Ahora que la presencia de militares en las ciudades está en aumento, regresa el debate sobre la militarización como mejor medida de seguridad. Estos son sus problemas y sus alternativas.
Nathalie Pabón Ayala*
¿Por qué hay militares en las calles?
La situación de inseguridad en Bogotá y en las diferentes ciudades de Colombia es preocupante. El poco control de delitos como el hurto y los homicidios se ven reflejados en los indicadores y en la percepción de los ciudadanos.
Esta situación ha llevado a las autoridades locales, con el respaldo del gobierno nacional, a poner en marcha una estrategia de patrullajes militares en las ciudades. Esta iniciativa abre de nuevo el debate sobre cómo los policías y militares enfrentan los retos y amenazas que plantea la seguridad.
Esta discusión no es exclusiva de Colombia, pues en América Latina vemos cómo los militares se involucran cada vez más en el manejo de la seguridad ciudadana. En el contexto de pandemia Chile, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Guatemala, México e incluso Colombia, tuvieron que recurrir al apoyo de los militares para hacer efectivas las medidas de excepción.
Esta situación es el resultado de la incapacidad que manifiesta la policía latinoamericana para dar respuesta total a los diferentes desafíos de inseguridad ciudadana. Así como es el resultado de la incapacidad de las autoridades civiles de asumir su protagonismo como conductores de las políticas de seguridad ciudadana y el diseño de políticas integrales que hagan énfasis en la prevención.
Esta iniciativa trae consigo el debate sobre el papel que están teniendo los militares en la ejecución de las políticas de seguridad ciudadana. Esta discusión se centra en la poca preparación que pueden tener los militares en el contacto directo con ciudadanos y las implicaciones que tiene esto para la protección de los derechos humanos.
La militarización no es la solución
La estrategia de militarización o de patrullajes mixtos en las ciudades no es nueva. Los gobiernos locales usan esta acción como medida para impedir el delito y la aplican de manera transitoria en los territorios donde la presencia de la policía no es suficiente para evitar los delitos.
En términos generales, cuando la percepción de inseguridad es alta, los ciudadanos ven con buenos ojos este tipo de iniciativas. Incluso exigen acciones de control represivas que arrojen resultados inmediatos. Sin embargo, la efectividad de este tipo de respuestas en el mejoramiento de la seguridad es a corto plazo y de bajo impacto.
Si bien los patrullajes militares producen una percepción de seguridad y reducen el delito en la zona, esta medida no erradica las causas y manifestaciones de inseguridad. Por el contrario, se produce un traslado o aplazamiento de la acción delictiva.
Además, la presencia militar puede ser un riesgo para la ciudadanía debido a: 1. la escasa preparación de los militares en el relacionamiento directo con el ciudadano, 2. el desconocimiento de los protocolos establecidos para detenciones, y 3. la dificultad de coordinar con otras autoridades que garanticen los derechos de los ciudadanos.
Por estas razones la militarización no es la solución a los problemas de inseguridad en las ciudades. Por el contrario, es en una medida paliativa que pone en evidencia el desconocimiento de las autoridades político-administrativas sobre las causas profundas de la inseguridad y la incapacidad de crear políticas de seguridad ciudadana acordes al contexto social y económico.
La inseguridad ha adquirido una complejidad que exige pensar alternativas diferentes de tener sujetos armados legales en las calles. El impacto de la delincuencia común y las redes de la criminalidad, en delitos como el hurto y principalmente el homicidio, necesitan diferentes estrategias como:
- el mejoramiento de la inteligencia,
- la coordinación con las entidades de justicia,
- la profesionalización de la policía, y
- la atención de problemas profundos como la pobreza, el desempleo y la desigualdad social.
Los patrullajes militares son reacciones improvisadas que los Gobiernos aplican cuando la inseguridad interviene en su agenda de gobierno.
En la actual política de seguridad ciudadana el Gobierno no se vincula a una estrategia planeada con objetivos, indicadores y resultados proyectados.
La necesidad de un enfoque preventivo
La seguridad ciudadana exige una política que coordine las administración nacional y local para enfrentar los desafíos que la criminalidad ha impuesto en las ciudades. Para ello es necesario impulsar la interagencialidad que cubra todos los aspectos que pueden convertirse en una situación de riesgo para la seguridad.
La definición de una política de seguridad ciudadana debe nacer de estudios y análisis cuantitativos y cualitativos que identifiquen las causas, funcionamiento y complejidades de los delitos. De esta forma, los aportes a la seguridad se darán desde el control y desde la prevención.
Es necesario desarrollar una estrategia de prevención que vaya más allá de lo local. Una estrategia que cree programas efectivos de cultura ciudadana; de atención a las necesidades básicas insatisfechas a niños, niñas y adolescentes; de prevención de la violencia intrafamiliar, de oportunidades laborales, y del mal uso del tiempo libre.
La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades laborales y educativas son los principales detonantes de la delincuencia y la violencia. Por ello, son necesarias estrategias que mejoren la calidad de vida y propicien condiciones para la convivencia y la seguridad.
Además, es necesario insistir en la educación y participación de los ciudadanos como protagonistas del espacio público.
De esta forma se incentivan acciones que permitan la resolución pacífica de conflictos y la apropiación de estos espacios para su disfrute y conservación.
Hacia un modelo de seguridad inteligente
Ahora que sabemos que la militarización no es la mejor respuesta a la inseguridad de las ciudades, es indispensable revisar los modelos actuales del servicio de la policía. No se trata de aumentar el pie de fuerza o de hacer presencia en las calles con militares, sino de estudiar la efectividad que tiene el Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes (MNVC) en ciudades como Bogotá.
Lo anterior se suma a la necesidad de mejorar las herramientas tecnológicas, de investigación criminal y de movilidad para una atención rápida y oportuna. Así como la obligación de propiciar una coordinación entre las autoridades judiciales y la policía para que los procesos tengan resultados efectivos.
La protección de los derechos humanos adquiere protagonismo en el contexto de la protesta social. Un modelo de seguridad inteligente debe contemplar la diversidad poblacional que hay en las ciudades (jóvenes, comunidad indígena, afrocolombianos, migrantes, entre otros), y la capacitación de la policía para proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Aunque la seguridad tiene un componente de percepción ciudadana, no puede ser un tema manejado con propósitos mediáticos. Esta actitud crea estrategias improvisadas que modifica la percepción transitoriamente, pero que no mejora los indicadores de convivencia y la seguridad.
En resumen, Colombia necesita una política de seguridad pensada desde lo nacional y lo local; con un componente de prevención, y el concurso de todas las entidades del Estado.
