El Plan Patriota Siglo XXI retoma instrumentos de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, pero surge en un escenario marcado por nuevas formas de violencia y por un giro estratégico de Washington. Más que un simple regreso al Plan Colombia, la propuesta plantea una disyuntiva entre fortalecer las capacidades del Estado y profundizar un alineamiento que podría reducir la autonomía del país.

Antes incluso de asumir la Presidencia, el presidente Abelardo de la Espriella ya había planteado la idea de un nuevo “Plan Patriota” para renovar la cooperación en materia de seguridad entre Colombia y Estados Unidos. El 8 de septiembre reafirmó la propuesta durante su encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Barranquilla, donde además manifestó su propósito de convertir nuevamente al país en el principal socio de seguridad de Washington en Suramérica. Con esta iniciativa, el Gobierno busca modernizar las capacidades militares y tecnológicas y complementarlas con un acuerdo plurianual contra el narcotráfico y las organizaciones armadas. 

¿Cuáles son, pues, el sentido y el alcance de la propuesta? ¿Se trata de revivir una fórmula conocida, considerada por algunos exitosa y por otros un fracaso? ¿funcionaría en el contexto actual, tanto interno como externo? Tales preguntas adquieren especial importancia tras un cuarto de siglo de intentos por encontrarle una solución definitiva al conflicto armado y por el papel central que Estados Unidos ha tenido en ello. 

Del Plan Colombia al Plan Patriota Siglo XXI

El Plan Patriota original formó parte de la transformación de la seguridad colombiana desarrollada en el marco del Plan Colombia. Este último había sido concebido durante el gobierno de Andrés Pastrana como una estrategia integral que combinaba la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico y la búsqueda de la paz. Sin embargo, la asistencia estadounidense terminó dando prioridad a la reducción de la oferta de drogas y la modernización de las Fuerzas Armadas.

En efecto, después del fracaso de las negociaciones con las FARC y, sobre todo, del 11 de septiembre de 2001, la separación entre la contrainsurgencia y la lucha antinarcóticos se hizo cada vez más tenue. Bajo el gobierno de Uribe, la política de Seguridad Democrática llevó esa convergencia al terreno mediante el Plan Patriota, una gran ofensiva implementada entre 2003 y 2006, dirigida a penetrar las retaguardias de las FARC y extender el control estatal. En ese sentido, se trató de la fase militar más intensa del Plan Colombia.

La propuesta de 2026 recupera parte de aquel repertorio. De la Espriella ha solicitado apoyo estadounidense para renovar la aviación, los radares y la movilidad, e incorpora también capacidades que responden a las transformaciones tecnológicas recientes, como los drones, los sistemas antiaéreos y la ciberdefensa. Al mismo tiempo, plantea retomar la fumigación aérea de los cultivos y la destrucción de laboratorios, rutas y finanzas criminales, al combinar interdicción, inteligencia y operaciones contra los grupos armados ilegales.

Hasta aquí, y en términos de una opción de carácter fundamentalmente coercitivo, la imagen de un retorno resulta convincente. No obstante, varios elementos señalan diferencias sustanciales que conciernen tanto a la dinámica de la violencia como al alcance mismo de la estrategia. En primer lugar, la naturaleza del conflicto ha mutado y el adversario ya no es exactamente el mismo. Las FARC que enfrentó el primer Plan Colombia constituían una insurgencia relativamente centralizada, con una estructura jerárquica y amplias retaguardias territoriales. Las organizaciones actuales operan de forma más fragmentada, combinan distintas economías ilícitas, se articulan en redes transnacionales y muestran una mayor capacidad para recomponerse tras las operaciones estatales. El problema, por tanto, ya no consiste únicamente en recuperar el dominio territorial frente a una organización insurgente.

En segundo lugar, si bien la estrategia militar fue el componente central del Plan Colombia durante varios años, no se limitó a ese componente. Desde su concepción inicial, se planteó como un proyecto de reconstrucción de las capacidades estatales que incluía la consolidación de las instituciones y la mejora de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones más afectadas por la violencia. Estos aspectos cobraron relevancia una vez que la derrota de las FARC abrió el espacio para el proceso de paz bajo el gobierno de Santos. 

En esa nueva etapa, Estados Unidos mantuvo su respaldo económico y político bajo el entendimiento de que el éxito militar era solo una primera fase de un proyecto de mayor envergadura, uno que debía avanzar en la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales que estaban en la base del conflicto armado. Esto constituyó la sustancia del proceso de negociación en La Habana y del posterior Acuerdo de paz. Vista desde una perspectiva más integral y de largo aliento, la reminiscencia que hace el actual gobierno del Plan Colombia resulta sesgada y cortoplacista.

Además de los cambios en las formas de violencia y de la lectura limitada de los vínculos históricos con Estados Unidos, es necesario considerar también la transformación actual de la política exterior estadounidene.

