La discusión se vuelve difícil cuando hay que decidir dónde termina la autonomía y comienza lo que un gobierno considera un problema de orden público; sobre todo porque alguien tendrá que determinar esa frontera y no da exactamente lo mismo quién lo haga ni cómo.

Las recientes declaraciones del presidente Abelardo De la Espriella, quien sostuvo que la autonomía universitaria no puede convertirse en una “patente de impunidad”, reabrieron el debate sobre los límites de esta garantía frente al orden público, la protesta estudiantil y la eventual intervención de la fuerza pública en los campus. 

La discusión sobre la autonomía universitaria suele centrarse en las movilizaciones estudiantiles y asociarse con imágenes de disturbios, encapuchados y choques violentos con la fuerza pública. Sus antecedentes se buscan con frecuencia en la Reforma de Córdoba (Argentina) de 1918, o incluso en la Constitución colombiana de 1991. Pero para reconstruir sus orígenes con mayor precisión, sin pretender abarcarlos por completo, es necesario retroceder varios siglos. Ese recorrido permite ampliar la mirada y evitar los reduccionismos en los que tantas veces termina atrapado el debate.

Bolonia y los primeros privilegios universitarios

En el siglo XII, Bolonia ya recibía estudiantes de distintos lugares de Europa y, aunque tenían la oportunidad de estudiar allí, ser extranjero no era precisamente un privilegio. Una de las prácticas de la época permitía, por ejemplo, cobrarle a un estudiante las deudas contraídas por otros compatriotas que habían huido; ante esto, estudiantes y maestros llevaron el problema ante Federico I Barbarroja y de allí surgió la Authentica Habita, que protegió a quienes se desplazaban para estudiar frente a ese tipo de represalias y contempló que, en determinados casos, pudieran ser juzgados por su maestro o por una autoridad de la Iglesia.

Además de contar con esta protección imperial, los estudiantes comenzaron a organizarse: primero, según sus lugares de procedencia, en las llamadas nationes, y algunas de estas agrupaciones terminaron formando universitates. A pesar del nombre, no pensemos todavía en la universidad que conocemos hoy en día; eran justamente corporaciones de estudiantes, con estatutos y asambleas, que elegían rectores y podían representar a sus miembros ante la ciudad. Pero no deja de ser significativo que, en plena Edad Media, en una sociedad altamente jerarquizada y atravesada por el poder de la Iglesia, aquellos estudiantes hubieran encontrado una forma de organizarse para decidir asuntos que les concernían directamente.

Privilegios, corporaciones y poder

A diferencia de Bolonia, en París fueron los maestros quienes se organizaron, en un contexto en el que también surgieron problemas con las autoridades de la ciudad. Por ejemplo, en el año 1200 se presentó un enfrentamiento entre estudiantes y habitantes de París, y en medio del suceso hombres al servicio del preboste, una autoridad del rey en la ciudad, intervinieron violentamente y dejaron varios estudiantes muertos. El asunto escaló hasta el rey Felipe II Augusto, quien castigó al preboste y concedió a maestros y estudiantes el llamado beneficio del foro (privilegium fori), lo que implicaba, entre otras cosas, que si un estudiante era detenido, debía ser entregado a la jurisdicción eclesiástica.

Este proceso continuó en 1215, cuando Robert de Courçon, legado del papa Inocencio III, promulgó estatutos que regulaban quién podía enseñar, qué debía estudiarse y bajo qué condiciones. Pero esto no evitó que las tensiones entre la comunidad académica y la ciudad resurgieran, y en 1229 hubo nuevos enfrentamientos en París, en los que murieron varios estudiantes; los maestros suspendieron las clases y muchos abandonaron la ciudad. Dos años después intervino el papa Gregorio IX con la bula Parens scientiarum, que reconoció a la corporación la posibilidad de dictar sus propias normas sobre distintos asuntos internos e incluso, bajo determinadas circunstancias, suspender la enseñanza.

Valga precisar que, hasta ese momento, no estamos hablando de autonomía universitaria en el sentido en que la entendemos actualmente, pues en la Edad Media muchos de esos beneficios o privilegios dependían justamente de quienes ejercían el poder. Emperadores, reyes y papas los concedían o reconocían, pero eso no minimiza lo que aquellas corporaciones habían logrado al establecer sus propias normas, elegir autoridades y tomar decisiones sobre su funcionamiento interno.

Varios siglos después, Francia tomó una dirección muy distinta. Durante la Revolución francesa, las antiguas universidades y facultades fueron suprimidas y, con Napoleón, apareció una Universidad Imperial fuertemente centralizada; en 1806 se creó el cuerpo encargado de la enseñanza pública y, dos años después, se estableció que nadie podía enseñar públicamente sin pertenecer a esa estructura o estar autorizado por ella. Además, quien estaba al frente de la Universidad Imperial era nombrado por el propio Napoleón.

Por su parte, en Prusia, Humboldt defendía otra idea y participó en la creación de la Universidad de Berlín, fundada en 1810. Consideraba que la ciencia necesitaba libertad para desarrollarse y que demasiada intervención estatal podía afectarla; pero tampoco proponía una universidad separada del Estado, al cual le atribuía responsabilidad por las condiciones del trabajo científico. Incluso defendía que el nombramiento de los profesores universitarios siguiera en manos del Estado.

