La moratoria que adoptó el gobierno impide el desarrollo minero que acababa de autorizar, al tiempo que los acuerdos con las FARC podrían extender la frontera agrícola. ¿Qué harán el nuevo ministro y el ex ministro encargado de negociar, en esta región de inmenso interés nacional?
Juan Pablo Ruiz
Tres opciones
Al nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe —también especialista en negociaciones— corresponderá estrenarse en su calidad de cabeza visible del Sistema Nacional Ambiental, fijando una posición oficial sobre un tema crucial en medio de una difícil negociación: si la Amazonia colombiana será una región entregada a la minería, o a la agricultura, o si tendrá prioridad la conservación del capital que representan sus ecosistemas naturales.
Una definición de este calibre deberá ser objeto de un muy amplio debate nacional.
Confusión general
El documento “Áreas con potencial mineral para definir áreas de reserva estratégica del Estado” —elaborado por el Servicio Geológico Colombiano y publicado en febrero de 2012— confirma la existencia de minerales considerados como estratégicos en la Amazonia colombiana (al respecto recomiendo el artículo “Áreas de reserva minera: importancia estratégica y confusión general” de María del Pilar Pardo, publicado en Razón Pública el 15 de julio pasado).
Sobre la base de que existe un potencial minero, Beatriz Uribe — en su condición de presidenta de la Agencia Nacional de Minería — firmó el 20 de junio pasado la Resolución 0045 que creó y delimitó cerca de 17 millones de hectáreas de la Amazonia colombiana como áreas mineras estratégicas, ofreciendo incentivos para transformar nuestras selvas naturales en áreas de extracción minera. La resolución fija un plazo no mayor de 10 años para convocar y realizar concesiones mineras en el área.
Sin embargo nuestros ecosistemas amazónicos han sido caracterizados por múltiples estudios nacionales e internacionales como reservas naturales de importancia global. Los bosques amazónicos son el remanente de las selvas naturales más extensas del mundo.
En Colombia, cubren una extensión cercana a los 38 millones de hectáreas y representan cerca del 65 por ciento del total de los bosques. Por su ubicación en el piedemonte andino, contienen una mayor diversidad ecosistémica que la de los bosques amazónicos brasileros y ofrecen una belleza escénica excepcional. Entre los bosques colombianos, los amazónicos son los que mayor cantidad de carbono retienen por unidad de superficie [1].
Al nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible le corresponde, pues, fijar una posición para elegir entre usos alternativos.
La voluntad de hacer minería en el área quedó en duda por la resolución 1518 del 31 de agosto de 2012, donde el anterior ministro de Ambiente, Frank Pearl —aplicando el principio de precaución— ordenó suspender temporalmente la sustracción con propósitos mineros de áreas en la Amazonia, pertenecientes a la Reserva Forestal creada por la Ley 2º de 1959.
El ex ministro se refiere a los deberes ambientales del Estado colombiano que establece la Constitución, y señala aspectos de la Ley 99 de 1993, que define los principios rectores de la política ambiental. Su argumento central es aplicar el principio de precaución, debido a los riesgos de daño irreversible que implica la minería para el frágil y valioso ecosistema natural de la región. La protección del medio ambiente amazónico y sus servicios ambientales es de interés nacional y hace parte de acuerdos internacionales de carácter vinculante firmados por Colombia.
Decisiones bajo presión
Pero existen diversos puntos de vista en la sociedad colombiana: muchos prefieren el desarrollo sostenible de largo plazo y la conservación de nuestro capital natural, mientras otros -que disponen de un gran poder de presión- dan prioridad a la inversión extranjera (cuyo interés por supuesto es repatriar utilidades) y han creado expectativas sobre el volumen de regalías que en el corto plazo alimentarán a las maquinarias políticas regionales.
Adicionalmente, el ministro Uribe también tendrá que lidiar con la Corte Constitucional, que ha esgrimido en diferentes sentencias el principio de precaución para declarar inexequibles algunos intentos legislativos a favor de la minería, por considerarlos contrarios a la vida y al medio ambiente.
La moratoria que dispone la resolución 1518 no garantiza la exclusión permanente de la minería de la Amazonia colombiana: solo suspende temporalmente la sustracción de la reserva forestal, mientras se llevan a cabo la zonificación y el ordenamiento de la reserva forestal declarada por la Ley 2 de 1959.
Esta moratoria aplica para la mayor parte de la Amazonia, incluyendo las áreas de resguardo indígena, y exceptúa solo aquellas partes de los resguardos indígenas que hoy se traslapan con áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, que ya son zonas excluidas de la minería, según la legislación nacional.
