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Después del fallo: ¿una estrategia equivocada de Colombia?

Escrito por Andrés Molano
san andres isla

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La diplomacia y el Gobierno colombianos no acertaron a la hora de afrontar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Ahora no solo debemos afrontar el desprestigio internacional sino una nueva demanda de Nicaragua.

Andrés Molano Rojas*

Después del fallo

La nueva demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia el pasado 26 de noviembre ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya pone en evidencia las debilidades y equivocaciones de la gestión por parte del Gobierno colombiano del escenario posterior a la sentencia de fondo proferida por ese mismo tribunal hace un año, el 19 de noviembre de 2012.

Parece haberse impuesto la retórica sobre la estrategia, con arreglo a un discurso impreciso y confuso, el del despojo y el de la “inaplicabilidad”, hecho para el consumo interno, condicionado por la coyuntura política doméstica.

Hasta ahora el Gobierno Nacional no ha logrado articular, no obstante sus esfuerzos algo erráticos (o precisamente por ello), una hoja de ruta efectiva para capitalizar la sentencia en función de los intereses nacionales.

No hay que olvidar que esta sentencia constituye un título jurídico incontrovertible y definitivo, no solo de los derechos de Nicaragua, sino, sobre todo, de los derechos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las demás formaciones archipielágicas, y el 65 por ciento de las aguas del mar Caribe occidental.

En gran medida, los fallos de los tribunales (y en especial, de los tribunales internacionales) son lo que las partes hacen de ellos. Bien puede decirse entonces, en este caso, que la “derrota” presuntamente sufrida por Colombia en La Haya es consecuencia del discurso elaborado en Colombia alrededor de la sentencia, más que de lo decidido por la Corte; sin desconocer las legítimas objeciones que puedan formularse sobre algunos puntos concretos de su razonamiento y los efectos que deriva de ellos.

Tal como anota uno de los arquitectos de la demanda de 2001, Mauricio Herdocia, abogado nicaragüense y exmiembro de la Comisión territorial de Nicaragua, en entrevista transmitida por la Radio de la Universidad Nacional de Colombia el 6 de diciembre de 2013:

“Me parece interesante destacar que la primera impresión que se da al mundo y en Nicaragua es que ha habido una pérdida muy importante para las posiciones de Nicaragua. Lo que sucede es que inmediatamente después se produce la declaración del presidente Santos, y cuando el presidente Santos dice ‘bueno el fallo tiene vacíos, tiene inconsistencias, no guarda coherencia con las posiciones de Colombia’, etc., entonces inmediatamente el efecto positivo que había orientado el fallo, la lectura original del fallo ante la comunidad internacional y al interior (sic) de Nicaragua en sentido negativo desaparece. Porque el otro país está diciendo y está reconociendo una derrota entre comillas”.

Desde entonces, parece haberse impuesto la retórica sobre la estrategia, con arreglo a un discurso impreciso y confuso, el del despojo y el de la “inaplicabilidad”, hecho para el consumo interno, condicionado por la coyuntura política doméstica (y en especial, por un inusitado patrioterismo en el que han coincidido prácticamente todos los segmentos del espectro político), y con muy poca pertinencia jurídica y limitadas perspectivas de eficacia ante el derecho internacional.

Canciller María Ángela Holguín

Canciller María Ángela Holguín
Foto: Cancillería Ecuador

La soledad colombiana

Con la tesis de la “inaplicabilidad”, Colombia erosiona aún más uno de los principales activos históricos de su diplomacia —el respeto al derecho internacional— y pierde credibilidad en el plano exterior.

El proyecto de configurar un grupo “TOCONNI” (Todos contra Nicaragua), integrado inicialmente con Panamá, Costa Rica y Jamaica, fracasó no más intentarse, luego de que Jamaica resolviera no participar en él y Panamá se desdijera al suscribir un memorando de entendimiento con Nicaragua en relación con la plataforma continental extendida, a los pocos días de suscribir con Colombia una carta en la que se denunciaba el “expansionismo nicaragüense ante el secretario general de la ONU”.

A su vez, Costa Rica sigue sin ratificar el Tratado Fernández-Facio de 1977 (de delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia en el Caribe), y teniendo pleitos pendientes ante la CIJ resulta poco probable que vaya más lejos a la hora de apoyar la posición colombiana frente al dictamen de dicho tribunal.

Las nuevas demandas

A la postre, la estrategia pos-fallo de Colombia ha provocado dos nuevas demandas por parte de Nicaragua ante la CIJ. Como consecuencia de la más reciente de ellas, casi coincidente con el cumplimiento del plazo correspondiente a la cesación de los efectos del Pacto de Bogotá, Colombia queda virtualmente acorralada, tanto jurídica como políticamente.

Con la tesis de la “inaplicabilidad”, Colombia erosiona aún más uno de los principales activos históricos de su diplomacia —el respeto al derecho internacional— y pierde credibilidad en el plano exterior. 

Sus márgenes de maniobra frente al país centroamericano se han reducido de manera sustancial, mientras su soledad a causa de su terquedad es cada vez más palmaria dentro de la comunidad internacional.

