Una mirada panorámica pero muy bien documentada a los resultados del gobierno Santos confirma la continuidad en materia de seguridad y en el manejo de la economía. En cambio, en política exterior y en política de tierras y de víctimas, la ruptura es real y es profunda. Así lo dicen a las claras las cifras y los hechos.
Marcela Prieto Botero*
El heredero
Es natural que al culminar un año, los analistas y la opinión quieran hacer un corte de cuentas y evaluar lo bueno, lo malo y lo feo de lo que ha sucedido y así mismo auscultar lo que probablemente traerá el nuevo año. Este artículo intenta evaluar la administración Santos en contraste con el gobierno Uribe y en relación con algunos de los temas centrales de la agenda nacional: seguridad, macroeconomía, industria y comercio exterior, política internacional, víctimas y tierras.
Dado que Santos fue elegido como el “heredero natural” de Uribe sería de esperar que, más allá de las formas y del estilo, la orientación de las políticas y los resultados de la actual administración se asemejen bastante, en términos generales, a las orientaciones y los resultados de su antecesor. ¿Cuáles son entonces las continuidades previsibles y cuáles las diferencias o las “sorpresas”?
Cuestión de percepciones
Empecemos por los indicadores de percepción ciudadana. En la última Gran encuesta de RCN Televisión, RCN Radio, la FM y Semana – una encuesta confiable por su ya larga trayectoria- la imagen favorable del presidente es de 64 por ciento; en comparación con otros países esta cifra sigue siendo alta, pero disminuyó respecto del 71 por ciento en julio de este mismo año (gráfica 1).
Así mismo el gobierno debe prender sus alarmas frente a una percepción en bajada sobre su gestión en casi todos los campos: aumenta el pesimismo general; es negativa la imagen de los ministros que tienen a su cargo asuntos críticos (como educación, salud y transporte); la proporción de personas para quien Juan Manuel Santos está cumpliendo sus promesas de campaña es menor que la registrada en cualquier momento de los ocho años de Álvaro Uribe Vélez, y descendió de 60 a 53 por ciento; y más de la mitad de los encuestados afirman que estaría en desacuerdo con su reelección en 2014, en contrasta evidente con la figura de Uribe.
El invierno, los posibles efectos benéficos de las medidas macro que aun no se sienten en el bolsillo de los colombianos, el destape de las ollas de la corrupción pública y privada – aunque vengan de antes – entre otras, no contribuyen para nada a mejorar la opinión del común de la gente.
Factores como el carisma y el liderazgo resultan ser cruciales a la hora de mejorar la opinión de la ciudadanía: y en esos dos factores el expresidente Uribe aventaja de lejos a Juan Manuel Santos.
Lupa sobre la agenda pública
1. Seguridad y defensa
El gobierno Santos ha mantenido el pie de fuerza que dejó el gobierno Uribe. Aunque existen algunas proyecciones, todavía no es posible establecer exactamente la cifra de efectivos que dejará este gobierno.
El promedio diario de secuestros era de 8,0 en el 2002, mientras que en 2011 fue de 0,8, lo cual implica una reducción del 91 por ciento. Entre enero y octubre de 2011 se reportaron (solo) 249 secuestros (Gráfica 1).
Gráfica 1. Evolución del número de secuestros anuales, 2002-2011
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad – PISDP 2011.
En 2002, el total de homicidios comunes fue 28.873, mientras que entre enero y octubre de 2011 fue 12.156. Por su parte la tasa de homicidios por 100.000 habitantes bajo de 69,8 en 2002 a 26,4 entre enero y octubre de 2011. No menos, el promedio diario de homicidios pasó de 81,1 a 40, 0, para una reducción del 51 por ciento (gráficas 2 y 3).
Gráfica 2. Evolución del número de homicidios comunes, 2002-2011
Gráfica 3. Evolución de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, 2002, 2011.
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad – PISDP 2011.
A un año largo apenas de comenzar el gobierno Santos, el promedio diario de ataques terroristas fue 1,5 en 2011, mientras en 2002 había sido 4,7, lo cual implica una disminución del 69 por ciento. Entre enero y octubre de 2011, se reportaron (apenas) 451 ataques terroristas (Gráfica 4).
Gráfica 4. Evolución del número de atentados terroristas, 2002-2011
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad – PISDP 2011.
Pese pues a que en ciertos sectores, principalmente en el agroindustrial, se han dado quejas sobre el supuesto deterioro de la seguridad rural, Santos ha dado plena continuidad a la Seguridad Democrática y al proyecto de Uribe.
