Parecería que el concepto “democracia” manejado por los actores de siempre diera para todo. Pero no. Para comenzar, las cosas no cambian por el hecho de añadirle la palabra “prosperidad” a la seguridad democrática.
Francisco Cortés Rodas*
Legal pero fuera de la ley
No hace falta argumentar mucho para mostrar que las tesis de la política democrática en Colombia han estado en serias dificultades en los últimos tiempos.
Esta impresión surge del análisis de las prácticas políticas que hemos experimentado, orientadas por la pretensión de garantizar seguridad. Ellas buscaron justificar una estructura de relaciones de poder en el Estado, con un predominio absoluto del ejecutivo sobre los otros dos poderes.
Esta pretensión se realizó a través de los mecanismos procedimentales previstos en la ley, pero también por caminos ilegales. En efecto:
- Con la pretendida segunda reelección presidencial se buscó desarrollar una reforma institucional que desarticulaba el sentido fundamental de Constitución;
- Se manejaron prácticas corruptas para controlar y eliminar a la oposición, dentro de las cuales se utilizó a la policía secreta con fines políticos;
- Se asesinó y desapareció a personas inocentes para mostrar ante la opinión pública triunfos inexistentes de las fuerzas militares;
- Se distribuyeron los recursos del Estado, pocos o muchos, entre los más ricos;
- Se pagaron los votos favorables al régimen con notarías, otros cargos y contratos oficiales;
- Se entregaron las zonas francas como beneficio dinástico;
- Se favoreció un proceso de acumulación de riquezas y de concentración de la propiedad territorial en alianza con élites regionales vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo; y, por último,
- Se establecieron condiciones de negociación con el paramilitarismo sobre la base de la aceptación de un alto grado de impunidad, del sacrificio de la verdad y de la inexistente política de reparación a las víctimas.
Refundar el Estado
El poder ejecutivo, aliado con sectores del Congreso cercanos a las políticas del ex presidente Uribe, intentó adelantar procesos de reforma de la Constitución, con el fin de proponer una nueva estructura del Estado y de consolidar un proyecto hegemónico de dominación, centrado en la idea de la seguridad.
Se argumentó que un tipo de política autoritaria, de mano fuerte y de orientación militarista estaba determinada por una necesidad histórica: la única forma de enfrentar el proyecto armado de la insurgencia era mediante la derrota militar. Los partidarios de esa solución pensaban que debido a la profunda crisis política, social y económica en la que se debate el país desde hace varias décadas, la democracia, con sus incertidumbres, era más un obstáculo que un medio útil para salir del abismo.
Democracia de cartón
En este contexto el modelo de Estado se orientó hacia el despotismo y el autoritarismo, y muchos llegaron a creer que esa alternativa política era la correcta para superar los problemas del país. Por ese camino se avanzó hacia un tipo de concepción autoritaria de la política, según la cual, para ganar la guerra, el Estado o quienes pretendan actuar a su nombre pueden disponer de la vida de las personas desconociendo los derechos individuales y las garantías democráticas.
Contra la oposición política, los magistrados de las Cortes, la prensa independiente, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores campesinos, indígenas, académicos y sindicales, pero particularmente contra la articulación institucional de los tres poderes establecida en la Constitución de 1991, se adelantó y consolidó en forma dramática ese tipo de solución.
Por todo esto se puede afirmar que en Colombia, la política democrática está en crisis. Hay un profundo déficit democrático. La política de la seguridad desarrollada por el régimen de Uribe es en gran parte responsable del mismo. Y aunque a partir del nuevo gobierno vaya acompañada de la idea de la prosperidad democrática, sus efectos desestabilizadores sobre la estructura política del Estado se seguirán reproduciendo.
