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Hasta Luego Lugo

Escrito por Andrés Molano
Andres_Molano_2012

Andres_Molano_2012Reconstrucción de los sucesos recientes en Paraguay y de las fuerzas que se movieron para destituir al presidente por mal desempeño. Ganadores: los de siempre. Perdedores: UNASUR y MERCOSUR.

Andrés Molano Rojas

16 en América Latina

Durante los últimos veinte años, 16 presidentes de diversos Estados en América Latina debieron abandonar su cargo antes de cumplirse el término constitucional de su mandato.

Unos lo hicieron en medio de una grave crisis económica (como el argentino Fernando de la Rúa), o de una creciente agitación social y política (como Gonzalo Sánchez, de Bolivia), o como consecuencia de su presunta participación en escandalosas tramas de corrupción (como Fernando Collor de Mello en Brasil y Carlos Andrés Pérez en Venezuela).

Andres_Molano_palacioEl Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) puso la mayor parte de los votos que llevaron a Lugo al Palacio de los López. 
Foto: mec.gov.py

Otros renunciaron a su investidura, otros fueron derrocados y algunos fueron destituidos por el respectivo órgano legislativo mediante procedimientos que no siempre se ajustaron a las disposiciones constitucionales vigentes.

La comunidad internacional intervino de manera decisiva en varios de estos casos, dentro del marco del régimen democrático interamericano, para impedir que los acontecimientos acabaran poniendo en riesgo el proceso de consolidación democrática que experimentaba la región, como consecuencia del desmantelamiento de varios regímenes militares o autoritarios y la terminación de algunos conflictos armados internos.

La destitución del presidente paraguayo, Fernando Lugo, decretada el pasado 22 de junio casi unánimemente por el Congreso de ese país, al cabo de un juicio político expedito, constituye el eslabón más reciente en esta cadena de episodios de la historia de América Latina.

Naturalmente, este caso tiene muchas cosas en común con los precedentes. Pero también reviste algunas características peculiares que conviene discernir para entender cuáles fueron las fuerzas y procesos políticos que estuvieron en juego, tanto en el plano interno como en el internacional.

Crónica de una suerte anunciada

Fernando Lugo llegó al poder en 2008 aupado por la heterogénea Alianza Patriótica para el Cambio, una coalición de más de una decena de fuerzas, dentro de la cual su propio movimiento no era sino una fracción minoritaria, y cuyo único interés compartido era poner fin a seis décadas de monopolio del poder por parte del Partido Colorado —incluyendo la ominosa dictadura de Stroessner—.

Semejante matrimonio por conveniencia estaba predestinado a ser fuente de conflictos. Uno de los socios mayoritarios de la coalición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) —al cual pertenece el hoy presidente en funciones, Federico Franco— se sintió siempre con una especie de derecho natural a definir la orientación del gobierno, no siempre en consonancia con el parecer o la intención del presidente. Al fin de cuentas, el PLRA puso la mayor parte de los votos que llevaron a Lugo al Palacio de los López.

Por otro lado, si bien la coalición logró arrebatar la presidencia al Partido Colorado, éste siguió siendo la colectividad dominante en el Congreso, en donde a su vez Lugo careció desde siempre de cualquier respaldo propio significativo.

Andres_Molano_muertesEl pasado 15 de junio un fatal incidente de desalojo de una finca en Curuguaty, donde murieron 11 campesinos y 6 policías fue la gota que rebosó la copa.
Foto: videotecaalternativa.net

Lo anterior explica por qué la mayor parte de promesas de campaña de Lugo —por ejemplo, la de la reforma agraria, urgentemente requerida en un país donde el 2 por ciento de la población es propietario del 80 por ciento de la tierra— no pasaron de ser eso: promesas.

Esto explica también la relativa moderación de un gobierno de izquierda que —no obstante su simpatía por el llamado “socialismo del siglo XXI”— nunca se vinculó formalmente al bloque del ALBA ni se alineó con éste en temas tan espinosos como el de las “bases militares” estadounidenses en Colombia —que no eran tales— a mediados de 2009. Y explica también la renuencia del Congreso paraguayo a dar su visto bueno al ingreso de Venezuela al Mercosur.

