punto de vista del individuo, 20 multiplicado por casi cero puede seguir siendo poco. La variable relevante no es únicamente cuánto se castiga, sino qué tan probable es que se imponga el castigo.

La impunidad convierte el delito en un equilibrio estable

Aplicar la teoría de juegos nos permite ir un paso más allá. Becker ayuda a entender la decisión individual; John Nash permite entender la interacción entre varios jugadores y cómo puede surgir un equilibrio a partir de sus decisiones. El ladrón de celulares no juega solo contra la víctima y la Policía. Existe una cadena en la que alguien roba, alguien recibe el teléfono, alguien lo revende y alguien lo compra. Cada participante observa los precios, los controles y los riesgos. Si cada eslabón obtiene un beneficio y enfrenta un riesgo limitado, el resultado puede ser estable: todos tienen incentivos para seguir participando. En términos de Nash, cada jugador puede estar respondiendo racionalmente. Lo que espera que hagan los demás, aunque el resultado del juego sea claramente perjudicial para la sociedad.

La corrupción funciona de manera similar, aunque mucho más sofisticada. En una operación irregular puede haber quien necesita una decisión, quien tiene la capacidad de tomarla, quien suministra información, quien intermedia, quien ejecuta y quien supervisa. El beneficio puede concentrarse en unos pocos, mientras que el costo se distribuye entre una empresa, el Estado, los accionistas o los ciudadanos. Cuando además existen asimetrías de información y múltiples niveles de decisión, identificar con precisión quién tomó la decisión relevante y quién obtuvo el beneficio puede resultar más difícil.

Ecopetrol resulta especialmente ilustrativo en este punto. El interés analítico del caso no radica en equipararlo a un hurto callejero, sino en mostrar que la lógica de incentivos también se manifiesta en organizaciones grandes y complejas. Cuando intervienen múltiples jugadores, el problema ya no consiste solo en aumentar el castigo. También consiste en reducir la posibilidad de que el beneficio privado quede concentrado mientras el riesgo se diluye entre procedimientos, intermediarios y responsabilidades compartidas. La gobernanza importa porque modifica el juego al que se enfrentan los participantes.

La UNGRD muestra otra dimensión. Si un proceso de contratación permite que alguien obtenga una ganancia privada considerable o facilite una transferencia de recursos y el costo esperado de ser descubierto parece pequeño frente a esa ganancia, el incentivo está servido. La sanción posterior puede ser importante y, en efecto, la Procuraduría ha impuesto sanciones en este caso. Pero desde el punto de vista preventivo, la pregunta fundamental es: ¿Qué hizo que el jugador considerara que valía la pena intentarlo?

El mismo razonamiento sirve para entender el hurto. El delincuente aprende de experiencias previas. Si la roba y no es identificada, su percepción del riesgo cambia. Si se descubre que determinados lugares, horarios o circunstancias reducen la probabilidad de captura, incorpora esa información en la siguiente decisión. El delito es un juego repetido: cada ronda aporta información para la siguiente. La impunidad no solo deja un delito sin castigo, también altera las expectativas de quienes observan el resultado.

Ahí aparece uno de los mecanismos más peligrosos. Una baja probabilidad percibida de castigo aumenta el beneficio esperado de delinquir. Un mayor beneficio esperado hace que la estrategia ilegal resulte más atractiva. Si muchos jugadores observan el mismo patrón, la conducta puede reproducirse y terminar convirtiéndose en una suerte de equilibrio: delinquir es una estrategia dominante porque los demás también perciben que puede funcionar.

El círculo vicioso de la impunidad

El fenómeno no se limita a quienes delinquen. También existe un juego entre los ciudadanos y el Estado. Denunciar requiere tiempo y esfuerzo y, en algunos casos, supone riesgos adicionales. Si el ciudadano cree que denunciar no dará resultados, tiene menos incentivos para hacerlo. Pero si muchos ciudadanos llegan a esa conclusión, el Estado recibe menos información, investiga con mayor dificultad y puede disminuir aún más su capacidad efectiva de sancionar. Menos denuncias producen menos información, menos información puede producir menos efectividad, y una menor expectativa de resultados vuelve a reducir los incentivos para denunciar.

Es un equilibrio que se refuerza por sí solo. Y eso explica por qué la discusión pública sobre seguridad y corrupción suele quedarse en el lugar equivocado. Se habla mucho de endurecer las penas, como si el problema principal fuera la magnitud del castigo. Pero si el riesgo de ser descubierto y sancionado sigue siendo bajo, aumentar una pena ya elevada puede modificar poco el comportamiento. La política criminal no puede reducirse a cambiar S cuando el verdadero problema está en p.

Cambiar el precio del delito

El Estado, en última instancia, es quien determina el precio del delito. Lo hace mediante la probabilidad de detección, la capacidad de investigación, la coordinación institucional, la celeridad de la justicia, la recuperación de activos y la certeza de la sanción. La pena establecida en la ley es solo una parte del precio. Para quien toma la decisión, el costo relevante es el costo esperado: la sanción multiplicada por la probabilidad de que efectivamente se imponga.

Esta distinción tiene una consecuencia práctica. No necesariamente se debe castigar cada vez más fuertemente; muchas veces, se necesita castigar con mayor certeza. Elevar p puede alterar los incentivos incluso sin aumentar S. Una Policía que identifica mejor, una Fiscalía que investiga mejor, una justicia que resuelve en tiempos razonables, organismos de control capaces de detectar tempranamente las irregularidades y mecanismos efectivos para recuperar los recursos pueden elevar el costo esperado del delito mucho más que otra reforma al Código Penal que simplemente aumente las penas y los castigos en el papel.

Por eso, la frase de Julio César Turbay Ayala puede verse hoy desde una perspectiva diferente. No se trata de aceptar una cantidad “justa” de corrupción. Se trata de entender que las instituciones generan incentivos y que los individuos responden a ellos. Una sociedad no puede aspirar a eliminar por decreto la posibilidad de que alguien quiera aprovecharse de los demás, pero sí puede construir un sistema en el que hacerlo sea cada vez menos rentable.

La cuenta que puede cambiar el juego

El ladrón de celulares hace cuentas. El comprador de celulares robados también. El funcionario que abusa de su posición hace cuentas. El contratista que participa en una operación irregular hace cuentas. Y el ciudadano que decide denunciar también. Todos hacen cuentas, todos conocen las reglas, pero, sobre todo, analizan sus resultados.

Por eso, cuando usted se pregunte por qué en Colombia delinquir paga, analice este interrogante con base en nuestros incentivos institucionales. Cuando el beneficio esperado de infringir la ley supera el costo esperado de ser descubierto y sancionado, alguien intentará infringirla. Y cuando ese cálculo se repite suficientes veces, el problema deja de ser la existencia de unos cuantos infractores y pasa a ser el equilibrio que generan las reglas.

Aquí la discusión de fondo no es cuánto más castigo podemos escribir en el papel. Es cuánto podemos aumentar la probabilidad de que quien decida delinquir pague efectivamente el costo de su decisión. Porque cuando el Estado logra elevar esa probabilidad, cambia la cuenta que hacen los jugadores. Y cuando cambia la cuenta, cambia el juego. Colombia no necesita que la corrupción tenga “justas proporciones”. Necesita dejar de ser una estrategia rentable para quienes la ejecutan.

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