Las tensiones entre Duque y Petro alrededor de Ecopetrol muestran la necesidad de transitar hacia fuentes de energías renovables de una manera gradual y cuidadosa. Estas son las razones.
Esteban Rossi*
La junta de Ecopetrol
Ecopetrol se encuentra en medio de una controversia por la prolongación del período de la junta directiva hasta el año 2025. A raíz de esta decisión, adoptada en la asamblea ordinara del pasado 30 de marzo, el presidente electo Gustavo Petro publicó un trino incomodo porque considera que su antecesor carece del tacto para facilitar una transición ordenada. Por otra parte, el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló en una entrevista con Caracol Radio que se harán cambios en la junta de la compañía. Sin embargo, aclaró que esto no significará reemplazar a todos los miembros de la junta actual.
Conviene recordar que el Estado es el dueño mayoritario de Ecopetrol, con el 88,49 % de las acciones. Por lo tanto, es conveniente armonizar los planes del gobierno con los proyectos en ejecución y planes de la compañía. Los posibles desacuerdos sobre el rumbo que debe tomar Ecopetrol podrían traer serios problemas si se toman decesiones apresuradas. Por eso es deseable que el nuevo gobierno adopte una estrategia pragmática sin renunciar a sus compromisos sociales.
Una lenta transición
Los criterios técnicos que pueden orientar la transición energética obedecen a las propiedades físicas de la energía y la infraestructura necesaria para su producción, transmisión y consumo. Por eso nos enfrentamos a una paradoja: la transición hacia fuentes de energía bajas en carbono es un proceso inevitable pero muy lento. La sustitución gradual de estas fuentes de energía tomará varias décadas sin importar lo que haga el gobierno de turno.
Esta paradoja de la transición energética ha puesto a varios gobiernos de rodillas. Por ejemplo, el presidente Barack Obama (2009-2017) fracasó en su intento de fomentar la energía solar y desperdició alrededor de 500 millones de dólares apoyando proyectos como Solyndra. De forma similar, en la última década, Alemania, Corea y Estados Unidos dudaron sobre la conveniencia de la energía nuclear para después enfrentar problemas serios debidos a las limitaciones técnicas de la energía renovable.
La transición hacia fuentes de energía bajas en carbono es un proceso inevitable pero muy lento.
A raíz del conflicto en Ucrania, Europa occidental se enfrenta a una crisis energética monumental debido a la reducción en el suministro de gas proveniente de Rusia. Por tanto, conviene que el nuevo gobierno colombiano tome en cuenta estos aprendizajes y adopte una estrategia pragmática para administrar Ecopetrol. Asimismo, conviene recordar que acelerar la transición energética puede ser tan contraproducente como tratar de detenerla (Figura 1 y 2).
Coyuntura política
Por otro lado, el nuevo gobierno se enfrenta con una clásica coyuntura política sobre quiénes deben estar en la junta de Ecopetrol. La actual junta directiva se compone de líderes competentes como Carlos Gustavo Cano y Esteban Piedrahíta, que conocen bien las particularidades de la política colombiana. También se encuentran en la junta algunos amigos del uribismo que no cuentan con las credenciales gerenciales o técnicas para formar parte de una compañía como Ecopetrol. Por esta razón, la decisión de extender el periodo de los miembros de junta de 2 a 4 años causó desconcierto en el nuevo gobierno.
El nuevo gobierno deberá analizar rigurosamente las necesidades energéticas del país y el papel de Ecopetrol en la hacienda pública para después hacer algunos pilotos de fracking de forma cuidadosa.
Al parecer, pocos le prestan la debida atención a las reglas que debe cumplir una empresa pública y quedan pocas personas con la elegancia para presentar una renuncia protocolaria y ponerse a las órdenes del presidente electo. Es conveniente que este desencuentro se resuelva de forma ágil, sin perjudicar la buena gestión de Felipe Bayón y los esfuerzos de Ecopetrol para facilitar la transición energética. Es conveniente también contar con el apoyo de personas como Juan Carlos Echeverri, quien fue el presidente de la petrolera entre 2015 y 2017, para facilitar la renovación de la junta directiva.
Radicalismos y fracking
Próximamente, el nuevo gobierno deberá enfrentarse a las consecuencias del discurso ambientalista de línea dura. En campaña, Gustavo Petro propuso detener los proyectos de fracking y promover nuevas fuentes de energía. Estas propuestas despiertan muchas dudas puesto que pueden tener costos altísimos, aunque siguen cautivando a numerosos votantes y a las comunidades rurales que han sido perjudicadas por los grandes proyectos de extracción de hidrocarburos.
Sin embargo, es importante separar el discurso de campaña de los retos de la administración pública. El análisis de política energética incluye al menos tres aristas:
- Asegurar la soberanía energética del país.
- Proteger los negocios y empresas importantes para el Estado.
- Garantizar los derechos de las poblaciones vulnerables.
Por consiguiente, para balancear estas prioridades se deberán hacer sacrificios económicos, políticos y ambientales. En la próxima década, Colombia necesitará grandes cantidades de gas y de electricidad, de manera que cualquier retraso en la producción tendrá efectos serios en la economía y en la calidad de vida de las personas.
La producción de gas de fuentes no convencionales se necesita para satisfacer esta demanda y para producir ingresos en los próximos años. En el corto plazo, las energías renovables no tendrán efectos importantes sobre la oferta de energía que exige el país. Por esta razón, los esfuerzos del gobierno para fomentar la innovación y el aumento de las energías renovables se deben realizar a largo plazo.
El nuevo gobierno deberá analizar rigurosamente las necesidades energéticas del país y el papel de Ecopetrol en la hacienda pública para después hacer algunos pilotos de fracking de forma cuidadosa. Así, con un panorama más completo de costos y beneficios se podrán tomar decisiones de política minero-energética de largo alcance. Mientras se define esta política, conviene evitar las posturas radicales, mejorar el diálogo entre sectores y enfocar la atención en desarrollar mecanismos de compensación para las poblaciones vulnerables.
