La gran innovación política de Santos fue armar un gobierno de coalición que cuenta con un muy alto nivel de gobernabilidad y de favorabilidad. El desafío que enfrenta ahora es cómo invertir bien ese capital político para hacer que se cumplan sus propias leyes, empezando por la de víctimas. ¿Será una coalición coyuntural o con vocación de permanencia?
Marcela Prieto*
Un buen momento
Sin desconocer que aún queda un largo camino por recorrer, pues aún sufrimos los efectos de la violencia, el narcotráfico, la corrupción y la desigualdad, es posible afirmar que hoy Colombia está viviendo un proceso de consolidación democrática.
Entre un gran número de ciudadanos existe la percepción de que el actual gobierno quiere hacer respetar las instituciones, validándolas y ubicándolas como eje central del buen gobierno:
- Hoy tenemos partidos políticos que pueden ubicarse claramente en cuanto a su posición ideológica en el espectro político.
- Vamos encaminados hacia la creación y puesta en práctica de mecanismos que garanticen el respeto del Estado de derecho.
- En procura del cumplimiento de las reglas de juego, prevalece una dinámica de balances y contrapesos entre las tres ramas del poder público.
- Se están haciendo esfuerzos importantes para incluir a sectores que tradicionalmente se han visto marginados de toda actividad política, económica y social.
Paradoja de Uribe
Pero estos avances han sido posibles en virtud de una serie paradójica de hechos históricos: el presidente Santos no habría podido hacer lo que está haciendo ahora si no hubiera sido por su antecesor, Álvaro Uribe Vélez. Con esto no quiero circunscribir mi análisis a los efectos del éxito evidente de la política de Seguridad Democrática y a cómo éstos facilitaron a Santos diversificar la agenda de gobierno.
La paradoja radica en que el terreno se allanó para imponer una agenda distinta, debido precisamente a los excesos cometidos por la anterior administración al poner en práctica esa política de seguridad los cuales, si bien ayudaron al repliegue relativo de las FARC, también redundaron en atropellos a la democracia y a la institucionalidad.
Entre los principales excesos se destacan:
- Las acciones tendientes a alterar el orden constitucional para buscar la reelección presidencial en beneficio propio tras considerar que “la tarea” aún estaba incompleta.
- El desprecio por los partidos políticos, desconociendo su importancia como instituciones de carácter colectivo que canalizan los intereses de la población, al suponer que “la tarea” se cumpliría mejor si el poder se ejercía de modo más centralizado.
- La intolerancia hacia el papel de contrapeso que debían ejercer las otras ramas del poder, principalmente la judicial, cuando se ponía en entredicho la labor presidencial.
- Los procesos de negociación individual con los congresistas, comprando gobernabilidad a través de prácticas clientelistas e intercambio de favores a costos cada vez más altos.
- La extrema ideologización en el debate político tanto en el plano interno –estigmatizando a los grupos de izquierda o a cualquiera que esbozara críticas a la labor presidencial– como en el plano externo, principalmente con respecto a países vecinos, como Venezuela y Ecuador.
Virtudes de la coalición
Ante este panorama, Juan Manuel Santos, una vez elegido, se vio enfrentado a una compleja situación que le ha exigido encontrar un equilibrio precario entre dar continuidad a la política de seguridad de Uribe –capitalizando el hecho de que él mismo fue protagonista de los triunfos de la misma– y abrir las puertas para incluir los programas de otras colectividades políticas, consolidando lo que la ciencia política denomina un gobierno de coalición, mediante el acuerdo de Unidad Nacional.
La teoría política nos dice que el funcionamiento adecuado de los sistemas políticos necesita de acuerdos interpartidistas, de consensos, y de negociación entre los diferentes actores. En efecto, muchos países desarrollados, principalmente europeos –Alemania, Países Bajos, Austria, Suiza, Suecia, Noruega o Dinamarca– llevan más de medio siglo siendo gobernados por coaliciones, sean estas mayoritarias o minoritarias.
También se ha demostrado que gobernar en coalición permite expresar mejor los principales valores de la democracia, puesto que se comparten responsabilidades de gobierno, se fomenta el pluralismo político y se amplía la base social del gobierno. Dicho de otra manera, la sociedad puede obtener beneficios concretos, tales como:
- Mayor control social sobre la acción del gobierno.
- Mayor sensibilidad gubernamental y capacidad de respuesta frente a reivindicaciones de la sociedad, como la ley de víctimas y de desarrollo rural en el caso colombiano.
- Mayor interés e involucramiento de la ciudadanía por la política y por lo público.
¿Para dónde va la Unidad Nacional?