Una muestra patente de la continuidad fue el golpe estratégico a las FARC que concluyó con la muerte del “Mono Jojoy”. Tras la operación ‘Diamante’, también fue dado por muerto alias ‘Cuchillo’, el cabecilla paramilitar Pedro Guerrero. Por su parte el ex ministro de defensa Rodrigo Rivera aseguró que el “Plan Burbuja” — que consiste en perseguir a los líderes de las FARC y en desarticular sus redes criminales — seguirá operando en Norte de Santander, Nariño, Guaviare, Huila, Arauca, Caquetá, Chocó y el Putumayo. Pero sin duda, por su demoledor efecto simbólico, la operación militar más significativa del gobierno Santos fue aquella que remató con la muerte de Alfonso Cano.
Estos golpes, aunque contundentes, no han disipado del todo las sospechas sobre el tipo de liderazgo que ejerce sobre las tropas el presidente Santos, comparado con el del ex presidente Uribe. Y a esto se ha añadido la polémica alrededor del fuero militar. Algunos sugieren que ambos hechos han afectado la moral y la eficiencia de los operativos militares. Pero la designación como Ministro de Defensa de Juan Carlos Pinzón, quien despierta respeto entre las Fuerzas Armadas por sus ancestros militares y su conocimiento de los temas castrenses, ha venido a reafirmar la confianza.
2. Macroeconomía, Industria y Comercio
En este campo las políticas también están alineadas con las de la administración Uribe.
Comienzo por resaltar que el gobierno viene ejecutando una política macroeconómica responsable y centrada, con resultados positivos y con un mensaje internacional muy constructivo.
En cuanto a los resultados internos, y de acuerdo con el FMI (World Economic Outlook 2011) tenemos un crecimiento económico muy bueno, que ha aumentado de manera sostenida y con proyecciones positivas para el final del gobierno Santos (Gràfica 5).
Gráfica 5: Crecimiento registrado y proyectado del PIB de Colombia
Cálculos Jorge Gaitan Villegas
Crecimiento registrado y proyectado del PIB de Colombia (barra tricolor) comparado con el aumento del comercio mundial (barra roja), y con las variaciones del PIB mundial (barra azul oscuro) el de Estados Unidos (barra azul clara) y el de América Latina (barra verde).
Como puede observarse, el crecimiento de Colombia excede del promedio latinoamericano (y además el tamaño de nuestra economía -500 mil millones de dólares- ya es bastante importante en el contexto regional, por debajo tan solo de Brasil, Argentina y México. Los inductores de ese crecimiento han sido la inversión extranjera y el aumento de las exportaciones.
Por su parte la tasa de inflación también ha sido bastante aceptable (3,29 por ciento), dadas las circunstancias internacionales y los efectos del invierno (Cuadro 1).
Cuadro 1
En materia macroeconómica, el gobierno Santos ha tomado decisiones fundamentales, como el Acto legislativo de responsabilidad fiscal. Esto resulta pertinente y oportuno porque – aunque la economía se encuentre en una fase expansiva y no mostremos los saldos rojos que hoy padecen Grecia, Italia o España – hemos enviado al mundo un mensaje de sensatez y esto refuerza la imagen de país atractivo y confiable para la inversión. En los últimos días varios países de Europa han adoptado o han acordado adoptar esta misma medida, pero en medio de las sacudidas de la crisis de deuda soberana que los está sacudiendo.
La producción industrial creció por encima del 6 por ciento en 2011, motivo de orgullo para el gobierno. Y los empresarios responden con optimismo: de acuerdo con la ANDI, el crecimiento del PIB para 2011 puede llegar a ser mayor (5,7 por ciento) que el proyectado por el FMI (4,9). De igual modo, más de la mitad de los industriales consultados – exactamente el 61,5 por ciento – dice estar adelantando o tiene previsto adelantar proyectos de inversión productiva el año entrante. Se preveé además que la inversión extranjera supere los 13 mil millones de dólares en 2011, cifra nunca antes alcanzada.
En temas como la bancarización o la gestión de Bancóldex y Proexport, el gobierno de Santos ha hecho esfuerzos importantes. La estrategia general de la política en comercio exterior tiene tres ejes centrales, básicamente los mismos principios que rigieron bajo Uribe:
- competitividad integral,
- acceso a nuevos mercados,
- apoyo del Estado a los exportadores.
A su turno el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe cumplir durante los próximos cuatro años metas muy similares a las de Uribe:
- continuar con la transformación productiva,
- mejorar el clima de negocios,
- aumentar la inversión,
- promover el turismo,
- hacer crecer las exportaciones,
- reducir la informalidad.
