El milagro es que departamentos y municipios se reconstruyan por sus propios medios

Los mandatarios de los municipios y departamentos afectados han hecho lo que está a su alcance para gestionar soluciones al desastre. Sin embargo, empieza a sentirse un clima de decepción y desesperanza ante la estrategia adoptada por el Gobierno, que realiza visitas, lidera reuniones y hace promesas, pero el nivel de cumplimiento es insignificante.

La segunda tragedia del terremoto del 10 de agosto de 2026 es la reconstrucción. Aunque el presidente De la Espriella ha visitado las zonas afectadas, su respuesta ha sido lenta y opaca: en lugar de asumir, liderar y financiar la recuperación de los municipios golpeados, ha trasladado buena parte de la responsabilidad a departamentos, alcaldías, damnificados, sector privado y cooperación internacional. 

El contraste con Andrés Pastrana en 1999 es claro: tres días después del terremoto del Eje Cafetero, su gobierno definió la financiación, creó una entidad responsable y nombró un gerente; así, 28 municipios de cinco departamentos avanzaron en su recuperación en un plazo de cuatro años. Hoy predominan medidas que facilitan el endeudamiento y la reasignación de recursos territoriales, sin un compromiso financiero equivalente por parte de la Nación.

Municipios y departamentos a suturar sus propias heridas

En el marco de la emergencia económica (Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026), el Gobierno ha expedido once decretos. Sin embargo, estos comprometen pocos recursos nacionales y transfieren a los territorios afectados la responsabilidad de financiar su propia reconstrucción. Incluso, les quita dinero a departamentos y municipios no afectados para financiar el Fondo Milagro, creado el pasado 9 de septiembre de 2026, mediante el Decreto  1379.  

Este fondo, encargado de dirigir la reconstrucción en todo el país, contará con una junta controlada por el gobierno nacional: cinco de sus siete miembros, con voz y voto, serán nombrados por el presidente, y otros dos serán delegados del Ejecutivo. Mientras decide desde Bogotá, excluye a los gobiernos departamentales y municipales, que conocen el territorio, enfrentan directamente la emergencia y cargarán con buena parte de sus costos.

Durante la emergencia, las gobernaciones y alcaldías de los departamentos y las ciudades no afectados podrán cofinanciar proyectos en otros territorios, previa autorización de las respectivas asambleas y concejos. Además, los departamentos no afectados deberán transferir al Fondo Milagro la mitad de la sobretasa al ACPM, mientras que los damnificados conservarán el total para su reconstrucción. Sin embargo, no está claro cómo se manejarán los recursos ya comprometidos ni cuánto llegará realmente a los municipios afectados.

El Decreto 1382 de 2026 autoriza a las asambleas y concejos a convertir recursos con destinación específica en ingresos de libre destinación para reasignarlos a la reconstrucción. En la práctica, esto obliga a reasignar fondos ya asignados a saneamiento básico, salud, educación o agua potable a la remoción de escombros, los albergues y la ayuda humanitaria. No hay recursos nuevos: solo se redistribuye el presupuesto, sacrificando otras inversiones esenciales.

Otra ventaja que les otorga el gobierno nacional a los alcaldes y gobernadores es que pueden contratar créditos de tesorería por hasta el 15% de sus ingresos corrientes, los cuales deberán pagar posteriormente. La administración central simplemente facilita el trámite de un endeudamiento.

Tampoco hay ayuda nacional cuando el Gobierno decreta que permitirá titularizar o comprometer de forma anticipada hasta el 10% de los recaudos tributarios que el territorio obtendrá en el futuro para ejecutar obras de reconstrucción. Sigue siendo un esfuerzo local.

El gobierno nacional también les permite a los concejos municipales decretar exenciones de algunos impuestos, como los de industria y comercio, delineación urbana y predial, y la habilitación de acuerdos de pago e incluso la condonación de intereses por deudas anteriores de los damnificados. Aquí debería entrar el gobierno nacional a financiar esos recursos que se dejarán de percibir, porque sin ellos las administraciones no podrán funcionar. 

Y como una dádiva, el gobierno nacional suspende las sanciones a los municipios que excedan los topes legales de gastos de funcionamiento, lo cual obviamente va a suceder, debido a una evidente caída en los ingresos de las alcaldías. 

El Gobierno suspende temporalmente algunos controles al saneamiento fiscal de la red hospitalaria, una medida insuficiente frente a su grave crisis financiera, sus deudas incobrables y las restricciones operativas de cuatrocientos centros de salud. El decreto debió asignar recursos de inmediato para restablecer la habilitación de los servicios.

Y aunque parece un chiste, el Gobierno anuncia que faculta a alcaldes y gobernadores para que usen temporalmente, en lo que falta de este año, los excedentes de los recursos del sector salud que no estén comprometidos, para que recuperen la infraestructura de la red pública, como si en verdad existiesen esos excedentes.

El Decreto 1382 permite a alcaldes y gobernadores usar excepcionalmente recursos del Fonpet para pagar nóminas de pensionados y liberar fondos locales destinados a atender el desastre. Sin embargo, esos recursos deberán reponerse.

La expectativa de obras por impuestos

La reconstrucción generó expectativas sobre la posibilidad de que las empresas financien y ejecuten obras con fondos provenientes de las zonas afectadas con cargo a sus impuestos. El Gobierno autorizó esta opción.

Además de las zonas Pedet y Zomac, los territorios afectados podrán recibir obras financiadas con un máximo del 50 % del impuesto de renta de las empresas que facturaron más de $1.760 millones en 2025. Sin embargo, el cupo anual sigue limitado a $1,14 billones, lejos de los $3 billones o $4 billones esperados para 2026 y 2027, porque el Gobierno no quiere ceder ese recaudo.

