La alcaldía de Bogotá reacciona a la inseguridad, pero no intenta prevenirla. Por eso insiste en las acciones restrictivas y olvida las preventivas.
Nathalie Pabón Ayala*
La medida polémica
Claudia López anunció nuevas medidas para garantizar la seguridad y la convivencia en la capital después del atentado al CAI Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar que dejó dos niños fallecidos y 39 heridos. Las medidas causaron gran controversia.
La restricción del parrillero en motocicleta los días jueves, viernes y sábado entre las 7 p. m. y las 4 a. m. despertó el inconformismo del gremio de motociclistas, quienes lo expresaron mediante protestas y movilizaciones que causaron un caos en la movilidad de la ciudad.
Aunque los diálogos permitieron llegar a acuerdos sobre la ejecución de la medida, la revisión de la incidencia real de este tipo de restricciones aún es un tema de debate, pues la medida ha sido adoptada en el pasado y en otras ciudades, pero nunca mostró una reducción significativa del hurto ni del homicidio.
Limitar la movilidad de los ciudadanos no puede ser la opción para minimizar la ineficacia de una alcaldía que no puede resolver los problemas de seguridad. Esta medida estigmatiza a un grupo poblacional específico: la mayoría de los motociclistas no están vinculados con actividades delictivas, pero esta medida sí afecta sus actividades laborales y familiares.
Ellos además ocupan un papel protagónico en la movilidad y no se les ha prestado la atención suficiente en temas de seguridad vial y buen convivir con otros sujetos viales.
El aumento del uso de la motocicleta como medio de transporte desbordó la capacidad de la ciudad y se convirtió en un problema de movilidad y seguridad vial que se confunde con un tema de seguridad. Por eso la mayoría de los ciudadanos aceptan este tipo de medidas, pues creen que estas restricciones mejorarán principalmente en la movilidad.
Un estudio de la Universidad de los Andes mostró que este tipo de medidas no reducen significativamente el crimen; por el contrario, ocupan a las autoridades con su cumplimiento y las obligan a desatender la prevención de los delitos. Al final se crea una falsa sensación de seguridad, pero los problemas de seguridad permanecen.
Suele suceder que estas medidas ocasionan un cambio en el horario, el día o el lugar de los delitos, o incluso producen nuevos modus operandi. En cualquier caso, el delito sigue presente porque no hay acciones preventivas, de control o de investigación que vayan más allá de las insuficientes medidas coyunturales.
Debería considerarse la capacidad organizativa del gremio de motociclistas, el cual podría potenciarse para construir políticas que involucren iniciativas de prevención y corresponsabilidad en materia de seguridad y movilidad.
¿Propuestas de seguridad?
Otras medidas que presentó la alcaldía fueron la asignación de 1000 policías más para la ciudad, 120 hombres de inteligencia para investigar actos terroristas, la conformación de equipos mixtos de soldados y policías para cuidar las entradas y salidas de la ciudad y recompensas que favorezcan la captura de los delincuentes.
La falsa promesa de más policías para la ciudad es insostenible. La Policía debe incorporar más personal para brindar mayor presencia territorial, pero esto no depende de si un gobernante necesita más policías, sino de que haya más interesados en pertenecer a la institución. Y parece ser que este interés ha disminuido e incluso algunos funcionarios se han retirado con antelación.
Limitar la movilidad de los ciudadanos no puede ser la opción para minimizar la ineficacia de una alcaldía que no puede resolver los problemas de seguridad.
Así pues, habría que dejar otros sitios desatendido para asignar más policías a la ciudad y eso puede ser contraproducente. Tal vez los 1000 policías lleguen, pero lo harán por poco tiempo, para brindar la percepción de seguridad, aunque sin resultados a largo plazo.
Los encargados de diseñar y ejecutar las políticas de seguridad ciudadana deberían revisar la eficiencia de los recursos disponibles para optimizarlos con ayuda de las diferentes secretarías, con el respaldo de entidades del orden nacional y con los policías. Esto permitiría garantizar la presencia permanente en zonas de alta complejidad, un valor agregado que debe tenerse en cuenta.
Pero esto exige un liderazgo y una capacidad de coordinación que debe estar a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la cual ha brillado por su ausencia en la planeación, direccionamiento, ejecución, innovación y seguimiento de las medidas efectivas que prevengan el delito.
Por otro lado, los equipos mixtos de soldados y policías, y el aumento de la denuncia ciudadana es lo mismo que ha venido ejecutándose: la actual administración incluyó patrullajes mixtos en las fronteras de la ciudad y en otros sectores considerados de alto riesgo desde sus comienzos.
Y como siempre, la idea de militares realizando funciones de seguridad ciudadana es una medida polémica que puede poner en riesgo la integridad de los ciudadanos y de los mismos funcionarios.
A evaluar
Conviene rescatar una idea: los ciudadanos y los encargados de los establecimientos de comercio deben ayudar a prevenir situaciones que afecten la seguridad y la convivencia.
Esta colaboración entre la ciudadanía y las instituciones debe darse siempre desde un enfoque preventivo donde el ciudadano reconozca su responsabilidad de crear entornos seguros y tener una convivencia pacífica.
Además, la coordinación interinstitucional es fundamental para robustecer las acciones preventivas en el territorio. Este trabajo debe ser distrital y nacional, y debe asegurarse una relación optima con la Policía.
Atentados como el de Ciudad Bolívar responden a organizaciones criminales a las que debe responderse con acciones coordinadas e involucrando la inteligencia en todos sus niveles.
Los ciudadanos y los encargados de los establecimientos de comercio deben ayudar a prevenir situaciones que afecten la seguridad y la convivencia.
El enfoque preventivo a partir del trabajo con las comunidades, el aprovechamiento del tiempo libre, las oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, la protección de los niños, niñas y adolescentes, el mejoramiento de entornos físicos y la oferta de servicios sociales son medidas que deben tener prioridad sobre las acciones restrictivas.
La seguridad ciudadana necesita medidas preventivas, acciones articuladas, un buen relacionamiento entre las autoridades y la ciudadanía acerca del compromiso que se tiene con la seguridad y la convivencia a través de un liderazgo efectivo que entienda que las medidas restrictivas no producen resultados significativos ni permanentes.