La Mesa de Unidad Nacional tiene ante sí un gran desafío: definir su verdadera vocación, pues la coalición entre los partidos de la U, Conservador, Liberal, Cambio Radical y Partido Verde, deberá escoger entre dos opciones excluyentes:
- Ser una coalición coyuntural para sacar adelante una ambiciosa agenda legislativa, en un momento donde todo está dado y dispuesto para aprovechar los altos niveles de gobernabilidad.
- O convertirse en una coalición con vocación de permanencia, con el fin de trabajar conjuntamente para que muchas de las políticas que este gobierno ha querido impulsar, se mantengan en el tiempo y logren constituirse en verdaderas políticas de Estado, como lo pudo lograr Chile con la llamada Concertación.
Para citar un solo ejemplo, la Ley de Víctimas y de Desarrollo Rural busca concretamente, –palabras más, palabras menos– reconstruir el país en medio del conflicto, tanto en lo social como en lo económico, poniendo sobre la mesa: la reparación a las víctimas, la restitución de tierras a los desplazados por la violencia, el otorgamiento de títulos de propiedad, el uso y vocación de la tierra, entre otras cosas.
Para que semejantes intenciones lleguen a feliz término se requiere de la voluntad de la clase política para seguir actuando en forma coherente y sin perder el norte, independientemente del gobierno de turno. Esto ha sido prácticamente imposible en la historia de Colombia hasta ahora.
Santos, motor de la coalición
El presidente Santos ha sido enfático en afirmar que la “Unidad Nacional NO se creó para ganar, sino para gobernar” [1]. En esa afirmación lo han secundado, hasta el momento, todos los partidos que hacen parte de la mesa de Unidad Nacional, incluso ad portas de las elecciones regionales, donde todos han entendido que la lógica y la vocación de poder regional va por un lado y el de la permanencia en la Unidad Nacional va por el otro. Al parecer, existe un consenso sobre la base de apoyar políticas de largo plazo.
De esta manera los partidos que se acercaron a la mesa parecen haber atendido al llamado del presidente Santos, tantas veces repetido en sus alocuciones públicas. Para solo citar algunas, cabe recordar estas palabras pronunciadas antes de ganar la presidencia:
“Hoy en Cali reitero ese llamado a la unidad, porque solo unidos, alrededor de un Gran Acuerdo Nacional, podremos seguir avanzando. Solo unidos podemos encauzar a Colombia por el rumbo del trabajo, la educación y la seguridad”. [2]
El día mismo de su masiva victoria electoral, Santos esbozó su estrategia para lograr un gobierno de coalición con vocación de permanencia:
“¡El Gran Acuerdo de Unidad Nacional ya está en marcha! Lo estamos compartiendo y enriqueciendo con nuestros aliados naturales durante el gobierno del presidente Uribe, como han sido el Partido Conservador y Cambio Radical. Pero no solo con ellos.
Porque la unidad admite diversidad, por eso también nos estamos reuniendo con el Partido Liberal para discutir e incorporar algunos de sus puntos programáticos, y estamos dispuestos a hacerlo con el Partido Verde y con todos quienes quieran ayudarnos a construir Nación.
Porque será una unidad no solo de partidos, sino de propósitos” (…) “Envío hoy un mensaje al nuevo Congreso de la República y a todos los partidos políticos: Trabajemos juntos para fortalecer las instituciones de nuestra democracia.
Soy un convencido de la importancia de contar con partidos fuertes, pero que sean partidos enfocados en el servicio y en la representación de la gente, y no de la burocracia. Me entenderé con la institucionalidad de los partidos”. [3]
De las leyes a los hechos
Es interesante observar cómo el presidente Santos ha logrado mantener unidos a todos los partidos de la Unidad Nacional alrededor de propósitos comunes, aunque respetando ciertas diferencias que han surgido entre ellos. El resultado exitoso de la agenda legislativa durante el primer periodo de sesiones puede servir de evidencia.
El desafío sin embargo está en poner en práctica las leyes aprobadas. La mayoría no sólo están sujetas a una adecuada reglamentación, sino a su efectiva ejecución. No podemos quedarnos solo con el cascarón y las formas. Hay que proceder a la práctica y es allí donde se medirá el impacto de este gobierno de coalición o de “unidad nacional”.
Las bases están sentadas. Los problemas están identificados. Ahora los colombianos esperamos resultados concretos y estos tienen que seguir dándose más allá del gobierno que esté en ejercicio. Ese es el verdadero desafío y el legado eventual del presidente Santos.
* Politóloga de la Universidad de los Andes con maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Analista habitual de Portafolio. Desde 2006, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política y directora de la revista Perspectiva.
@marcelaprietobo
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