El reto de la democracia frente al paramilitarismo
Desde un punto de vista institucional, los efectos más negativos de la política de seguridad democrática consisten en la transformación de la estructura del Estado, tal y como había sido establecida en la Constitución de 1991, y en la profundización de la penetración de las mafias del narco paramilitarismo en las organismos del Estado. ¿Quién o quiénes fueron los actores políticos responsables de esta radical transformación del Estado? ¿Fue la parapolítica, es decir, la mafia y el paramilitarismo, el promotor de un proceso de transformación del Estado, quien con un proyecto político y legislativo propio buscó poner los poderes del Estado en función de sus intereses? ¿Se trató de un proceso de captura del Estado y sus instituciones políticas realizado por el paramilitarismo? ¿Se trató de un proceso de reconfiguración cooptada del Estado? ¿Se trató de la consecuencia lógica de un proceso histórico de dominación política de una clase que busca expandir y garantizar de manera permanente las condiciones de su dominación? O, ¿fue el Ejecutivo, no los parapolíticos, quien tiene un proyecto político, ideológico y legislativo propio para llevar adelante este cambio radical del Estado?
La interpretación oficial sobre el paramilitarismo afirma que éste es un fenómeno externo al Estado que ha infiltrado las instituciones y el mundo de la política. Se argumenta que los paramilitares, convertidos en señores de la guerra, a partir de la economía de la guerra y de la usurpación de funciones estatales en el ámbito local, lograron una infiltración mafiosa de la estructura del poder político.[1] El paramilitarismo es concebido como el actor que impulsó un proceso de transformación del Estado, mediante una calculada estrategia de terror, penetración de las instituciones políticas y mediante un proyecto político e ideológico propio. Defensores de esta postura afirman que el paramilitarismo "es una reacción de los traficantes de droga a las exacciones y al secuestro de las fuerzas insurgentes, a la cual se habrían sumado sectores de las fuerzas militares y sectores económicos legales y regionales (terratenientes ganaderos, comerciantes etc.) con fines de autodefensa."[2] Otros afirman que el paramilitarismo "es una reacción de elites rurales, en alianza con narcotraficantes y fuerzas militares, a la agresión insurgente ante el desamparo estatal, a las negociaciones de paz y a las reformas políticas democratizantes".[3] El paramilitarismo es visto, en esta interpretación, como resultado de una reacción de la sociedad a las amenazas a la seguridad de la vida y el patrimonio, ante la carencia de la autoridad estatal en muchas regiones del país. De este modo, se concibe, de un lado, que el Estado ha sido penetrado por el paramilitarismo y que ha sido víctima de la acción de las mafias de narcotraficantes y paramilitares; de otro lado, se niega o minimiza la responsabilidad estatal en la conducción de la guerra contrainsurgente.
Resultados de investigaciones recientes han demostrado que esta interpretación es absolutamente falsa. El paramilitarismo no es un fenómeno externo al Estado, afirma Liliana Franco. El paramilitarismo no ha penetrado al Estado, ni las transformaciones estructurales del Estado son consecuencia de una infiltración mafiosa de la estructura del poder político, se asevera en el libro coordinado por Claudia López, Y refundaron la patria De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano. El paramilitarismo ha sido un factor fundamental en los procesos de cambio institucional de la estructura del Estado colombiano, pero el paramilitarismo no es el actor determinante de estos procesos de transformación, quien con un proyecto político propio haya buscado poner los poderes del Estado en función de sus intereses. Las evidencias encontradas en estas investigaciones indican que es al contrario. El actor determinante de este proceso de reconfiguración del Estado es el Ejecutivo. "La función del aparato estatal, escribe Franco, en la organización del bloque contrainsurgente se despliega a través de la rama ejecutiva porque este es el aparato que concentra el poder de la fracción hegemónica y reviste el papel dominante en el Estado".[4] Todo indica", escribe López, "que el que tiene un proyecto político-ideológico-legislativo propio es el Ejecutivo, no los parapolíticos, y es aquel el que está en capacidad de sacarlo adelante, usando instrumentalmente a los investigados por parapolítica como parte de sus mayorías políticas y legislativas».[5] Esta conclusión de Franco y del equipo de investigación coordinado por López es muy impresionante y determina un cambio profundo en la percepción que podemos tener tanto del paramilitarismo como de los actores políticos responsables de las actividades de gobierno y legislación en los últimos períodos presidenciales.