El eco del Manifiesto Liminar en Colombia

En Latinoamérica, en 1918 en Córdoba, Argentina, los estudiantes se rebelaron contra una universidad que consideraban cerrada, clerical y poco dispuesta a renovarse. El Manifiesto Liminar cuestionó la autoridad profesoral sostenida únicamente por el cargo y reclamó otra relación entre quienes enseñaban y quienes aprendían, pero también una universidad más vinculada a los problemas de la sociedad. De esta manera, Córdoba terminó convirtiéndose en una referencia para movimientos estudiantiles de otros países de la región y la Reforma articuló reclamos que hoy son reconocibles, como el cogobierno, la libertad de cátedra, la extensión y la autonomía.

En Colombia, durante las primeras décadas del siglo XX, también hubo reclamos de reformas y, por supuesto, la experiencia de Córdoba era uno de sus referentes, aunque esta historia tiene un recorrido muy particular. A través de congresos estudiantiles y distintas movilizaciones, se defendía una reforma de la universidad que incluía, entre otras, la exigencia de autonomía. 

En 1935, durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, la Ley 68 reorganizó la Universidad Nacional, que hasta entonces funcionaba como un conjunto de facultades bastante dispersas entre sí; la convirtió en persona jurídica, estableció su patrimonio y abrió espacios de participación para profesores y estudiantes en su gobierno. Esta reforma también muestra que las aspiraciones del movimiento estudiantil trascendieron ese ámbito y se expresaron en la llamada Revolución en Marcha, un proyecto de modernización impulsado por el propio Estado y encabezado por un dirigente proveniente de la élite financiera y empresarial colombiana.

Años después, la Constitución de 1991 consagró la autonomía universitaria como garantía constitucional y estableció que las universidades pueden darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos. Un año después, la Ley 30 llevó esa autonomía a cuestiones mucho más concretas y reconoció que las universidades podían designar sus autoridades académicas y administrativas, organizar sus programas, seleccionar profesores, admitir estudiantes y administrar sus recursos. Han pasado más de tres décadas y esa ley, como bien sabemos, tampoco ha dejado de ser objeto de fuertes cuestionamientos, movilizaciones e intentos de reforma.

¿Para qué sirve la autonomía?

A estas alturas podríamos seguir buscando antecedentes y, con seguridad, encontraríamos muchos más, pero tampoco se trata de hacer una relación interminable. La pregunta que ahora podemos hacernos es: ¿Para qué necesita una universidad su autonomía? ¿Acaso la necesita para convertirse en una república independiente o para sustraerse de la Constitución y de las leyes?

Si quien gobierna pudiera decidir qué puede investigar una universidad, qué se puede enseñar en sus aulas o qué ideas pueden discutirse, poco importaría que esta pudiera elegir a su rector o redactar sus propios estatutos. De eso se trata también la autonomía: que el conocimiento y el pensamiento crítico no tengan que acomodarse a lo que un gobierno de turno, una iglesia, un partido o cualquier otro poder considere conveniente.

En nuestro país, esa discusión sobre la presencia de la fuerza pública en las universidades tiene, además, su propia historia. En junio de 1954, la Policía ingresó a la Universidad Nacional y allí murió el estudiante Uriel Gutiérrez; al día siguiente, durante las protestas por su muerte, varios estudiantes fueron asesinados por las Fuerzas Militares. Treinta años después, el 16 de mayo de 1984, la fuerza pública volvió a ingresar al campus en medio de una jornada que dejó heridos, decenas de detenidos y denuncias de graves violaciones de derechos humanos.

El peligro de las fronteras arbitrarias

Con esos antecedentes, la discusión de estos días no ocurre precisamente en el vacío, pues el recién posesionado presidente Abelardo De La Espriella afirmó que “la autonomía universitaria no está por encima del orden público” y anunció la creación de un protocolo para regular la intervención de las autoridades en las universidades. Aunque mantener el orden público y la seguridad son propósitos plenamente legítimos, nuestra historia nos muestra que el ingreso de la fuerza pública puede comprometer derechos y agravar los conflictos que pretende resolver. Por eso, la discusión exige que nos preguntemos quién decide cuándo se justifica una intervención, con qué criterios y qué garantías existen para impedir que una protesta o un conflicto universitario termine siendo tratado como una amenaza. Por ahora se ha anunciado la elaboración de ese protocolo y habrá que conocer el texto definitivo para saber exactamente cuáles serán sus alcances.

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ha dicho que el ingreso de la fuerza pública tradicionalmente no tiene efecto y que la solución pasa por identificar, con “inteligencia”, a quienes participan en hechos violentos. Parece una opción menos agresiva que ingresar tanquetas al campus, pero en una institución que también carga con la memoria de la actuación de organismos de inteligencia y seguridad del Estado, la palabra no resulta precisamente inocua.

Después de todo este recorrido, podemos volver al comienzo. Federico Barbarroja, Felipe II Augusto o Gregorio IX difícilmente pensaban en crear espacios de impunidad cuando reconocieron algunos de los privilegios que forman parte de esta historia. La discusión se vuelve bastante más difícil cuando hay que decidir dónde termina la autonomía y comienza aquello que un gobierno considera un problema de orden público; sobre todo porque alguien tendrá que decidir dónde queda esa frontera y, como ya lo vimos, no da exactamente lo mismo quién lo haga ni cómo.

Le recomendamos: Desde las universidades, la movilización y la aprobación legislativa: el camino de la reforma financiera a la Ley 30 de 1992