Plan patriota del siglo XXI: más allá de la evidencia empírica.

El llamado “Plan Patriota siglo XXI” promete reforzar la lucha contra el narcotráfico y recuperar la alianza estratégica con Estados Unidos. Sin embargo, la experiencia del Plan Colombia, sus costos sociales y ambientales y el nuevo escenario regional obligan a mirar más allá de la evidencia empírica y a cuestionar los alcances de una estrategia centrada en la respuesta militar.

El pasado 8 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella propuso su “Plan Patriota siglo XXI” durante la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Como resultado de esta visita, se firmaron dos memorandos de entendimiento: uno sobre minerales críticos y tierras raras y otro sobre energía nuclear civil. El gobierno colombiano los ha denominado, de manera bastante exagerada, “acuerdos de Barranquilla”. 

En ese marco, el Plan Patriota siglo XXI fue presentado por el gobierno nacional como una estrategia para devolver a Colombia a su lugar de aliado indiscutible de Estados Unidos mediante el fortalecimiento de las capacidades militares y de seguridad para enfrentar el “narcoterrorismo”, mediante la reanudación de las fumigaciones de cultivos de hoja de coca y un aparente refuerzo de las acciones de interdicción. Este anuncio, junto con otros hechos ocurridos durante la campaña presidencial, ha suscitado reacciones de sectores afines al Gobierno, que argumentan que es necesaria una estrategia como esta para hacer frente a los grupos armados y al crimen organizado en distintas regiones del país. Sin embargo, los argumentos en contra de esta iniciativa son contundentes y amplían su foco más allá de la producción de cocaína (en aumento significativo desde 2017) y su disponibilidad en las calles de Estados Unidos (alta y estable desde 2002). 

Independientemente de estos últimos argumentos, el gobierno del presidente De la Espriella está construyendo su narrativa, tal como lo hizo el expresidente Andrés Pastrana en su momento, para intentar legitimar y promover su estrategia de seguridad. Por ello, también es importante comprender el entorno internacional y regional que acompaña esta iniciativa, en un esfuerzo por estructurar una oposición que pueda trascender la ausencia de diálogo que el Gobierno querrá promover.  

La evidencia desde el Plan Colombia

Si bien el Plan Colombia permitió un fortalecimiento institucional en el país y, sobre todo, de las capacidades de las Fuerzas Militares y de seguridad, no puede considerarse un éxito rotundo. En primer lugar, a pesar del aumento de las fumigaciones aéreas, la erradicación forzada y las acciones de interdicción, durante su implementación no lograron reducir significativamente la producción de cocaína en Colombia, que se ha mantenido como su principal productora desde mediados de la década de los 90, ni disminuir su disponibilidad en las calles de Estados Unidos. 

En segundo lugar, tal como lo han documentado la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, la implementación del Plan Colombia, sobre todo en su versión de lucha contrainsurgente, tuvo efectos desastrosos en materia de derechos humanos, con aumento de la violencia paramilitar, desplazamiento forzado y degradación ambiental. Estos efectos, además, no pueden entenderse como meros costos sociales en una estrategia de seguridad, ya que los sectores de la sociedad colombiana que los asumieron también fueron despojados de sus formas de vida. 

En tercer lugar, el acuerdo de paz de 2016 establece mecanismos para la participación de las comunidades campesinas y cocaleras en los procesos de erradicación voluntaria y de sustitución de cultivos ilícitos, así como en el diseño de planes de desarrollo. Si bien el proceso de implementación del acuerdo ha tenido serias falencias, estas no son suficientes para desconocer el papel de estas comunidades en la búsqueda de alternativas frente al problema de las drogas ilícitas, más allá de las aproximaciones tradicionales en materia de seguridad. 