Mal desempeño

El procedimiento al que fue sometido Lugo y que condujo a su destitución fue siempre uno de los escenarios previsibles para resolver la precaria gobernabilidad paraguaya y probablemente el menos malo.

No se trató de un expediente inédito en el país: en 1999, el entonces presidente Raúl Cubas renunció antes de que concluyera el juicio político que se le seguía en el Congreso, tras haber ordenado la liberación y rehabilitación del general golpista Lino Oviedo y tras el asesinato del vicepresidente, Luis María Argaña.

Tampoco requería una puesta en escena muy especial, sólo una oportunidad para iniciar el trámite previsto en la Constitución, no con el fin de abrirle una causa criminal (aunque sí abriendo el camino para ello), sino para emitir un concepto valorativo y eminentemente subjetivo sobre el “mal desempeño de sus funciones”.

La ocasión se presentó el pasado 15 de junio: un fatal incidente de desalojo de una finca en Curuguaty, donde murieron 11 campesinos y 6 policías. El juicio fue contundente: la acusación fue aprobada en la Cámara de Diputados con 76 votos a favor y uno en contra, y la destitución fue decretada por el Senado con 39 votos a favor, cuatro en contra y dos ausencias.

El vicepresidente Franco asumió de manera casi inmediata. Y Lugo se declaró dispuesto a acatar el dictamen, aunque no sin advertir que "es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente". Estaba absolutamente claro que se trataba de un hecho cumplido y de un nuevo estado de cosas político, difícilmente reversible.

¿Cuál crisis?

Aunque hubo algunas concentraciones y marchas de respaldo a Lugo en la antesala y después de conocerse el veredicto, su destitución no generó una ola masiva de movilizaciones ni de levantamientos populares.

A fin de cuentas, su capital político sigue siendo hoy en día bastante reducido y el apoyo de algunas organizaciones sociales y campesinas — como los “carperos”, campesinos sin tierra — es insuficiente para provocar una reacción a gran escala.

Cabe destacar que en ningún momento se produjeron incidentes graves de violencia o alteración del orden público, a diferencia de lo ocurrido en Honduras en 2009. El nuevo gobierno ni siquiera decretó un estado de excepción.

Andres_Molano_presidenteFranco asumió y Lugo se declaró dispuesto a acatar el dictamen, aunque no sin advertir que "es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente". 
Foto: elmorrocotudo.cl

Por muchas objeciones que puedan formularse al procedimiento, su legalidad parece incuestionable. La invocación del derecho al debido proceso resulta fuera de lugar en un juicio de naturaleza eminentemente política —no jurídica— cuyo centro de gravedad es la calificación de la competencia de un funcionario en el desempeño de su cargo y no la determinación de su responsabilidad penal (tema que el propio escrito de acusación de la Cámara de Diputados remite a la justicia ordinaria).

Sugerir una dicotomía entre legalidad y legitimidad, por otro lado, no deja de ser un sofisma: tanto porque en el Estado democrático moderno la legitimidad es legalidad, como porque en el caso concreto de Lugo no habría cómo argumentar una “legitimidad popular” sobre la base en el escaso ascendiente político del hoy exmandatario.

Los llamados reiterados de algunos actores, especialmente externos, a la “normalización de la institucionalidad democrática” parecen desconocer la realidad de los hechos:

• la remoción de Lugo es el resultado lógico del balance de poder entre las distintas fuerzas políticas paraguayas;

• se ciñó a los marcos normativos existentes y con la posibilidad de que en la deliberación participaran todos los miembros del Congreso, cualquiera que fuera su afiliación política;

• fue sustituido por quien constitucionalmente estaba llamado a hacerlo;

• y la transferencia de poder se produjo sin el uso de ninguna forma de violencia contra él ni contra sus partidarios.

La dimensión internacional

Si alguna crisis estuvo a punto de producirse en Paraguay fue a causa de la intervención de actores externos:

• En la mitad del proceso, los cancilleres de Unasur invocaron el Protocolo Adicional del Tratado Constitutivo de la organización sobre Compromiso de la Democracia, y catalogaron la situación como “amenaza de ruptura al orden democrático”.

