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Un nuevo trato con las ONG

Escrito por Andrés Molano

andres molano-rojasEn el proceso de reconciliación que ha cumplido el nuevo gobierno falta el capítulo de las Organizaciones No Gubernamentales, fundamental dentro de la protección de los derechos humanos.

Andrés Molano-Rojas*

El oficio de apagar incendios

Hay que reconocer que el nuevo gobierno colombiano ha dado muestras de tomarse en serio la promesa hecha por el presidente Juan Manuel Santos en su discurso de investidura. "Sentaré -dijo el Presidente- las bases de una verdadera reconciliación". Quizá no con las FARC y con el ELN, cuya porfiada insistencia en la violencia y el terror constituye un síntoma tanto de su falta de voluntad política para negociar, como de su propio deterioro y descomposición estructural, pero sí, por ejemplo, en cuanto tiene que ver con la normalización diplomática con Venezuela y Ecuador, el cambio de tono en la interlocución del Ejecutivo con el Poder Judicial, y el apaciguamiento de las relaciones con la oposición.

Ello contrasta de modo significativo con la escalada de tensiones, los enfrentamientos continuos y la estigmatización constante que caracterizaron a la administración anterior.

Ojalá que muy pronto aplique el mismo ánimo conciliador a sus relaciones con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto locales como internacionales, con el fin de que también en ese ámbito se puedan restañar las heridas causadas a lo largo de los últimos ocho años.

Relación turbulenta

Quizá nunca antes en Colombia la relación entre el Estado y las ONG fuera tan turbulenta como durante los dos mandatos de Álvaro Uribe, quien en una ofensiva retórica no dudó en acusarlas varias veces y con arriesgada indiscriminación, de desorientar al país con falsas denuncias en aras de desacreditar al Estado y a su política de seguridad democrática, o de ser fachadas del terrorismo, o cómplices, defensoras y aliadas ideológicas de la guerrilla.

Aunque para nadie es un secreto que algunas organizaciones de apariencia filantrópica sirven de testaferros y valedores políticos y judiciales de los grupos armados ilegales, es un error darle al todo el valor de una parte y arremeter contra entidades de reconocido prestigio y solvencia, sólo porque sus informes y comunicados cuestionan las políticas gubernamentales, las prácticas de algunos agentes del Estado, y los resultados obtenidos.

Ello implica desconocer no sólo la función social que cumplen estas instituciones, que por su propia naturaleza están llamadas a vigilar y criticar la actividad del Estado, sino también el valor y la utilidad del caudal de información que manejan y, por supuesto, subestimar la influencia que algunas de ellas ejercen en escenarios claves para los intereses de Colombia (como el Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo y diversas agencias e instancias del sistema de las Naciones Unidas), en los que el país no ha podido deshacerse aún del fardo que representa el negro historial de violaciones a los derechos humanos acumulado desde la "década perdida de la seguridad" (1993-2003), como consecuencia del escalamiento del conflicto y la intensificación de la violencia unilateral de los actores armados contra la población civil.

Importancia de las ONG

Víctima de su tendencia a interpretar el mundo y la política en términos maniqueos, el gobierno anterior decidió que las ONG y en especial, las vinculadas a los derechos humanos formaban parte de una especie de red de enemigos de la seguridad democrática, que actuando en connivencia con las organizaciones narcoterroristas no tenían otro propósito que el de desprestigiar al Estado ante la comunidad internacional, acosar en los estrados judiciales a la fuerza pública, y promover una imagen negativa del país para minar la confianza inversionista.

Esta interpretación provocó en el gobierno una miopía reduccionista que, a la postre, le impidió percibir con claridad una de las características más relevantes de las relaciones internacionales del siglo XXI: el creciente empoderamiento de los actores no estatales que, como las ONG, intervienen cada vez más activamente en dinámicas reservadas con anterioridad al monopolio de los Estados.

El Estado no es único

Según la profesora Jessica Mathews, ese "cambio de poder" ha sido consecuencia de algunos factores, entre ellos:

  1. La reducción del margen de autonomía de los Estados causada por:
    • La globalización económica;
    • El aumento de la importancia del dinero;
    • La información;
    • La contaminación;
    • La cultura popular;
    • El terrorismo;
    • El crimen organizado;
    • El crecimiento demográfico; y
    • Los conflictos étnicos a nivel mundial.
  2. El surgimiento de nuevas identidades y la reconfiguración de las preexistentes.
  3. La sensación (y la experiencia real) de que el Estado no es necesariamente el único o principal proveedor de los servicios requeridos para satisfacer las necesidades más importantes de la vida cotidiana (alimentación, vivienda, empleo, salud y seguridad pública).
  4. La reticulación de la sociedad.