El nuevo escudo hemisférico de Washington

Para el segundo gobierno de Trump, América Latina no es únicamente un espacio donde enfrenta problemas específicos de migración, drogas y competencia económica, es el escenario privilegiado en el que su visión del mundo y su modo de ejercicio del poder se afirman con contundencia. La actual Estrategia de Seguridad Nacional formula explícitamente un “Corolario Trump a la Doctrina Monroe” que vincula los intereses vitales de Estados Unidos con el control del hemisferio. 

Comparada con la política exterior de las tres décadas anteriores, la actual Casa Blanca ha otorgado mayor importancia a limitar la presencia de potencias extrarregionales, controlar los flujos migratorios y garantizar el acceso a posiciones y recursos estratégicos; para ello, se ha valido más del garrote que de la zanahoria, al recurrir a la imposición de aranceles, la suspensión de las ayudas y el despliegue de operativos militares. 

Atrás, muy atrás, han ido quedando la defensa de la democracia, la protección de los derechos humanos, el multilateralismo y la promoción del libre comercio, otrora ejes organizadores de la relación con América Latina.

Este cambio de rumbo se hizo más tangible en marzo de 2026, cuando los responsables de Defensa y Seguridad de 17 países de la región suscribieron una declaración para ampliar la cooperación contra el “narcoterrorismo”, reforzar la seguridad fronteriza y proteger la infraestructura crítica. La iniciativa denominada Escudo de las Américas pretende articular los gobiernos que comparten la visión estadounidense sobre las amenazas regionales y fortalecer su capacidad para actuar conjuntamente. En ella, el narcotráfico deja de presentarse exclusivamente como un problema policial y judicial; los cárteles se incorporan a un marco de seguridad nacional, terrorismo y defensa del hemisferio, al tiempo que el Comando Sur adquiere un mayor protagonismo en la coordinación regional.

El Escudo aparece, pues, como la tentativa de construir un perímetro de seguridad hemisférico que permita enfrentar las amenazas antes de que alcancen directamente el territorio estadounidense. Formalmente, la coalición se basa en la voluntad de cooperación de los Estados soberanos. Políticamente, sin embargo, la definición de las amenazas, la filiación ideológica y el papel atribuido a la región que articula esa cooperación proceden en buena medida de las prioridades de la superpotencia.

Colombia ante el dilema: asociación o alineamiento

A partir de este contexto, el denominado Plan Patriota Siglo XXI adquiere un significado adicional. El gobierno de De la Espriella no se limita a solicitar cooperación técnica, sino que también adopta la perspectiva estratégica de Washington. Desde la posición gubernamental, se considera que existe una convergencia de intereses: Estados Unidos requiere socios capaces de contener redes criminales y Colombia necesita recuperar su capacidad ofensiva para enfrentar el deterioro de su seguridad. Este alineamiento se basa en la convicción de que ponerse al servicio de los objetivos de la Casa Blanca otorga acceso y ventajas automáticas; no obstante, en el actual panorama internacional, tales expectativas son optimistas, si no ingenuas.

La cuestión también afecta el posicionamiento en los niveles regional y global. El país podría convertirse en un nodo de inteligencia, entrenamiento y operaciones dentro de una coalición hemisférica. Esa transformación aumentaría su relevancia para la superpotencia, pero podría, simultáneamente, reducir su capacidad diplomática frente a los gobiernos que no comparten ni el Corolario Trump ni la idea de organizar la seguridad regional bajo el liderazgo de Estados Unidos.

Una alianza histórica, una autonomía en juego

Ante la pregunta inicial sobre la novedad de la propuesta, el Plan Patriota Siglo XXI recupera parte de la caja de herramientas desarrollada durante el Plan Colombia: cooperación militar, inteligencia, movilidad, interdicción y control territorial. En ese sentido, existe una continuidad histórica. 

No obstante, el significado político de esos instrumentos y el propósito de su uso han cambiado. El Plan original buscaba alterar la correlación de fuerzas en el conflicto colombiano y sentar las bases para su solución, en un marco de relacionamiento bilateral. El nuevo aparece cuando Estados Unidos vuelve a concebir explícitamente el hemisferio como un espacio de interés estratégico privilegiado y pretende organizar una coalición regional frente a amenazas intra y extra hemisféricas

Además de cuestionar si conviene o no volver al Plan Colombia, bajo qué supuestos y con qué propósito, cabe también preguntarse qué grado de autonomía quiere y puede conservar el país dentro de una arquitectura regional cuya orientación política y dirección estratégica provienen de Washington.

Los principales desafíos del Plan Patriota Siglo XXI consistirán, pues, en demostrar si se trata de una cooperación que, en efecto, contribuya a fortalecer el Estado colombiano, y en establecer si los objetivos de seguridad nacional son compatibles con la política hemisférica de Estados Unidos. Más allá de los helicópteros, los drones o los radares, allí reside probablemente la diferencia crucial entre recuperar una alianza histórica manteniendo la capacidad de negociación y los márgenes de maniobra, o convertirla en el único eje alrededor del cual se organice la inserción internacional y la política de seguridad del país.

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