A partir de los conceptos de "captura del Estado" y "reconfiguración cooptada del Estado", propuestos por Luis Jorge Garay, se trata de mostrar en el libro coordinado por Claudia López, que papel jugó el Ejecutivo en este proceso de reconfiguración del Estado. "Reconfiguración por introducir cambios sistémicos en la estructura del Estado colombiano, prevista en la Constitución de 1991, y "cooptada" por el nivel de participación e influencia de actores e intereses ilegales e híbridos en su trámite legislativo."[6] El concepto de reconfiguración cooptada del Estado, presupone la interacción entre organizaciones legales e ilegales que buscan mediante prácticas ilegítimas realizar reformas institucionales para transformar la estructura estatal en función de sus beneficios particulares; estos actores persiguen beneficios no sólo económicos sino principalmente penales o judiciales, políticos y de legitimación social; ellos se valen de métodos de coerción o alianzas políticas que complementan o sustituyen el soborno y se da en diferentes ramas del poder público. "De esta manera, se ha definido la "reconfiguración cooptada del Estado" como la acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas, buscan modificar, desde adentro, el régimen político de manera sistémica e influir en la formación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas del juego y de las políticas públicas, para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, así como legitimados socialmente en el largo plazo, aunque éstos no obedezcan al interés rector del bienestar social."[7] Así, una conclusión central presentada en este libro, dice que el Ejecutivo es el agente de un proceso de "reconfiguración cooptada del Estado" en tanto que ha promovido un cambio sistémico del Estado para impulsar un proyecto político propio, en asocio con actores e intereses ilegales e híbridos en su trámite legislativo, en función de profundizar los procesos de concentración de la riqueza y de la propiedad territorial, vinculados a los intereses de algunas elites tradicionales locales y regionales y del narco paramilitarismo.
Liliana Franco defiende una posición más radical. El paramilitarismo no es un fenómeno externo al Estado que ha infiltrado las instituciones y el mundo de la política. Por el contrario, el paramilitarismo, en la forma del mercenarismo corporativo contrainsurgente, es un elemento substancial del Estado. Es decir, la violencia mercenaria contrainsurgente, que se ha dado desde los años ochenta hasta el presente, es la forma de violencia que ha adoptado el Estado para enfrentar a las guerrillas, pero es sólo una nueva forma de violencia, que reproduce de otra manera la violencia estatal, que ha sido utilizada siempre a lo largo de la historia por el Estado colombiano y ha sido la que le ha permitido someter, eliminar, controlar, disciplinar y desorganizar a quienes pretenden oponerse al orden de dominación. "El mercenarismo corporativo contrainsurgente es una forma de reorganización de la fuerza que responde a un vínculo orgánico con el poder político así como a una dimensión privada, es decir, expresa una alianza de intereses económica y políticamente dominantes con una misión de seguridad y estabilización del orden en un contexto específico de guerra irregular. El objeto de esta forma de organización, y el núcleo de la misión de orden en el marco de una relación antagónica, es la violencia. A partir de un motivo político definido por el Estado, en correspondencia con los intereses de la sociedad útil a los que sirve, ésta es violencia ejercida en nombre de la seguridad, la libertad (de locomoción), la propiedad y la paz; ejercida en defensa del Estado y los "ciudadanos de bien"; conducida para prevenir y castigar, para disciplinar y desorganizar, para estabilizar y regular; practicada contra los rebeldes en armas o sin ellas, pero sobre todo contra colaboradores y simpatizantes actuales o potenciales […] En síntesis, esta violencia, es el fundamento material de un nuevo consentimiento con la estructura de poder."[8]
Así, si se concibe al paramilitarismo en la forma del mercenarismo corporativo contrainsurgente, puede, entonces, decirse que el desarrollo del paramilitarismo es intrínseco a la reestructuración de las relaciones sociales y del poder de las elites en las regiones que viene afianzándose en Colombia desde los años 80. Esta reestructuración del bloque de poder se ha dado en forma paralela con un proceso de concentración de la propiedad territorial y de participación de importantes grupos de las elites regionales en el narcotráfico.
