Por ahora, lo fundamental es destrabar la ley general de tierras y desarrollo rural, el primer punto de la negociación. Pero la consulta previa se convirtió en una trampa kakfiana: no se puede seguir cayendo en ella.
Marcela Prieto
Acompañar el proceso
El gobierno y el congreso han de operar de manera estratégica y armónica para avanzar una agenda que sea compatible con la eventual terminación del conflicto entre las FARC y el Estado colombiano.
La Unidad Nacional: Contra lo que podría esperarse, la coalición no se vio tan seriamente afectada por la catastrófica reforma de la justicia. Foto: Angélica Zambrano. @Anyelik |
Por un lado se dieron ya los pasos previos que allanan el camino y proveen las bases para el éxito eventual del proceso: por ejemplo, el Marco Jurídico para la Paz en materia judicial, o la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en materia social. Otros elementos tendrán que ir siendo tramitados por el Congreso, tanto durante la legislatura actual, como cuando se llegue a acuerdos específicos en la mesa de negociación, si así se dieran las cosas.
En este contexto vale destacar la gran utilidad que tiene la coalición de Unidad Nacional, vista como una herramienta de coordinación entre gobierno y congreso. Contra lo que podría esperarse, la coalición no se vio tan seriamente afectada por la catastrófica reforma de la justicia; las lealtades simplemente se reacomodaron y las líneas de comunicación cambiaron, ya no a través de los voceros de los partidos, sino de “tú a tú” entre el presidente y sus parlamentarios más allegados.
Por razones obvias, en el presente artículo me limito a la agenda actual, correspondiente a la fase inicial del proceso y según se desprende del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto.
La legislatura en curso
Si nos circunscribimos a lo que va del periodo legislativo julio-diciembre de 2012, vemos una agenda bastante dispersa y no necesariamente alineada con el tema de la paz.
 Desafortunadamente, la consulta previa se ha convertido en un gran obstáculo para la Ley de Desarrollo Rural, que el Ministerio de Agricultura ya tiene preparado.
Foto: Angélica Zambrano. @Anyelik |
En cuanto se refiere a proyectos de ley ya radicados, su variedad temática es enorme e incluye asuntos importantes o hasta urgentes, como la reforma de la salud, la modificación del reglamento del congreso o Ley 5ª de 1992, la protección de la mujer en varios campos, la eliminación de la figura del vicepresidente y, por supuesto, el Presupuesto General de la Nación para 2013, ya aprobado en primer debate. Sin embargo hay también ciertos proyectos que -así sea de manera indirecta- están relacionados con la paz:
- La propuesta de medidas y tratamientos de carácter pedagógico, profiláctico y terapéutico para la drogadicción– sobre todo si se tiene en cuenta que hace poco el presidente sancionó la primera ley que reconoce esta práctica como una enfermedad y no como un problema de orden público;
- El proyecto de Acto Legislativo para reformar el fuero penal militar (proyecto que viene de la legislatura pasada);
- La consulta previa, a la cual me referiré más adelante.
El tema de la paz se ha tocado también de manera tangencial en unos pocos debates de control político, entre los ya más de 30 que han tenido lugar entre julio y lo que va corrido de septiembre. Entre las citaciones que podrían vincularse indirectamente con la paz, están las referentes a regalías, presupuesto, vivienda urbana y rural, actualización del Sisbén II al Sisbén III, infraestructura, reclutamiento forzado de menores y fuero militar.
Hay sin embargo otros modos de apreciar el interés del congreso en el tema de la paz. Durante la legislatura, especialmente en sesiones plenarias, los congresistas se han pronunciado explícitamente sobre el tema, sin contar sus múltiples intervenciones o declaraciones a través de los medios.
Un congreso más proactivo
El congreso tiene una enorme responsabilidad frente al pueblo colombiano y sin duda será conveniente que busque espacios de discusión y haga aportes al proceso de paz.
 Es urgente que el congreso agilice el debate sobre el proyecto de ley de consulta previa, una vez se logre radicar, porque sin ella seguiremos atrapados por el poder de veto abusivo de los representantes de las minorías.
Foto: Angélica Zambrano. @Anyelik |
Pero el legislativo debe ser muy cauto. Si bien no sería deseable que los congresistas radiquen sus propios proyectos de ley— y mucho menos de acto legislativo — acerca de la paz, también es cierto que la acción parlamentaria no puede reducirse a lo que sea acordado entre el gobierno y la guerrilla.
Uno de los espacios para aportar al proceso de paz podría ser el de los debates de control político, para que el gobierno provea información y aclare los avances. Y en efecto, ya iniciaron labores las comisiones de paz de Senado y Cámara, con el propósito de seguir de cerca y hacer propuestas frente a los diálogos entre el gobierno y las FARC. Una de las propuestas –ya aceptada por el gobierno– fue la de reactivar el Consejo Nacional de Paz, cuya última reunión había tenido lugar hace once años.
