El puente está quebrado….

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 propone convertir a Colombia en un líder mundial de protección de la vida. ¿Pero por qué no incluye acciones para prevenir eventos como el colapso del puente El Alambrado?

No son raras las noticias como la del 12 de abril en el río La Vieja, en el límite entre el Valle del Cauca y Quindío. Es claro que la tragedia no es un evento único, como lo expresó la gobernadora del Valle del Cauca: “Hoy se registró una nueva calamidad, se nos cayó este puente que conecta a la Tebaida con Caicedonia. Esta vía nos venía ayudando después de la emergencia registrada en el puente Barragán (…)”.

El 28 de octubre de 2022, el puente Barragán se derrumbó, y la vía alterna era el puente Alambrado.

La Ley 769 de 2022 usa el término “accidentes de tránsito”. Mientras tanto, el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, que tiene un enfoque de sistema seguro, usa el término «siniestro vial». Estos términos sugieren que los eventos en las vías, como las tragedias, pueden prevenirse.

Por lo tanto, surge la pregunta de quién es responsable de prevenir estas fallas en las vías y cómo pueden evitarse las pérdidas humanas causadas por ellas.

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Múltiples funciones de las vías y los puentes

Las franjas públicas, como las vías y los puentes, son esenciales para la intercomunicación de cualquier país. No solo conectan centros poblados o regiones, sino que deben garantizar la libre circulación de bienes y personas, especialmente en casos de emergencia.

Las infraestructuras viales y sus áreas aledañas son espacios públicos que deben permitir redes de servicios como poliductos, energía y acueductos. Estas infraestructuras son una parte importante de otros nodos de infraestructura, como puertos, aeropuertos y centros logísticos. También son esenciales para que el Estado pueda garantizar la seguridad y defensa nacional.

Por lo tanto, es de vital importancia contar con información precisa y confiable sobre las condiciones de estas infraestructuras.

Las vías tienen que atraer inversión y crear empleo para ser beneficiosas. Para lograr esto, es importante que estén en buenas condiciones físicas y operativas. Si las vías y puentes están dañados o son defectuosos, la economía y la seguridad de las personas se ve afectada de manera que puede ser grave. También puede disminuir la confianza de las personas en usarlas, lo que a su vez afecta la demanda.

Sin duda, todo esto tiene un efecto negativo en el cuarto eje de la «Transformación productiva, internacionalización y acción climática» del PND.

Sin control de calidad

Aunque Colombia es una economía pobre, ha sido muy activa en América Latina al desarrollar concesiones de infraestructuras de transporte en los últimos años. En 1991 se permitió que el capital privado participara en este sector y las empresas concesionarias demuestran tener habilidades y competencia.

Así pues, hoy contamos con casi 206 mil kilómetros de carreteras, 69 % de los cuales corresponden a vías terciarias. Pero apenas un 10 % de esas vías se encuentra en buen estado, según datos de INVÍAS.

Sin embargo, tanto los concesionarios como el Estado y sus instituciones tienen la responsabilidad de asegurar la seguridad, eficiencia y economía del tráfico actual de personas y mercancías en las vías (según la Ley 105 de 1993) y también de manejar el aumento del tráfico que puede darse debido a los cambios en los mercados y la globalización de la economía.

Las infraestructuras viales son propiedad del Estado, lo que significa que todas ellas deben recibir un trato justo y equitativo, sin importar si están concesionadas o no. Además, el Estado debe asegurar que se siga un enfoque de sistema seguro para la gestión de estas infraestructuras.

Los puentes son infraestructuras frágiles debido a la complejidad de la topografía y las condiciones climáticas extremas. Por lo tanto, es esencial que sean controlados regularmente por personal capacitado para garantizar que funcionen correctamente.

El puente El Alambrado

A continuación, transcribo y comento brevemente algunos apartes del memorando publicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)  en relación con El Alambrado:

• “La estructura fue construida en 1968 por HB Estructuras metálicas, a cargo del Ministerio de Obras Públicas; en el año 2005 estando a cargo del Instituto Nacional de Vías –INVIAS– fue entregado a la Concesión Autopistas del Café a través de Otrosí al Contrato de Concesión No. 0113, en las condiciones estructurales y de mantenimiento en que estaba, a esa fecha.”

Comento: es decir, la concesión se hizo 37 años después de su construcción.

