La niñez primero: la promesa que Colombia aún debe cumplir

Que cada niña, cada niño y cada adolescente pueda vivir con dignidad; crecer protegido; desarrollar plenamente sus capacidades; disfrutar de bienestar físico, mental y socioemocional, y heredar un ambiente sano donde construir su futuro.

Una promesa constitucional para la niñez

Hace 35 años nació la primera generación de colombianas y colombianos bajo una nueva Constitución. Hoy, aquellos bebés de 1991 tienen la misma edad que la Carta Política que prometió transformar su futuro. Fueron los primeros en crecer en un país que declaró que las niñas, los niños y los adolescentes dejarían de ser simples destinatarios de protección para convertirse en sujetos plenos de derechos. El artículo 44 consagró un principio extraordinario para su época: los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás. No era una declaración simbólica. Era una decisión política sobre el tipo de democracia que Colombia aspiraba a construir.

Treinta y cinco años después, otra generación de cerca de catorce millones de niñas, niños y adolescentes, según las proyecciones oficiales del DANE para el período 2018-2070, crece bajo esa misma promesa constitucional. Sin embargo, el aniversario plantea una pregunta inevitable: ¿Hasta qué punto el país logró convertir ese mandato jurídico en una realidad cotidiana? La respuesta no admite extremos. La Constitución de 1991 transformó profundamente la manera como Colombia entiende la infancia, pero todavía no ha logrado que la prevalencia de sus derechos sea el criterio que oriente de manera consistente las decisiones públicas y la vida social.

Del reconocimiento jurídico a la protección integral

La Constitución marcó un punto de inflexión. Inspirada en la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoció a la infancia como titular de derechos fundamentales, incorporó el principio del interés superior del niño y asignó a la familia, la sociedad y el Estado una responsabilidad compartida en su protección. 

Ese nuevo paradigma dio origen a una arquitectura institucional que se consolidó con la Ley 1098 de 2006 y con una sólida jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha reiterado que la prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes constituye un mandato vinculante para todas las autoridades y no una simple declaración programática.

Avances, paradojas y brechas pendientes

Los avances son innegables. Colombia redujo significativamente la mortalidad infantil, amplió la cobertura educativa, fortaleció la vacunación, consolidó políticas para la primera infancia y desarrolló mecanismos de protección administrativa y judicial. Hoy existe un amplio consenso jurídico: la niñez no es un asunto privado de las familias, sino una responsabilidad compartida del Estado, la sociedad y la familia.

Sería injusto afirmar que la Constitución fracasó. Lo que muestran estos 35 años es una paradoja. Colombia cuenta con uno de los marcos constitucionales y legales más avanzados de América Latina para la protección de la niñez, pero persiste una amplia brecha entre el reconocimiento formal de los derechos y las condiciones reales para ejercerlos.

Esa distancia adquiere una dimensión aún mayor si se considera el contexto demográfico. Las proyecciones del DANE muestran un país que envejece progresivamente y en el que la proporción de niñas, niños y adolescentes disminuirá en las próximas décadas. Paradójicamente, cuanto menor sea la población infantil en términos relativos, mayor será la responsabilidad colectiva de garantizar plenamente sus derechos. En una sociedad que envejece, cada niña y cada niño representan un activo estratégico para la sostenibilidad social, económica y democrática del país.

La mayor deuda, sin embargo, ya no es jurídica. Es la capacidad del Estado y de la sociedad para hacer efectiva la promesa constitucional en la vida cotidiana de millones de niñas, niños y adolescentes. Treinta y cinco años después, la pregunta ya no es únicamente si los derechos existen, sino si el país ha logrado garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo integral. Esa promesa puede leerse hoy a través de cinco fines esenciales de la protección integral: vivir con dignidad, crecer protegidos, desarrollar capacidades, vivir con bienestar y crecer en un ambiente sano. Es allí donde la Constitución encuentra su mayor desafío y donde también se revela la distancia entre el país que imaginó en 1991 y el que aún está por construirse.

Cinco fines para hacer efectiva la promesa

La verdadera prueba de la promesa constitucional comienza cuando se observa qué significa, en la práctica, garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. La protección integral no consiste únicamente en reconocer derechos, implica crear las condiciones para que puedan ejercerse plenamente. Treinta y cinco años después, esa promesa sigue enfrentando profundas brechas.