El presidente del congreso, Roy Barreras, reintegró la Comisión Accidental de Paz del Senado, mediante Resolución Nº 44 del 6 de septiembre de 2012, con 17 senadores pertenecientes a las distintas bancadas. Esta comisión estará presidida por el senador Jorge Eduardo Gechem (partido liberal) y tendrá como copresidentes a Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático Alternativo) y a Roy Barreras (partido de la U). Por otra parte, se busca reconfigurar la comisión de paz de la Cámara, pasando de 10 integrantes a 30 aproximadamente.
Un obstáculo kafkiano
Un proyecto fundamental que debe debatirse cuanto antes y es crucial para la mesa de diálogo con las FARC, es la Ley General de Tierras y de Desarrollo Rural, primer punto de la agenda acordada entre las partes.
Este proyecto toca la médula de uno de los orígenes del conflicto colombiano: el uso y la tenencia de la tierra. Así mismo, es el eje necesario para que pueda cumplirse a cabalidad la Ley de Víctimas y la Ley de Restitución de Tierras. El Instituto de Ciencia Política (ICP) y la revista Semana publicaron un Informe Especial que explica los orígenes, consecuencias y desafíos en materia de desarrollo rural, donde se demuestra cómo este constituye la verdadera locomotora del desarrollo social, económico y medioambiental del país.
Lamentablemente, dicho proyecto de ley está enredado por el trámite de la necesaria consulta previa, un mecanismo de participación que busca dar voz y garantizar derechos adquiridos de grupos minoritarios como indígenas y comunidades afrodescendientes, con el fin de mitigar el impacto que ciertas decisiones pudieran tener sobre sus territorios, principalmente en materia de infraestructura, explotación minera, petrolera o en este caso, agrícola.
Desafortunadamente, la consulta previa se ha convertido en un gran obstáculo para la Ley de Desarrollo Rural, que el Ministerio de Agricultura ya tiene preparado. La consulta con los indígenas cuesta cerca de 7.500 millones de pesos y con los afros ni siquiera ha comenzado, puesto que no hay representación legítima con quien consultar.
Es importante decirlo con todas las letras: en muchos casos la consulta previa se ha convertido en un peaje extorsivo donde las representaciones de las minorías han encontrado la forma de refinanciarse a costa de los ministerios que tienen leyes para consultar.
La Corte Constitucional sabe que esto constituye un callejón sin salida, pues parte de la trampa consiste en tumbar leyes por falta de consulta previa o por deficiencias en el proceso. La otra parte son las minorías mismas, que blanden en su beneficio el garrote de la Corte.
Toda una paradoja kafkiana: el propio Ministerio del Interior tiene listo un proyecto de ley que busca regular más claramente la consulta previa, pero este proyecto se encuentra… ¡en proceso de consulta previa!
Es urgente que el congreso agilice el debate sobre el proyecto de ley de consulta previa, una vez se logre radicar, porque sin ella seguiremos atrapados por el poder de veto abusivo de los representantes de las minorías, que se han dejado “corporativizar” y se han convertido en agrupaciones para extraer rentas del Estado obstaculizando proyectos de ley tan relevantes como el de Desarrollo Rural: por defender su “derecho a la consulta previa”, no renuncian a semejante privilegio en detrimento del resto de la población.
Los colombianos y sus representantes — a quienes hemos delegado la toma de decisiones — no deben olvidar que el bien general debe primar sobre el particular, sobre todo en temas trascendentales, que muy probablemente trazan el camino que nos puede conducir a la paz. Este sí es un derecho fundamental al que aspiramos todos los colombianos.
Coordinación necesaria
El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial deben coordinar sus esfuerzos para lograr que el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto entre el Estado colombiano y las FARC concluya en forma acertada y rápida.
Pero así mismo deben tener la inteligencia y la pericia suficientes para que sus decisiones — especialmente aquellas que derivarán en leyes expedidas por el congreso — contribuyan a una visión colectiva de largo plazo. Tal es el caso de leyes que traten temas relacionados con la tierra y el desarrollo rural, el narcotráfico — teniendo en cuenta todos los eslabones de la cadena — y la justiciatanto de carácter transicional como de carácter especial, como el fuero penal militar.
Desafortunadamente, el conflicto con las FARC no es el único que tiene Colombia por dirimir. Es necesario pensar más allá.
*Politóloga de la Universidad de los Andes con maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Analista habitual de Portafolio. Desde 2006, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política y directora de la revista Perspectiva.
@marcelaprietobo