• “En el año 2006 la Concesión contrató Estudio de Patología y Diseño de reforzamiento estructural para el Camión HS-20-44 a realizar en los puentes localizados en el Corredor Vial La Paila – Calarcá, incluido el Puente El Alambrado; con el Ingeniero Álvaro Pérez Arango.”

Pregunto: ¿Existen registros del reforzamiento? ¿Se hizo apropiadamente?

• “En septiembre 2022, (16 años después) el Grupo Constructor Autopistas del Café, contrató con Ingeniería Hernández Bernal SAS, una consultoría para realizar Patología y Análisis estructural de tres (3) Puentes: Alambrado, Bolillos y Consotá, tramos La Paila – Calarcá y Armenia – Pereira.”

Pregunto: ¿Cuáles fueron los resultados, la trazabilidad y la respuesta del concesionario? ¿Hubo verificación y validación por parte de la ANI, Invías y Mintransporte para abrir al uso público?  ¿Es normal que un puente falle de manera “súbita” después de una revisión en la que se afirmó que todo estaba bien?

Un instrumento para la revisión de puentes

Como usuaria y profesional de la ingeniería, debo referirme a la Resolución 0001528 del 23 de mayo de 2017, un instrumento para la gestión de los puentes del país.

Según esta resolución, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), en colaboración con el Ministerio de Transporte, es responsable de elaborar planes, programas y proyectos relacionados con la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias y cualquier obra necesaria para la infraestructura bajo su competencia.

Este instrumento es clave para la supervisión en tiempo real de los puentes y viaductos a cargo de la Nación. Esta resolución permite consolidar la información para asignar los recursos y las responsabilidades en los contratos de concesión y para intervenir las infraestructuras.

Además, la resolución ordena que actores públicos y privados puedan acceder a la información. Esto evita que los inversionistas privados hagan el balance de la condición de los puentes y tomen decisiones que no consideren los costos de transporte e indicadores logísticos.

Sobre el siniestro vial de El Alambrado, el Ministerio de Transporte, IMVIAS, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los concesionarios deben explicar el modus operandi en este asunto y el cumplimiento del principio de seguridad establecido en la Ley 105 de 1993.

Mejorías necesarias

Es importante que el gobierno preste atención y facilite el transporte de los ciudadanos y las mercancías. Las infraestructuras viales y de transporte son activos nacionales y es necesario mantenerlos. Propongo algunas iniciativas para contribuir a la sostenibilidad de la red vial:

• Tener y usar herramientas basadas en datos confiables para optimizar la gestión de los puentes y viaductos, tanto los concesionados como los administrados por INVIAS, como establece la Resolución 0001518 de 2017.
• Esta herramienta debe estar disponible para todos los sujetos y ser útil para establecer metas, intervenciones y recursos de inversión realistas.
• Además de lo previsto en la resolución, es importante considerar información adicional basada en estadísticas descriptivas y en un sistema de alarmas tempranas que dé prioridad al mantenimiento e inversiones, verificar actividades de mantenimiento y mejorar los indicadores de resultados y siniestralidad.
• El Plan Nacional de Desarrollo 2022/2026 «Colombia Potencia Mundial de Vida» es una oportunidad para discutir la calidad de las infraestructuras viales y del servicio que prestan.
• Se debe exigir la revisión rigurosa y el mantenimiento de todos los puentes y viaductos, no solo en áreas rurales sino en áreas urbanas y suburbanas. También se debe proporcionar información clara a los usuarios para recuperar su confianza en el estado de estas infraestructuras.
• Hay que mejorar el cumplimiento de las normas de pesaje, dimensiones y uso de vehículos de carga por parte de los usuarios.
• Vale considerar la adopción de un sistema de monitoreo y el uso de tecnologías e instrumentos para recopilar información confiable y certificada por el DANE que despeje dudas sobre el estado de los puentes y viaductos en el país.
• El Ministerio de Transporte debe coordinar el uso de estos sistemas de monitoreo para preservar la confianza de los usuarios.
• Incluir cláusulas de calidad de los puentes y viaductos en los contratos vigentes y licitaciones futuras, tanto en vías concesionadas como administradas por INVÍAS, basándose en el Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL).
• También se debe aplicar esta política a los entes territoriales para garantizar el estado de los puentes y viaductos en vías públicas y privadas abiertas al público, incluyendo aquellas en áreas urbanas y suburbanas y en vías departamentales.

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