Los bogotanos perciben una ciudad cada vez más insegura y las cifras los respaldan. ¿La solución es una policía local o el aumento de uniformados?
Nathalie Pabón Ayala*
Las críticas de la alcaldesa
En días pasados la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quien le falta menos de 6 meses para terminar su mandato, criticó el papel y la forma de organización que tiene la Policía Nacional hoy en día, atribuyendo los resultados negativos de la seguridad a la escasez de policía en la ciudad de Bogotá.
Con este tipo de afirmaciones la administración demuestra su desconocimiento sobre la gerencia de la seguridad ciudadana y la falta de responsabilidad como primera autoridad de policía para asumir los retos en esta materia.
Los datos
De acuerdo con la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana (2022) de Bogotá Cómo Vamos, el 37 % de las personas consultadas se sienten inseguras en la ciudad y el 73 % han sido víctimas de algún delito. Se identifica el atraco callejero como el problema más grave con un 65 %.
Uno de los datos que mayor alerta causa es que el 54 % de las personas están de acuerdo con defenderse por cuenta propia, lo que expone desconfianza, desconocimiento o desinterés por acudir a las autoridades correspondientes.
Frente a la institución de Policía, ejemplificada en Estaciones de Policía o CAI, el 50 % los encuestados expresaron favorabilidad y el otro 50 % desfavorabilidad.
Sin embargo, manifestaron mayor interés por resolver sus problemas mediante la Comisaría de Familia y las Casas de Justicia, un posible reconocimiento a mecanismos de atención con componentes de atención comunitaria, más expeditos para la resolución de conflictos.
La articulación interinstitucional con entidades del orden nacional y distrital es fundamental para contrarrestar los delitos de alto impacto.
Indicadores de seguridad y convivencia de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia reportaron una disminución del homicidio de 1142 a 1008 casos entre el año 2021 al 2022. Pero desde mayo de este año han registrado un aumento del 9,1 %.
Otros delitos como lesiones personales, violencia intrafamiliar, hurto a personas y hurto a celulares aumentaron 2,5 %, 24,5 %, 26,3 % y 14,5 %, respectivamente. Así, los datos de percepción y los de comportamiento de delitos continúan en aumento.
Un dato adicional a considerar y que despierta la atención es el número de policías que tiene en Bogotá. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas por cada 100.000 habitantes debería haber 300 policías, Bogotá está en el orden de tan solo 194 a 210 policías por cada 100.000 habitantes.
La alcaldía y la policía
La Constitución de 1991 define la responsabilidad de los alcaldes como primera autoridad de policía. Son quienes dirigen las políticas con las que deben garantizar la seguridad y convivencia en su jurisdicción.
La administración de Claudia López ha demostrado poco liderazgo al respecto y el resultado es una ciudadanía con mayor índice de victimización, con percepción de inseguridad y desconfianza con las instituciones.
La llegada de la pandemia marcó una dificultad para asumir los retos. Sin embargo, a casi 4 años de mandato, no fue clara la visión de ciudad en materia de convivencia y seguridad.
Si bien el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia -PISCCJ- plantea retos interesantes para la articulación interinstitucional y las acciones preventivas integradas, en su puesta en marcha no se han identificado resultados favorables para la ciudad.
El eficaz y confiado trabajo de articulación con la Policía es uno de los aspectos primordiales para el manejo de la seguridad. Si bien la ciudad carece del número de funcionarios de Policía esperado, la administración ha tenido dificultades en el manejo de esta relación y en asumir el liderazgo a través de la Secretaría de Seguridad.
La articulación interinstitucional con entidades del orden nacional y distrital es fundamental para contrarrestar los delitos de alto impacto. En Bogotá, este trabajo coordinado debe estar en cabeza de la administración distrital y enfocarse en sumar esfuerzos con las autoridades y organizaciones sociales, económicas y comunitarias; con las políticas y las actividades para la convivencia; y con la Policía y Fiscalía, para obtener resultados que permitan procesos transparentes, investigaciones efectivas y cruce y complemento de la información para la disminución de los delitos.
Aunque es cierto que se necesitan más policías, no es la única variable que influye en los resultados en seguridad y convivencia ciudadana.
¿Una policía propia?
Ahora bien, pensar en unos agentes civiles de policía propios para la ciudad tiene grandes retos.
El primero de ellos tiene que ver con la orientación doctrinal. La policía necesita una visión estratégica, una organización, una disciplina, una doctrina y unos controles que permitan a la autoridad civil tener liderazgo.
Se tendría que definir claramente si la ciudad propondría una organización, formación doctrina y normatividad diferentes a las nacionales y cómo se articularían con la Policía Nacional. Además, quién y cómo realizaría el control y la supervisión de esta nueva entidad cuando la legislación vigente no tiene alcance para un cuerpo policial local.
Surge entonces un segundo reto: la articulación con las entidades nacionales. La coordinación con entidades de investigación y judicialización y con el propio gobierno nacional crea desafíos de corresponsabilidad y coordinación de política pública.
El tercer reto es la financiación. Concentrar esfuerzos en la formación, en el sostenimiento, en las garantías laborales y en las pensiones a futuro puede salirle más caro a la ciudad que sumar esfuerzos con el gobierno nacional para fortalecer la policía actual.
La administración de Claudia López ha demostrado poco liderazgo al respecto y el resultado es una ciudadanía con mayor índice de victimización, con percepción de inseguridad y desconfianza con las instituciones.
Un último elemento para la reflexión es el relacionamiento en intervenciones, en operativos, en implementación de política en el servicio de policía, entre miembros de la Policía Nacional y los agentes propuestos. Es decir, preguntarse cuál será el procedimiento y/o protocolo para que la coordinación interinstitucional sea efectiva, respetuosa y transparente entre los dos grupos.
El liderazgo de la autoridad local
Los gobiernos nacional y locales deberían revisar permanentemente la seguridad ciudadana dada la transformación constante de los delitos.
La victimización de ciudadanas y ciudadanos, los medios de comunicación, la academia y las encuestas exponen grandes preocupaciones sobre el comportamiento de los delitos y cómo han sobrepasado la capacidad institucional.
El liderazgo de la autoridad civil es clave en las políticas en seguridad y convivencia ciudadana. A lo que debe sumarse:
- alineación y coordinación de políticas nacionales y locales;
- relacionamiento integrativo y valorativo de todos los actores responsables del mejoramiento de la seguridad y convivencia;
- diagnósticos actualizados y permanentes integrados con diferentes fuentes de información cuantitativas y cualitativas;
- aportes para mejorar la profesionalización de la policía;
- mecanismos de seguimiento y evaluación,
- y sistemas de transparencia y rendición de cuentas.
La ciudad verá resultados positivos en seguridad y convivencia cuando se entiendan los desafíos desde una visión estratégica.
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