De los resultados de estas investigaciones podemos plantear lo siguiente: los efectos más negativos de la política de seguridad democrática consisten en los cambios estructurales del Estado, contrarios al sentido de la Constitución de 1991, y en la profundización de la penetración de las mafias del narco paramilitarismo en las organismos del Estado. Estos dos procesos fueron promovidos, apoyados, coordinados y administrados por el Ejecutivo, que gobernó desde 2002 hasta 2010. Estos dos procesos son funcionales entre sí. Esto quiere decir que el Ejecutivo es el agente de un proceso de transformación del Estado en tanto que ha promovido tanto una reestructuración de las relaciones de poder entre sus tres ramas para así asegurar su potestad absoluta, como una reestructuración de las relaciones sociales y del poder de las elites. Y esto lo ha hecho en función de impulsar un proyecto político -ultraconservador y de derecha- de concentración de la riqueza y de la propiedad territorial, vinculado tanto a los intereses de algunas elites tradicionales locales y regionales, como a los intereses de la mafia y al paramilitarismo. Podemos denominar a este proceso como "Transformación patológica del Estado". "Transformación patológica" porque introduce cambios radicales en la estructura del Estado colombiano, contrarios a la Constitución de 1991 y porque realiza estos cambios con el apoyo de los parapolíticos que formaban parte de la coalición del gobierno, en función de promover intereses de actores ilegales.
El delegado sólo es un delegado
Así las cosas, es válida una pregunta: ¿Se pueden superar en Colombia las dificultades que obstaculizan hoy el ejercicio de la política democrática? Responderla es el propósito de este artículo. ¿Con qué argumento puede defenderse la democracia del peligro que representa la seguridad democrática?
Siguiendo a Locke[9], Rousseau[10], Sieyes[11], Montesquieu[12] y Kant[13]/[14], el argumento es definitivo: la política la hace el pueblo cuando se constituye como pueblo y expresa su voluntad soberana dictando una Constitución.
En términos de Sieyes, el pueblo tiene el poder constituyente, es decir, el poder de determinar la forma de gobierno que quiere darse. "El pueblo es el único que puede decidir cuál sea la forma de la república"[15], es el único que puede darse una Constitución y el único que puede cambiarla. "La nación existe antes de todo, es el origen de todo. Su voluntad es siempre legal. Ella es la propia ley. […] La voluntad nacional sólo necesita de su realidad para ser siempre legal, es el origen de toda legalidad."[16]
Ahora bien, si la Constitución es la que crea el orden, y de ella nacen los poderes, no puede ser obra de esos mismos poderes. Es más, no cabe dentro de las atribuciones de esos últimos la posibilidad de modificarla, ni de alterar su equilibrio. "Ningún tipo de poder delegado puede cambiar lo más mínimo las condiciones de su delegación."[17].
Al poder lo conforman las diferentes ramas del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial, con funciones definidas por la autoridad soberana.
El intento del ejecutivo en alianza con sectores del Partido de la U y del Partido Conservador, mayoritarios en el legislativo, de realizar reformas institucionales con las que se pretendió desarticular el sentido fundamental de los principios plasmados en la Carta de 1991, fue contrario a este principio básico del constitucionalismo liberal.
Se puede y no se puede
Repito: no pertenece a las atribuciones del poder ejecutivo la posibilidad de modificar la Constitución. Su función es ejecutar las leyes que hace el legislativo. Nada más. "El gobierno sólo ejerce un poder real porque es constitucional; sólo es legal porque es fiel a las leyes que le han sido impuestas."[18]
Pero el ejecutivo pretendió tener más poder que los otros poderes y, así actuó contra el dictum de Montesquieu: "Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder."[19] Aquí no se trató de que el poder frenara al poder, sino del abuso del poder. El poder ejecutivo subyugó al legislativo a través del control aplastante, que el partido de gobierno -el Partido de la U-, ejerció en las dos cámaras.