En fin, la exclusión de la minería en muchas zonas de la Amazonia está pues plenamente justificada: desde intereses locales, regionales, nacionales y hasta globales, asociados con temas de biodiversidad, cambio climático y respeto por el espacio cultural y el hábitat natural de los pueblos indígenas.
Paz y medio ambiente: no necesariamente compatibles
Sin embargo, la negociación no será fácil: es de esperar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se asesore de quienes poseen el conocimiento técnico y científico para una definición acertada del futuro amazónico. Pronto se sabrá hacia dónde se inclina el nuevo ministro y cómo ejercerá su capacidad negociadora y su autoridad.
Pero la minería no es la única amenaza para los ecosistemas y los servicios ambientales asociados con los bosques amazónicos: la dinámica del sector agropecuario definida por la expansión de la frontera pone en riesgo supervivencia de buena parte de nuestros bosques. Este tema con seguridad estará sobre la mesa de negociaciones de paz, pues resulta evidente la conexión entre tenencia-uso de la tierra y medio ambiente. Dados la historia y el carácter agrarista de buena parte de los negociadores de las FARC, este tema efectivamente figura como el primer punto de la agenda en el acuerdo suscrito en Cuba.
Otro tema de negociación para Juan Gabriel Uribe será la de los criterios ambientales en el proyecto de Ley General de Tierras y de Desarrollo Rural. Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la asignación de derechos de uso de superficie sobre los llamados “baldíos nacionales”. Además el proyecto no contempla medidas claras para evitar que continúe la apropiación de grandes extensiones por parte de empresarios nacionales e internacionales.
Es un hecho confirmado: empresas multinacionales se están apropiando de grandes extensiones de nuestro suelo con potencial agropecuario, poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria, tema de interés no solo para las FARC, sino para buena parte de los colombianos. Este fenómeno reciente tiene implicaciones políticas y será tema de negociación en el proceso que ya se inició.
Esperamos que en las negociaciones de paz, el ex ministro de Ambiente Frank Pearl asuma la defensa de los intereses ambientales y del desarrollo sostenible.
Justamente, entre 1984 y 1986 — siendo delegado del Instituto de Recursos Naturales (INDERENA) — tuve la oportunidad de participar en el proceso de negociación entre el presidente Betancur y las FARC, en los asuntos referentes a la sustracción de parte de la reserva forestal creada por la Ley 2 de 1959 en el Medio y Bajo Caguán en la Amazonia colombiana. En 1986 los interlocutores por parte de las FARC sobre este asunto fueron Ernesto Suarez – miembro en aquel entonces del Secretariado y quien ya falleció – e Iván Márquez, hoy negociador y miembro del Secretariado.
Años más tarde, precisamente este lugar sería el epicentro de otras negociaciones de paz: esta vez entre el gobierno de Pastrana y las FARC. En aquel entonces, las FARC inicialmente se opusieron a nuestra propuesta basada en principios del ordenamiento ambiental territorial [2] y uso sostenible de los recursos naturales asociados con la caza, la pesca y la extracción de maderas.
Un año más tarde y antes de interrumpir las negociaciones, las FARC estaban asumiendo posiciones más ambientalistas y a favor de la sostenibilidad. Incluso el periódico de la Unión Patriótica, al referirse al proceso del Caguán, titulaban “La ecología, un asunto de masas”. Más adelante decretaron vedas de pesca y caza y regularon la extracción de maderas en la zona.
Pronto se sabrá cómo han evolucionado las posiciones, tanto en el gobierno como en las FARC, pues ambos parecen estar hoy muy influenciados por la rentabilidad de corto plazo que ofrece la minería.
Unos y otros han venido haciendo uso de las regalías mineras y cobran un derecho de participación a las empresas nacionales y extranjeras que en sus áreas de influencia adelantan actividades mineras.
En fin, si la minería en algunos lugares puede resultar la mejor alternativa de uso del suelo, debido a los excedentes económicos que puede generar al monetizar los recursos naturales no renovables, en otros, por su negativo impacto ambiental y social, debe ser negada y excluida como posibilidad de uso del suelo y del subsuelo.
Se espera que de las negociaciones de paz surjan acuerdos y propuestas para un futuro sostenible en nuestra Amazonia. Existen múltiples valores económicos, sociales y ambientales asociados a usos alternativos a la minería.
* Miembro en representación Sector Ambiental al Consejo Nacional de Planeación.