• Entre tanto Argentina, Brasil y Uruguay anunciaron su decisión de "suspender a Paraguay, de forma inmediata” del derecho a participar en la XLIII Reunión del Consejo y Cumbre de Presidentes del Mercosur.

• Algunos gobernantes catalogaron los hechos como un “golpe parlamentario”.

• Y dando prueba de su talante, el canciller Maduro de Venezuela exigía vehementemente el respeto a los valores democráticos y en seguida, instaba a los militares paraguayos a que salieran de sus cuarteles para apoyar al gobierno de Lugo.

Envalentonado en un primer momento con el apoyo externo, Lugo creó entonces un “gobierno en la sombra” y anunció una marcha por todo el país. Ambas iniciativas perdieron impulso rápidamente (parece haber optado por la posibilidad de presentarse como candidato a las elecciones legislativas que, junto con las presidenciales, tendrán lugar en abril de 2013), al tiempo que, consciente de que con ello podría acabar minando su ya exigua base política, rechazó la invitación a asistir a la doble cumbre (Mercosur + Unasur) a celebrarse el pasado viernes 29 de junio, en Mendoza (Argentina). Esa reunión, como era previsible, concluyó con la suspensión de Paraguay de ambas instancias, hasta que se efectúen los nuevos comicios.

Para el nuevo gobierno de Asunción, esas sanciones son ilegales y vejatorias. Con todo, sabe que su impacto real será bastante limitado, por más que algunos países —como Ecuador— hayan anunciado que no lo reconocerán bajo ninguna circunstancia.

En términos prácticos, y en ausencia de sanciones económicas o bloqueos políticos, el nuevo gobierno paraguayo dispone de un margen de maniobra suficiente en el plano internacional que le basta, al menos por ahora, para preservar sus intereses.

Más sorprendente fue el “resultado colateral” de Mendoza: el ingreso de Venezuela a Mercosur, dado que el veto de Paraguay era el único escollo para su admisión a ese bloque sub-regional – una aspiración persistente de Caracas pese a profesar un credo económico radicalmente opuesto a la integración comercial de libre mercado.

Ganadores y perdedores

No cabe duda de que en el trasfondo de lo ocurrido en Paraguay se esconden los intereses de las élites tradicionales —esas “esferas socialmente privilegiadas” como diría Guillermo O’Donnell— que se resisten al ensanchamiento y a la consolidación del Estado, tanto en Paraguay como en otros lugares de América Latina. Esto no implica suscribir el proyecto luguista ni convalidar los argumentos del “socialismo del siglo XXI” sino advertir, más bien, un desafío todavía pendiente en el proceso de consolidación de la democracia en América Latina.

Por otro lado, estos sucesos han puesto en evidencia una vez más los límites del presidencialismo latinoamericano en términos de gobernabilidad; y también, el desdibujamiento del consenso democrático que en algún momento pareció emerger en América Latina: la proliferación de discursos que intentan oponer legalidad y legitimidad entraña una grave amenaza al Estado de Derecho y es consistente con los proyectos, impulsados desde distintos puntos del espectro político, de sustituirlo por un “Poder Popular” o por el “Estado de Opinión”.

Finalmente, los grandes perdedores son sin duda alguna Mercosur y Unasur. Ambos han acabado por adoptar las mismas prácticas “injerencistas” que algunos de sus miembros más prominentes han achacado siempre al “imperialismo”, y estuvieron a punto de provocar una crisis política profunda — que habría podido traer consecuencias lamentables— allí donde en realidad no la había. Y Mercosur, como si no tuviera ya suficiente con su propio estancamiento, tendrá que lidiar de ahora en adelante con un caballo de Troya que a la larga compromete —más que aclara— el futuro del proceso de integración.

* Profesor de la Universidad del Rosario y catedrático de la Academia Diplomática de San Carlos, Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina del Instituto de Ciencia Política “Hernán Echavarría Olózaga”.

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