Los grandes empresarios anunciaron donaciones por $1,7 billones para la reconstrucción. El Gobierno espera canalizarlas a través del Fondo Milagro, aunque también se estudian alianzas regionales con participación de sectores público y privado. Algunos donantes ya actúan directamente a través de sus fundaciones, como es el caso de Cali y Chocó.

El gobierno nacional esquilma a los territorios

Aunque el Gobierno sabe que el terremoto agravará las finanzas territoriales, sigue trasladando a departamentos y municipios obligaciones nacionales, como el Plan de Alimentación Escolar y el aseguramiento del régimen subsidiado. En Risaralda, estas cargas representan $27.000 millones y $94.000 millones, respectivamente.

El traslado de responsabilidades sin financiación ahoga las finanzas territoriales y reduce los recursos para atender vías, nutrición infantil, protección social, servicios públicos y espacios comunitarios, entre otras obligaciones desatendidas por el gobierno nacional.

El terremoto retrasará a los territorios afectados

A pesar de que la naturaleza se ha ensañado con la región cafetera, como sucedió con un terremoto desastroso hace 27 años, esta se ha levantado airosa y ha recobrado sus bríos, a tal punto que los tres departamentos del denominado Eje Cafetero muestran niveles de competitividad cada vez mejores. 

En la última medición del Consejo Privado de Competitividad, Risaralda ocupó la cuarta posición, Caldas la octava y Quindío la novena. A grandes rasgos, esta región es la más competitiva de Colombia. Sin embargo, esto podría cambiar debido a los innumerables daños que el terremoto causó a la economía, la vivienda, la infraestructura vial, la salud, el empleo y la educación.

Mantener ciertos niveles de competitividad como base para la recuperación y la reactivación depende en gran medida de la velocidad, la eficiencia y la calidad de la reconstrucción de los territorios afectados.

La preocupación de los departamentos que más sufrieron los efectos del desastre es que las decisiones tomadas hasta el momento hacen presagiar que los procesos serán lentos y los recursos insuficientes. Y que la responsabilidad de la reconstrucción recaerá en los gobiernos departamentales y municipales, sin capacidad presupuestaria para responder.

Se teme que ejemplos de ineficiencia en los procesos reconstructivos del país puedan repetirse en esta ocasión. Se ponen sobre la mesa los casos de Gramalote (2010), donde la gestión demoró doce años y la calidad de las viviendas mostró fallas en sus estructuras, lo que conllevó demandas; el de Mocoa, uno de los fracasos más relevantes, porque nunca se entregaron las cerca de 1.500 viviendas prometidas después de una avalancha, y la corrupción desapareció cerca de $270.000 millones; el de Providencia, que es paradigmático, pues un huracán destruyó cerca de 2.600 viviendas y los cien días que dijo el gobierno de entonces que serían suficientes para la reconstrucción se alargaron infinitamente y aún no han concluido. 

Ya hay protestas

En 1999, cuando ocurrió el penúltimo gran terremoto en Colombia, no había redes sociales, la organización comunitaria era débil, la capacidad de protesta muy limitada, la circulación de información se hacía a través de canales institucionales que no admitían controversias, y había confianza en el Gobierno por su rápida respuesta y en la seriedad de la institución designada para liderar la reconstrucción.

En 2026 existe una hiperconexión que permite que la comunidad esté permanentemente informada y pueda ser convocada al instante para pronunciarse, presencialmente o virtualmente, ante cualquier acontecimiento. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en este momento: ya se escuchan protestas que han ido creciendo en intensidad en todos los estratos sociales, debido a la demora en la adopción de medidas claras sobre cómo será el proceso de reconstrucción, de dónde saldrán y cuántos serán los recursos nacionales, cómo será tratado el tema del desastre por el terremoto en el plan nacional de desarrollo y qué nivel de participación tendrán, en las decisiones, los gobiernos territoriales y las personas afectadas.

Es evidente que los alcaldes y gobernadores de los municipios y departamentos afectados han hecho lo que está a su alcance para gestionar soluciones al desastre. Han ofrecido albergues, alimentos, frazadas y medicamentos. Se han organizado institucionalmente para distribuir las donaciones que han recibido, pero que disminuyen a medida que van pasando las semanas. Han buscado recursos en sus finanzas, que suman, pero de manera marginal frente a la magnitud de la tragedia. La gente reconoce su esfuerzo.

Sin embargo, empieza a sentirse un clima de decepción y desesperanza ante la estrategia adoptada por el gobierno nacional, que realiza visitas, lidera reuniones y anuncia promesas, pero el nivel de cumplimiento es insignificante.

Desde el centro del país, se piensa que  la reconstrucción se reduce a demoler, retirar escombros, repartir ayudas y reparar infraestructura. Esta visión ignora el impacto humano. La respuesta oficial revictimiza a quienes perdieron familiares, patrimonio e ingresos, y a quienes viven en condiciones precarias y ven desvanecerse sus posibilidades de recuperación. El Gobierno central se equivoca al reducir a los damnificados a la población urbana pobre: el terremoto también destruyó algunas viviendas temporales y negocios de familias de mayores ingresos. En las zonas rurales, los daños son enormes; su dispersión dificulta dimensionarlos. En las personas que sufrieron los rigores del terremoto se percibe un dejo de tristeza, amargura, sufrimiento y miedo. Intentan no perder la esperanza, pero esta se va alejando con el paso de los días, cuando el terremoto ya no es la noticia principal y el país habla de otras cosas y de tragedias por venir, como la del Super Niño.

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