En efecto, con la nueva demanda la controversia ha dejado de ser sobre territorios, soberanía, jurisdicciones o competencias, y la pregunta que plantea es si Colombia ha cumplido o no con sus obligaciones bajo el derecho internacional, derivadas no solo de la sentencia de marras, sino de la Carta de Naciones Unidas (¿irá ahora el Gobierno a demandar su inconstitucionalidad como hizo con el Pacto de Bogotá?) y el derecho consuetudinario del mar.

Añádase a ello que de conformidad con el comunicado de prensa divulgado por La Haya Nicaragua aspira a obtener la reparación integral de los perjuicios causados por Colombia, en tanto esta sea responsable de impedirle el ejercicio de sus derechos legítimos en la zona económica exclusiva adjudicada por la Corte en su sentencia de 2012.

Esta acción iniciada por Nicaragua ante La Haya no tiene precedentes: nunca antes un Estado había recurrido al tribunal para pedirle que ordenara a otro el cumplimiento de una sentencia previa. Sin ganar absolutamente nada, Colombia ha sacrificado su prestigio y su reputación en materia de observancia del derecho internacional.

Presidente de Nicaragua, Nicolás Ortega.

Presidente de Nicaragua, Nicolás Ortega.
Foto: Gobierno de Guatemala

Las opciones que quedan

En el mediano y largo plazo, los costos de mantener la tesis de la “inaplicabilidad” irán aumentando exponencialmente. El ejercicio de gimnasia jurídica del Gobierno al demandar ante la Corte Constitucional la inexequibilidad de la ley aprobatoria del ya denunciado Pacto de Bogotá carece por completo de efectos ante el derecho internacional, y por el contrario, podría reforzar los argumentos de Nicaragua en relación con la presunta intención de Colombia de sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones.

A fin de cuentas, para el derecho internacional, el derecho interno es un mero dato, un hecho del cual se deduce el cumplimiento o incumplimiento de las normas internacionales.

La única perspectiva razonable será, tarde o temprano, la de la negociar directamente con Nicaragua la implementación del fallo de 2012 y la regulación de los asuntos comunes en materia de seguridad, medio ambiente, migración y explotación de recursos, y también, para resolver las cuestiones suscitadas por las dos demandas posteriores.

Sin embargo, la posición de Colombia es hoy en día sumamente precaria. De haber tomado la iniciativa y haber llevado a Nicaragua a negociar hace un año —quizá de manera colectiva con otros Estados del Caribe occidental—, el apalancamiento de Colombia habría sido mucho mayor.

Esta acción iniciada por Nicaragua ante La Haya no tiene precedentes: nunca antes un Estado había recurrido al tribunal para pedirle que ordenara a otro el cumplimiento de una sentencia previa.

Bajo las circunstancias presentes, por el contrario, las condiciones son más favorables a Nicaragua: tiene como fichas para una eventual negociación no solo la sentencia ya proferida, sino los dos procesos iniciados y aún pendientes.

Debe señalarse que Nicaragua tiene dos instrumentos adicionales que podría emplear en relación con Colombia y el cumplimiento del fallo de La Haya:

– Acudir a la OEA (promoviendo una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores), o

– al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según establece la Carta de la ONU.

Si llegara a emplear estas opciones, Nicaragua estrecharía aún más la presión sobre Colombia. Incluso en ausencia de una resolución, la sola incorporación de la controversia entre ambos países en la agenda del Consejo de Seguridad, por ejemplo, representaría costos políticos y diplomáticos que deberían ser evitados.

La coyuntura presente de las relaciones con Managua y los procesos pendientes ante la CIJ configuran uno de los escenarios más críticos para la diplomacia colombiana desde el enrarecimiento de las relaciones con los vecinos bajo la administración Uribe.

Ciertamente, Nicaragua no es un vecino fácil: hay un largo historial de incidentes contra embarcaciones y nacionales colombianos, así como una limitada (y muchas veces frustrante) experiencia de cooperación bilateral en temas de la mayor importancia para el país (especialmente en materia de seguridad). Además, la benevolencia de Nicaragua para con las actividades de las FARC es un factor adicional de perturbación.

Pero en todo caso, Colombia debe evitar el quedar sometida a una especie de “enclavamiento” jurídico y político internacional. Es necesario neutralizar política y jurídicamente a Nicaragua, incluso mediante negociaciones que conduzcan a la aceptación de compromisos formales en garantía del interés nacional de Colombia y de la defensa de los derechos de los sanandresanos.

La posibilidad de que Managua mantenga indefinidamente la iniciativa y determine los términos de la relación con Colombia erosiona la capacidad de acción del país y lo obliga a vivir permanentemente a la defensiva, compromete sus intereses en el mediano y largo plazo, y afecta las expectativas, cultivadas con ahínco por el presidente Santos, de que Colombia desempeñe un papel protagónico y proactivo en el plano regional e incluso en la escena global.

 

*Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, catedrático de la Academia Diplomática San Carlos, director académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.
twitter1-1@andres_molanor

 

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