Si bien todo esto suena positivo, no puede ignorarse el hecho de que la distribución del ingreso en Colombia siga siendo extremadamente inequitativa. De nada sirve crecer si eso no se traduce en mejores condiciones sociales y calidad de vida para la mayoría de los colombianos. Los desplazados, los reinsertados, los desempleados y los trabajadores informales son núcleos de la población que han de incorporarse rápidamente al sistema económico, a proyectos productivos y sostenibles.
Un gesto que tiene algún valor en el sentido de mitigar esta distorsión fue el aumento nominal del salario en 5,8 por ciento y de manera concertada, frente a una inflación de 3,2 por ciento en este año.
3. Política internacional
En materia de política exterior y social ha habido rupturas sustanciales, tanto de forma como de fondo.
Desde su campaña presidencial, Santos manifestó que en materia de política exterior, la diplomacia sería su prioridad; y así lo ratificó en su discurso de posesión y en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: “Colombia está llamada a jugar un papel muy relevante en los nuevos espacios globales, y aspiramos a asumir el liderazgo que nos corresponde en los escenarios internacionales. Hay que “saber globalizarse” y no simplemente “dejarse globalizar”. Para ello pondremos en marcha una política exterior moderna que mire hacia el futuro, con una estrategia diplomática que multiplique y haga más eficaz la presencia de Colombia en los organismos multilaterales y profundicen las relaciones bilaterales”.
Para concretar estas orientaciones, el gobierno Santos ha reorientado la política exterior al acentuar: la cooperación y la integración comercial con los vecinos y con el resto del mundo (TLCs con Estados Unidos y otros países, resureccion de la CAN, aperura hacia Asia; las buenas relaciones con todos los países latinoamericanos empezando por Venezuela y Ecuador); el liderazgo dentro de la región, en espacios como UNASUR con la Secretaría General de Maria Emma Mejía, o la postulación del vicepresidente Angelino Garzón para dirigir la OIT; el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo social y económico; la apuesta por una región más estable y más segura, con la creciente isntitucionalización de los mecanismos para negociar (aquí incluyo la mediación de Santos en Honduras); la lucha por los derechos humanos y una “mayor diversificación de las relaciones internacionales de Colombia, tanto en el ámbito multilateral como también en la búsqueda de nuevos socios y alianzas estratégicas en el ámbito internacional".
4. Victimas y Tierras
Una de las prioridades básicas de la administración Santos es la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, que surgió como respuesta a la violación masiva de los derechos humanos derivad de una historia de desplazamientos forzados. Esta Ley representa un gran desafío porque no tiene antecedentes en el mundo: se trata ni más ni menos que de restituir tierras a las víctimas desplazadas, pero en medio de un conflicto armado que aún no llega a su fin.
Si bien la Ley es de carácter transitorio (regirá durante los próximos diez años) su objetivo es lograr que los desplazados recuperen sus tierras y retornen a sus lugares de origen mediante un registro de los predios materia de despojo, y una especie de catastro social retrospectivo. Con esto el Estado busca garantizar que las tierras sí pertenecen a quienes las reclaman y poner fin a la inseguridad jurídica. Y en esta área crucial de la política, el gobierno Santos se ha distanciado sustancialmente de su antecesor.
Conclusiones
Las diferencias entre Uribe y Santos no son tan grandes. Hoy en Colombia no se discute en realidad el modelo de desarrollo económico y político: el debate se centra de hecho sobre los enfoques y las prioridades.
Hay además que resaltar cómo la agenda de la administración Santos no hubiera sido posible sino a partir del camino recorrido por Uribe. En ese contexto, Santos ha podido avanzar en el respeto por las instituciones y el equilibrio de poderes, como también en limar asperezas con los países vecinos. Ha dado prioridad a temas de alto impacto social, como decir la Ley de Desarrollo Rural que incluye derechos de propiedad, uso y vocación de la tierra, además de la restitución para las víctimas.
Dicho de otra manera: Uribe ya había pagado el costo político y social. Santos pudo adoptar una agenda de carácter más liberal porque Uribe avanzó mucho en devolvernos la seguridad.
Hoy, la suerte está echada. Quedan por ver los frutos de las políticas que optó por impulsar el presidente Santos, en medio de un escenario donde persisten tres grandes amenazas: la corrupción, el clientelismo y el pésimo proceso de descentralización que se dio en Colombia desde la Constitución del 91.
El gobierno cuenta además con dos herramientas de gran valor estratégico, que ojalá no terminen enredadas en medio del enjambre de intereses políticos, particulares y mezquinos: la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la Ley de Regalías.
* Politóloga de la Universidad de los Andes con maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Analista habitual de Portafolio. Desde 2006, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política y directora de la revista Perspectiva.
@marcelaprietobo