En consecuencia, las ONG, las corporaciones transnacionales, las mafias del crimen organizado, y las comunidades transnacionales, con su estructura reticular, flexible y desterritorializada, y con su capacidad de generar y de ejercer un poder alternativo y paralelo al de los Estados, ejercen un papel cada vez más protagónico, que erosiona la pretensión del Estado de reivindicar un control absoluto sobre la política internacional.

Un trabajo inédito

Además, las ONG deben su importancia en la escena mundial a dos factores específicos:

  1. Su consolidación como órganos consultivos y técnicos, a veces imprescindibles, de las organizaciones internacionales y de los mismos Estados. De hecho, en algunos casos sustituyen a estos últimos en el cumplimiento de funciones que originalmente deberían estar a su cargo (sobre todo en el plano humanitario y de promoción al desarrollo). Por ello han logrado obtener un estatus especial que les permite intervenir en varias agencias de la ONU, compartir información con actores estatales y no estatales, y participar con voz propia en los foros de discusión de los grandes problemas globales.
  2. La forma inédita en que combinan diversos modos de operación que les permiten optimizar al máximo sus recursos y capacidades: trabajan cerca a las comunidades y, en muchas ocasiones, responden de manera más directa y eficaz a las necesidades sociales que los propios gobiernos.

Su presencia en muchos países con bajo nivel de desarrollo se ha incrementado gracias a la financiación por parte de organizaciones similares del mundo industrializado, e incluso, a la transferencia de fondos de ayuda al desarrollo por parte de los países más avanzados, que muchas veces las prefieren como interlocutoras y canalizadoras de recursos, antes que a los propios Estados beneficiarios de la cooperación.

Colaboración con independencia

La satanización que sufrieron las ONG en el gobierno Uribe puso en riesgo la labor que desempeñan y alimentó los peores prejuicios sobre ellas en algunos sectores de la sociedad y el Estado, ensanchando una brecha de la que, irónicamente, supieron sacar el mayor provecho las organizaciones armadas ilegales.

Ojalá la administración Santos pase la página en las relaciones del Estado colombiano con las ONG, y en lugar de profundizar y exacerbar un nocivo y contraproducente antagonismo, descubra las ventajas y los beneficios de la cooperación.

Para hacer realidad el acercamiento hará falta algo más que un saludable cambio de tono. El gobierno tendrá que concertar con las ONG la apertura de canales de diálogo que faciliten el intercambio y la contrastación regular de información, y en los que las organizaciones, con los recursos y capacidades que les son propias, puedan participar en la gestión y tratamiento de los problemas.

Esto no implica, naturalmente, que las ONG renuncien a los privilegios de su autonomía y su independencia frente al Estado.  Ni que éste tenga que admitir, sin controversia ni beneficio de inventario, las posturas críticas de aquellas, cuya vocación filantrópica no siempre es sinónimo de neutralidad ideológica e imparcialidad política.

Un riesgo que vale la pena

Un buen lugar para empezar a dirimir las diferencias y propiciar los encuentros podría ser la Cancillería. A fin de cuentas, la Misión de Política Exterior recomendó recientemente a ese despacho "crear un escritorio de ONG nacionales e internacionales que se encargue del diálogo y la planeación del trabajo conjunto con estas organizaciones", especialmente en materia de derechos humanos.

Pero quizá valdría la pena ensayar algo todavía más ambicioso, y más arriesgado, como crear un escritorio semejante ante el Comando General de las Fuerzas Militares. Los desafíos que sigue enfrentando el país en relación con los derechos humanos exigen audacia y creatividad en la búsqueda de soluciones. Y tanto las ONG comprometidas con su defensa, como el Estado colombiano en su condición de garante de los mismos, tienen mucho que ganar con una relación simbiótica que les permita, por un lado, optimizar sus esfuerzos, y por el otro, reforzar su legitimidad.

* Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Catedrático de la Academia Diplomática de San Carlos. Investigador del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales.

twitter1-1@andres_molanor 

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