Además, algunas de las altas magistraturas del control público quedaron bajo el dominio del ejecutivo (la Fiscalía y la Procuraduría fueron los ejemplos más notables). Se intentó también transformar la composición de las altas cortes en beneficio de los intereses particulares del gobernante y de su grupo. Al poder judicial lo sometió a la persecución, el espionaje y el chantaje. Y lo mismo hizo con la oposición y con la prensa crítica.
Al producirse una gran concentración del poder en el ejecutivo y la coalición de gobierno se limitaron las posibilidades de controlar sus acciones. Esto alteró el sistema de pesos y contrapesos establecidos en el texto constitucional y en la intención de los constituyentes de mantener un equilibrio entre los tres poderes. Esta concentración del poder puede ser descrita como un proceso de sometimiento al poder ejecutivo de las instituciones que hacen parte del sistema de pesos y contrapesos, que la Constitución de 1991 estableció mediante la articulación de los tres poderes y la definición de sus funciones.
Un simple delegatario
Dije antes que en primera instancia la política la hace el pueblo cuando expresa su voluntad soberana y crea una constitución.
Pues bien. En segunda instancia la hacen los tres poderes que representan la voluntad soberana del pueblo. La del legislativo se concreta en hacer la ley, la del ejecutivo en seguir la ley (o en aplicar las leyes a acciones o personas particulares), y la del judicial en sentenciar lo que es de derecho en cada caso. "Es más, en la medida en que la política es la vida del Estado y el derecho es la vértebra del Estado, política, en tanto actividad que afecta la sustancia misma del Estado, la hacen sobre todo el legislativo y el judicial, poderes relacionados con la ley en sentido estricto."[20]
En el sentido del republicanismo, representado por Rousseau y Kant, la política del ejecutivo es de un nivel inferior. Es más una técnica, diferente del tipo de conocimiento que le corresponde al Derecho. El poder ejecutivo no es propiamente representante, es simplemente delegatario. La función del gobierno es derivativa, no es más que un encargo: hacer cumplir las leyes que propone el poder legislativo o que falla de forma irrevocable el poder judicial.
Patología de la política
De esto se sigue que si el ejecutivo intenta asumir la función de los otros poderes o no cumple con su propia función, da origen al despotismo o la anarquía. "Si el magistrado quiere dar leyes", escribe Rousseau, "el desorden sucede a la regla, la fuerza y la voluntad no actúan ya de consuno, y el Estado, disuelto, cae en el despotismo o en la anarquía."[21]. En el despotismo, cuando el ejecutivo asume para sí la función del legislativo; en la anarquía, cuando los súbditos no obedecen las leyes o los decretos del ejecutivo.
Si el ejecutivo pretende ser el único poder que hace política, estamos ante una patología estructural del Estado y de la política. ¿Qué son los acuerdos del gobierno de Colombia con el de Estados Unidos para permitir el uso de bases militares sin la aprobación legal del Congreso? ¿Qué significado tienen los acuerdos de negociación con la cúpula del paramilitarismo que se reflejaron en el proyecto de ley de Justicia y Paz? ¿Qué significado tienen los intentos ilegales, avalados desde la Casa de Nariño, de detener los procesos de investigación y de judicialización de parlamentarios vinculados a la parapolítica, mediante prácticas de terror e intimidación como el espionaje y las chuzadas?