Finalmente, la presencia de grupos armados y del crimen organizado en Colombia es abrumadora y alarmante. Sin embargo, sus dinámicas en 2026 no son un calco de las dinámicas paramilitares y guerrilleras de 2002; sus economías ilegales también son distintas y su presencia territorial puede ser aún más diferenciada. En ese sentido, una estrategia de seguridad que se limite únicamente al fortalecimiento de las capacidades militares y de la fuerza pública, sin buscar lo que hay por debajo de esa presencia, es insuficiente para abordar la solución.

El ambiente para un plan patriota siglo XXI

Al acercarse a la situación internacional en la que el gobierno colombiano busca este plan patriota del siglo XXI, resaltan varios elementos que jugarían a su favor. En primer lugar, el crimen organizado es una de las principales amenazas percibidas en la región. Según el informe “Riesgo Político América Latina” de 2026 de la Universidad Católica de Chile, este riesgo ocupa el primer lugar entre los percibidos por tomadores de decisiones, líderes de opinión, expertos y académicos desde 2023. Colombia, además, es el país que reporta el mayor número de eventos (238) relacionados con economías criminales, por lo que no es extraño que se fortalezca el consenso sobre la necesidad de adoptar estrategias eficaces. 

En segundo lugar, los gobiernos de la región elegidos en los últimos años han girado hacia la derecha y la extrema derecha. Estos dan prioridad a los temas de seguridad desde una aproximación tradicional; además, son proclives a favorecer una presencia militar más intervencionista de Estados Unidos, en coherencia con la propuesta del presidente De la Espriella. Estos países se han sumado al Escudo de las Américas, iniciativa liderada por Estados Unidos, cuyos pilares dicen ser la cooperación económica, la defensa de la democracia contra grupos narcoterroristas y defensa del respeto mutuo por la soberanía. 

En tercer lugar, y en línea con el punto anterior, América Latina ha recibido más atención por parte de Estados Unidos, como lo muestran la iniciativa mencionada y la no tan novedosa Doctrina Donroe. Esto tiene como sustento temas de seguridad y migración (leída en clave de seguridad), pero también las reservas de minerales, metales y tierras raras de la región, cruciales para procesos como la transición energética y la propagación de la IA, que también han atraído la atención y la presencia de China. 

En cuarto lugar, los mecanismos de integración regional latinoamericanos se encuentran bastante debilitados. Iniciativas como Unasur y Celac, que se convirtieron en escenarios de diálogo político durante las primeras décadas del siglo XXI, han resultado fuertemente golpeadas por los cambios de gobierno y los alineamientos ideológicos más hacia la derecha. De igual forma, iniciativas de gobiernos de derecha, como el Grupo de Lima y Prosur, no lograron consolidarse, por lo que tampoco se reconstruyó la arquitectura regional desde esta orilla ideológica. Así las cosas, resulta difícil encontrar escenarios para la construcción de un bloque regional en oposición al intervencionismo estadounidense, como sí ocurrió frente a la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) durante los primeros años del siglo XXI. 

¿Y la respuesta de Estados Unidos?

Si bien el secretario de Estado Marco Rubio se mostró receptivo a la propuesta, no hay una respuesta formal por parte de Estados Unidos. Su ambición de recuperar espacio y dominio en América Latina no implica una aprobación tácita e inmediata de una propuesta como la que hizo el presidente De la Espriella (y sobre la que realmente no hay muchos detalles). El próximo 3 de noviembre se celebrarán las elecciones de mid-term, y sus resultados pueden incidir en el éxito que esta iniciativa pueda tener. 

Por ahora, los “acuerdos de Barranquilla” son simplemente dos memorandos de entendimiento entre Colombia y Estados Unidos, que no tienen carácter vinculante, pero sí pueden marcar el rumbo de la relación bilateral y de las estrategias de seguridad que se perfilen con mayor seriedad después del 3 de noviembre. El papel de países vecinos como Ecuador, Perú y Panamá también será relevante, no solo por las oportunidades de cooperación que se puedan generar, sino también por la competencia que pueda surgir entre ellos para atraer los recursos que provengan de Estados Unidos.

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