El primer fin de la protección integral es vivir con dignidad. Sin embargo, cerca del 48,2% de las niñas, niños y adolescentes viven en hogares en situación de pobreza monetaria y más de siete millones continúan creciendo en contextos de privación; de ellos, cerca de tres millones enfrentan pobreza extrema. La pobreza infantil no es solo una carencia de ingresos: limita el acceso a una alimentación adecuada, a una vivienda digna, a agua potable, a conectividad y a oportunidades para el desarrollo. Es la puerta de entrada a otras vulneraciones y la principal expresión de la desigualdad que la Constitución aspiró a superar.

El segundo fin es crecer protegidos. Colombia fortaleció su marco institucional para prevenir y atender las violencias contra la niñez, pero miles de niñas, niños y adolescentes siguen siendo víctimas de violencia física, psicológica y sexual, a menudo en los entornos que deberían protegerlos. A ello se suma la persistencia del conflicto armado. Hoy, 3,7 millones de niñas, niños y adolescentes requieren asistencia humanitaria como consecuencia del conflicto, los desplazamientos, los desastres y la migración. Allí donde el Estado ejerce menor fuerza, la prevalencia de los derechos reconocidos por la Constitución sigue siendo una promesa inconclusa.

El tercer fin consiste en desarrollar capacidades. La Constitución convirtió la educación en un derecho fundamental y el país ha ampliado significativamente la cobertura escolar. Sin embargo, más de 900.000 niñas, niños y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo, mientras las brechas territoriales y sociales siguen condicionando las trayectorias de aprendizaje. Garantizar este derecho implica mucho más que asegurar un cupo escolar: supone ofrecer oportunidades para aprender, participar, crear, jugar, hacer deporte y construir un proyecto de vida que no dependa del lugar de nacimiento ni de la condición económica de la familia.

El cuarto fin de la protección integral es vivir con bienestar. La Constitución reconoció el desarrollo armónico e integral cuando la salud mental infantil apenas ocupaba un lugar en la agenda pública. Hoy sabemos que este depende de la salud física, del equilibrio mental y del desarrollo socioemocional. Solo en 2024, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública registró 38.770 casos de intento de suicidio en Colombia, con una concentración significativa en adolescentes y jóvenes. La ansiedad, la depresión, el acoso escolar y las violencias en entornos digitales plantean nuevos desafíos para la garantía de derechos. Proteger el desarrollo integral exige fortalecer la atención en salud y construir entornos familiares, escolares y comunitarios que promuevan vínculos seguros, el bienestar y el desarrollo socioemocional desde la primera infancia.

El quinto fin de la protección integral es crecer en un ambiente sano. En 2025, Unicef advirtió, con base en el WorldRiskReport 2024, que Colombia es el cuarto país más vulnerable a los efectos del cambio climático del mundo y el primero en las Américas, pese a aportar apenas el 0,6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En 2024, la UNGRD registró cerca de 9.000 eventos asociados a amenazas de origen climático que afectaron a más de un millón de personas, al comprometer el acceso al agua, la alimentación, la educación y la salud, especialmente el de niñas, niños y adolescentes en los territorios más vulnerables. En este contexto, la gestión integral del riesgo deja de ser una respuesta a los desastres para convertirse en una política esencial de protección integral, orientada a reducir las desigualdades, fortalecer la resiliencia y garantizar el desarrollo integral de la niñez.

Derechos indivisibles y responsabilidad colectiva

Estas condiciones no operan de manera independiente. La pobreza incrementa la exposición a la violencia; la violencia favorece la deserción escolar; la exclusión educativa limita las oportunidades de desarrollo; las afectaciones a la salud física, mental y socioemocional reducen las capacidades para aprender y participar, y la degradación ambiental profundiza todas estas desigualdades. Los derechos de la niñez conforman un sistema indivisible: cuando uno se vulnera, los demás también se debilitan.

Por ello, la gran pregunta, 35 años después, no es si Colombia cuenta con un marco constitucional suficiente para proteger a la niñez. Lo tiene. La pregunta es por qué la prevalencia de sus derechos todavía no orienta de manera consistente las decisiones presupuestales, las prioridades del desarrollo y la acción del Estado. La deuda ya no es jurídica, es política, institucional y ética.

La Constitución de 1991 entendió que una democracia se mide por la forma como protege a quienes tienen menos poder para reclamar sus derechos. El verdadero homenaje a sus 35 años no consistirá en recordar el artículo 44, sino en hacer realidad la promesa que contiene: que cada niña, cada niño y cada adolescente pueda vivir con dignidad; crecer protegido; desarrollar plenamente sus capacidades; disfrutar de bienestar físico, mental y socioemocional, y heredar un ambiente sano donde construir su futuro.

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