En estos casos se trata de un proceso político y legislativo de transformación del Estado promovido por el Ejecutivo para impulsar un proyecto político propio, centrado en la seguridad y el apoyo a los planes de concentración de la riqueza y la propiedad territorial. Para esto el ejecutivo ha buscado asumir para sí la función de los otros poderes y que ha pretendido ser el único que hace política. "Todo estaría perdido", escribe Montesquieu, "si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares."[22]
Patología del Estado
El equilibrio de los poderes, esencial en la democracia, se rompe cuando la voluntad del gobernante quiere sacar de sí mismo algún acto absoluto o independiente, o cuando pretende tener una voluntad particular más activa que la voluntad general del soberano legislador, y para ello hace uso de la fuerza pública que está en sus manos.
¿Qué significa que la fuerza pública, bajo el control del ejecutivo, haya participado en los asesinatos y desapariciones de más de dos mil personas para hacerlos figurar como caídos en combate? ¿Qué significa que algunos miembros de la fuerza pública, bajo el control del ejecutivo, se hayan aliado con el paramilitarismo y el narcotráfico para impulsar el más poderoso proyecto de acumulación de riquezas y de concentración de la propiedad territorial que se haya dado en los últimos tiempos en Colombia con el pretexto de enfrentar a la insurgencia? ¿Qué significa que el Partido de la U y el Partido Conservador, por orden del ejecutivo, hayan votado en forma mayoritaria contra la ley de víctimas y no se hayan ocupado de los procesos legislativos y judiciales para restituir a los campesinos las tierras robadas por los paramilitares? ¿Qué significa que el Ejecutivo y la coalición de gobierno -compuesta en gran parte por los congresistas vinculados a la parapolítica- hayan impulsado la Ley de Biocombustibles y la Ley Forestal, diseñadas en función de legalizar el despojo?
Todo esto quiere decir que el Ejecutivo es el agente de un proceso de "transformación patológica del Estado".
Los responsables
¿Quiénes son los actores políticos responsables de haber impulsado este proceso de transformación patológica del Estado?
- En primer lugar, el poder ejecutivo del gobierno anterior por haber actuado con los parapolíticos en la coalición que ha gobernado al país desde el 2002 hasta la fecha y por haber instrumentalizado cambios sistémicos en la estructura del Estado colombiano, contrarios a la Constitución del 91.
- En segundo lugar, en las mayorías del Congreso, agrupadas en la coalición del partido de gobierno. Ellas permitieron que el poder legislativo se uniera al ejecutivo en una sola persona, y admitieron que el gobernante promulgara leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Ellas promovieron una legislación en función de los intereses de los grupos ilegales del narco paramilitarismo para favorecer su impunidad, reducir su exposición penal y buscar su legitimidad política; permitieron que el poder legislativo se uniera al poder ejecutivo en la misma persona, admitiendo que el gobernante promulgara leyes contrarias al sentido y alcance de los textos constitucionales y a la intención de los constituyentes de crear un Estado social de derecho. Así, los representantes, elegidos para hacer la ley traicionaron la función política del legislativo.
- En tercer lugar, en gremios, estamentos, empresas privadas, grupos de presión, organizaciones locales y medios de comunicación, que aceptaron y avalaron una política en la que se podía disponer abiertamente de la vida de las personas, desconociendo los derechos individuales y las garantías democráticas.
- Y, finalmente, en las mayorías silenciosas formadas por ciudadanos corrientes, que por complacencia y fascinación con el autoritarismo aceptaron como normal e incluso como deseable una situación de dominio despótico, arbitrario y criminal.
El despotismo continúa
Por eso digo que estamos, no que estuvimos, ante una patología estructural del Estado. En efecto, los actores políticos responsables de impulsar ese proceso siguen ocupando las más altas magistraturas. El ministro de Defensa del gobierno anterior es hoy el Presidente de la República. Los partidos de la U y Conservador continúan siendo mayoritarios en el Congreso. Los gremios, empresas privadas, grupos de presión y medios de comunicación siguen aprovechándose de la política del Estado. Y las mayorías silenciosas no han alzado una voz crítica ante el predominio absoluto del ejecutivo sobre los otros dos poderes, es decir, ante el hecho político del despotismo.
Pienso, entonces, que para sanar al Estado de esta patología no basta con añadirle "prosperidad democrática" a la "seguridad democrática". Los cambios que se necesitan son de fondo. Deben ir más allá de las personas y tienen que ver con las instituciones, con la creación de prácticas y hábitos democráticos y con la recuperación de la libertad democrática.
No hay que olvidar que el proceso de doblegar el Estado sometiéndolo a la voluntad del gobernante absoluto estuvo acompañado de la violencia paramilitar, con sus secuelas de terror, desolación y desplazamiento, de concentración de la riqueza (con el consiguiente aumento de pobreza y miseria de la mayoría de la población), y del crecimiento inusitado del desempleo, del despojo de tierras a los campesinos y del aumento de violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales.
¿Cuestión de forma?
Así que la recuperación de la libertad democrática no se hace simplemente cambiando el tono o la fachada. Se requieren cambios estructurales en la distribución del poder político y económico.
En relación con estos cambios en la esfera política:
- El ejecutivo debe volver a su función fundamental, subordinada frente a las de los otros dos poderes: ejecutar las resoluciones públicas del legislativo o las que sentencia en forma irrevocable el judicial;
- El legislativo, que viene de un largo proceso de traición a su función política fundamental, debe recuperar su potestad, haciendo que sus leyes conviertan en realidad, del mejor modo, los derechos de cada uno.
La felicidad como propósito
Ante la desestabilización de la estructura política del Estado producida por la seguridad democrática, la política democrática debe defender el ejercicio estricto, fiel, responsable y no enajenable de la expresión de la voluntad soberana del pueblo, que se produce en la Constitución y en la conformación y estricto control de los tres poderes que representan al soberano.
En consecuencia, el propósito de la política democrática es definir cómo cada uno de los poderes que representan al soberano participan del fin básico de la política, que en sentido kantiano tiene que ver con la posibilidad de que los hombres alcancen su felicidad en este mundo.
* Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia
E-mail: franciscocortes2007@gmail.com
Notas de pie de página
[1] Duncan, Gustavo: De paramilitares, mafiosos y autodefensas, Bogotá, Planeta, 2006.
[2] Franco, Vilma Liliana: Orden contrainsurgente y dominación, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2009, 355.
[3] Franco, Vilma Liliana: Orden contrainsurgente y dominación, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2009, 355.
[4] Franco, Vilma Liliana: Orden contrainsurgente y dominación, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2009, 231.
[5] López, Claudia (Ed.): Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, Debate, Bogotá, 2010, 72.
[6] López, Claudia (Ed.), Op.cit., 69.
[7] Garay, J., Salcedo, E., De León, I.: "Redes de poder en Casanare y la costa Atlántica", en: López, Claudia (Ed.), Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, Debate, Bogotá, 2010, 220.
[8] Franco, Liliana, Op. Cit., 496.
[9] Locke, John: Dos ensayos sobre el gobierno civil. Espasa Calpe, Madrid, 1991.
[10] Rousseau, Jean Jacques: El contrato social, Aguilar, 1978, Madrid
[11] Sieyes Emmanuel: ¿Qué es el Tercer Estado?, Alianza editorial, Madrid, 1989.
[12] Montesquieu: Del espíritu de las leyes, Tecnos, Madrid, 1972.
[13] Kant, I.: Metafísica de las Costumbres, Tecnos, 1989, Madrid.
[14] Kant, I.: Teoría y práctica, Tecnos, Madrid, 1986.
[15] Locke, John, Op.cit., & 141.
[16] Sieyes Emmanuel, Op.cit., 143.
[17] Sieyes Emmanuel, Op.cit., 144.
[18] Sieyes Emmanuel, Op.cit., 145.
[19] Montesquieu, Op.cit., 150.
[20] Villacañas José Luis: Res Publica. Los fundamentos normativos de la política, Akal, Madrid, 1999, 206.
[21] Rousseau, Op.cit., 61.
[22] Montesquieu, Op.cit., 152
